Los administradores de fincas empezaron a trasladar a las autoridades las preocupaciones de sus representados por el aumento de precios en los servicios. Concretamente, abordaron la repercusión que ha tenido la suba en la provisión de energía para regular la temperatura de los pisos en las comunidades de vecinos. El problema se genera por los valores diferenciados que existen respecto de este servicio con los hogares particulares.
En esta nota repasamos las causas y la actualidad de cómo incide el aumento de precios de la energía en las comunidades de vecinos, y qué están reclamando los administradores para solventarlo.
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Crisis energética y el reclamo de nuevas medidas
La suba de precios en el gas, la electricidad y los carburantes es ya un tema cotidiano en el día a día de los españoles. Dado que sus causas y consecuencias trascienden las fronteras de nuestro país, el traslado al alza de costes de transporte y mantenimiento en las cadenas de producción es una preocupación en todos los niveles. Es previsible que en una economía globalizada el impacto de las medidas tomadas en un país pueden influyan directa o indirectamente en el ámbito local.
En ese marco, las resoluciones a nivel doméstico no tienen efecto total si se aplican de manera aislada. Su efectividad depende, indefectiblemente, de la articulación entre las diferentes partes. Así lo ha entendido el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE), que hizo el reclamo de sus representados ante las autoridades. La primera solicitud se realizó el pasado abril, para que se aplicara a las comunidades de propietarios la misma tarifa energética de los hogares particulares.
De esta manera, indican desde el Consejo, se equipararían las tasas y ventajas fiscales para quienes viven en comunidades administradas. La situación actual da por sentado que los vecinos que viven en edificios deben pagar tarifas casi industriales, en vez de asumir el coste de un uso familiar o individual, como efectivamente hacen. Esto es así porque los combustibles que se usan para los edificios son grandes calefacciones centralizadas que, como se sabe, han elevado su costo hasta niveles históricos en los últimos meses, como consecuencia la inflación y de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Antecedentes del aumento de tarifas eléctricas
El problema con las tarifas de electricidad viene arrastrándose desde el último año y medio. Desde entonces el incremento en sus valores para las comunidades de vecinos ha sido del 120%. Con esta subida, el precio del servicio ascendió un 42% en 2021 respecto al ejercicio anterior. Sumado a ello, el aumento de los costes durante los primeros tres meses de 2022 ha sido del 77%.
En este marco, el presidente de CGCAFE, Salvador Díez, asevera que hubo una conjunción de causas que determinaron la escalada de precios. La guerra en Ucrania, la inflación y la crisis del COVID-19, implicaron afrontar costes extraordinarios o reducir el tiempo de servicio de la calefacción central. Así, Díez indicó a los medios que es “muy urgente y necesario que la Administración Pública tome las medidas necesarias para afrontar este problema y tengan en consideración las propuestas de los administradores de fincas colegiados”.
El rol de los administradores en el reclamo por el aumento de precios
Como es sabido por quienes hacen uso de sus servicios, un administrador de fincas es el primer eslabón para que los vecinos puedan hacer un reclamo colectivo. Estos profesionales, dentro de sus funciones habituales, se encargan de la gestión económica, financiera, técnica o legal de los propietarios de fincas rústicas o urbanas. En ese sentido, las diferentes comunidades de vecinos o propietarios encuentran en esta figura quien les pueda dar curso a las cuestiones administrativas más cotidianas, así como a situaciones coyunturales como el actual aumento de precios en la tarifa eléctrica.
En el panorama actual, y tras el reclamo de diversas comunidades, los administradores de fincas, han decidido actuar a través del CGCAFE. Con tal personería, han elevado una carta al director general de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico solicitando que se aplique a las comunidades de propietarios la tarifa de los hogares. Esto significaría una baja sustancial para los colectivos de vecinos, ya que responderían con costes más económicos el uso del servicio en sus viviendas.
Otras consecuencias del aumento de precios en las tarifas de servicios
El alcance de este raclamo no termina, sin embargo, en una cuestión de “abaratar” costes en los servicios de sus representados. Parte de los argumentos de los administradores de fincas alcanzan también otras posibles consecuencias de la suba, que ya han empezado a visibilizarse. El ajuste necesario que deben afrontar las familias para hacer frente al incremento de tarifas no siempre es exitoso.
Desde la CGCAFE advierten que el aumento de los servicios impagos ya es notorio, debido en parte al desempleo generado tras la extensa cuarentena por COVID-19. Ello, sumado a la inflación y el aumento de tarifas, no puede hacer más que profundizar el impacto sobre quienes perdieron sus fuentes de ingresos. Tal como indicó Díez en su momento, “esta crisis social y económica reducirá los ingresos que, por cuotas comunitarias, pagan los propietarios en sus comunidades”. Indefectiblemente, esto debería ser entonces una preocupación para las autoridades, ya que eventualmente afectará los equilibrios fiscales.
Entretanto, el reclamo sigue vigente y los administradores, con sus comunidades, siguen sacando cuentas. Claro está que no todos se encuentran en la misma situación, porque cada caso es específico según el barrio y el poder adquisitivo de sus vecinos. En algunos la suba de la cuota figura en torno al 5%. No obstante, como se dijo en principio, el problema general lleva ya más de un año y medio y, de no implementarse medidas, las consecuencias a largo plazo harán que el aumento de precios sea difícil de sostener por cada vez más usuarios.
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