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La Ley de Vivienda sigue generando controversia y revuelo. En los últimos días, la Comunidad de Madrid informó que no declarará zonas tensionadas para poder controlar el precio de los alquileres en las zonas problemáticas. Este es un nuevo punto de discusión que se lleva adelante en la Comuna. Recordemos que ya ha presentado recusaciones al Tribunal Supremo, hace varios meses. Además, son varias las ocasiones en que ha criticado muchos de los puntos que la normativa establece.

Dentro de la Ley de Vivienda, se establece la utilización de un índice de precios de referencia. De esta form, a en las zonas tensionadas podrían limitarse los valores de los alquileres en un rango de mínimos y máximos. Esto se haría teniendo en cuenta las características del piso.

En este caso, el Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la CAM, ha explicado los motivos de la decisión. Allí informa que la Comunidad de Madrid no declarará zonas tensionadas, ya que estaría interviniendo el mercado al hacerlo. Aducen que con estas medidas, el efecto sería el contrario al esperado. Esto significa que los precios de los alquileres serían mucho más altos.

Tenemos que tener presente que no es la primera vez que se realizan este tipo de acciones y son varios los ejemplos en los que el resultado fue malo. Por ejemplo en Barcelona.

En este post te contaremos todo respecto a las razones por las que la Comunidad de Madrid ha explicado que no declarará zonas tensionadas para limitar los precios de los alquileres.

La Comunidad de Madrid no declarará zonas tensionadas en su territorio

Lo primero que debemos dejar claro a qué se llama zonas tensionadas. Dentro de la Ley de Viviendas se ha incorporado un punto, en el que se brinda la posibilidad a las Comunidades Autónomas de establecer localidades que tengan problemas para el acceso de viviendas. Al realizar el trámite para incorporarlas dentro de esta categoría, se establece un índice de precios de referencia con el fin de limitar los precios de los alquileres en dicha área. Esto significa que se establece un máximo y un mínimo de lo que los propietarios pueden solicitar por sus inmuebles.

El problema es que no todas las comunidades están de acuerdo con su aplicación. Un ejemplo de ello es la Comunidad de Madrid, que ha decidido que no declarará zonas tensionadas dentro de su territorio.

Al hacer referencia a los motivos para ello, Jorge Rodrigo, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la CAM, explica que este tipo de medidas son intervencionistas. Esto significa que se interviene al mercado inmobiliario y esto provocaría mayores subidas en los precios de los alquileres. O sea, el efecto contrario al que se busca.

Al informar a los medios la decisión de la Comunidad de Madrid, explicó que no declarará zonas tensionadas en ningún caso y tampoco se aprobará ningún tipo de zona tensionada de ningún municipio de la Comunidad. Un punto que respalda la postura del Gobierno de Ayuso, es que no es la primera vez que se intenta incorporar este tipo de medidas. Existen varios ejemplos de prácticas como estas que no han funcionado. Algunos de estos ejemplos fallidos, pueden ser Barcelona, París o Berlín. Incluso, se puede citar un ejemplo más reciente, en Escocia.

Hay algunos puntos que es necesario aclarar sobre la Ley de Vivienda. El Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado aprobar la normativa que desde muchas Comunidades ha sido cuestionada. Esto tiene que ver entre otros puntos con que vulnera la potestad de las Comunas sobre la vivienda. Es que solo ellas pueden tomar medidas sobre este punto en particular. Con la nueva normativa, se ha saltado dicho derecho, siendo sobrepasado por el Gobierno nacional.

Otro punto importante, es que no es la primera batalla que la Comuna tiene debido a la Ley de Vivienda. Hace tiempo que ha recurrido ante el tribunal Constitucional la normativa, pese a que aún no se han tomado definiciones al respecto. 

Cantabria tomará el mismo camino que la Comunidad de Madrid

La regulación de los precios del alquiler que permitiría la incorporación de las zonas tensionadas no es aceptada por todas las comunidades. El Gobierno de Cantabria ha decidido que tampoco aplicará esta opción para poder controlar los precios de los alquileres.

Es que la Ley de Vivienda permite a las Comunidades establecer las localidades en las que la oferta es muy baja y la demanda muy alta, y en consecuencia fijar zonas tensionadas. Luego, con el índice de referencia de precios, se establecen valores mínimos y máximos para ellos.

