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El Partido Popular, ha  presentado una serie de medidas para resolver el problema de la vivienda. Estas se encuentran enmarcadas dentro del Plan Más Vivienda. Según explican, estas medidas serán llevadas a las Cortes para lograr el aval necesario para que se puedan implementar en todo el territorio nacional.

En este post te contaremos de qué se tratan estas 16 medidas que servirían para resolver el problema de la vivienda. ¿Nos acompañas?

El PP presenta medidas para resolver el problema de la vivienda

Sabemos que hoy en día es cada vez más difícil poder acceder a un inmueble y más aún en las zonas tensionadas. Para buscar una solución a ello, el PP ha presentado medidas para resolver el problema de la vivienda. Las propuestas son 16 y que se encuentran enmarcadas en el Plan más Vivienda. Luego, deberá ser presentado a las Cortes para poder obtener el aval necesario.

Algunas de estas medidas, por ejemplo, implicarían una reducción del 100 por ciento en el IRPF a aquellos propietarios que decidan poner una vivienda en alquiler. Esta deberá haber estado en desuso por un plazo de al menos dos años. El titular, deberá rentarla a jóvenes menores de 35 años.

Este plan, establece la posibilidad de realizar esta deducción para aquellos propietarios que realicen nuevos contratos de renta para viviendas. La vivienda, tiene que estar en desuso durante dos años. Otro de los requisitos debe ser que el contrato deberá tener una duración de por lo menos tres años.

Según ha expresado la secretaria del Partido Popular, Cuca Gamarra y Paloma Martín, quien es la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, esta medida busca principalmente lograr dar respuesta a la necesidad de vivienda. Además de ello, creen que con el Plan Más Vivienda se podría ayudar a corregir el desequilibrio que existe entre la oferta y la demanda.

Medidas para resolver el problema de vivienda

Dentro del plan de las 16 medidas para resolver el problema de vivienda, se encuentra la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para las viviendas heredadas. También se plantea la posibilidad de brindar facilidades para el acceso a la hipoteca a aquellos jóvenes que buscan comprar un inmueble. Esto sería posible a través de avales, que cubrirían hasta el 95 por ciento del total del bien.

Un punto que ha aclarado sobre estas medidas, según Paloma Martín, es que ya se ha puesto en marcha en lugares que se encuentran gobernados por el Partido Popular. Pero ahora se busca llevar estas medidas al Congreso y al Senado. De esta forma podrán ser debatidas y aplicadas en todo el territorio nacional.

El problema del suelo y la okupación

Para poder poner fin al problema de la vivienda, existen algunas dificultades como la seguridad jurídica y la gestión urbanística que deben ser modificadas según el PP.

Por ello, dentro del plan que plantea el partido, será necesario buscar más terrenos en los que sea posible construir viviendas. Pero no es todo, también se necesita terminar con el infierno burocrático que debe transitarse para poder efectuar una obra. Lo que sucede desde la ordenación del planeamiento hasta la gestión urbanística y las licencias.

Otro punto que se trabaja dentro de las medidas para resolver el problema de la vivienda, tiene que ver con la necesidad de modernizar el longevo parque inmobiliario de nuestro país. Para ello, se ha propuesto trabajar en la figura de agentes rehabilitadores y poder impulsar la regeneración de barrios.

Con respecto a la okupación de viviendas, el planteo del PP busca impulsar la posibilidad de empadronarse en la casa ocupada, poder desalojar en un plazo de 24 horas las viviendas ocupadas. Por último, aumentar las penas a quienes realicen una okupación pero también para quienes protegen, alientan o inciten estos ilícitos.

Consideran necesario también proporcionar refuerzo a todas las comunidades de propietarios en las que haya viviendas ocupadas. Así será posible generar acciones preventivas, dar atención a las víctimas y poder erradicar la okupación en las viviendas públicas.

No debe el Okupa ser protegido, es necesario que con estas medidas para resolver el problema de vivienda y este plan generar el choque necesario con el cuál se generen cambios para revertir este gran problema que tiene nuestra sociedad.

La postura del PP sobre la Ley de vivienda

Si bien la Ley de Vivienda, venia como el gran salvador para el problema  habitacional que tiene nuestro país, parece haber solo sido un sueño.

Se le ha consultado a Martín respecto a la posibilidad de que las comunidades que tengan su mismo signo político podrían solicitar ser incorporados como zonas tensionadas. A esto, ha contestado que la medida es un fracaso absoluto y que la realidad es que ni las comunidades gobernadas por el PSOE como Castilla- La Mancha, Asturias o Navarra han incorporado esta herramienta.

La intención del Partido Popular es la de lograr la derogación de la Ley de Viviendas. Esto se debe a que la consideran ineficiente. Por ello es que han buscado establecer estas 16 medidas para resolver el problema de la vivienda.

También se les ha consultado respecto a la actitud que consideran mejor tomar sobre la vivienda turística. Desde el PP, explican que se está produciendo un movimiento hacia la vivienda turística y de temporada. Según ellos debido a la Ley de Vivienda, ya que esta normativa genera inseguridad. Por ello, prefieren destinarla a otro tipo de fin. Consideran además que el Gobierno debería estuchar a cada uno de los municipios. Es que la realidad es que la situación es muy distinta en cada uno de ellos.

Durante el 2023, por ejemplo, se ha registrado un incremento del 40 por ciento en las viviendas turísticas. En lo que va de este año la tendencia es la misma pero con porcentajes mayores.

Otro de los puntos que se les ha consultado sobre las medidas para resolver el problema de la vivienda tiene que ver con la Ley de Suelo. Esta normativa ha sido lleva al Congreso para ser aprobada y luego deberá seguir su recorrido para su puesta en marcha. Sobre este tema Martín ha dicho que se basa en un texto que su partido ha presentado y que esperaban un llamado de parte del Gobierno.

