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Vivienda pública

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Hace pocos días, el Banco de España ha realizado un análisis sobre la falta de vivienda en nuestro país. En él, ha propuesto una serie de recomendaciones y pedidos al gobierno para intentar resolver este problema estructural que nos aqueja.

Algunos de los puntos que han dado a conocer, tiene que ver con que existe un déficit de aproximadamente 600.000 viviendas hasta el 2025. También recomienda incrementar el IBI y pide al gobierno que se construya más vivienda pública.

Estos datos, salen del Informe anual que realiza la entidad. En este documento se encargan de analizar los problemas que tiene el mercado residencial.

En este post te contaremos que dice en profundidad el informe y cuál es la postura del Banco de España sobre la falta de vivienda y los problemas actuales del mercado. ¿Nos acompañas?

El Banco de España y su análisis sobre la falta de vivienda en nuestro país

En el informe anual presentado por el Banco de España, se realiza un análisis debido a la falta de vivienda. Un problema estructural que lleva ya años con nosotros.

El primer punto al que hacen referencia es una crítica al límite establecido en la renta. Sobre esto, explican que, si bien puede haber un efecto inmediato y reducir el sobreesfuerzo de los ciudadanos al tener que afrontar el gasto del alquiler, podría traer nuevos problemas de acceso a la vivienda.

Esto se debe a que las mejoras de accesibilidad se concentran en hogares que tienen contratos vigentes. Por ello solo tendrían un efecto transitorio y los nuevos contratos se realizaran en base a nuevas condiciones. También consideran que este tipo de medidas suelen tener luego un efecto adverso más aún si no existen medidas estructurales que posibiliten ampliar la oferta de viviendas.

Algunas de las contras podrían ser la contracción de la oferta en aquellas áreas que hayan sido reguladas. Ante esto, muchos preferirán el paso de viviendas a alquiler de temporada o turística. Otra de las posibilidades es que se produzca un descenso de la calidad de los inmuebles debido a un mal mantenimiento de los pisos.

Otro punto al que se hace referencia, tiene que ver como la protección de los inquilinos vulnerables, puede elevar el riesgo al impago de la renta. Esto podría llevar a aumentos en los precios y reducción en la oferta de pisos para personas de bajos recursos. Como consecuencia de ello, lo que podría suceder, es que se aumente la cantidad de alquileres de habitaciones o que los contratos sean por períodos menores de tiempo. De esta forma, lo que tendrían sería el efecto contrario al deseado.

Medidas que plantea el Banco de España para solucionar la falta de vivienda

Dentro del documento presentado, desde el Banco de España platea algunas medidas que podrían ayudar a solucionar la falta de vivienda en nuestro país. Para ello, exponen la posibilidad de incrementar el pago de tributos sobre la propiedad, por ejemplo, sobre el IBI.  Por otro lado, sería necesario propiciar una reducción en el resto de los impuestos para la adquisición o producción de viviendas. De esta manera podrían evitar un exceso de tributación.

Otro de los problemas que generan la falta de oferta, tiene que ver con disminución en los incentivos para los propietarios. Tenemos que tener en cuenta que nos encontramos en un contexto en el que se produce un aumento de los costes operativos y de construcción de vivienda. Si a esto le agregamos las actualizaciones anuales que se realizan por debajo del IPC, los propietarios prefieren quitar sus propiedades del mercado de la renta. Algunos de ellos, optan por pasarse al temporal o vacacional.

El problema con estas actualizaciones y la extensión en la duración de los contratos, tiene que ver con que podría provocar que los valores iniciales a la firma del contrato sean mayores para obtener más dinero de la renta.

Respecto a los avales públicos que son gestionados por el ICO para ayudar a jóvenes y familias que no tienen ahorros y que buscan solicitar una hipoteca, el Banco de España ha opinado también.

Explican que estas políticas tienen dos condiciones que podrían limitar su efectividad. En primer lugar tiene que ver con que el mercado tiene una oferta rígida. Este tipo de políticas de apoyo que se realizan a los compradores pueden generar subidas en los precios de los inmuebles. El segundo punto tiene que ver con que existe evidencia sobre las distribuciones de renta, activos brutos y la localización de los hogares jóvenes de nuestro país, que podría verse beneficiado por estas ayudas en áreas tensionadas no será mucha. Esto sucede porque hay una elevada correlación entre la renta y la riqueza bruta que tiene como efecto que los hogares puedan acceder al crédito por no contar con el dinero para ello.  El problema es que en la mayoría de los casos, tampoco podría pagar el costo de la cuota hipotecaria.

Aumentar la cantidad de vivienda pública

El Banco de España, ha presentado una serie de recomendaciones para poder contener la falta de vivienda en nuestro país. Una de ellas tiene que ver con impulsar el parque de vivienda pública en más de un 150 por ciento la media anual de vivienda registrada. Así en los próximos 10 años, seria posible llegar a una cantidad cercana a los 1,5 millones de nuevos inmuebles para el alquiler social.

Para ello se debe lograr la colaboración entre el sector público y privado para construir este tipo de edificaciones. Es necesario profundizar las medidas como las de ayudas a la financiación para que se desarrollen y la concesión de avales para la promoción de viviendas en alquiler.