Ya desde el momento en que la normativa vio la luz, muchas Comunas explicaron que al intervenir el mercado, lo que sucede es el efecto contrario al buscado. Incluso, desde el Gobierno de Cantabria, explican que este tipo de regulaciones son propias de países comunistas.

El consejero de Fomento, Roberto Media, consideró que el mercado no se puede regular. Además, explicó que desde su perspectiva el Gobierno central impulsa decretos que pueden considerarse ideológicos, y cuyos resultados serán los opuestos a los que se pretenden.

Incluso, fue bastante crítico a la hora de analizar la situación. Él considera que el propietario de la vivienda debe tener el derecho de cobrar lo que quiera por el alquiler. Es que será el mercado quien regule esto y solo deberían desde la Administración tomar medias y trabajar para poner a disposición de la población que lo necesite viviendas sociales. No debería el Estado cargar en la población una responsabilidad que no le corresponde. Otra de las opciones es que se le puedan brindar a los propietarios garantías suficientes para que elijan poner sus inmuebles vacíos en alquiler.

En esta Comunidad, justamente, se ha tomado la determinación de llevar adelante medidas de este tipo. Por ejemplo, han iniciado un plan en el que se proyecta la construcción de 300 viviendas dentro del alquiler social. Pero esto no ha sido lo único. El Gobierno del PP de Cantabria, ha decidido tomar la iniciativa de impulsar una nueva Ley de Viviendas. Por medio de ella, se busca establecer normativas que puedan hacer frente al problema de los okupas y volver a poner en marcha el Plan Moviva, con el que se pueda motivar a los propietarios de viviendas vacías, a que decidan volcar estos pisos para el alquiler.

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Luego de que haya sido pospuesto hace unos días atrás, el Tribunal Constitucional ha podido tomar una decisión respecto al Impuesto a las Grandes Fortunas. Primero que nada debemos recordar que la Comunidad de Madrid ha llevado adelante un recuso debido, a que considera es un tributo anticonstitucional.

Pese a los argumentos esbozados por parte de Isabel Días Ayuso, el Tribunal luego del debate efectuado el pasado 7 de noviembre, ha decidido respaldar el gravamen.

Desde la Comunidad de Madrid han informado que realizará y aprobará una ley por medio de la cuál todo lo recaudado, será únicamente para ésta comunidad. De esta forma, entienden que podrán devolver a los contribuyentes lo que han aportado en el Impuesto a las Grandes Fortunas.

En este post te contaremos cuáles han sido las razones por las que no se ha aceptado la presentación de la Comuna. Además te detallaremos los planes que Ayuso piensa poner en marcha debido a la decisión del Tribunal Constitucional. ¿Nos acompañas?

El impuesto a las grandes fortunas, recusada por la Comunidad de Madrid

El 7 de noviembre, el Tribunal Constitucional, ha tenido que analizar la recusación interpuesta por la Comunidad de Madrid debido a su posible inconstitucionalidad. Pero veamos un poco más en detalle la explicación de su decisión.

En primer lugar, uno de los planteos, para solicitar la inconstitucionalidad, tenía que ver con la forma en que se había tramitado. Es que según se ha explicado, se ha aprobado por medio de una enmienda, durante la tramitación de una proposición de ley cuya finalidad era otra.

Otro de los puntos a los que se hacia referencia tiene que ver con la vulneración del impuesto a las grandes fortunas a la autonomía financiera de la Comunidad y la reserva de ley orgánica respecto a la cesión de tributos.

En tercer lugar, se había hecho hincapié en la vulneración a los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad. Respecto a este punto, explican que los gravámenes del nuevo tributo eran muy altos. Pero no era todo.

Por último explicaba que se violaba también el principio de seguridad jurídica. Aquí, se hace referencia a la retroactividad que se ha permitido que tenga este tributo, ya que tiene incidencia sobre situaciones existentes.

Pese a los esfuerzos realizados por la Comunidad de Madrid, el tribunal Constitucional ha decidido avalar el impuesto a las grandes fortunas. Para ello, ha explicado le motivo por el cuál ha tomado esta determinación, contestando a cada uno de los conflictos que originaron esta discusión. 