Si te has quedado con alguna duda, te invitamos a que nos dejes tu comentario al finalizar el artículo. Desde Oi Real Estate te responderemos a la brevedad. Dejamos a continuación otro artículo que puede ser de tu interés:

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Las elecciones del domingo dejaron varias incógnitas respecto del futuro de las medidas que venía trabajando el gobierno. Con su presente algo debilitado, se reviven debates que se daban por cerrados, al menos en la formalidad legislativa. No obstante, el clima social alrededor de determinados ejes, como el tema vivienda, tienen más largo aliento y tras los comicios, los partidos opositores cobran confianza para llevar al Congreso los reclamos. A continuación, te contamos las últimas novedades en el cruce partidario que puso al problema de la okupación y la vivienda nuevamente sobre el tapete.

Tema vivienda: otra vez en la agenda política

En las largas campañas previas a las elecciones del 28 M que tuvieron como uno de sus ejes principales el tema vivienda, los debates marcaron posiciones tajantes que probablemente fueron claves para la definición en las urnas. Los medios retrataron con vivo detalle cada propuesta salida de mítines partidarios, tanto como de intercambios públicos realizados de cara a los comicios. En ese sentido, prácticamente nada de lo que se ve, lee o escucha ahora son realmente propuestas novedosas.

Lo cierto es que los resultados hablan y el hecho de que el Partido Popular (PP) no sólo se quedó con la capital sino que también ganó en lugares como la Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Baleares o Cantabria, le da más impulso al partido para llevar propuestas al Congreso o rebatir algunas que ya habían adquirido vía legal. Este es el caso de la Ley de Vivienda, que el PP en su momento votó en contra.

Tras las elecciones del domingo ya hay varios líderes regionales que expresaron su disconformidad con hacerla efectiva en sus respectivos territorios. Entre ellos se encuentra Isabel Díaz Ayuso, tal vez la más relevante ganadora de los comicios, quien aseguró que no aplicaría la Ley en la Comunidad de Madrid.

En ese camino, el principal partido opositor al gobierno pondrá en debate esta semana una proposición no de ley según la cual se pedirá la derogación de la Ley de Vivienda y la puesta en marcha de un plan contra la “okupación” que permita desalojos en un plazo de 24 horas. Recordemos que una proposición no de ley no tiene carácter vinculante, sino que busca expresar una posición del partido frente a una política determinada, e instar al Ejecutivo a accionar en consecuencia, en este caso, la derogación de la Ley de Vivienda.

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Los puntos fuertes en contra de la Ley

Como se recordaba anteriormente, la campaña electoral de todos los partidos estuvo teñida de propuestas y contrapropuestas. En ocasiones los posicionamientos resultaron más defendidos que las propias ideas, lo que dejó evidenciado un clima social y político de gran discordia. En ese contexto el PP ya había registrado su propuesta alternativa a la Ley de Vivienda antes de que ésta fuera aprobada y que entrara en vigor el pasado viernes.

Siguiendo una línea ideológica, las críticas del PP a la ley vigente están vinculadas a lo que ésta representa: la intervención en el libre mercado, la potencial contracción de la oferta y la desprotección a los derechos individuales de los propietarios. En otras palabras, los puntos centrales de la discusión en el tema vivienda son la okupación, la definición de zonas tensionadas y la limitación en la cantidad de propiedades para ser considerado un gran tenedor.

Respecto del primer punto, vale aclarar, las críticas están puestas no sólo en contra de la “okupación” sino también de la llamada “inquiokupación”, es decir, la permanencia de los inquilinos en la vivienda a la que originalmente consiguieron rentar, pero que eventualmente dejaron de pagar sus cuotas. Esto, como se sabe, implica muchos problemas para los propietarios, quienes no sólo no ven retribución alguna por la presencia de inquilinos u okupas, sino que igualmente deben hacerse cargo de sus gastos en concepto de servicios e impuestos.

Por ello es que los populares hacen especial hincapié en su presentación de esta semana para que se establezcan penas más altas por el delito de usurpación, así como que en un plazo máximo de un mes se permita el desalojo en 24 horas. Como contraparte, los ocupantes del inmueble cuentan con ese plazo para acreditar el título jurídico que legitime su permanencia.

Alternativas para resolver el tema vivienda

Lo que es innegable es que tema de la vivienda es un problema que interpela a diversos sectores de la población, y es urgente, por ende, que entren en vigor algunas respuestas. Como toda situación que genera conflictos -no sólo partidarios, sino principalmente, sociales-, lo ideal es pensar esas respuestas a largo plazo. No obstante, la urgencia de medidas es tal que, en determinado punto, los partidos apuntan a ocasionar el mal menor.

Para el PP, la solución para quienes no pueden acceder a una vivienda por bajos ingresos pasa por aplicar deducciones. Específicamente, propone que se les otorgue a las familias con rentas inferiores a 60.000 euros, de manera tal que éstas puedan compensar el aumento de la cuota hipotecaria por la subida del euríbor.

Otra medida tiene que ver con aplicar políticas nacionales sobre el tema vivienda. Esto implicaría establecer un Pacto de Estado por la Vivienda dirigido especialmente a los jóvenes. El objetivo es que puedan comprar o alquilar una propiedad mediante similares facilidades, sin importar la comunidad en la que se encuentre. De esta manera, indican, las ayudas para que los ciudadanos puedan acceder a una casa serán realmente una política de Estado.

¿Tu qué crees? ¿Sirven estas medidas para combatir la despoblación en España? Comparte tu opinión en la parte de comentarios de esta nota. Y no olvides que si quieres conocer más sobre opciones para vivienda en España, tienes mucha información a disposición en el sitio de Oi Real Estate.

Lee más sobre las medidas políticas que afectan a la vivienda y el mundo inmobiliario en la siguiente nota:

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Las novedades frente a la problemática de la intrusión en viviendas evidencia un debate aún candente a nivel político, legal y social. El incremento de las llamadas de denuncias al 112 procedentes de la Comunidad de Madrid, el apoyo social a una ley antiokupa o las medidas para amortizar impuestos a los propietarios damnificados son algunos de los aspectos más relevantes en las últimas semanas. De fondo, la “ocupación” se confunde con la “okupación”, y crecen los casos de aquellos que invirtieron en una casa y hoy enfrentan conflictos con intrusos.

