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Empezó julio y España nuevamente está pendiente de las elecciones. La campaña electoral empieza este viernes 7 y se extenderá hasta el próximo 21. En ella volverán a circular las propuestas que más interesan a los ciudadanos, reviviendo debates nuevos y otros que trascienden los últimos sufragios. En la nota de hoy, te contamos cuáles son las medidas sobre vivienda que plantean los partidos de cara a las elecciones a Cortes Generales del 23J.

Cuando elegir una casa es elegir una política de Estado

Así parece estar planteado ya desde el 28M, cuando la campaña electoral de entonces se tiñó con propuestas en torno a la problemática de la vivienda en España. Ante la crisis habitacional generada por falta de obra nueva, déficit de pisos disponibles para el alquiler y una Ley que, aún sancionada, genera hoy desconfianza, las medidas en torno a este tema fueron la estrella de prácticamente todas las plataformas políticas.

Dentro de tres domingos más de 37 millones de españoles -contando a los que viven en el extranjero-, estarán habilitados para votar representantes en las Cámaras de Diputados y en el Senado, cuando el 23 de julio se abran los comicios a las 9 de la mañana de ese día. Mientras tanto, tendremos dos semanas de campaña electoral, entre el 7 de julio y el 21 de julio próximo. Las Cámaras resultantes se reunirán, en sesiones constitutivas, el 17 de agosto.

Es de esperar que en ese marco la campaña vuelva a cargarse con propuestas sobre uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos: la falta de vivienda asequible. Tal como lo vienen analizando distintos portales inmobiliarios como Fotocasa, esta problemática es compleja no sólo en causas sino también en consecuencias, por lo que uno de los mayores desafíos es sin dudas la coordinación con distintas áreas de gestión, y los planes a largo plazo. Veamos a continuación, cómo abordan estos temas los distintos partidos.

Cómo prepara su 23J el partido gobernante

El Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos es el que llevará como bandera de la campaña sus soluciones a la crisis habitacional. Lo hará, sin dudas, tratando de no evidenciar fallas en su gestión para contenerla, pero conscientes de que son los principales impulsores de la nueva Ley de Vivienda.

Algunas de las medidas que contemplan en sus discursos tienen que ver con ampliar la oferta de vivienda asequible, la rehabilitación y el alquiler de inmuebles. Sus últimos anuncios daban cuenta de que se estaban levantando 20.000 viviendas protegidas, y es uno de sus objetivos el crear un gran parque de alquiler a precios inferiores a los del mercado.

También sus referentes hablan de movilizar los pisos vacíos y a los grandes tenedores de vivienda, frenar las subidas abusivas de precios y apoyar el acceso de los jóvenes a la vivienda.

Como complemento, se planea implementar un Plan de Vivienda Sostenible -acorde a una estrategia de rehabilitación con proyección al 2050-, bajo criterios de eficiencia energética y acceso a la vivienda, ofreciendo incentivos a las familias vulnerables.

Finalmente, y tal como lo había anunciado antes del 28M, el PSOE buscará que se aprueben medidas para alojar colectivos con necesidades especiales y urgentes, tales como el realojo de inquilinos que no puedan hacer frente al pago de sus rentas o que hayan perdido su vivienda por ejecución hipotecaria.

Opciones de vivienda para la oposición

También en relación a lo adelantado en la campaña del 28M, el Partido Popular propone distribuir un cheque de 1.000 euros, a pagar una sola vez a menores de 35 años que ganen menos de 40.000 euros anuales, para comprar o alquilar casa.

Favorecer la redistribución poblacional es otro de los objetivos del PP, en especial motivando que familias jóvenes se muden a zonas rurales con escasa población. De alguna manera como complemento, pretenden también ayudar en la rehabilitación de pisos a quienes pongan su vivienda en alquiler.

Por otro lado, no han ahorrado debates en torno a la ocupación ilegal, acción que estiman frenar o disminuir, pasando de multa a pena de privación de libertad de uno a tres años. En caso de que el problema surja por la dificultad en afrontar los costes de la renta, se crearían seguros de impago del alquiler, así como se evaluarán medidas que faciliten la solución de conflictos entre arrendadores y arrendatarios.