Cuál la postura del Tribunal constitucional sobre el Impuesto a las Grandes Fortunas

Desde el Constitucional, han explicado cuáles han sido los motivos por los que decidieron avalar el impuesto a las grandes fortunas. A continuación detallaremos estos puntos:

Primero que nada, respecto a la forma en la que se ha llevado adelante la incorporación del tributo, desde el Tribunal explican, que es posible aplicar la doctrina constitucional sobre el derecho de enmienda. Este punto se encuentra en el artículo 23.2 de la constitución. Allí se explica que se vulnera cuando hay una evidente y manifiesta falta de conexión entre el contenido de la enmienda y la iniciativa que se intenta poner en vigencia.

Para aclarar mas el asunto, explican que el impuesto a las grandes fortunas, se encontraba dentro de la proposición de la ley 38/2022. Allí se establecía como objeto, la creación de dos gravámenes, uno energético y otro bancario, por medio de los cuáles se buscaba proveer de ingresos públicos. Estos fondos serían utilizados para poder afrontar las consecuencias de la crisis energética y de precios que ha provocado la guerra entre Rusia y Ucrania. Teniendo esto presente, se cumple con el requisito de homogeneidad a la hora de incorporar este tributo por medio de una proposición.

Con respecto a la vulneración de la autonomía financiera, explican que el impuesto a las grandes fortunas, en realidad, es un complemento del Impuesto sobre el Patrimonio. Este tributo, es estatal cedido a las Comunidades Autónomas. Así lo satisfecho por este se descuenta, para establecer el nuevo impuesto. De esta forma, no se ve afectada ninguna de las competencias autonómicas sobre el impuesto del patrimonio.

Otro de los planteos efectuados por la Comunidad de Madrid, tiene que ver con el atractivo fiscal. La Comuna, buscan reducir constantemente la carga fiscal para sus contribuyentes para ser un lugar más atractivo y atraer riqueza hacia su territorio. El hecho de incorporar el Impuesto a las Grandes fortunas, aumentará la carga fiscal para aquellos contribuyentes que cuenten con un patrimonio mayor a los 3 millones de euros. Sobre este punto, el Tribunal explica que este objetivo particular que se ha planteado Ayuso, no puede ser un impedimento para el Estado de ejercer su competencia y establecer nuevos tributos.

Respecto a la vulneración de los principios de no confiscatoriedad y capacidad económica, también ha explicado el tribunal porque no es así. Declaran que frente al argumento que ha presentado la Comunidad de Madrid, entendiendo como muy altos los porcentajes a abonar respecto a la rentabilidad actual de los mercados, explican que este nuevo tributo, solo podría considerarse confiscatorio en el caso en el que se agote el valor del patrimonio, no sobre la renta generada por los bienes gravados. Por ello, no puede considerarse como desproporcionado tampoco. Incluso dentro del texto, citan datos respecto a  las estadísticas de la AEAT. Allí se demuestra que el impuesto a las grandes fortunas se encuentra por debajo del 0,5 por ciento del valor del patrimonio gravado de un contribuyente.

El último punto, tiene que ver con la retroactividad. Desde el Constitucional explican que el Impuesto a las Grandes Fortunas no se aplica en relación a un período impositivo. Lo que establece y fija es una referencia concreta de tiempo. Por ello, explican, no tiene un carácter retroactivo y tampoco vulnera el principio de seguridad jurídica. 

Cuál será la respuesta de la Comunidad de Madrid

Debido a la decisión que ha tomado el Tribunal constitucional de no declarar inconstitucional el Impuesto a las Grandes fortunas, la Comunidad de Madrid ha trazado un nuevo plan. Mediante él tramitará de urgencia una nueva ley con la que pueda recaudar el tributo para dicha comunidad.

Ayuso, explica, que se llevará adelante lo más rápido posible. Agrega que así esta recaudación quedaría en manos de los contribuyentes madrileños para que se lo puedan devolver.

Por otro lado, y pese a las explicaciones dadas por parte del Tribunal, la presidenta de la Comunidad de Madrid, insiste con que es un tributo contra el patrimonio, el trabajo y el esfuerzo de su pueblo, y por ello no se quedarán sin hacer nada.

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El Tribunal Constitucional recibirá una nueva recusación por la ley de viviendas. La misma será presentada por Canarias, por la invasión de las competencias autonómicas. Además por generar inseguridad para los propietarios, al destinar sus inmuebles para alquilar.