Cuando la propiedad es un tema político

La “okupación” se escribe distinto cuando se trata de la instrusión y permanencia en una casa por parte de quien no es su propietario. De hecho, tenemos tan incorporada esta acepción que tendemos a (d)escribir de esa manera cualquier práctica que implique usurpar la vivienda de otra persona. No obstante, hay allí una diferencia.

Si se les pregunta a quienes se definen como parte de un movimiento okupa, podemos encontrarnos con que no necesariamente están de acuerdo con las numerosas intrusiones que han sido denunciadas últimamente. En parte, esto es porque los okupas, como tales, son un movimiento que lleva al menos cuatro décadas en España. Desde su origen hasta hoy, su pensamiento es que no tiene sentido que haya espacios abandonados y gente sin techo a la misma vez. Así, la condición de abandono no aplica a toda casa que no esté habitada y mucho menos si se conoce o presume que tiene dueño. Por ello es que el tema de la ocupación, con “C”, no siempre puede ser acoplada a la okupación, con “K”.

En la práctica ambas acepciones ameritan debates legales diferentes para proteger los derechos de unos y otros. Así, el garantizar el acceso a un piso, se traslada a veces al enfrentamentiendo entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda. No es la intención de esta nota resolver ese debate, pero sí establecer la dimensión de la discusión que hay detrás de cada intrusión, y desde allí la complejidad en evaluar la utilidad de una u otra medida legal o política.

Siendo este el marco, avancemos con algunas de las últimas novedades.

Las denuncias de ocupación crecen

El último verano el gobierno de la Comunidad de Madrid puso al servicio de los ciudadanos una línea telefónica, el 112, destinado a denunciar las casas intrusadas. Mediante este canal, la Consejería informó que hasta ahora el 70% de las comunicaciones fueron recibidas desde el municipio de Madrid, y el 16% desde municipios de más de 50.000 habitantes.

La gestión de las mismas se realizan a través del Centro de Coordinación Municipal (Cecom), que funciona en las instalaciones de la Agencia de Seguridad y Emergencias. Así, los propietarios de los inmuebles afectados que se comunicaron a través del teléfono 900 205 112 generaron la tramitación de 1.098 expedientes específicamente vinculados a este delito. Concretamente, 40% de los llamados corresponde a propietarios o terceros afectados por la usuarpación de viviendas. Otro 13% está vinculado a problemas relacionados con inquilinos que han dejado de pagar el alquiler a sus propietarios, lo que se conoce como “inquiokupación”. Estas son las denuncias que están encaminadas sobre la vía legal y buscan, a través de este servicio, que se agilice la resolución de sus juicios.

El resto del 47% de las llamadas restantes refieren a búsquedas de información sobre la actualidad de estos delitos. Esto significa que casi la mitad de los interesados son también instituciones o profesionales (normalmente del derecho) vinculados de alguna manera a la temática, lo cual también evidencia un interés a otros niveles de la sociedad. Parte de este tipo de llamadas, incluso, se han recibido desde otras comunidades autónomas, consultando sobre números telefónicos o ayudas para resolver conflictos.

Otras medidas políticas para frenar la ocupación ilegal

La comunidad estima que hay 4.300 viviendas afectadas por el fenómeno de la ocupación ilegal. Desde que se puso en marcha el servicio de atención telefónica a denuncias, varios casos se resolvieron “in fraganti”, gracias al envío al lugar de efectivos policiales que evitaron la intrusión o bien lograron desalojar a los ocupantes y devolver la vivienda a su propietario. Para lograr esto fue fundamental establecer desde el inicio la articulación entre las fuerzas de seguridad y el Cecom. A su vez es importante recalcar que más de 40 ayuntamientos de la región forman parte del Centro de Coordinación Municipal, a fin de mejorar la coordinación entre policías locales ante este fenómeno.

Sumado a esto, y habiendo reconocido que es necesario abordar globalmente la problemática, recientemente se anunciaron también otras medidas. En las últimas semanas, por ejemplo, la máxima autoridad del ejecutivo en la CCAA de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que la Comunidad no facturará el agua a los propietarios víctimas de ocupaciones e instará a los suministradores a hacer lo mismo con la luz y el gas. Esto supone un gran alivio para los dueños que se han visto obligados a pagar los gastos de quienes intrusaron su casa, hasta tanto no se resolviera el conflicto. Cierto es que resta esperar cómo se aplicará la normativa, ya que el Canal de Isabel II dispone de tres bonificaciones especiales para grupos vulnerables que van del 10 al 50% de descuento.

Participar como comunidad

Cuando una problemática afecta a estos niveles a gran parte de la sociedad, es importante aprovechar y solicitar espacios para participar de la propuesta de medidas, así como para hacer oir los reclamos. La intrusión de casas no es un tema resuelto pero parece estar abierto a los debates. Por ejemplo, las autoridades también indicaron que se estudia la posibilidad de ofertar una vivienda temporal, para el tiempo que dure el proceso judicial. O que existe un grupo de trabajo permanente que han formado los representantes de la Mesa contra la Okupación y las asociaciones de víctimas.

¿Y tu, cómo crees que se pueden mejorar estas medidas? No olvides seguir nuestro blog y dejar tu opinión en nuestros comentarios. Si quieres seguir las noticias, recuerda que tienes mucha información a disposición en el blog de Oi Real Estate. Además, puedes leer notas como la que te sugerimos a continuación:

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El movimiento okupa se conoce por motivar a las personas a que hagan una okupación ilegal de los inmuebles que se encuentran deshabitados. Dio comienzo en España en los años sesenta, como un movimiento de ideales contrarios al sistema, con débil solución jurídica por parte del legislador español.

