Viviendas para alquiler social serán cedidas por fondos de inversión, bancos y grandes propietarios de su parque inmobiliario. Se trata de entre 25 mil y 30 mil propiedades. La cesión llegaría hasta los 25 años y el alquiler costaría en promedio un 20% por debajo del valor de mercado.
Algunos de los mayores propietarios de viviendas, fondos de inversión y la banca se unen en proponer la cesión de unas 30.000 viviendas para alquiler social. Así lo plantearon desde la Asociación de propietarios de viviendas en alquiler (ASVAL). Los grandes jugadores del mercado inmobiliario le han propuesto al gobierno central un acuerdo de colaboración público-privado para alcanzar dicho número de casas a disposición por un periodo de 25 años. En el medio están la Comunidades Autónomas, que tienen competencia en muchos casos, y los ayuntamientos de las ciudades más grandes.
Entre de los protagonistas del ofrecimiento figuran los fondos Blackstone, Lone Estar y Cerberus. Mientras que por el lado de la banca se encuentran Santander, Caixabank, BBVA y Sabadell. El planteo de los propietarios está dirigido a que su propuesta forme parte de la Ley de Vivienda que se aún se encuentra debatiendo en el Congreso. Con ello, tendrían el aval del gobierno central. A cambio, ofrecen un plazo de 25 años para el alquiler y que su precio sea un 20% menor que el valor de mercado.
Viviendas para alquiler social
Los mayores jugadores del mercado inmobiliario tienen en puerta una propuesta para destinar entre 25.000 y 30.000 viviendas para alquiler social. La cesión de las propiedades tendría un plazo de 25 años, lo que brindaría un horizonte de estabilidad para inquilinos y también se cubriría parte de la demanda de alquileres a precios bajos.
Este aspecto es uno de los centrales de la propuesta, ya que la intención es que el coste del alquiler de estas viviendas se ubique un 20% por debajo del valor de mercado. El ofrecimiento estuvo a cargo de la Asociación de propietarios de viviendas en alquiler. Y se lo hicieron llegar hace unas semanas al propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). Pero también el Congreso está en el centro de las tratativas y negociaciones.
De la iniciativa forman parte fondos de inversión inmobiliaria y bancos que aportarían lo suyo para hacerla efectiva. Una sumatoria de grandes cantidades de propiedades, por un lado. Mientras que la banca aportaría una importante cantidad de viviendas provenientes de adjudicados bancarios.
Los aportantes de las casas pretenden que el gobierno central ofrezca garantías para la cesión de inmuebles. Para ello, sería necesaria una garantía de cobro a largo plazo. Y lo piden por escrito en la nueva Ley de Vivienda que aún se encuentra en el Congreso. Una vez incluidas estas cuestiones en la legislación, el gobierno central, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos podrán contar con entre 25.000 y 30.000 unidades en alquiler. Estas serían destinadas a familias vulnerables, con un plazo de hasta 25 años y con un alquiler cuyo precio sería un 20% más bajo que el valor de mercado.
La propuesta
La propuesta realizada al gobierno desde ASVAL da cuenta de la voluntad de los grandes propietarios de inyectar al mercado hasta 30.000 viviendas para alquiler social, cuyo valor se mantenga un 20% por debajo del valor de mercado. Aunque en los últimos meses, fondos y bancos fueron vendiendo algo de su parque inmobiliario; la cifra final, entonces, estaría cercana a las 25.000 unidades listas para ser alquiladas.
Lo que piden es que el acuerdo esté en manos del gobierno central. Luego sí podría pasar por las competencias de las Comunidades y los ayuntamientos (sobre todo en las grandes ciudades y capitales). El otro condicionamiento es que las rentas por los alquileres se resguarden como deuda del Estado, de modo que se garanticen los rendimientos durante los 25 años en que la vivienda esté a disposición.
Los cálculos que realizan desde las entidades y el gobierno es que serían unos 90 millones de euros por cada año de alquileres. Por lo que la suma global estaría cerca de los 2.300 millones de euros. Ese monto no estaría a cargo del gobierno de turno, ya que serían los inquilinos quienes se hagan cargo de pagarlo. En donde entraría a jugar el gobierno es en casos de morosidad.
Por último, las intenciones de parte de los fondos y la banca es que el acuerdo se incorpore en la Ley de Vivienda que se discute en el Congreso. Y, de paso, también la figura de subarrendamiento para las Comunidades y ayuntamientos. De este modo, los gobiernos regionales y locales también podrán decidir cuál va a ser la familia beneficiada por el programa.
La puesta en marcha
La idea de contar con un parque viviendas para paliar la situación de las familias vulnerables tiene varios años. En 2021 el poder ejecutivo debió ampliar el objetivo de 20.000 a 100.000 unidades. Este crecimiento se debió ante la suba de la demanda.
El propio MITMA se encuentra trabajando con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria para acercar unas 17.000 casas de esas 100.000 planeadas. Otro de los pedidos que se llevaron los funcionarios es el endurecimiento de las penas por la usurpación y la ocupación. Éste último es de los más comunes en Cataluña.
A cambio, cada gran propietario pone a disposición una cantidad de viviendas para alquiler. Además de las que se encuentran bajo su dominio, están las que aportan los bancos que se unen al negocio. En este caso, se trata de propiedades que pasaron a manos de las entidades financieras como adjudicados bancarios.
Y si bien los acuerdos en el Congreso se retrasan y la Ley de Vivienda parece no llegar más, algunos ministros del gobierno se muestran optimistas y ven una luz al final del túnel. Mientras, las desavenencias y demoras provocan más incertidumbre en los sectores vulnerables.
Lo importante de contar con un número importante de viviendas para alquiler social es que viene a cubrir en parte una demanda muy particular del mercado inmobiliario actual.
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