La propuesta de VOX de cara al 23J

Las medidas liberales de Vox también fueron ya eje de debate hace dos meses, al finalizar las elecciones del 28 de mayo pasado. De cara al 23J, el uso de los suelos y la propiedad privada son las propuestas más relevantes.

Tal como propone el PP, se sugiere penalizar la ocupación, pero se incita a llevar a cabo desalojos en 48 horas. También coincide con los populares en su oposición a la Ley de Vivienda y la regulación del precio del alquiler.

No obstante, pretende también avanzar con la construcción de obra nueva y para ello pretende liberalizar el suelo, así como “convertir en suelo apto para ser urbanizado todo el que no deba estar necesariamente protegido por motivos de interés público convenientemente justificados”.

SUMAR a la campaña del 23J

La nueva formación de Yolanda Díaz, que incluye a Unidas Podemos, buscará intervenir en las subidas abusivas mediante el control de precios del alquiler, asegurando el techo del 30% de los ingresos familiares destinados a la renta.

Otra medida tiene que ver con la creación de un parque de alquiler público, mediante la “cesión obligatoria y las sanciones a los grandes tenedores de viviendas vacías”. Este tipo de medidas van de la mano de una concepción de la vivienda como derecho fundamental, que según esta mirada debería estar así presente en la Constitución. En ese camino, los desalojos y/o desahucios a personas o familias en situación de vulnerabilidad, no serán posibles si no se les garantiza a esas personas una alternativa habitacional.

¿Qué opinas de estas medidas? Comparte tu opinión en los comentarios al pie de esta nota. Y no olvides que si quieres conocer más sobre opciones de vivienda en España, tienes mucha información a disposición en el sitio de Oi Real Estate.

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Las elecciones del domingo dejaron varias incógnitas respecto del futuro de las medidas que venía trabajando el gobierno. Con su presente algo debilitado, se reviven debates que se daban por cerrados, al menos en la formalidad legislativa. No obstante, el clima social alrededor de determinados ejes, como el tema vivienda, tienen más largo aliento y tras los comicios, los partidos opositores cobran confianza para llevar al Congreso los reclamos. A continuación, te contamos las últimas novedades en el cruce partidario que puso al problema de la okupación y la vivienda nuevamente sobre el tapete.

Tema vivienda: otra vez en la agenda política

En las largas campañas previas a las elecciones del 28 M que tuvieron como uno de sus ejes principales el tema vivienda, los debates marcaron posiciones tajantes que probablemente fueron claves para la definición en las urnas. Los medios retrataron con vivo detalle cada propuesta salida de mítines partidarios, tanto como de intercambios públicos realizados de cara a los comicios. En ese sentido, prácticamente nada de lo que se ve, lee o escucha ahora son realmente propuestas novedosas.

Lo cierto es que los resultados hablan y el hecho de que el Partido Popular (PP) no sólo se quedó con la capital sino que también ganó en lugares como la Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Baleares o Cantabria, le da más impulso al partido para llevar propuestas al Congreso o rebatir algunas que ya habían adquirido vía legal. Este es el caso de la Ley de Vivienda, que el PP en su momento votó en contra.

Tras las elecciones del domingo ya hay varios líderes regionales que expresaron su disconformidad con hacerla efectiva en sus respectivos territorios. Entre ellos se encuentra Isabel Díaz Ayuso, tal vez la más relevante ganadora de los comicios, quien aseguró que no aplicaría la Ley en la Comunidad de Madrid.

En ese camino, el principal partido opositor al gobierno pondrá en debate esta semana una proposición no de ley según la cual se pedirá la derogación de la Ley de Vivienda y la puesta en marcha de un plan contra la “okupación” que permita desalojos en un plazo de 24 horas. Recordemos que una proposición no de ley no tiene carácter vinculante, sino que busca expresar una posición del partido frente a una política determinada, e instar al Ejecutivo a accionar en consecuencia, en este caso, la derogación de la Ley de Vivienda.

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Los puntos fuertes en contra de la Ley

Como se recordaba anteriormente, la campaña electoral de todos los partidos estuvo teñida de propuestas y contrapropuestas. En ocasiones los posicionamientos resultaron más defendidos que las propias ideas, lo que dejó evidenciado un clima social y político de gran discordia. En ese contexto el PP ya había registrado su propuesta alternativa a la Ley de Vivienda antes de que ésta fuera aprobada y que entrara en vigor el pasado viernes.