Actualmente es considerado un gran problema que afecta al sector inmobiliario y a los propietarios, por lo que crearon mayores medidas para su regulación. En Madrid es donde mayor presencia hay de este movimiento y se espera que se regule de una mejor forma para aprovechar los inmuebles correctamente.

El problema de la okupación en España

La indefensión jurídica que tienen muchos propietarios tiene un origen y causa directa del Código Penal de 1995. Este introdujo el delito de usurpación de bienes inmuebles, castigado con penas de 3 a 6 meses para quienes ocupen ilegalmente el inmueble.

El problema para comenzar el procedimiento penal es que la okupación debe darse en un inmueble que no sea morada, apreciando el Juez indicios delictivos. Esto genera un problema de interpretación porque no todas las ocupaciones de inmuebles que no son en moradas dan presencia a delitos.

Entonces, se cree que sólo se da castigo a las perturbaciones graves porque el proceso penal suele ser tedioso. Además, no da lugar a una resolución completamente segura para el propietario, quien puede ver desestimadas sus pretensiones e intereses.

Desde la posición civil, no hay un proceso específico y legal para estos casos en los que se aplique una vía legal para el desalojo. Es por ello que los tribunales acogieron para su viabilidad y desarrollo el procedimiento de desahucio por precario.

En él se necesita un abogado y procurador de los tribunales, contando con una duración de 9 a 18 meses aproximadamente. Este problema regulatorio no pasa en ningún otro país, a excepción de Portugal.

Por ello, es necesaria una voluntad político-legislativa que impulse una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esto es lo que se propone en Madrid y se espera que sus resultados sean vistos lo más pronto posible. 

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Propuesta para cambiar la ley “antiokupas” en Madrid

La Comunidad de Madrid tiene la oportunidad de usar varias de las armas que tienen en contra de los okupas. En 2021, el gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso creó una app junto al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles en España.

Esto fue con el fin de que la policía pueda contactar inmediatamente con el propietario en caso que un vecino alerte a las autoridades. Este año, se creará la Oficina de la Okupación, la cual estará disponible para asesorar a las víctimas de este tipo de delitos.

El gobierno autonómico comenzó a tomar cartas en el asunto luego de que, en 2022, las okupaciones estén creciendo en la Comunidad de Madrid. Allí se ha registrado un aumento del 25% en delitos de este tipo, siendo la tercera región con más casos en España.

Por esto, el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso hizo énfasis en este problema y el miedo que representa para el país. Lo que más se desea es eliminar, o al menos reducir las cifras, de forma inmediata para una solución más efectiva.

La oficina va a ser inaugurada por Díaz Ayuso próximamente, así lo confirmó Enrique López, consejero de Interior, Justicia y Víctimas. Sin embargo, esto puede llegar a cambiar porque originalmente su apertura estaba prevista para marzo de este año.

Esta oficina va a funcionar por medio del Centro de Coordinación Municipal, siendo posible que los ciudadanos se pongan en contacto a través del 112.

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Limitar la okupación: cambio de “tres artículos”

Según Enrique López, por medio de esta nueva oficina será más sencillo ocupar a los diversos cuerpos oficiales que están en Madrid. La Policía Nacional, Municipal, Local y Guardia Civil podrán acudir lo más rápido posible a cualquier caso de okupas.

La asistencia técnica también es para las localidades pequeñas sin comisaría, por lo que se reducirán mucho los casos sin resolución. Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid están limitados porque las competencias de esta materia le conciernen al Estado. 

El Partido Popular Nacional ha solicitado al Gobierno del país que revierta las leyes dirigidas a las okupaciones. Así, quienes van a tener que ir a los tribunales serán los okupas y los propietarios legales de los inmuebles.

Solicitud de Sol

Desde Sol se solicita el cambio “de tres artículos” de la legislación para modificar la forma radical de la problemática que se presenta. Esto es algo que insistirán en abordar si Alberto Núñez Fejóo logra acceder a La Moncloa en las siguientes elecciones.

La Comunidad de Madrid propone que el okupa sea desahuciado inmediatamente si no presenta un título o documento dado propietario. En dicho documento se debe acreditar que el dueño del inmueble le ha permitido residir allí en un plazo de 48 horas.

La defensa de la CAM

De aplicarse el desahucio y si el okupa lo cree injusto, la CAM dará una defensa para que se garantice la posibilidad de que pelee. Todo esto desde el ámbito civil para que se resuelva la situación lo más pronto posible.

Este recurso lo usan los propietarios cuando no pueden demostrar con los documentos que no han permitido al okupa el uso de la vivienda. Las okupaciones de primeras viviendas son difíciles de documentar porque los propietarios suelen guardar las escrituras en sus casas y no pueden acceder a ellas.

El PP de Madrid busca cambiar los principios de la ley orgánica. Esto con el fin de perseguir algo que califican como un “acto ilícito que lesiona la propiedad individual, algo básico para la democracia liberal”.

Desde el 1 de mayo de este año, los jueces de Madrid han acelerado los procesos judiciales para los delitos considerados como usurpación leve. Gracias a esto, ahora se van a celebrar juicios rápidos, siempre que se haya dado la identificación de los okupas con antelación.

El Juzgado de Guardia también se va a encargar de estos enjuiciamientos para acelerar los procesos y tratar que los dueños recuperen sus propiedades.

¿Qué tal te parecen estas regulaciones para la okupación? ¡Cuéntanos en los comentarios! ¡Nos encanta leerte!

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Las denuncias por ocupación ilegal de una vivienda se han incrementado en España en más de un 40% los últimos 4 años. En el caso de que te pase a ti, ¿sabes cómo echar a un okupa de tu casa del modo más rápido? Aquí te lo explicaremos.

Los datos del Ministerio del Interior son alarmantes: durante el primer semestre del 2021 las denuncias recibidas sobre ocupaciones ilegales de inmuebles ascendieron un 5% con relación al mismo período del año anterior.