Otro de los puntos a los que se hace mención tiene que ver con la rehabilitación y cesión de viviendas. Estos puntos desde el Banco de España, entienden que será necesario impulsar para evitar la falta de viviendas. Para ello, es menester acelerar la absorción de estos fondos para que las ratios de rehabilitación puedan hacerlo. Así será posible generar distintos mecanismos e incentivos tanto para la cesión de viviendas que se encuentran vacías o de uso esporádico al sector público. De esta forma será posible destinarlas al alquiler social.

Si te has quedado con alguna duda, te invitamos a que nos dejes tu comentario al finalizar el artículo. Desde Oi Real Estate te responderemos a la brevedad. Dejamos a continuación otro artículo que puede ser de tu interés:

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El 2022 será un año en el cual muchos jóvenes españoles podrán acceder a diversas ayudas que fomentarán su acceso a una vivienda. Por un lado se encuentran las subvenciones que el Gobierno está implementando o comenzará a implementar a nivel nacional. Se trata del bono joven para el alquiler y de las ayudas previstas por el nuevo Plan de Vivienda 2022-2025. Sin embargo, las diferentes regiones de España también comienzan a aportar su granito de arena a nivel autonómico. ¿En qué consistirá el programa mediante el cual Cataluña reservará el 25% del alquiler público de nueva construcción a jóvenes? A continuación te lo contamos.

La emancipación a una edad medianamente temprano y el mantenimiento de un alquiler pueden ser un verdadero dolor de cabeza para los jóvenes españoles. Los bajos ingresos que perciben, en muchos casos, les impiden dejar la casa de sus padres para buscar una propia o les dificultan el pago de la renta mes a mes. Teniendo en cuenta este panorama, el Gobierno y las diferentes comunidades autónomas comenzaron a brindar diferentes ayudas para incentivar el alquiler y la compra de vivienda entre los jóvenes.

¿Cuáles son las ayudas para menores de 35 previstas por la Ley de Vivienda y el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025? ¿Qué medidas aplicará la Comunidad de Cataluña con respecto al alquiler público para favorecer a los jóvenes? A continuación te lo contamos. ¡Sigue leyendo para enterarte!

¿Cuál es la situación actual de los jóvenes y el alquiler en España?

La mayoría de los jóvenes en España perciben una renta mensual menor a 1.000 euros por su trabajo. Frente a este escenario, muchos de ellos no logran dejar la casa de sus padres a una edad medianamente temprana. Por otro lado, con estos salarios tan bajos, aquellos que sí pudieron emanciparse tampoco logran sostener económicamente un alquiler en el tiempo.

En términos estadísticos, según datos recogidos por la Agencia Tributaria, en 2019 había casi cinco millones de jóvenes españoles de entre 18 y 35 años que percibían menos del doble del salario mínimo interprofesional. Por aquel momento, el mismo equivalía a 25.200 euros. Si bien se desconoce cuántos de ellos alquilan una vivienda, todos estarían en condiciones de acceder a las diversas ayudas que el Gobierno ya ha comenzado a brindar a este sector de la población. 

A continuación te contamos cuáles son estas medidas y luego, cuáles se aplicarán específicamente en la Comunidad de Cataluña.

¿Qué programas buscan mejorar la situación de los jóvenes con respecto al alquiler?

Tanto el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, que ya ha entrado en vigencia, como la nueva Ley de Vivienda, pendiente aún de aprobación, prevén la entrega de ayudas para favorecer el acceso de los jóvenes a un hogar. 

Bono joven para el alquiler de vivienda

El nuevo bono joven para el alquiler es una propuesta que se enmarca en la discusión por la próxima Ley de Vivienda. Si bien se espera que esta normativa sea aprobada recién durante la segunda mitad del 2022, es probable que el bono se implemente mucho antes. 

La ayuda constará de 250 euros mensuales, es decir, 3.000 euros anuales para cada beneficiario, dinero que deberá destinar al pago del alquiler de una vivienda. Podrán acceder a ella no sólo los jóvenes que busquen dejar su vivienda de origen, sino también aquellos que ya se hayan emancipado pero presenten dificultades económicas para afrontar el pago de su renta. Por otro lado, estará permitido que dentro de un mismo hogar o unidad familiar haya más de una persona que reciba la subvención.

En los casos de familias en situaciones vulnerables, estará permitido que el bono joven se complemente con otras ayudas directas para el alquiler hasta alcanzar un 40% del valor del mismo.

Ayudas para la compra y el alquiler de vivienda del Plan de Vivienda 2022-2025

El nuevo Plan Estatal de Vivienda, entre otras medidas, intentará facilitar el acceso a la vivienda de varios sectores de la población española. En cuanto a los jóvenes, les ofrecerá un programa de ayudas directas a aquellos que alquilen una vivienda, cubriendo hasta un 60% de su renta mensual. Por otro lado, brindará subvenciones a aquellos menores de 35 que busquen comprar una vivienda habitual por menos de 120.000 euros. La condición es que el inmueble se encuentre en un municipio o núcleo de población pequeño. En este caso, no habrá simultaneidad entre ambas ayudas.

¿En qué consiste el programa por el cual Cataluña otorgará el 25% del alquiler público de nueva creación a jóvenes?