Tengamos en cuenta que justamente la intención de incorporar la normativa, es la de lograr solucionar los problemas estructurales de vivienda que tiene nuestro país. Cada vez son más las personas que necesitan alquilar un inmueble,  pero la oferta, no llega a cubrir esta demanda.

Desde que la ley comenzó a pensarse, las posiciones de los actores que participan del mercado inmobiliario, han establecido posturas contrarias. Uno de los motivos planteados por sus detractores, es justamente la invasión de las competencias por sobre las decisiones que corresponden a las Comunidades Autónomas. Pese a ello la normativa ha sido puesta en vigencia. Ahora el Tribunal Constitucional tendrá que analizar y expedirse ante las presentaciones de las Autonomías que plantean su inconstitucionalidad.

Si bien se han realizado las recusaciones ante el Tribunal Constitucional, también se han solicitado modificaciones en la Comisión Bilateral con el fin de lograr llegar a un acuerdo en los puntos en los que las Comunidades Autónomas establecen invasiones. Tampoco sobre este punto, ha habido novedades y se espera ver de que manera se resolverá

Por un lado, se deberá esperar cuál será la determinación y conclusión a la que llegará el Tribunal Constitucional. También tendremos aguardar para ver si será mayor la cantidad de reacusaciones que se llevarán adelante, pero todo hace pensar que podría ser así.

En este post te contaremos, sobre la presentación que realizará Canarias de la ley de la vivienda. Te detallaremos además cuáles son las razones que la han llevado a tomar esta determinación. ¿Nos acompañas?

Canarias avanza con la presentación al Tribunal Constitucional la recusación de la ley de viviendas

En una entrevista realizada hace pocos días, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado que el Ejecutivo ha avanzado en la recusación a la ley nacional de vivienda. La misma será presentada ante el Tribunal Constitucional, debido a la invasión de competencias autonómicas que ella genera. Pero esto no es todo. Según ha informado, también consideran que la normativa propicia la inseguridad jurídica a los propietarios que tomen la decisión de colocar sus viviendas para la renta.

Durante la charla, emitida por la Cadena Ser en Canarias, el mandatario, ha explicado que se anunciará en el Consejo de Gobierno, que esta medida será llevada adelante al Tribunal Constitucional.  Allí ha expresado, por un lado la invasión, pero también ha hecho hincapié en las viviendas para alquilar. Explica que es mucha la cantidad de gente, que decide no colocar su vivienda para la renta, por el miedo a los problemas en los que se puede ver envuelto.

Aclara que no tiene la información respecto a la cantidad de propiedades vacías y sin uso que se encuentran en su Comunidad. Estas pueden ser 200.000  o 15.000, aunque no tiene mayor importancia. Lo que es necesario, es brindarles la seguridad a los propietarios y a los inquilinos, si lo que se busca es ampliar la oferta. Entiende, además, que esta seguridad tiene que ser para las dos partes que deben establecer el contrato.

Según Fernando Clavijo, en su opinión, la ley de la vivienda, se encarga de inhibir la oferta. Por lo que no soluciona el problema al que se busca una solución. Entiende que la dificultad del acceso a la vivienda, debe ser abordado desde otras vertientes. Por un lado, considera necesario que el sector privado pueda construir más viviendas en general. También que este mismo sector vuelva a realizar proyectos de viviendas de protección oficial, aunque no pone solo el ojo en los privados. Otro de los planteos que realiza, tiene que ver con la necesidad de que los poderes públicos se encarguen de llevar adelante la construcción de viviendas, para aumentar el parque inmobiliario. 

Las elecciones del 28 de mayo han cambiado el proceder de Canarias respecto a la ley de la vivienda

En las pasadas elecciones efectuadas el 28 de mayo del corriente año, el Partido Socialista a ganado las selecciones autonómicas en Canarias. Durante la entrevista, Clavijo ha explicado que esta recusación y buscar solucionar el problema de la vivienda, será una de las principales políticas que asume el compromiso de trabajar. Aclara además que ha logrado pactar por con el Partido Popular, con lo que ha logrado arrebatar el puesto al PSOE, y los aliados que este partido había logrado establecer con Nueva Canarias y Podemos.

Pese a la postura del gobierno respecto a la ley de la vivienda, han tomado algunas acciones con el fin de detener los aumentos de los precios en los alquileres. Para ello han comenzado a regular la renta vacacional de propiedades. Explican que consideran que, aunque no sucede en todas las localidades, este parámetro tiene un impacto directo en el precio del alquiler. De esta forma, podrían lograr frenar los aumentos de las rentas. 