De todas las comunidades autónomas, Cataluña es la más afectada, con más de 3.000 denuncias por semestre.

Hoy haremos foco en la manera más rápida de echar a un okupa de tu casa: el desahucio express.

Lo primero que debes hacer para echar a un okupa de tu casa

Desde el primer momento en que tomes conocimiento de que hay un okupa en tu vivienda, es necesario que llames a la Policía para que asista rápidamente a la dirección. En algunos casos, si la Policía encuentra al okupa y lo sorprende, puede detenerlo bajo la figura de delito flagrante.

Esto sucede en casos de pillarlo en el momento, pero un propietario suele enterarse de la ocupación varios días después. En este caso, corresponde realizar la denuncia con DNI o certificado de empadronamiento para constatar que eres el verdadero dueño de la casa.

Aquí vamos a realizar una aclaración importante: la denuncia debe ser realizada en un Juzgado en materia civil para que el desahucio express pueda tener lugar. El error principal que cometen las personas es acudir a la vía penal y este proceso será más costoso y durará más tiempo.

Finalmente, llama a un abogado para analizar si estamos ante:

  • Un allanamiento de morada, cuando alguien más vive en ese inmueble y es una vivienda habitual. La pena en estos casos es de 6 meses a 1 año de prisión. Si hay violencia, se puede elevar hasta 4 años.
  • Una usurpación, cuando en la casa no vive nadie. La pena aquí es de entre 3 y 6 meses de prisión. Si se recurre a la violencia, se eleva hasta 2 años.

En el caso de allanamiento, se recomienda elegir la vía penal que es la más rápida. En el caso de usurpación, se sugiere la vía civil y como medida cautelar se puede solicitar el desahucio de los okupas.

Existen casos similares de ocupación que se da entre la misma familia, hemos detallado estos supuestos en el post sobre Vivienda heredada: Mi hermano no paga nada ¿qué hago?

Importancia de la medida cautelar

En todos los delitos de ocupación podemos emitir una medida cautelar para que el inmueble sea restituido a la mayor brevedad posible. Los requisitos para la misma son:

  1. Demostrar que existe una necesidad por parte de la víctima.
  2. Que se vea la urgencia en la víctima.

Esto acelera la recuperación de la vivienda al echar al okupa de tu casa y se puede solicitar tanto en un allanamiento de morada como en una usurpación en donde se ha ejercido la violencia.

En el caso de que no haya violencia y la usurpación haya sido leve, es más difícil solicitar una medida cautelar porque no se observa la necesidad de la víctima. En este caso, se solicita un expreso requerimiento y la multa es de 300 euros aproximadamente.

Si el okupa apela esta decisión, la posesión de la vivienda se dilata aún más, llegando incluso a los 10 meses.

El desahucio express es por la vía civil

El desahucio express es una figura del Derecho Civil aprobada en el año 2018. Fue promulgada por el Gobierno con el fin de acelerar los procesos de ocupación ilegal de viviendas bajo el número 5/2018 y el nombre de Ley de Enjuiciamiento Civil.

Según la jueza de Barakaldo, Elena Soria, “la gente lo desconoce y acude al Derecho Penal”. ¿Por qué no recomendamos recurrir a la vía penal? Porque el concepto de denuncia puede ser constitutivo de delito penal o civil a ojos del denunciante. El proceso penal demora más tiempo y es más costoso pues se debe identificar a los moradores antes de proceder al desahucio.

En cambio, con el Derecho Civil es posible echar a un okupa de tu casa en cinco días. Sí, leíste bien, CINCO DÍAS.

El procedimiento del desahucio express

Luego de realizar la denuncia correspondiente en el ámbito civil, resaltemos esa importancia del fuero, el artículo 441 expresa que el okupa deberá certificar “en el plazo de cinco días… título que justifique su situación posesoria“. De no realizar esa certificación durante los cinco días, se dictará sentencia inmediatamente.

Sin embargo, hay que reconocer que muchas veces los juzgados se hallan colapsados y los tiempos del proceso no se respetan. Además, en el caso de que el okupa presente algún tipo de papeles, se dilatará el trámite hasta que se demuestre la falsedad de los mismos.

Otra aclaración importante es que esta ley no se puede aplicar a fondo de inversión, entidades financieras ni otro tipo de figuras jurídicas. El demandante, en estos casos, debe ser sí o sí una persona física o una entidad sin ánimos de lucro.

¿Qué hago si soy una empresa?

Debido a que el desahucio express sólo puede solicitarlo una persona física y no jurídica, las empresas deben recurrir a la figura de demanda común de desahucio por precario. Esta demanda se dirige a los ignorados ocupantes y demora entre 4 y 8 meses.

Lo que NO debes hacer para echar a un okupa de tu casa

Recuerda siempre recurrir a Juzgados con competencia en lo Civil para poder acceder a la ley del desahucio express.

Además, queremos recordar otro tipo de acciones que debes evitar a toda costa si quieres recuperar tu casa en el corto plazo:

  • no cambies la cerradura del domicilio
  • evita ingresar a la casa cuando el okupa no esté
  • no contrates empresas extorsivas
  • evita recurrir al corte de los servicios básicos, como la luz o el agua

Si realizas alguna de las acciones anteriormente enumeradas puedes terminar siendo detenido pues se consideran delitos de coacciones y están regulados por el artículo 172 del Código Penal.

Pues bien, ojalá nunca te encuentren en la situación de tener que echar a un okupa de tu casa pero, si necesitas saber el procedimiento a seguir, te hemos dejado toda la información y los mejores consejos. Si tienes alguna duda, podrás dejarnos un comentario debajo.

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El gobierno de Cataluña, buscando solucionar el problema de las usurpaciones cada vez más frecuentes, ha dictaminado una norma en la que permite el alquiler social para okupas que lleven ocupando una vivienda por más de seis meses. Entérate de todos los detalles en este post.