La Generalitat catalana anunció en los últimos días que reservará, como mínimo, un 25% de las viviendas de nueva construcción destinadas al alquiler para personas jóvenes. De esta manera, los menores de 35 años tendrán la posibilidad de acceder a ellas en la primera adjudicación. Por otro lado, en las convocatorias de subvención para la promoción de viviendas en alquiler asequible y social, también se favorecerá a aquellas que comprendan este porcentaje de para jóvenes. 

Sin embargo, cabe aclarar que estas reservas para la adjudicación inicial de las viviendas estarán siempre condicionadas a posibles requerimientos por parte del titular del suelo. También, dependerá de que la promoción no esté reservada a otros colectivos específicos.

¿Qué llevó a la Comunidad de Cataluña a tomar esta medida con respecto al alquiler pùblico para jóvenes?

La Ministra de Derechos Sociales de la Comunidad de Cataluña, Violant Cervera, argumenta que la crisis económica producida por el COVID-19 ha agravado aún más la compleja situación que se venía desarrollando desde hace diez años. Especialmente, en cuestiones como las condiciones laborales y el acceso a la vivienda de los españoles. 

En el caso concreto de los jóvenes, si bien el empleo en este sector de la población se ha recuperado, ya que se encuentra 4,8 puntos por encima de donde se situaba en 2020, “la situación laboral de los jóvenes sigue definida por la precariedad”. Por otro lado, la tasa de emancipación es actualmente del 15,5%, la cifra más baja de este siglo. Según la Ministra, “16 de cada 100 jóvenes no han podido establecer de forma independiente su proyecto de vida”, cuando en 2007 esta tasa se situaba en el 32,3%.

De esta manera, las medidas tomadas por la Comunidad de Cataluña se suman a las que ya viene implementando el Gobierno a nivel nacional para favorecer a los jóvenes. 

Luego de haber leído este post nos interesa muchísimo conocer tu opinión. Si quieres compartirla con nosotros, puedes hacerlo en la sección “Comentarios” de nuestro Blog.

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El Gobierno ha lanzado en los últimos días el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, teniendo entre sus principales objetivos el crecimiento del parque de público inmobiliario en España. Esto se debe a que, actualmente, la cantidad de viviendas públicas en el país es mucho menor que en el resto de los países vecinos. ¿Cuáles son los programas que se implementarán con este objetivo? ¿Qué medidas se tomarán con cada uno de ellos? En este artículo te lo contamos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la semana pasada el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero. A través de él se regula el nuevo Plan Estatal para el acceso a la Vivienda 2022-2025. Se trata de una actualización del Plan de Vivienda 2018-2021, en donde sus objetivos se han reorientado hacia el mercado del alquiler frente al de la propiedad. Uno de sus principales objetivos es el aumento del parque público de vivienda, que en este momento se encuentra muy por debajo de lo deseado.

¿En qué consisten los programas que se pondrán en marcha para favorecer el crecimiento del parque público inmobiliario en España? A continuación te lo contamos. ¡Sigue leyendo para enterarte!

¿Cuáles serán los programas del nuevo Plan de Vivienda 2022-2025 que buscarán aumentar el alcance del parque público de bienes inmuebles?

Programa general de incremento del parque público de vivienda

Este primer programa del Plan tendrá como objetivo incrementar la oferta de parque público de vivienda en España. Para ello, brindará ayudas a las administraciones públicas o a entidades vinculadas con ellas para que puedan adquirir bienes inmuebles. Los incentivos cubrirán hasta un 60% del coste de aquellas viviendas que los organismos compren para engrosar el parque residencial público. La única condición para acceder al beneficio es que los inmuebles adquiridos sean destinados a alquiler social o asequible durante al menos cincuenta años. 

Además de esta cobertura del 60% en el precio de las viviendas, el programa ofrecerá una subvención adicional de hasta 6.000 euros para obras de reforma que deban realizarse. Por otro lado, el arrendamiento de este tipo de viviendas deberá estar destinado a personas de bajos ingresos. Por lo tanto, el precio de la renta no podrá ser superior a cinco euros/m2 y se revisará con el Índice de Precios de Consumo (IPC).

Programa de incentivo a la vivienda dentro del parque público para personas mayores o con discapacidad

En este caso, las entidades que gestionen las viviendas podrán percibir hasta 700 euros /m2 de renta, pero nunca más del 50% de los gastos ni de 50.000 euros por inmueble. 

Las condiciones para participar del programa son que los arrendamientos no superen los 10 euros/m2 y que las viviendas sean alquiladas durante un plazo mínimo de veinte años únicamente a personas mayores o con alguna discapacidad. Además, los ingresos de estos inquilinos deben ser inferiores a cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Programa de puesta a disposición de viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) para alquiler dentro del parque público

Otro de los programas del Plan de Vivienda se ocupará de poner a disposición unas 15.000 viviendas que actualmente son propiedad de SAREB para destinarlas al alquiler social y asequible.

Se otorgarán ayudas de entre 150 y 175 euros por mes a las comunidades autónomas u otras entidades locales para que puedan pagar las cesiones a la entidad. Luego, el alquiler deberá estar destinado únicamente a personas con ingresos menores a tres veces el IPREM y se priorizará a víctimas de violencia de género, desahucios y a personas sin hogar. El precio de la renta en estos alquileres será de entre 150 y 350 euros por mes.