Siguiendo una línea ideológica, las críticas del PP a la ley vigente están vinculadas a lo que ésta representa: la intervención en el libre mercado, la potencial contracción de la oferta y la desprotección a los derechos individuales de los propietarios. En otras palabras, los puntos centrales de la discusión en el tema vivienda son la okupación, la definición de zonas tensionadas y la limitación en la cantidad de propiedades para ser considerado un gran tenedor.

Respecto del primer punto, vale aclarar, las críticas están puestas no sólo en contra de la “okupación” sino también de la llamada “inquiokupación”, es decir, la permanencia de los inquilinos en la vivienda a la que originalmente consiguieron rentar, pero que eventualmente dejaron de pagar sus cuotas. Esto, como se sabe, implica muchos problemas para los propietarios, quienes no sólo no ven retribución alguna por la presencia de inquilinos u okupas, sino que igualmente deben hacerse cargo de sus gastos en concepto de servicios e impuestos.

Por ello es que los populares hacen especial hincapié en su presentación de esta semana para que se establezcan penas más altas por el delito de usurpación, así como que en un plazo máximo de un mes se permita el desalojo en 24 horas. Como contraparte, los ocupantes del inmueble cuentan con ese plazo para acreditar el título jurídico que legitime su permanencia.

Alternativas para resolver el tema vivienda

Lo que es innegable es que tema de la vivienda es un problema que interpela a diversos sectores de la población, y es urgente, por ende, que entren en vigor algunas respuestas. Como toda situación que genera conflictos -no sólo partidarios, sino principalmente, sociales-, lo ideal es pensar esas respuestas a largo plazo. No obstante, la urgencia de medidas es tal que, en determinado punto, los partidos apuntan a ocasionar el mal menor.

Para el PP, la solución para quienes no pueden acceder a una vivienda por bajos ingresos pasa por aplicar deducciones. Específicamente, propone que se les otorgue a las familias con rentas inferiores a 60.000 euros, de manera tal que éstas puedan compensar el aumento de la cuota hipotecaria por la subida del euríbor.

Otra medida tiene que ver con aplicar políticas nacionales sobre el tema vivienda. Esto implicaría establecer un Pacto de Estado por la Vivienda dirigido especialmente a los jóvenes. El objetivo es que puedan comprar o alquilar una propiedad mediante similares facilidades, sin importar la comunidad en la que se encuentre. De esta manera, indican, las ayudas para que los ciudadanos puedan acceder a una casa serán realmente una política de Estado.

¿Tu qué crees? ¿Sirven estas medidas para combatir la despoblación en España? Comparte tu opinión en la parte de comentarios de esta nota. Y no olvides que si quieres conocer más sobre opciones para vivienda en España, tienes mucha información a disposición en el sitio de Oi Real Estate.

Lee más sobre las medidas políticas que afectan a la vivienda y el mundo inmobiliario en la siguiente nota:

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Es un año de elecciones generales y los partidos comienzan a hacer frente de campaña en todos los ámbitos. El sector inmobiliario no es la excepción, ya que en este marco se convierte en parte de la discusión al ser urgentes la problemática de la vivienda y los impuestos, entre muchos otros. Hacia ese lado apunta una propuesta del PP y el diagnóstico sobre los pueblos de la España rural.

La importancia de ocuparse de las zonas rurales

La problemática de la vivienda rural en España viene siendo tratada en numerosas ocasiones por las autoridades ejecutivas de las zonas más afectadas. En particular, han habido políticas vinculadas a promover la repoblación de determinados lugares. Usualmente dependen de que se destinen fondos y subsidios a menores de 35 años o familias jóvenes para que se asienten en pueblos de menos de 10.000 habitantes. Algunas de estas ayudas son para alquilar, otras para financiar la compra de una casa y otras para rehabilitarlas. En cualquier caso se trata de reactivar las economías locales, atrayendo recursos humanos primero y luego, también el turismo.

Sin embargo, estas medidas no resultan suficientes para revertir un problema que, sin dudas, requiere políticas a largo plazo. Hay, por supuesto, lugares en donde es más visible este debate. En Galicia, por ejemplo, hay alrededor de 33.000 pueblos, y más del 90% del territorio regional es rural. Tal situación es bien conocida por el presidente del Partido Popular nacional, Alberto Núñez Feijóo, quien recientemente expuso su análisis de la situación en una jornada internacional.