Cuando una vivienda se encuentra vacía y su dueño no está a la vista, es muy probable que reciba el ingreso de diferentes familias que necesitan un lugar para vivir pero que no pueden pagar el coste de un alquiler. La situación de okupa es muy frecuente y, si el propietario desea recuperar la vivienda, deberá iniciar una demanda de desahucio que implica bastantes trámites y gestiones.

Una vez proclamado el desalojo, los okupas deben abandonar el lugar, lo mismo sucede si un inquilino se ha demorado con la renta pero continúa viviendo en la propiedad. En Cataluña se aprobó una nueva normativa para darle una respuesta a las crecientes okupaciones de viviendas sin uso. Se trata del alquiler social, medida que restringe en gran medida el derecho a la propiedad de los dueños de pisos.

Alquiler social para okupas: Una posible respuesta para el aumento de las ocupaciones

Si una persona no tiene el dinero suficiente para comprar una vivienda recurre habitualmente a los alquileres, mediante un contrato que establece las responsabilidades que le corresponden a los propietarios y a los inquilinos. Sin embargo, no todos pueden afrontar el coste que demanda un alquiler y, observan la situación de okupa, como la única opción para disponer de un techo. Muchas de estas personas, tienen niños a su cargo y poseen algún tipo de trabajo no calificado o subempleo. Los propietarios de estas casas luchan contra los usurpadores que, día a día aumentan su número. La nueva disposición que posibilita el alquiler social para okupas ha cambiado el panorama y la lucha contra los usurpadores ya no será sencilla. Ahora, los okupas que invaden propiedad ajena, tienen su derecho a permanecer en el lugar si pagan un alquiler.

Alquiler social para okupas: ¿Cómo afecta a los propietarios?

Los propietarios que son dueños de sus viviendas en Cataluña se encuentran ante una nueva disyuntiva. Tanto las empresas que poseen más de 10 propiedades, como los propietarios que cuentan con más de 15 viviendas, deberán aceptar el alquiler social para okupas.

De este modo, se restringen las posibilidades de libertad que tiene el propietario para disponer de su vivienda como quiera, debido a la proliferación de los okupas en el país. La nueva ley anti desahucios busca que los usurpadores, no sean desalojados y paguen un costo muy bajo por la propiedad que ocupan.

Esto se debe a que consideran que los propietarios que disponen de muchas viviendas no percibirán un gran cambio monetario si los okupas utilizan la vivienda que les han usurpado y a cambio de ello pagan un determinado valor. Los okupas serían un nuevo estilo de inquilinos, con rentas más bajas de lo normal.

¿En qué consiste este tipo de alquiler?

El alquiler social para okupas funciona como un alquiler cualquiera, pero con una gran diferencia: el propietario no ha puesto su vivienda en alquiler y, el inquilino no le ha comunicado al propietario su deseo de vivir en la vivienda. El okupa usurpa la vivienda, algo que durante mucho tiempo fue ilegal y, que de alguna forma esta nueva normativa legitima.

Los propietarios se encuentran obligados a ceder sus viviendas a los okupas, si poseen más de 15 y de arrendar a estos nuevos inquilinos por el período de 5 años. En el caso de las empresas, el tiempo de cesión puede extenderse hasta los 7 años y, los bancos o fondos de inversión, hasta los 12 años.

La agencia de vivienda de Cataluña, responsable de esta nueva disposición y aprobada por el parlamento, realizará el contrato de arriendo y el pago del alquiler social para okupas. Si bien, los dueños de las viviendas o las empresas con muchas propiedades, están obligadas a cumplir con esta nueva normativa, existen excepciones.

¿Los propietarios pueden evitar esta disposición?

Aunque, existe obligatoriedad en lo que respecta a las empresas y propietarios para respetar el alquiler social para okupas, estos podrán exigir al gobierno de Cataluña que responda por el pago del alquiler social. Sin embargo, lo más complicado ocurre cuando una vivienda no se haya utilizado por más de dos años.

En Cataluña, los propietarios o empresas que posean viviendas a su nombre, deben utilizarlas de alguna manera. Si no se observa utilidad por el término de dos años, el propietario puede recibir la notificación de que su vivienda ya no le pertenece, ya que es una obligación habitarla o disponer de ella.

Con esta nueva ley, los propietarios de viviendas se ven vulnerables y sin posibilidades de obtener ganancias o, incluso puede ocurrir que sus propiedades sean expropiadas por falta de uso. Una disposición que rompe con la libertad de los propietarios y que limita su derecho a la propiedad.

¿Quiénes son los más perjudicados?

Claramente son los propietarios los más perjudicados con esta normativa y los usurpadores, grandes beneficiarios de la posibilidad que les brinda el gobierno catalán. Los grandes tenedores de viviendas también verán pérdidas por la obligatoriedad de esta normativa.

Para que el alquiler social pueda concretarse, deben acreditarse al menos seis meses de ocupación por parte de los okupas en las viviendas en cuestión. Según el gobierno, el alquiler social servirá para dar una solución al problema de las usurpaciones, cada día más frecuentes

Se trata de una medida que golpea la propiedad privada, gracias a la que el dueño de una vivienda deberá cuidar que su casa no sea rematada por el gobierno o se produzca una apropiación por usurpadores. Por su parte los okupas tendrán una nueva oportunidad para evitar el desalojo de una propiedad ajena, con el pago del alquiler social.

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Alquilar una vivienda puede ser una tarea muy difícil para arrendadores. Los miedos a sufrir algún tipo de perjuicio por parte de un inquilino siempre aparecen inevitablemente. Tener que iniciar un proceso de desahucio, sufrir impagos de la renta y ser víctima de una okupación son actualmente las principales preocupaciones de los propietarios que alquilan sus inmuebles, según averiguó un estudio publicado recientemente. En este artículo te contamos en profundidad de qué se trata y sobre qué otros aspectos del mercado del alquiler indagó.

