La Ley de Vivienda, en su anteproyecto aprobado en octubre último, sigue provocando distintas opiniones y diversos puntos de vista. Una de las voces calificadas más esperadas en pronunciarse al respecto era la de las autoridades de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Su aporte, seguramente incluido en la futura Comisión que dimitirá los retoques y reformas a las leyes actuales antes de implementarse la Ley, deberá ser especialmente valorado; dada su incidencia en todos y cada uno de los sectores implicados. En este artículo de Oi Real Estate detallaremos la mirada aplicada a la Ley de Vivienda, según CNC.
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Objetivos difíciles de alcanzar
Las metas que propondrá la Ley de Vivienda, una vez aprobada de forma definitiva, tocan a gran parte del sector inmobiliario; asimismo, la industria de la construcción se posicionará como una de las principales opiniones a ser escuchadas de aquí hasta su aprobación definitiva.
El grueso paquete de regulaciones, el primero en aplicarse globalmente en España tras la vuelta de la democracia, deberá profundizar el diálogo entre las patronales y los sindicatos. Sin embargo y contra lo que podría imaginarse, en este caso, estas voces antagónicas en muchos aspectos hoy se muestran coincidentes en las críticas. Ambos señalan las mismas debilidades y predicen casi los mismos resultados.
Cada cual defendiendo entendiblemente sus intereses, deberán aunar posiciones de aquí a 2024, cuando la Ley de Vivienda entre en vigencia de forma definitiva. Para conocer los resultados y el alcance de las medidas, habrá que esperar aún un tiempo más.
Puntos sensibles en la Ley de Vivienda
Orientada a contener al sector inmobiliario y prevenir cualquier descalabro entre oferta y demanda del alquiler, podría decirse que la Ley de Vivienda se centra en tres puntos sensibles a la sociedad española toda; a sus economías (de las más pequeñas a las más influyentes); y a evitar que los sectores más debilitados por la pandemia COVID 19 sufran más la problemática del acceso a la vivienda (de data anterior a la irrupción del virus).
- Incentivos fiscales. Dirigidos a todos aquellos propietarios que vuelquen sus propiedades al mercado del alquiler convencional y al alquiler social.
- Fuertes recargos en el IBI a las viviendas vacías. Las medidas apuntan sobre todo a los denominados como “grandes propietarios” o a las empresas que invierten en construir para alquilar.
- Límites al alquiler en zonas clasificadas como tensionadas. Medidas evaluativas de aplicación opcional para ayuntamientos y comunidades.
Estos tres puntos en apariencia son sencillos de explicar y de entender. Sin embargo, es en el detalle puntual de las medidas, con sus divisiones y subdivisiones, es que comienzan las dudas y las opiniones cruzadas. Esto se da porque, en ocasiones, las medidas aparecen calcadas a otros paquetes de comprobado fracaso a nivel internacional (incluso algún que otro plan interno de regulación al alquiler) y en economías similares a las de España.
Comprobamos así que la opinión del CNC es fundamental y digna de ser considerada tanto por la comunidad como por las autoridades que aprobarán la Ley.
La Ley de Vivienda según CNC
La CNC tiene algunas pocas palabras optimistas para con la futura Ley de Vivienda; y a la vez severas críticas a la mayoría de las medidas que la conforman. En resumidas líneas, sus autoridades esgrimen que gran parte del anteproyecto tiene intensiones intervencionistas y que incrementará sustancialmente la inseguridad jurídica. En este sentido y como casi todos los sectores, la patronal se suma al objetivo de implementar medidas fiscales que faciliten el acceso a la vivienda de los más débiles y del sector joven. Sin embargo, aduce que el paquete presenta (tal cual está redactado) una serie considerable de puntos de endeble posición frente a las leyes en vigencia.
Las regulaciones en la mira de la CNC
Para la CNC, deberían eliminarse del borrador los controles estrictos a los costes de los contratos de alquiler; dichos controles, podrían conducir directamente a una reducción de la oferta frente a la escalada de la demanda, y al consecuente aumento del mercado negro de arrendamiento.
Según comentaba el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, a los más prestigiosos medios de consulta del sector inmobiliario en España, es crucial armar una mesa de diálogo. A dicha comisión deberían acudir en modo de consenso las autoridades del Gobierno y de las comunidades, así como todos los sectores tocados por la Ley de Vivienda hasta llegar a un acuerdo definitivo.
En sus palabras:
Se debe consensuar una ley que permita armonizar las distintas regulaciones existentes a nivel autonómico para garantizar el derecho a una vivienda digna a un precio asequible, ya sea en propiedad o en alquiler.
Pedro Fernández Alén, presidente CNC
Respecto a la poca seguridad jurídica
Según Alén, los puntos en la Ley de Vivienda que buscan regular el precio del alquiler en zonas tensionadas presentan una debilidad que no resiste el mínimo análisis respecto a su jurisprudencia.
Esta crítica es coincidente en casi todas las opiniones y esgrimida desde las agencias pequeñas o medianas, y desde las máximas autoridades de las comunidades autónomas opositoras al Gobierno central; esta posición incluye el preanuncio que, ante la falta de obligatoriedad que dejará en sus manos el realizar los estudios que podrían declarar a una zona como tensionada y aplicar las regulaciones a los precios, optarán por no implementarla.
Es aquí donde los principales defensores de la propiedad privada elevan sus críticas y sus denuncias a la futura Ley de Vivienda como “intervencionista”. Y la postura (aunque discutible, como todas) queda clara con solo repasar el artículo 47 de la Constitución Nacional, donde se manifiesta el derecho a habitar una vivienda digna; y también en el artículo 33, que expresa la protección a la propiedad privada.
¿Tienes una posición tomada frente a la Ley de Vivienda y su paquete de medidas? Nos encantaría conocerla.
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