En ese camino, el referente indicó que no se trata de un problema sectorial: en España el 52% del territorio es rural, y es allí donde vive el 21% de la población. Esas cifras convierten a nuestro país en el que tiene más desequilibrio en la distribución de su población entre la UE, ya que además, el 90% de la misma reside en el 9,3% de los municipios y el 40% vive en la costa, según se explayó.

Un debate por la población, la industria, los impuestos y la autonomía alimentaria

Ciertamente, éste no es un tema de debate que afecte sólo a España. A nivel internacional, las propuestas giran en torno al impacto que genera la despoblación en la economía y la necesidad de proteger la autonomía alimentaria. Esto sin contar los efectos que la superpoblación en las ciudades tiene sobre el cambio climático, o las facilidades que podrían aprovecharse tras la “normalidad de la pandemia”, cuando se hicieron patentes la incorporación de nuevas tecnologías y el gran impulso al teletrabajo.

Se trata, en definitiva, de un asunto en el que tienen mucho que decir autoridades y profesionales de ámbitos como la vivienda, la industria, el sector empresarial de microemprendimientos, y la administración vinculada a compras, herencias y donaciones. De igual manera se podría incluir a todos los sectores que hacen a la institucionalización de una sociedad y que hacen posible el desarrollo de vías y sistemas de transporte, la inauguración de escuelas y hospitales, el planeamiento organizado de servicios y la actualización en las comunicaciones. Todos estos factores son necesarios para otorgar comodidades a la población, pero también para asegurar que su formación y producción circule por los canales adecuados y resulte, entonces, competitiva.

Ante tal complejidad, se entiende que aquello que comienza como un diagnóstico de decrecimiento en los índices de población, es causa y consecuencia de diversas problemáticas a nivel país. Por eso es que internacionalmente se reconoce que para revertir tal siuación son necesarias políticas de Estado sostenidas a largo plazo.

La propuesta partidaria para la España rural

En el cierre de una jornada del PP europeo realizada en Teruel, Alberto Núñez Feijóo, presentó la problemática de “La España de los pueblos y la Europa rural”. Haciendo referencia al año electoral, refirió a la necesidad de una fiscalidad específica para esas zonas: “Si usted monta una industria, abre un negocio y se instala en el rural le voy a cobrar menos impuestos y, si es posible, algunos no se los voy a cobrar”. Con esta propuesta volvió a visibilizar la problemática que, como se dijo anteriormente, afecta a gran parte de nuestro país.

Específicamente, el diagnóstico presentado durante la Jornada, evidenció la necesidad de aumentar las ayudas al funcionamiento empresarial en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, así como suprimir los impuestos por compra, venta o permuta de tierras.

En términos impositivos y de financiamiento, el referente del partido cree que se deberían compartir los gastos e ingresos de las personas que viven parte de la semana en el medio rural y parte en la ciudad, de manera que los mayores aportes o producción no queden sólo en esta última.

En cuanto a la vivienda, el plan incluiría la rebaja de impuestos tales como el IBI y el Impuesto de Transmisiones. Las mayores excepciones impositivas se darían entonces para aquellos casos en los que los habitantes inviertan para rehabilitar las casas, antes incluso que para construirlas.

Feijóo arriesgó también a preguntarse por la posibilidad de instalar industrias en el medio rural, elaborar planes sectoriales industriales y descomprimir así el atasco en las ciudades.

¿Qué opinas de esta problemática? Escríbenos y déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Y no olvides consultar opciones para comprar vivienda en el sitio de Oi Real Estate.

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El martes pasado, el Gobierno Central ha aprobado la nueva Ley de Vivienda y ahora queda esperar su visto bueno en el Congreso. ¿Cuál es la reacción de las comunidades? ¿Qué opinan desde el sector inmobiliario? Lee esta nota si quieres enterarse de todo lo que tienes que saber.

La nueva Ley de Vivienda, impulsada por el PSOE y Unidas Podemos ha tenido un gran debate estos últimos meses. Cuestionan la imparcialidad del CGPJ en el rechazo a la Ley de Vivienda y comunidades autónomas gobernadas por el PP también le han salido al cruce.