El desahucio, los impagos de la renta y la okupación aparecen como las cuestiones que más alarman a los propietarios de viviendas en alquiler en un nuevo informe de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) y el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA). Para este estudio no sólo se consultó a los encuestados acerca de sus preocupaciones, sino también de su opinión sobre el mercado del alquiler actual. También se entrevistó a demandantes de vivienda para que aporten su punto de vista.

A continuación te contamos por qué el desahucio, los impagos de la renta y la okupación aparecen como las principales preocupaciones de los propietarios. También, qué medidas les gustaría que se tome al respecto y sobre otras problemáticas. ¡Sigue leyendo para enterarte!

El desahucio, los impagos de la renta y la okupación: las principales preocupaciones de los propietarios que alquilan su vivienda según un nuevo estudio

La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) y el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) publicaron un nuevo informe con motivo de la última edición de SIMA otoño, celebrada entre el 26 y el 28 de noviembre. En el estudio se recogen las conclusiones de una encuesta realizada a diferentes propietarios españoles que alquilan sus inmuebles. Entre otras cosas, la consulta indagó acerca de cuáles son las principales preocupaciones de los arrendadores. 

Tener que iniciar un proceso de desahucio a un inquilino, sufrir un impago de la renta y ser víctima de una okupación ilegal se coronaron como las peores pesadillas de los pequeños propietarios. Según el documento, mientras el 85% teme tener que recurrir al desalojo, un 84% tiene miedo de que el inquilino deje de pagar la renta. En este sentido, un 40% de los propietarios indicó que los ingresos que perciben por el alquiler son fundamentales para atender las necesidades personales y de sus familias. 

Luego, en tercer lugar, un 80% de los entrevistados teme que las viviendas que tienen en alquiler sean ocupadas de manera ilegal. A continuación, la siguiente preocupación de los arrendadores es que se produzcan daños en sus inmuebles, prórrogas forzosas del contrato de alquiler o que se dispongan límites para las rentas.

El temor de los propietarios a tener que iniciar un proceso de desahucio

Se trata de la preocupación más importante entre los propietarios que alquilan su vivienda: tener que recurrir a la justicia porque el inquilino no está cumpliendo con el contrato y debe abandonar la vivienda. Respecto a este tema, el 97% de los entrevistados opina que una agilización de los procesos de desahucio ayudaría a incrementar la inversión en alquiler.

El temor de los propietarios a tener que hacer frente a impagos de la renta

La preocupación que se ubica segunda en el ranking es muchas veces motivo de la primera, ya que comporta el incumplimiento más frecuente del contrato de alquiler. A pesar de las múltiples garantías que se pueden solicitar a un inquilino al iniciar el arrendamiento, el temor a no poder cobrar la renta en algún momento siempre aparece. En este sentido, el 86% de los propietarios señaló que se sentirían más seguros si en España hubiera una mayor protección legal ante impagos, retrasos o desperfectos.

El temor de los propietarios a ser víctima de una okupación

Lamentablemente, se trata de una situación bastante recurrente y que también alarma a aquellos propietarios de inmuebles que no los habitan, sino que los arriendan. Las okupaciones ilegales están a la orden del día y por eso se ubican terceras en esta lista. Ante este panorama, el 85% de los entrevistados considera que el mercado de alquiler sería más estable si garantizara que, ante maniobras de este tipo, el propietario podrá recuperar su vivienda lo antes posible.

¿Qué otras cuestiones preocupan a los propietarios, además del desahucio, los impagos y la okupación?

El estudio de ASVAL y SIMA también consultó a los propietarios acerca de otras medidas que les gustaría que se tomaran para incentivar el mercado del alquiler en España. A propósito de esto, el 47% de ellos considera positiva la existencia de avales estatales para hacer frente a las contingencias provocadas por los inquilinos. Por otro lado, un 24% cree que sería mejor pagar menos impuestos por las rentas del alquiler.

En cuanto a los controles de precios para seguir impulsando la oferta en el sector, un 80% de los entrevistados se manifiesta en contra, para lo cual, un 65% cree que la mejor opción es incrementar el parque de vivienda pública en alquiler, como también el de precio libre.

Son mayoría los propietarios encuestados que resaltan la importancia de rehabilitar o modernizar los inmuebles. En este sentido, el 48% califica de “bastante o muy importantes” a las subvenciones estatales que permiten realizar estas mejoras. Por otro lado, respecto a este mismo tema, un 39% solicita que se implementen deducciones fiscales por reformar un piso en alquiler.

¿Por qué hoy en día la mayoría de los demandantes de vivienda eligen la compra por sobre el alquiler?

El informe de ASVAL y SIMA también intenta completar su análisis del estado actual del mercado del alquiler de vivienda consultando a demandantes de vivienda. Según indican, nos encontramos en un momento en el cual este sector de la sociedad prefiere la compra por sobre el alquiler. La razón, expresan, es de índole económica, ya que existe una facilidad para costear las cuotas de una hipoteca a un precio muy similar al de un alquiler.

Cabe aclarar que, si bien más de la mitad de los encuestados se decanta por la compra, un 28% consideraría el alquiler si el importe mensual de la renta fuese menor que el de la cuota hipotecaria. También si, priorizando otros factores, una vivienda en alquiler se encontrara en una mejor ubicación y en mejor estado que aquella que piensan adquirir.

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Las viviendas ocupadas de forma ilegal conforman una problemática que, si bien lleva décadas de profundización, se ha acelerado en los últimos dos años a niveles impensados. El motivo es claro, la crisis por la pandemia COVID 19. Los procesos de desahucios son prolongados y muchas familias ven en la okupación la única forma de conseguir dónde vivir bajo techo, al menos durante un tiempo. Sin embargo, en el último período se ha visto en España una singular modalidad de crecimiento preocupante: los denominados “okupas top”. En este artículo de Oi Real Estate, veremos cómo logran instalarse estos okupas de lujo en viviendas vacacionales.