Programa de incentivo a alojamientos temporales, cohousing, viviendas intergeneracionales y similares

A través de este programa se favorecerán todas las modalidades de vivienda en donde los espacios de interrelación predominan por sobre los espacios meramente privativos. Las autoridades podrán recibir hasta 420 euros por metro cuadrado o 50.000 euros por vivienda, pero no más del 50% del coste de un inmueble. Los mismos deberán alquilarse por un máximo de 8 euros por metro cuadrado a personas que perciban ingresos inferiores a cinco veces el IPREM.

Programa de puesta a disposición por parte de los privados de vivienda para alquiler asequible o social dentro del parque público

Por otro lado, se promoverá que cualquier entidad privada pueda poner viviendas a disposición de las comunidades autónomas y los ayuntamientos para que las destinen al alquiler asequible o social. Esta cesión deberá durar, al menos, siete años y las autoridades deberán arrendar los inmuebles por un máximo de 400 euros mensuales. Los inquilinos en este programa deberán ser personas que perciban ingresos inferiores a cinco veces el IPREM. 

Siguiendo esta misma línea, el Ejecutivo Central financiaría el 50% del exceso del alquiler sobre el alquiler social hasta alcanzar el valor del alquiler de mercado. De esta manera, el arrendador percibirá una renta acorde al alquiler de mercado y el arrendatario sólo abonará un valor correspondiente a un alquiler social.

Programa de incentivo a la erradicación de zonas degradadas, chabolismo e infravivienda

Por último, se incorporará otro programa que buscará erradicar las zonas degradadas, el chabolismo y la infravivienda. Se trata de una gran preocupación del Gobierno frente a esta realidad que todavía impera en las ciudades españolas y sus alrededores. Teniendo en cuenta estos objetivos, se establecerá un plazo de hasta ocho años para desarrollar el programa, ya que implicará la realización de actuaciones que son complejas,como los realojos, en caso de que sean necesarios.

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Muchas Comunidades Autónomas parecen estar tomando real consciencia sobre la problemática inminente respecto al acceso a la vivienda. La aprobación del preproyecto de la futura Ley de Vivienda (enfocada fundamentalmente en evitar la disparada en los costes del alquiler) ha funcionado como un impulsor en materia de vivienda pública para varios ayuntamientos a lo largo y ancho del territorio. Barcelona (y Cataluña en general) se presenta como un ejemplo a seguir. Mes a mes, se anuncian nuevos proyectos desde la conselleria de Drets Socials de la Generalitat en el marco de la vivienda pública. En este artículo de Oi Real Estate, veremos de qué constan las más recientes promociones, con el horizonte puesto en las nuevas viviendas públicas en Cataluña.

El objetivo: más viviendas públicas

Las principales ciudades, Madrid y Barcelona, se posicionan como las más requeridas en la demanda de los españoles. Esto es un hecho. Durante la primera semana de diciembre, la conselleria de Drets Socials de la Generalitat emitió un nuevo comunicado respecto a la edificación de más viviendas de carácter asequible dispuestas para el alquiler de los sectores más débiles. Se trata de una subvención enfocada a la construcción de 688 viviendas de las denominadas “públicas”.

El departament ha informado que este flamante proyecto es el resultado obtenido de la convocatoria realizada a mitad de este 2021; a través de la cual sendos promotores del orden privado y público fueron sumándose, y que ven como redituable el hecho de construir con el aval y respaldo del Estado catalán.

Construir para alquilar en Cataluña

De estas casi setecientas nuevas viviendas públicas en Cataluña, según informó el departamento, se prevé que más de un centenar serán propiedades de carácter dotacional. Su edificación integral constará de dos decenas de promociones; dicha planificación supondrá una inversión global de casi 18 millones de euros, distribuidos equitativamente por las entidades adjudicadas.

Asimismo, también se detalló el coste calculado para su alquiler, respecto al detalle de los 75 m2 por vivienda manejados para los proyectos. El mismo, en las viviendas edificadas en la zona D, oscilará alrededor de los 420 euros (en su cuota mensual); mientras que se calcula en 562 euros para los pisos de 75 m2 ubicados en la zona A. Para los pisos ubicados en la zona denominada como A, se dispondrá un coste en sus m2 de 7.5 euros; mientras que en la zona D, el precio por la misma unidad de espacio puede disminuir hasta los 5.6 euros.

Pormenores en la planificación de pisos de 75 m2

Otros detalles aludidos a este gran proyecto en viviendas públicas de 75 m2, señalan que sus instalaciones de energía eléctrica deberán contar con una certificación mínima del tipo “B”. En este sentido, se solicitará a los futuros arrendatarios no superar este tope energético;

Por último, para poder postularse a estos alquileres asequibles, los ciudadanos deberán inscribirse y someterse a la evaluación del Registro de Solicitantes de Vivienda, de modo que su endeble situación económica sea comprobada.

Incorporación de más de dos centenares pisos asequibles

Entre finales de noviembre y comienzos de diciembre, se comunicó también que la conselleria de Drets Socials de la Generalitat espera sumar y poner en marcha otra promoción pública con el fin de hacerse de nuevas viviendas públicas en Cataluña.