Continúan las recusaciones al Tribunal Constitucional por la ley de la vivienda

Canarias se sumará a otras comunidades en la recusación de la ley de la vivienda. Esto se debe, en su mayoría al desacuerdo con la normativa nacional, respecto a la invasión de las competencias autonómicas, que incluso, van contra los estatutos propios de cada una. Recordemos que ya se encuentran en este proceso Madrid, Andalucía, Baleares, el País Vasco y Cataluña.

Pero más allá de las recusaciones, debemos tener en cuenta además, que se ha solicitado también al Gobierno Nacional la posibilidad de dialogar con las Comunidades. Mediante esta presentación se busca poder zanjar los problemas específicos que cada una plantean.

Para esta normativa, no se ha abierto el dialogo para un acuerdo sobre los puntos que podrían invadir aspectos que solo las autonomías cuentan con la potestad.

Ahora hay que esperar para ver cuál será de decisión del Tribunal Constitucional, por un lado. Por el otro la actitud que tomará el Gobierno Nacional. Las comunidades esperan que se abra el dialogo para poder solucionar estos problemas y que así la normativa pueda entrar en vigencia.

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Ya desde el nacimiento de la ley de las viviendas, esta normativa ha tenido adeptos y detractores. El gobierno, por medio de ella, esperaba poder poner fin a los problemas estructurales de nuestro país en materia habitacional.

El día 26 de junio del corriente año, se han cumplido tres meses de su entrada en vigencia. Y pese a haber sido votada y aprobada, las criticas y los problemas no han llegado a su fin. Es que hasta el momento, la reacción ha generado más tensión en el mercado y limitado aun más el acceso a inmuebles a los estratos de menos recursos.

Son varias las Comunidades Autónomas que tomaron la decisión de recusarla ante el Tribunal Constitucional, y el mercado, no parece haber tomado de la mejor manera su incorporación. Estas son Madrid, Andalucía y el País Vasco. A ellas, se va a sumar en breve Baleares, mientras que Galicia, ha solicitado modificaciones.

Por último Cataluña, el día 1 de septiembre, ha puesto en votación, la recusación. Esto se debe a que consideran que la ley de las viviendas, sobrepasa las atribuciones que tiene el gobierno nacional, por sobre las CCAA.

En este post, te contaremos todas las novedades respecto a la ley de las viviendas, y las distintas posturas de las Comunidades Autónomas a la hora de recusarla. ¿Nos acompañas?

La ley de las viviendas genera más tensión en el mercado inmobiliario

Luego de la puesta en marcha de la ley de las viviendas, parece haberse agravado la situación del mercado. Arantxa Goenaga, quien es abogada y socia del Círculo Legal Barcelona, explica que es una normativa que cuenta con poca precisión jurídica. Agrega además que posee contradicciones.

Ella hace alusión a que por medio de esta normativa, el Estado carga en los particulares su obligación de garantizar una vivienda digna para la población. Debido a esto, ha provocado que el sector se tensione y que las personas con menos recursos, tengan aún menos posibilidades de acceder a un inmueble.

Otro punto que se ha modificado por la ley de las viviendas, tiene que ver con los desahucios. Mediante este cambio, estos procesos son más dificultosos y precarios. Así los propietarios son los que sufren los retrasos en estos procedimientos y deben pelear con la burocracia y los requisitos que plantea la  nueva normativa.

Según Goenaga, este problema, respecto a la propiedad privada, ya había llegado a la justicia, al declararse inconstitucional la Ley Catalana. Allí, si bien no se ha pronunciado, se cree que en esta situación deberá tomar una postura.

La pregunta que surge tiene que ver con el plazo que demorarán en hacerlo. Arantxa Goenaga explica que considera que podría llegar a demorarse un año o más. Si esto sucediera de esta forma, es posible que todas las situaciones en las que se hayan aplicado la nueva normativa no se retrocederían sus efectos. Es que tenemos que tener presente que no pueden haber pronunciamiento retroactivos.