Finalmente, la ley ha salido adelante, tal como había adelantado el presidente Pedro Sánchez y ahora resta esperar la votación del Congreso. Mientras, en Oi Realtor queremos explicarte las diferentes posturas antes de la inminente puesta en marcha de esta normativa.

Las claves de la nueva Ley de Vivienda

A pesar de la negativa del Poder Judicial, la nueva Ley de Vivienda se ha aprobado con carácter urgente para que su entrada en vigor sea el tercer trimestre de este año. Desde el Gobierno, afirman que con ella se terminarán las especulaciones inmobiliarias pero desde otros sectores cuestionan la falta de herramientas que propone y sus limitaciones.

Se regula el precio de los alquileres

La nueva Ley de Vivienda introduce la posibilidad de controlar los precios de los alquileres en determinadas zonas, llamadas ‘tensionadas’. Las zonas tensionadas son las que posean viviendas en alquiler cuyo precio acapare más del 30% de los ingresos de las personas. O que su precio de alquiler haya aumentado un 5% más que el IPC de los últimos 5 años.

Los ayuntamientos de las zonas tensionadas podrán establecer un tope de precios a las viviendas en alquiler, en beneficio de sus ciudadanos. Serán beneficiadas las personas que bajen la renta un 5% con respecto al año anterior con una bonificación de hasta el 90% en el IRPF.

También obtendrán bonificaciones si se alquilan a jóvenes de entre 18 y 35 años o si se realizan reformas de rehabilitación energética en el inmueble.

Se penalizan las viviendas vacías

Los propietarios de viviendas vacías serán castigados con un aumento en el Impuesto de los Bienes Inmuebles, con el objeto de que las mismas se ocupen y se disminuya la cantidad de inmuebles vacíos que actualmente hay en España. Los recargos en el IBI serán de hasta el 150% si la vivienda tiene más de 2 años sin uso o si el propietario tiene 4 propiedades más en el municipio.

Otra de las modificaciones establecidas en la nueva Ley de Vivienda es que los Juzgados pueden ahora suspender los desahucios por impagos de las familias en situación de vulnerabilidad.

Se prohíbe vender patrimonio público residencial

El Gobierno establece por medio de esta norma la imposibilidad de enajenar el parque público de vivienda social. En este sentido, los propietarios que bajen el precio de los alquileres obtendrán diversos beneficios fiscales. Además, las viviendas de obra nueva que se construyan tendrán la obligatoriedad de reservar un 30% de las mismas a viviendas sociales.

Raquel Sánchez afirma que los inquilinos utilizarán menos cantidad de ingresos para alquilar

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se ha expresado recientemente acerca de la aprobación de la nueva Ley de Vivienda. Ella tiene confianza en que las personas que tengan que alquilar, gracias a esta ley no destinarán más del 40% de sus ingresos para realizarlo.

La normativa busca bajar los precios del mercado o “al menos que se sitúen a un nivel que para el conjunto de los ciudadanos no suponga un drama”, expresa Sánchez. Además, espera que la norma se apruebe con la mayoría de la investidura y que los partidos políticos sean responsables.

Con respecto a las críticas del PP, la ministra no se muestra sorprendida, ya que “la derecha siempre ha sido reaccionaria, en España, a todas las leyes que suponen avances sociales”.

La presidenta de Madrid se opone a la nueva Ley de Vivienda

Las críticas de los grupos inmobiliarios

Desde el sector inmobiliario se critica bastante la nueva Ley de Vivienda, básicamente porque no detalla las herramientas para controlar el precio de los alquileres y porque su alcance máximo es de 150.000 viviendas, cuando España cuenta en la actualidad con un parque residencial de más de 3,5 millones de viviendas en alquiler.

David Martínez, CEO de Aedas Homes, opina que el gran problema que sufre el país es el de la falta de suelo, la escasez cada vez más grande para poder construir. “La falta de suelo es un problema estratégico. Para tener industria sana con precios razonables necesitamos aumentar la oferta de suelo”, afirma Martínez.

Por su parte, Miguel Ángel Peña, CEO de Grupo Lar, se detiene en la aplicabilidad dudosa que la nueva Ley de Vivienda supone. Y señala que el problema de la vivienda no solo afecta a los jóvenes sino también a la clase media y que el sector inmobiliario se halla ante un gran desafío, que es el de la falta de suelo.