Este otro plan, como un complemento más en materia de resolver la problemática del acceso al alquiler, buscará entrar ya en funcionamiento para cuando la futura Ley de Vivienda española entre en marcha, a finales de 2023 o mediados de 2024. Según fuentes del gobierno de Colau, más programas de construcción y rehabilitación por dos centenares de viviendas públicas se encuentran en procesos administrativos avanzados.

Dichos programas, delegados a fundaciones y cooperativas, se enfocarán a volver más habitables una gran cantidad de pisos ubicados en Sant Andreu, en el Paseo Torras i Bages y en la calle Bolivia, en Sant Martí. En este último complejo de viviendas, se estima que el Estado convertirá cerca de 85 pisos en propiedades de alquiler público para los menos pudientes.

Si bien los plazos permanecen indefinidos oficialmente, se aguarda que estos programas (que abarcarán también otras cuatro decenas de viviendas entre las calles Doctor Letamendi y Montral, en Horta) vean también luz verde para su inicio en el año 2023.

La situación actual de viviendas públicas en Cataluña

En nuestros días, el Ayuntamiento catalán cuenta con más de 2.300 planes en viviendas públicas; ya sea a punto de ser comenzadas o en construcción. En este sentido, el volumen podría ser considerado como alto en la comparativa a otras comunidades autónomas españolas; pero bajo respecto a lo prometido por fuentes cercanas a la alcaldesa Colau, de dos años a esta parte.

Muchas de las promociones firmadas y anunciadas por el Consistorio durante el año pasado y el corriente 2021, en encuentran rezagadas; y se espera que recién en 2023, junto a las citadas en párrafos anteriores, comiencen sus obras edilicias.

La posición del Gobierno en este campo, responsabiliza la ralentización de los proyectos al mal estado de las propiedades y el avance menguante de la pandemia. Las voces opositoras, por su parte, aducen que desde que el Ayuntamiento adquirió estas viviendas, sus estados edilicios no hicieron más que empeorar y corroerse aún más. Y si escuchamos a los inquilinos, muchos de ellos aseguran que su condición de vida acompañó este decaimiento. Se estima que, en promedio, gran parte de los procesos en las rehabilitaciones que comprueban la habitabilidad de las propiedades se mantienen estancados desde hace al menos cinco años.

Una posición reservada

¿Podrá el gobierno catalán afrontar realmente este grueso volumen de edificaciones para viviendas de alquiler en simultáneo? Se espera que, en la medida que la pandemia COVID 19 lo permita, se aceleren los plazos de forma drástica. Según se informó a los principales medios locales, al menos por un tiempo se suspenderá la adquisición de fincas en mal estado, hasta que se aprueben al fin las rezagadas habilitaciones, en danza a la fecha.

Y si te ha interesado el tema y quieres seguir conociendo mucho más sobre el mundo inmobiliario, te recomendamos leer el siguiente artículo:

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Después de unos meses de retraso, en pocas semanas se podrá conocer el contenido de la nueva ley de vivienda. La normativa buscará hacer frente a la crisis habitacional profundizada por el covid-19, a través de la aplicación de diferentes medidas.

El Gobierno continúa analizando los puntos centrales de la legislación haciendo principal hincapié en comprimir en los obstáculos para acceder a una casa y puntualizando en el crecimiento de viviendas en régimen de alquiler asequibles. Además, el Gobierno buscar, mediante la aplicación de la ley, evitar el encarecimiento de los arrendamientos en zonas tensionadas de España.

En esta nota te contamos todo acerca de la nueva ley de vivienda: sus principales regulaciones y qué pasará con los impuestos a tributar por las viviendas que se encuentren vacías.

La Nueva Ley de Vivienda y la regulación de precios de los alquileres

Con la llegada del Cvid-19 y el ingreso de los países a una crisis mundial, tanto económica como social, los gobiernos de todo el mundo debieron asumir una serie de medidas en diversos aspectos. En el caso español, desde hace varios meses se está debatiendo, entre PSOE y Unidas Podemos, la futura nueva ley de viviendas.

La normativa en elaboración busca fijar un control sobre los precios de los alquileres través de una serie de medidas que beneficien tanto a los inquilinos como a los propietarios. Y a su vez busca aumentar la oferta de viviendas en régimen de alquiler asequible mediante la sanción a quienes dispongan de viviendas vacías.

Principales puntos de la futura ley:

  1. La limitación a un máximo del 10% en la suba del precio de los alquileres en zonas declaradas tensionadas. Esta medida sería aplicada en el momento de la firma de un nuevo contrato de arrendamiento.
  2. Otorgarle al inquilino la posibilidad de prorrogar, de manera extraordinaria, por tres años más al finalizar el acuerdo.
  3. Considera la generación de estímulos fiscales hacia propietarios para aumentar la oferta de viviendas en alquiler mediante una bonificación del IRPF según determinados criterios que establece la ley.
  4.  Buscar la prohibición en la privatización de la vivienda pública que se encuentre destinada al alquiler asequible.

Al mimo tiempo, cada uno de estos puntos, se encuentran determinados por diversos criterios correspondiente a cada situación. Por lo tanto, te recomendamos leer las siguientes notas para mayor información de cada uno de ellos.