Balance de los primeros tres meses de la ley de las viviendas

Luego de haber pasado 3 meses desde su puesta en marcha, al ser consultada Arantxa Goenaga, explica que el balance que ella realiza de la ley de las viviendas, no ha sido positivo. Conidera que nada ha mejorado, sino por el contrario, ha empeorado. Esto se debe a que ninguno de los aspectos que esperaba poder mejorar lo ha hecho, y además ha causado alarma en la sociedad

Recordemos, que al poner en marcha esta normativa, uno de los objetivos, tenia que ver con la necesidad de proteger a las personas vulnerables. Uno de los problemas, sobre este punto, tiene que ver con que no se ha pensado en la forma en la que esta medida podría afectar a los pequeños propietarios, quienes forman parte del mayor proveedor del parque inmobiliario.

Ella considera que existían distintas medidas que puedan ser claras y contundentes contra la posibilidad de ocupación, que es un gran problema, y se ha perdido la oportunidad de hacerlo mediante la ley de las viviendas.

Otra de las opiniones que se ha conocido en los últimos días, es la de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias, Montserrat Junyent. Él considera que la normativa no tiene un gran recorrido, y solo ha iniciado su incorporación en Cataluña,  que ha decidido comenzar el proceso en el que se deben definir las zonas tensionadas en esta localidad, para efectuar el control de rentas.

Explica además que son muchas las Comunidades Autónomas que han decidido defender las competencias mediante la recusación a los Tribunales constitucionales. Incluso han hecho referencia a la necesidad de poder cuidar y tomar decisiones respecto a las viviendas.

Junyent, explica que considera que aun no se pueden saber cuáles serían las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional, y lamenta que esta normativa se haya puesto en vigencia. 

Recusación a la normativa por parte de las Comunidades Autónomas

A continuación te contaremos respecto a las Comunidades Autónomas que han decidido recurrir la ley de las viviendas. La mayoría de las solicitudes al Tribunal Constitucional, se basan en la invasión de las competencias que sobrepasa la normativa, aunque eso no es todo. También tiene que ver con las regulaciones que se plantean de vivienda protegida, la declaración de zonas tensionadas, el parque público de viviendas, medidas de contención de precios y regulaciones de contratos de alquiler.

Pese a que son varios los aspectos de la normativa que pueden ser recusadas, cada Comunidad Autónoma ha presentado en el Tribunal Constitucional los puntos que ellos consideraban más pertinentes.

A continuación informaremos los detalles de las distintas recusaciones presentadas en cada localidad. 

La Comunidad Autonoma de Baleares

Baleares ha tomado la decisión de recurrir la Ley de las viviendas ante el Tribunal Constitucional.

El gobierno regional, a cargo de Marga Prohens, ha conseguido la autorización para interponer el recurso de inconstitucionalidad. El mismo se realizará en base a nueve artículos y cuatro disposiciones al invadir las competencias propias de la comuna.

Marta Vidal, por su parte, la consellera de Vivienda regional, Territorio y Movilidad, confirmó que la comunidad, posee competencias que son exclusiva en lo referido a la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, según está establecido en el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. En base a ello, es que explica que hay una invasión clarísima en las competencias, y debe ser resuelto por el Tribunal Constitucional.

 La Comunidad Autónoma de Galicia

A mediados del mes de julio, esta Comunidad Autónoma, ha aprobado la solicitud a la Administración Central de la convocatoria de la Comisión Bilateral. Mediante esta medida, la intención es la de corregir los problemas que tiene la ley de las viviendas.

Desde la Xunta, explican que la redacción de la normativa es defectuosa técnicamente, también es poco clara en la atribución de los deberes y actuaciones. Además, agregan, que no respeta las atribuciones que son exclusiva responsabilidad de cada Comunidad en estos temas.

Por otro lado, esta normativa, consideran ha sido tramitada y aprobada unilateralmente por el Estado. No ha intentado contar con la opinión de las Comunidades, ni ha considerado las distintas realidades de cada una.

Por todo ello, Galicia, ha cuestionado, total o parcialmente unos 17 artículos. En el caso de que la solicitud de la Comisión Bilateral no pueda llevarse adelante, tendrán que analizar la posibilidad de realizar la recusación.

 

Cataluña a la espera de la votación del primero de septiembre

La Comunidad Autónoma de Cataluña, ha tomado la decisión de avanzar con el establecimiento de las zonas tensionadas. Esto inició en el mes de junio, y ha planificado declarar hasta 140 municipios dentro de esta categoría. De esta forma, podría limitarse los precios de los alquileres.

