La situación política en nuestro país es incierta: tras las elecciones del pasado 23J, aún no tenemos claro quién gobernará. Feijóo, del Partido Popular, y Pedro Sánchez, actual presidente, se disputan el cambio o la continuidad. Lo que está claro es que ambos necesitan negociar con otros partidos para lograr su objetivo. Ahora bien, en este artículo nos proponemos conocer sus propuestas para el inmobiliario. Más específicamente, acerca de la vivienda, ¿qué proponen los candidatos presidenciales?
El pasado domingo 23 de julio se celebraron las elecciones generales para presidente de nuestro país. Alberto Nuñez Feijóo, candidato del PP (Partido Popular) resultó ganador aunque las cifras que arrojó la votación no le alcanzan para lograr la mayoría necesaria. Por otra parte, Pedro Sánchez, actual mandatario y miembro del PSOE (Partido Socialista Obrero Español), podría continuar en su cargo con el apoyo de otros partidos más pequeños y que le servirían para lograr la tan ansiada mayoría.
A pesar de las encuestas previas, que arrojaban números más favorables para el PP e incluso para Vox (que terminó retrocediendo en escaños), los resultados le son favorables a Sánchez. La cuestión a determinar de aquí en más es cómo se generarán las alianzas para poder hacerse de la investidura.
Recordemos que el PSOE va por la reelección. En este contexto abierto, nos interesa saber qué disposiciones plantean ambos candidatos en cuanto al sector inmobiliario. Más específicamente, acerca de la vivienda, ¿qué proponen los candidatos presidenciales? ¡Continúa leyendo y te enterarás de las principales medidas que tomaría cada uno de lograr su objetivo!
Vivienda: ¿qué proponen los candidatos?
Propuestas del PSOE
En el área de la Vivienda, el programa electoral del PSOE incluye incrementar la oferta de viviendas en alquiler asequible en un 20%. Esta medida impactaría principalmente en los jóvenes y su primer alquiler. En concreto, la propuesta gira en torno a construir 183 mil viviendas públicas, de las cuales la mitad se asignaría a jóvenes. En este sentido, también se establecería una cuenta de ahorro bonificada para el acceso a la primera vivienda para jóvenes de hasta 39 años. Esta cuenta estaría exenta de tributos al IRPF, con un límite por año de 2 mil euros y un total de 30 mil.
Otra propuesta es destinar 37.800 euros para que los inquilinos alcancen un plazo de siete años en esas viviendas públicas. Junto con esto, se buscaría afianzar el Bono Alquiler Joven, una medida que ya está en marcha, así como también las ayudas para alquiler de vivienda habitual que están estipuladas en los Planes Estatales de Vivienda.
Se destinarían 2 mil millones de euros para ayuda a jóvenes menores de 35 años con un procedimiento de avales del 20% de la hipoteca. Esto impactaría en la compra de la primera vivienda, para la cual se planifican construir o rehabilitar 50 mil propiedades. Y de las que conforman el Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible, un 30% serían asignadas a jóvenes de entre 18 y 35 años. También se destinarían ayudas para el acceso de vivienda tipo cooperativo o cohousing. Además, se implementarían medidas para la contención de los precios en vivienda.
Acerca de los inmuebles tipo cohousing, alojamiento temporal, viviendas intergeneracionales y cooperativas, se regularían jurídicamente. Este nuevo segmento de propiedades, muy en boga en los últimos tiempos, necesita una promoción privada para su desarrollo y la seguridad de sus habitantes, aseguran desde el Partido.
En tanto, la sostenibilidad es otro tema importante cuando de vivienda estamos hablando. La rehabilitación energética sería impulsada en los barrios para modernizar la habitabilidad y reducir el consumo energético. Esto se enmarca dentro de la transición energética que espera llegar al año 2050 con un consumo bajo en toda la euro zona.
En cuanto a las mafias “que delinquen con ocupaciones de vivienda”, la propuesta es combatirlas y regresar la serenidad a las comunidades. dE acuerdo con su plataforma electoral, se propone una reforma legislativa que garantizaría el desalojo de los ocupas en 48 horas.
En otra área, se calcularían del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas para, llegado el caso, comenzar un debate sobre un impuesto a las ganancias.
Propuestas del PP
Su principal propuesta gira alrededor de aprobar un Pacto de Estado sobre la Vivienda para la construcción o rehabilitación de propiedades a precio asequible y caer con todo el peso de la ley sobre los ocupas ilegales. Este Pacto de Estado deberá contar con la participación de las Comunidades Autónomas e instituciones locales. La finalidad es un uso racional del suelo, que ya de por sí es escaso. En esa planificación entrarían la construcción de viviendas nuevas y la rehabilitación de otras para darlas en alquiler asequible.
La ley de Vivienda, aprobada por el PSOE el año pasado, sería derogada. El punto es que ha provocado inseguridad jurídica y no da respuestas a los problemas del mercado inmobiliario, aseguran desde el PP.
En cuanto a los jóvenes, se otorgaría un plan destinado a los menores de 35 años que les haría acceder a una hipoteca de hasta el 95% del valor total de la propiedad. También, proponen un incremento de la vivienda social. Además, se incentivaría la compra de viviendas en medios rurales. Esto se haría mediante la bonificación del ITP (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales) y el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). Por su parte, se desarrollarían políticas de rehabilitación de viviendas en los pueblos. En este sentido, se fomentaría una ley de seguridad jurídica que garantice la perdurabilidad de las planificaciones urbanísticas.
Se promovería la construcción de residencias para personas mayores. Estas son las viviendas compartidas, con servicios comunes, las de tipo senior.
En cuanto al flagelo de la ocupación ilegal, plantean una serie de medidas como el desalojo a las 24 horas como máximo. Para esto, se crearían unidades de fuerzas especiales con el fin de la lucha contra los okupas. Así también como Unidades de Actuación Inmediata con protocolos claros y efectivos. Las penalizaciones por el delito de usurpación aumentarían hasta tres años de cárcel efectiva. Y renovarían las leyes para la protección legal frente a las mafias que se encargan de las ocupaciones ilegales.
Por último, se reformaría la legislación tributaria en beneficio de los propietarios que hayan sufrido usurpación. El IBI y el Impuesto sobre el Patrimonio podrían ser devueltos en favor de la víctima por el tiempo que haya durado la usurpación.
Luego de leer este artículo, nos interesaría mucho conocer tu opinión acerca de qué proponen los dos candidatos presidenciales en cuanto a vivienda. Puedes compartirla con nosotros desde la sección “Comentarios” de nuestro Blog.
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