Viviendas vacías y el IBI en la Nueva Ley de Vivienda

Además de los puntos mencionados, otro de los acuerdos que se visualizarán en la nueva ley contempla la actuación impositiva sobre viviendas sin habitar. Se trata de una regulación que implicaría una recargo del 50% de IBI a propietarios que dispongan de viviendas vacías.

Integrantes del Consejo General de los COAPI España afirman que esta medida ya se encuentra establecida en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, sancionada en 2004. Este legislación ya contempla este tipo de recargo, sin embargo no es llevada a la práctica. Esto se debe a que no existe una definición determinada acerca de lo que es una vivienda vacía.

Respecto a la cantidad de viviendas vacías en España, el INE no publica estadísticas desde hace aproximadamente diez años. Sin embargo, estimaciones señalan que en territorio español cerca de un 10% de las viviendas se encontrarían deshabitadas. Algunos especialistas afirman que en ese porcentaje se incluyen viviendas que necesitan remodelación.

Lo que la nueva norma buscará establecer es una definición concreta para considerar si una vivienda se encuentra vacía o no. Así, el documento legislativo se referirá a inmuebles vacía de manera parmente, dejando en manos de los ayuntamientos cobrear el recargo o no.   

Por otro lado, e recargo será dirigido a aquellos propietarios que dispongan de más de cuatro viviendas. Con esto, se evitaría sancionar a los pequeños tenedores.

¿La ley movilizará el mercado inmobiliario o penalizará a propietarios?

Uno de los planteos en torno la medida de recargar a un 50% el IBI sobre viviendas vacías es su carácter dinamizador o penalizador.

¿Dinamizadora?

Por un lado, para un sector la ley busca que los propietarios vendan o pongan en alquiler la vivienda deshabitada. De esta manera, serán consideradas las viviendas vacías aquellas que se encuentren sin habitar durante más de dos años. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la ley dinamizará y movilizará al mercado inmobiliario por un lado. Y por el otro, permitirá el aumento en la oferta de viviendas.

Sin embargo, desde el CGCOAPI consideran que la nueva ley de vivienda profundizar la penalización a propietarios, debido a que ya existen normativas que gravan sobre los inmuebles vacíos. Como por ejemplo el IRPF o el IBI.

¿Penalizadora?

Asimismo, expertos afirman que se podría caer en la equivocación de gravar sobre viviendas de propietarios que están esperando una buena oportunidad de venta. O por factores particulares “que no necesariamente debieran ser considerados a priori especulativos”, exponen miembros del Consejo.

Por otra parte, una de las consideraciones de especialistas es que la medida debe ser acompañada de otras más intensas para ser eficaz. En este sentido, se refieren a la necesidad de vincularla con medidas que busquen ampliar el parque público de viviendas y aumentar la oferta de viviendas bajo régimen de alquiler asequibles. De esta manera, brindar una salida real a la problemática habitacional dela acceso a la vivienda diga.

En esta línea, afirman que ley busca regularizar un paquete de vivienda que se desconoce fehacientemente su porcentaje. Por lo tanto, muy probablemente no sea tan considerable como se presupone”.

Hasta aquí todo lo relacionados a los puntos centrales de la Nueva Ley de vivienda. Si estas pensando en arrendar tu inmueble, desde Oi Real Estate podemos asesorarte de la mejor manera. No dudes en ponerte en contacto con nosotros.

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La crisis que atraviesa el país, y el mundo, a causa del Covid-19 ha vuelto a situar en el debate público el acceso a la vivienda digna. En este contexto, el gobierno valenciano ofreció el derecho a la superficie de 29 parcelas de suelo, mediante concurso. Las mismas, deberán ser destinadas a la construcción de viviendas públicas a bajos costes de alquiler.

El objetivo principal es hacer frente a las dificultades habitacionales que continúan sumándose a la realidad de los sectores más vulnerados.

El derecho a la superficie a concurso

Rubén Martínez Dalmau, vicepresidente de segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana, llevó adelante la presentación del primer concurso sobre el derecho a la propiedad. Se trata del ofrecimiento de 29 parcelas destinadas a la edificación, promoción y gestión de aproximadamente 1206 viviendas. Las propiedades a construir serán parte de paquete de viviendas públicas en régimen de alquileres sociales.

Las 29 parcelas ofrecidas son propiedad de l´Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVha) y serán distribuidas por diferentes ciudades de la comunidad valenciana:

1) Ocho están ubicadas en Valencia.
2) Ocho en Alicante.
3) Ocho en Sant Joan,
4) Gandía,
5) Una en Manises, Silla y Benaguacil.

La suma total de metros cuadrados a concursar es, aproximadamente, 117.822.

¿Cuáles son las características del concurso de solares?

Martínez Dalmau Destacó la importancia la cooperación recíproca entre administraciones autónomas y el sector privado, considerando un aspecto “fundamental para canalizar la innovación y emprendimiento para crear valor público”.

Para llevar adelante la cesión del derecho a la superficie sobre 29 parcelas, el gobierno valenciano presentó la apertura del concurso para su adquisición.