Por otro lado, ha anunciado, que dentro del territorio, se considerarán grandes tenedores, a aquellos propietarios que tengan cinco propiedades y que sus inmuebles se encuentren en las zonas tensionadas.

El primero de septiembre, se votara en el Parlamet catalán si presentarán un recurso de inconstitucionalidad de la ley de las viviendas. Esto se debe a que consideran que hay una vulneración de competencias de la Generatitat, además del principio de seguridad jurídica. Por ello, varios artículos y disposiciones de la normativa, vulneran las competencias de la comuna que son materia exclusiva la Comunidad Autónoma de Cataluña. También han hecho mención al principio de autonomía financiera y de gasto de la Generalitat. De esta forma, se realizaría el recurso de inconstitucionalidad de ocho artículos y tres disposiciones de la normativa.

Al ser consultada sobre esta situación Ester Capella, quien es la consellera de Territorio de la Generalitat de Cataluña, explica que no contradice el hecho de que la comunidad decida realizar los trámites que le permitan tener las herramientas necesarias para regular las rentas de la localidad. La intención de la Generalitat es la de defender sus competencias y dar respuesta a su población para garantizar sus derechos.

 

Madrid recurrirá la ley de las viviendas

Madrid fue una de las comunidades que primero ha decidido recusar la inconstitucionalidad de la ley de las viviendas. Esto fue iniciado en el mes de julio, bajo la explicación de que la normativa invade las competencias de la comuna. Se han cuestionado un total de 11 apartados de ocho artículos, en los que se extralimita la interpretación de las competencias del Estado.

Isabel Días Ayuso, la presidenta electa, desde hace bastante tiempo que anuncia que realizará la recusación. Por otro lado, ha informado que aquellas medidas que dependan de la iniciativa de la comuna, no serán aplicadas en la región.

Esto se debe a que la ley de las viviendas, invade las competencias de la Comunidad Autónoma. Tiene artículos que son inconstitucionales y graves errores jurídicos que se encargan de perjudicar tanto el mercado inmobiliario como el de los madrileños.  

Andalucía, también recurrirá la ley de las viviendas

La Comunidad Autónoma de Andalucía, en este momento es gobernada por el Partido Popular. A fines del mes de julio, esta comuna, ha decidido mediante el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía realizar la recusación por la inconstitucionalidad de la ley de las viviendas. Ésta se basa, sobre un total de 18 artículos y cuatro disposiciones adicionales en los que se invaden las competencias relacionadas con la vivienda. Según el Estatuto de Autonomía, el artículo 56 le brinda  a la CCAA la decisión sobre los aspectos relativos a la vivienda.

Juanma Moreno, quien encabeza el Gobierno regional, explica que a la hora de realizar la solicitud de impugnación ante el Tribunal Constitucional, se han centrado en la regulación que pretende establecer la ley de las viviendas en lo referido a las viviendas protegidas, asequible, incentivada, gran tenedor y parque público.

Según entienden desde la Comunidad Autónoma, la nueva normativa, no permite a las comunas a legislar sobre estos aspectos en los que son exclusivamente ellos los competentes para hacerlo. Por otro lado, explican también, que respecto a las viviendas protegidas, la ley de las viviendas, regula aspectos que ya han sido regulados por la CCAA.

 

El País Vasco realizará también la recusación

La Comunidad de Euskadi, también ha realizado la recusación de la ley de las viviendas a finales del mes de julio. En la votación tres de los consejeros, se han opuesto a esta determinación. Pese a ello, la solicitud ha sido planteada debido a que consideran que la normativa condiciona la posibilidad de acción y autogobierno de la comunidad en materia de vivienda. Agregan además que vulneran las competencias que le corresponden únicamente al País Vasco. Explican que de esta forma, al poner en marcha esta ley se ha generado un marco de inseguridad jurídica sobre la normativa a aplicar.

Esta recusación, ha sido presentada sobre siete artículos, una disposición transitoria, una adicional y dos finales.

Además de haber iniciado esta medida en el Tribunal Constitucional, el Ejecutivo autonómico solicitó al Gobierno central que se abra la posibilidad de diálogo en la Comisión Bilateral entre el Estado y las Comunidades Autónomas para solventar estos problemas de interpretación de la normativa.

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