¿Qué opina el Gobierno de la Comunidad de Madrid?

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y perteneciente al Partido Popular, ha anunciado que Madrid se ‘blindará’ frente a la nueva Ley de Vivienda y que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la nueva normativa. En su opinión, la ley invade las competencias de las comunidades autónomas y tiene un difícil “encaje constitucional”.

En contra del intervencionismo del mercado, Ayuso está en contra del control de precios por parte del Gobierno y del castigo que se aplicará a los dueños de viviendas vacías. Desde el Gobierno regional afirman que solamente generarán con esta nueva ley miedo en las familias y desalentarán las inversiones en vivienda.

Los precios de alquiler en la Comunidad de Madrid han bajado un 0,1% el año pasado y cuentan con bonificaciones importantes en el impuesto de sucesiones y donaciones. De hecho, la cuota de este impuesto en Madrid es de solo 30 euros, cuando en otras comunidades es de 30.000.

Y tú, ¿qué opinas de la nueva Ley de Vivienda? ¿Eres inquilino o propietario? ¡Déjanos un comentario que deseamos realmente conocer mejor a nuestros lectores!

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Durante estos últimos días ha sido noticia el rechazo por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la nueva Ley de Vivienda planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde Unidas Podemos critican su falta de parcialidad en estos asuntos.

La semana pasada la Ley de Vivienda se vio frenada por un informe del Poder Judicial porque el borrador del texto redactado por Álvaro Cuesta no obtuvo el apoyo de la mayoría de los vocales que forman el pleno. El texto deberá ser redactado nuevamente y sometido a votación otra vez.

De esta manera, el Gobierno ve dilatada la aprobación de esta ley -que estimaba que se aprobara esta semana- pero desde los sectores que apoyan la ley no se han quedado callados en su respuesta al Consejo.

Los motivos del rechazo del CGPJ

El argumento del CGPJ para rechazar esta propuesta de ley fue que el Gobierno no tiene competencias para regular la vivienda. Esta función corresponde a cada una de las comunidades autónomas, en opinión de esta entidad.

Otro de los motivos fue la falta de detalles en el texto acerca de los términos de las reglas de intervención de precios en los alquileres. Se pretende garantizar esta igualdad en el acceso a la vivienda de todos los ciudadanos de España pero se pasan por alto las competencias de cada comunidad.

Tampoco se aclaran cuáles son los medios que se utilizarán para hacer efectiva la tutela del derecho a la vivienda. Es por todo esto que se le exige mayor claridad en todas estas cuestiones y muchas más (como en la identificación del titular del derecho, del sujeto obligado y del modo en que se exige este cumplimiento).

La respuesta desde Unidas Podemos

Este lunes, Unidos Podemos ha puesto en duda la imparcialidad del CGPJ, dando a entender que el lobby de la construcción y el sector inmobiliario han influido en este rechazo por parte del Consejo. Así lo ha dado a entender Alejandra Jacinto, responsable de Vivienda de Unidas Podemos.

“No es descabellado pensar que algo ha tenido que ver la mano invisible de las élites del ladrillo en este cambio de parecer dentro del CGPJ”, ha dicho Jacinto. Una vez más, la independencia del Poder Judicial se pone en jaque ya que él mismo ente había avalado favorablemente antes el mismo escrito.

También ha criticado el retraso del PSOE en presentar la ley, que fue aprobada el 27 de octubre pero el texto legal fue remitido al CGPJ el 1 de diciembre. No se comprende este retraso de un mes cuando la ley es extremadamente urgente.

La respuesta desde el Gobierno

Desde el Gobierno adelantan que la Ley de Vivienda cumple estrictamente con la ley y se encuentran preparando el terreno para poder sortear una futura respuesta negativa por parte del CGPJ. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Raquel Sánchez envió tranquilidad al afirmar que la normativa será una realidad, tarde o temprano.

Además, afirmó que “contará con todas las garantías y seguridad jurídica que requiere” y que el informe del CGPJ es preceptivo pero no vinculante, pues cuestiona solamente tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y eso será lo modificado. El resto de las recomendaciones no tienen por qué tomarse en cuenta, no son obligaciones.

La diferencia radica con Unidas Podemos, que ya han adelantado que no cambiarán ni siquiera una coma del texto.