Plazos de duración

El derecho a la superficie obtenido tendrá un plazo mínimo de 15 años de manera inicial. El mismo puede ser prorrogado por unos 75 años más. Por lo tanto, el período máximo será de unos 90 años. Siempre dependiendo de cada situación en particular.

Plazos de construcción

Respecto a los tiempos de edificación serán:

  1. 6 meses para la obtención de la licencia de obra;
  2. 24 meses para la terminación de la obre:
  3. 36 meses para conseguir la calificación definitiva.

El plazo de presentación de todas las ofertas será hasta el 9 de septiembre del corriente año. Con respecto a la documentación necesaria, podrá ser retira por EVha en la Cuidad de Valencia.

Todas las empresas que se presenten a licitación deberán justificar una determinada solvencia económica basada en volumen de negocio. En el caso de que la misma empresa se presenta a concurso por diferentes lotes, la solvencia económica será por el total de parcelas a licitar.

Por otra parte, deberán acreditar experiencia técnica. Es decir, demostrar actividad en el mercado inmobiliario. Para tal fin, se le pedirá a cada empresa al menos un edificio de vivienda, además del equipo técnico necesario para realizar la obra.

Comité de expertos

Un equipo especializado se encargará de llevar adelante el análisis de las solvencias económicas y técnicas. De esta manera, valorarán la solidez y viabilidad siguiendo los siguientes criterios:

  1. Estudio de viabilidad económica.
  2. Equipo técnico.
  3. Propuesta arquitectónica e integración urbana: en este criterio se considerará descripción gráfica, accesibilidad, perspectiva de género, medioambientales, durabilidad, mantenimiento y máxima edificabilidad.
  4. Modelos de gestión y mantenimiento: se incluirán protocolos de acciones en caso de incidencias de contrato, participación y gestión comunitaria, difusión y publicidad.

Requisitos para los futuros arrendatarios

Los precios de las futuras viviendas y los requisitos necesarios estarán sujeto a lo dispuesto por el Decreto 90/2009 Reglamento de Vivienda de Protección Pública y por la Ley de Arrendamientos Urbanos.

La futura promotora podrá recibir entre otras cosas, además de la renta: gastos comunitarios, tasa e impuestos. Esto siempre y cuando no superen el 20% de valor del alquiler.

Ampliación del parque de viviendas públicas

La crisis económica y financiera a causa del Covid19, ha colocado nuevamente en el debate público las dificultades en el acceso a la vivienda. Según Martínez Dalmau, uno de los principales objetivos del lanzamiento a concurso de 29 parcelas es dar respuesta a la emergencia habitacional. En esa línea, expresó:

la necesidad de desarrollar medidas que defiendan el derecho a la vivienda digna, como por ejemplo contar con un extenso parque de vivienda pública como mejor garantía de protección a las personas”


Rubén Martínez Dalmau, vicepresidente de segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana

Derecho a la superficie: una medida que se suma a un plan general de viviendas

Las diversas medidas relacionadas a la situación habitacional buscan ampliar el parque público de viviendas en régimen de alquiler. Según datos presentados por el mandatario, el estado español cuenta con un reducido parque público. El mismo está integrado apenas por el 1,6% de los hogares, en relación al 16,8% de Francia, el 20,9% de Dinamarca y el 30% de Holanda.

Ante cifras tan desfavorables, Martínez Dalmau hizo hincapié en el Plan de Recuperación Europea como uno de los grandes retos que deben atravesar los estados para hacerle frente a diversas problemáticas. Además, remarcó el lanzamiento del Plan 2400 por parte de la Generalitat en abril de 2020.

El plan busca de manera directa reactivar la promoción de viviendas públicas a través de la disponibilidad de 2400 viviendas a precios asequibles para familias valencianas. Esta cifra permite un acercamiento para la amplificación del parque de vivienda del Plan Habitat 2030.

Por otra parte, el mandatario valenciano expresó que el Plan 2400 asume el compromiso con el sector privado mediante el concurso de solares.
Sin embargo, no se trata solo de la cesión de los solares.

La Conselleria valencia anunció ayudas para la promoción de viviendas destinadas al alquiler social para promotoras privadas que participan en el Plan 2400también. Está nueva edición de ayudas contara con un total de 7,7 millones de euros.

Hasta aquí todo lo relaciona sobre el derecho a la superficie ofrecido por el gobierno valenciano con el objetivo de amplificar el parque público. Una medidas que se le suma al Plan Estatal de Viviendas 2018-2021 que rige sobre todo el territorio español.

Si te has quedado con alguna duda, déjanos tu comentario. Desde Oi RealEstate te responderemos la brevedad.


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La baja del turismo no ha repercutido en la oferta de viviendas vacacionales. Los 295.000 inmuebles de vivienda vacacional se imponen a los 290.000 de vivienda pública en alquiler.

Como es de saber, uno de los más grandes ingresos que tiene España son ocasionados por el turismo. Antes de la pandemia, en el año 2019, la actividad turística generó en el país 154.487 millones de euros, lo que significa el 12,4% del PIB. La hostelería mueve en torno a unos 2,72 millones de puestos de trabajo. Es por eso por lo que, a pesar de que la crisis sanitaria haya cambiado enormemente el panorama en este rubro, los españoles sueñan con volver a la normalidad y no desisten de poner sus pisos en alquiler vacacional, con la esperanza de reactivar el sector. Asimismo, el impulso de los alquileres sociales está cobrando mucha fuerza en España, es que la pandemia ha traído también más pobreza y se ha sentido más la violencia de género durante el confinamiento. Sin embargo, a pesar de los avances, hoy en día el pueblo español cuenta con más vivienda vacacional que vivienda pública en alquiler.