El CGPJ no se renueva desde 2018, recuerda el PSOE

Otra de las dudas con respecto al informe negativo del CGPJ respecto a la Ley de Vivienda, es que ese órgano no se renueva desde 2018, ha recordado la ministra Sánchez en una entrevista reciente.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha solicitado al PP la renovación del CGPJ, que lleva su mandato vencido desde hace más de 3 años. Además les ha advertido que el bloqueo que el PP mantiene con la Ley de Vivienda les resta credibilidad y madurez como alternativa de Gobierno.

La ministra Sánchez ha respondido al CGPJ

Los puntos clave de la Ley de Vivienda

La nueva ley que el Gobierno quiere aprobar a fines de este mes, establece lo que se entiende por vivienda digna y adecuada, entre otros conceptos y medidas clave. A continuación los detallamos para tratar de comprende por dónde pasa el verdadero debate a este texto.

Qué se entiende por vivienda digna

Se establece que una vivienda es digna cuando es habitable, accesible y eficiente energéticamente hablando. Además, se entiende que garantiza el acceso a los suministros básicos.

Alquiler social en las viviendas de obra nueva

Las promociones de obra nueva deberán destinar el 30% al parque público, siendo el 15% destinado al alquiler social.

Descuentos a pequeños propietarios que rebajen el precio del alquiler

Las personas que posean menos de 10 propiedades y rebajen el precio del alquiler de sus viviendas, tendrán grandes descuentos y deducciones fiscales. Se plantea incluso una bonificación de hasta el 90% de las rentas que perciban.

Qué se entiende por zona tensionada

Las zonas tensionadas serán consideradas así cuando el precio medio del alquiler allí sea de más del 30% de los ingresos medios de los habitantes. Esta declaración dependerá del Estado y de la comunidad autónoma respectiva.

Estas zonas tendrán la posibilidad de evitar subidas indiscriminadas de los precios de los alquileres durante tres años, pudiéndose prorrogar cada año.

Bono Alquiler Joven

El Gobierno ya ha aprobado este bono en solitario, cuando la idea era presentarlo conjuntamente con la Ley de Vivienda. El mismo consta de una ayuda de 250 euros al mes durante los próximos dos años a las personas de entre 18 y 35 años.

La condición es que sus rentas e ingresos anuales sean inferiores a los 23.725 euros y que el precio del alquiler sea de hasta 600 euros.

Hemos tratado de abarcar todas las posturas y opiniones con respecto a esta discutida ley. Y tú, ¡tienes alguna opinión al respecto? Te invitamos a que la compartas en los comentarios.

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El Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, acaba de aprobar la eliminación de sus impuestos autonómicos y una rebaja del IRPF. Estos cambios entrarán en vigor el año que viene y son parte de los planes fiscales que se proyectan a corto plazo. A continuación, te brindaremos todos los detalles.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado estas dos medidas fiscales, que ahora se dirigen a la Asamblea General para su aprobación. Se estima que, de ser aprobadas, entrarían en vigencia en enero del 2022.

El objetivo que se busca es el de incentivar la economía, favoreciendo las inversiones y creando empleo dentro de la comunidad.

Aquí te dejamos otra nota relacionada sobre este tema que explica en detalle de lo que se trata el IRPF: Rehabilitar viviendas: se podrá deducir hasta el 60% en el IRPF.

La rebaja del IRPF de Ayuso

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o IRPF se reducirá, a partir del año que viene, en medio punto. Esta es la mayor rebaja aplicada a este impuesto llevada a cabo hasta ahora.

Los más de tres millones de madrileños se beneficiarán de esta reducción a partir de enero de 2022. El ahorro fiscal que se estima es de más de 300 millones e impactará más en las rentas bajas.

El tipo mínimo del IRPF se situará en el 8,5% y el máximo en el 20,50%, pasando a ser Madrid la comunidad autónoma con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas más bajo del país.

La brecha con el resto de las comunidades se ensancha

Con esta rebaja propuesta por Isabel Díaz Ayuso, el IRPF pasa a tener un tipo mínimo de 8,5%, ¿cuál es el tipo mínimo de las otras comunidades autónomas?

Con Cataluña, la diferencia es de 3 puntos y medio y con la Comunidad Valenciana de un punto y medio.

  • Andalucía: 9,5%
  • Aragón: 10%
  • Asturias: 10%
  • Islas Baleares: 9,5%
  • Islas Canarias: 9%
  • Cantabria: 9,5%
  • Castilla y León: 9,5%
  • Castilla-La Mancha: 9,5%
  • Extremadura: 9,5%
  • Galicia: 9,5%
  • La Rioja: 9%
  • Región de Murcia: 9,7%

Desde la Comunidad de Madrid afirman que esto beneficiará a las rentas más pequeñas. Lo cierto es que el año que viene, cuando estas medidas se adopten, Madrid será la comunidad que menor presión fiscal ejerce sobre sus contribuyentes.

A modo de ejemplo

Para una persona soltera, sin hijos y menor de 65 años que tiene una renta bruta de 20.000 euros, el ahorro que percibirá desde enero será del 5%.

Si el sueldo de una persona no alcanza a los 12.450 euros anuales, se ahorrará 4,42 euros al año. De este modo, si el sueldo anual se incluye entre los 12.450 y los 17.707 euros anuales, el ahorro anual será de 38,39 euros anuales. Si los ingresos anuales alcanzan entre 17.707 y 33.007, supondrá un ahorro de 85,89 euros al año.

Las personas cuyos ingresos anuales lleguen a ser entre 33.007 y 53.407 euros, se ahorrarán al año 165 euros menos. Y si sus sueldos superan los 53.407 euros dejarán de tributar 508 euros anuales.

El momento del anuncio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso

Supresión de los impuestos autonómicos

Al suprimir los impuestos de Madrid, la región será la única en el país que no tributará los mismos a los contribuyentes. El objetivo, según Ayuso, es el de generar un entorno de confianza para los empresarios que quieran apostar por la Comunidad.

Los impuestos afectados son:

  • Eliminación del impuesto sobre la instalación de máquinas recreativas en establecimientos hosteleros.
  • Suprimir el impuesto de depósito de residuos.
  • Eliminar el recargo sobre el impuesto de actividades económicas.

Estos impuestos eliminados generarán la creación de más empresas y la expansión de las ya existentes pues ya no encontrarán obstáculos para su desarrollo.

No olvidemos que la Comunidad de Madrid aporta el 19,2% del PIB nacional, siendo uno de sus principales sostenes económicos.

Las críticas del PSOE a las medidas de Ayuso

Juan Lobato, nuevo portavoz del PSOE en la Asamblea, ha criticado duramente las medidas anunciadas por Ayuso porque las rebajas de los impuestos, a su entender, deberían basarse en los ingresos. Las rebajas de Ayuso son generalizadas y “una política agresiva de privilegios fiscales para el 1% de las grandes fortunas”, afirmó Lobato.

Ayuso le ha respondido que “Los madrileños eligen conscientemente, no son idiotas”. Sin embargo, Lobato, que recién se estrena su cargo en la Asamblea, ha anunciado que se opondrá duramente a los planes fiscales del PP.

Ayuso dice que Madrid ha ayudado a bajar el paro en España

La presidenta de la Comunidad ha dicho ayer en rueda de prensa que el paro español ha bajado “gracias al empuje de Madrid”. También ha remarcado que la autonomía de Madrid está creciendo y lo seguirá haciendo.

El número de parados madrileños ha bajado a 9.852, un 2,39% menos que el mes pasado. La presidenta ha remarcado, además, que se han creado 284.000 empleos y que es la comunidad autónoma que más ha reducido el desempleo.

Ayuso anunció bonos turísticos

La presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso anunció recientemente que a partir del martes 16 de noviembre las personas que residen en España podrán solicitar los bonos turísticos que llegan hasta los 600 euros. Los beneficiarios podrán usarlos en viajes y hoteles, también se incluye el transporte.

La Comunidad invertirá 5 millones de euros para que los ciudadanos españoles o residentes legales puedan salir beneficiados y poder disfrutar del turismo. El bono deduce el 50% el precio de los productos y servicios turísticos hasta un valor de 600 euros, con IVA incluido.

El proyecto espera atraer a más de 40.000 nuevos turistas a la región madrileña. Las reservas hoteleras deben realizarse con una antelación de 10 días y la estancia mínima debe ser de una noche. Para el caso del transporte, la estancia mínima en Madrid deberá ser de dos noches.

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