Si quieres obtener más información sobre el tema, te invitamos a leer este nuevo post de Oi Real Estate.

España cuenta con más vivienda vacacional que pública en alquiler

A su vez, según estudió el Instituto Nacional de Estadística (INE), salieron del mercado durante la pandemia unas 27.000 propiedades con fin de alquiler turístico. En total en agosto de 2020 se registraron 321.000 pisos turísticos, mientras que en febrero del año corrientes están registrados 294.000. La caída en la vivienda vacacional es de un 8,3% pero aún así sigue siendo mayor a la vivienda pública en alquiler, que registra unos 290.000 hogares. El dato alarmante es cómo están distribuidas estas propiedades y cuánta es la desigualdad en las distintas regiones. Por ejemplo, en Catalunya la diferencia es grandísima, existen unos 54.646 pisos de alquiler vacacional y solamente unos 28.624 pisos de alquiler público.

Distribución del alquiler público y vacacional

Como ya hemos mencionado, la distribución es alarmante. Gracias a los datos aportados por el Boletín Especial de Vivienda Social que publicó el Observatorio de Vivienda y Suelo, podemos saber lo siguiente.

  • Los 290.000 inmuebles de alquiler público están divididos en distintos grupos.
  • 180.000 de las propiedades con destinación social pertenecen a comunidades y ciudades y a sus entidades dependientes o empresas públicas.
  • El restante de las 60.000 viviendas públicas refiere a “una extrapolación sobre el resto de los ayuntamientos, por población, a partir de la muestra de los municipios de más de 20.000 residentes que reportaron los datos”, aclara el Ministerio.

Lugares de España en donde hay más vivienda pública que turística

Por su parte, si bien hemos mencionado el caso de Catalunya donde el número de viviendas turísticas es muy superior al de viviendas sociales, hay otros lugares donde sucede lo opuesto.

  • Andalucía: existe una gran cantidad de viviendas en alquiler que pertenecen a ambos grupos, sin embargo, las 64.886 sociales superan a las 61.574 turísticas.
  • Madrid: se concentran 28.624 viviendas sociales, mientras que sólo hay 17.802 para el turismo.
  • País Vasco: aquí el número de vivienda pública es altamente mayor, con 30.247. Allí solo se encuentran unas 4.016 con fin turístico.
  • Extremadura: este es otro lugar donde el número es amplio, de 13.551 viviendas sociales solo hay 1.268 turísticas.

Lugares de España en donde hay más vivienda turística que pública

A lo inverso del párrafo anterior, están las comunidades que tienen más pisos turísticos que públicos. Encabezada por la superpoblación turística que existe en Barcelona, vamos a ver bien cómo se distribuyen los números de viviendas allí.

  • Catalunya: aquí existen 54.646 viviendas con destino al turismo y 28.624 sociales.
  • Comunitat Valenciana: las 49.757 viviendas turísticas superan ampliamente a las 11.316 con destino social.
  • Baleares: con 27.703 turísticas y solo 1.669 viviendas de alquiler social, es el sitio más disparejo.
  • Galicia: aquí se encuentran 11.398 pisos turísticos y unos 3.971 pisos sociales.

¿Cómo se puede acceder a las viviendas públicas sociales?

Las personas que tienen acceso a estas viviendas son aquellas que tengan algún tipo de problema social. Muchas son destinadas a los que tienen dificultades económicas, familias numerosas, aquellas con problemas por violencia de género, personas con discapacidades.

  • Monto destinado a la renta: la media de la renta de estos hogares es de 150€ a 400€.
  • Ingresos anuales familiares: la renta no comprenderá un porcentaje mayor al 30% de los ingresos de la familia.
  • Opción a reducción: si la familia tiene unos ingresos muy inferiores podría reducirse el precio de la renta.
  • Duración de contrato: el contrato de arrendamiento es de 2 años de duración máxima. Se puede alargar cumpliendo ciertos requisitos.
  • Hogar permanente: existirá la posibilidad a que se convierta en la vivienda permanente de la persona.

Las reservas de alquiler turístico caen a la mitad con respecto a 2020

Asimismo, si bien las cosas han mejorado un poco desde que ha terminado el estado de alarma, sigue sin tocarle los talones a los viejos tiempos. También es previsible que con el correr de los días aumenten los porcentajes porque la gente se ha acostumbrado a reservar a última hora con miedo a las cancelaciones. De momento, comparado con el verano 2020, en ciudades como por ejemplo Málaga, el porcentaje de reservas se redujo hasta casi la mitad: 11,5% al 6,9% de ahora. Igualmente, la reducción más fuerte la sufrió Asturias, que había pisado fuerte en el 2020 con el 7% total del mercado, ubicándose tercero en toda la España, pero este año ha descendido a nada más y a nada menos que al octavo lugar con un 3,9%.

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