La crisis del acceso a la vivienda y las organizaciones

Toda crisis social mantenida en el tiempo abre el camino a que organizaciones fraudulentas tomen partido. En este sentido, la crisis del acceso a la vivienda no ha sido una excepción; ni en España, ni en toda Europa. Es de conocimiento público que organizaciones clandestinas se han ocultado y permanecen ocultas detrás de la situación de precariedad de muchas familias, para introducir un negocio ilegal que roza lo mafioso.

Ubicando personas en casas vacías y manteniéndolas en constante rotación a lo largo y ancho del territorio, logran evadir los grises de los procedimientos de desahucios presentados por sus propietarios. Las cámaras de dueños de propiedades vienen pugnando desde hace años por el tema de la despersonalización de los lanzamientos; sin embargo, el problema de la okupación no solamente subsiste, sino que se ha incrementado de forma alarmante.

De 2013 al día de hoy

Ante la okupación como método establecido de toma de viviendas, en el año 2013 los ayuntamientos tomaron cartas en el asunto y realizaron la primera medición oficial de este fenómeno. En aquel entonces, se constató que más de 7.000 viviendas yacían ocupadas de forma ilegal.

Sin embargo, durante la pandemia estos números se dispararon hasta encender las alarmas en el sector inmobiliario, en los juzgados y en el ámbito político. Solo durante 2020, con la crisis de la pandemia y las medidas sanitarias que prohibieron la circulación en España como protagonistas, se registraron más de 3.400 procesos de desahucio por okupación.

Okupas de lujo en viviendas vacacionales

Los turbios mecanismos de organizaciones que manejan la okupación de forma sistemática, han conseguido darles una vuelta de tuerca a sus estrategias. Ahora, y según las autoridades de los juzgados intervinientes, la modalidad de okupación ha logrado establecer sus métodos en viviendas vacías ubicadas en localidades de lujo y como parte del sistema turístico o segunda vivienda.

Se trata de una suerte de “secuestro” de viviendas lujosas. Localidades como Málaga, Barcelona o las Islas Baleares, registran esta metodología. Así, los okupas comenzaron a pedir “rescate” para devolver las unidades a sus dueños, como un “favor” que les evitará a estos atenerse a los engorrosos y prolongados procesos de desahucio legal. Como opción viable, los okupas reclaman una vivienda para largarse y dejar la unidad tal cual estaba.

Un método de extorsión impensado

La disparada en la demanda de servicios de seguridad, cámaras wifi y otros implementos por parte de los propietarios durante el encierro en pandemia, no alcanzó para mitigar estos métodos de extorsión impensados. Los propietarios, con tal de asegurarse recuperar la propiedad, se abren a menudo a aceptar condiciones algo alocadas y que tampoco les aseguran que el problema se resuelva en lo inmediato.

Se conoció en octubre último un caso de okupación en Málaga en el que una pareja, con cuatro menores a cargo, usurpó una vivienda cercana a la playa. La familia propietaria accedió a negociar mediante una compañía experta en manejar desahucios. Los okupas solicitaron entonces una vivienda a cambio de su retirada; y los dueños de la unidad accedieron a brindársela, pero solo por unos meses.

La resolución de este caso queda librada más al azar que a una resolución legal; ya que los okupas solo accederán a marcharse si los propietarios se comprometen legalmente a no denunciarlos bajo ningún caso. ¿Qué le garantiza a los dueños de la propiedad que no correrán la misma suerte en la segunda vivienda asignada?

Familias contra familias

Detrás de todo este enrollo mafioso, no debemos perder de vista que el conflicto de fondo existe y es una realidad. En un contexto donde empresas de luchadores profesionales (como en España la FueraOkupas) logran un auge de contrataciones para “acelerar” el desahucio, se tiende a olvidar que detrás de todo esto hay familias que realmente no tienen donde vivir y que se sienten comprensiblemente tentadas a participar de este circuito ilegal.

Las empresas como FueraOkupas reciben finalizando este 2021 y en promedio más de 150 llamadas diarias. Se estima que el 75% son por la problemática del impago del alquiler por parte de inquilinos morosos y un 25% hacen referencia a la okupación ilegal. Expertos en artes marciales y boxeadores amateurs se reclutan cotidianamente en estas compañías, que cuidadosas de no cruzar la delgada línea entre lo permitido legalmente y los clandestino, se manejan de forma ágil e intimidatoria para con los ocupantes.

¿Conoces un caso de okupación cercano? ¿Te ha tocado vivir uno en carne propia? Nos encantaría conocer tu experiencia.

Y si te ha interesado el tema y quieres seguir conociendo mucho más sobre el mundo inmobiliario, te recomendamos leer el siguiente artículo:

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El miedo a la okupación existe en toda España y es una porción importante en la problemática actual del mercado de alquiler. Con la irrupción de la pandemia COVID 19 ese temor se ha incrementado, basado en datos concretos. Una vivienda vacía es una tentación para los movimientos de okupas y representa un objetivo fácil de cumplir. En este artículo de Oi Real Estate, veremos la situación vigente y nos meteremos de lleno en el miedo a la okupación, como un factor de peligro para las segundas propiedades.

Las restricciones a la movilidad y la okupación

Las consideradas segundas propiedades (próximas o lejanas a la vivienda de uso habitual) fueron durante todo 2020 y comienzos de 2021 un aspecto de gran preocupación para sus propietarios. El disponer de una vivienda vacía (acaso en proceso de venta o de alquiler, o simplemente ociosa) y no poder acceder a ella, redundó en muchas ocasiones en su okupación.

Esto se dio por la luz verde que significó para los movimientos de okupas disponer de un tiempo sin límites para su ingreso a las viviendas, con las consabidas dificultades que deben enfrentar sus dueños para recuperarlas. Como dato de color, aunque significativo, durante el peor momento de la pandemia las compañías proveedoras de sistemas de seguridad vieron incrementada la demanda en colocación de alarmas, cámaras y todo tipo de implementos que colaboraran con los propietarios en su estado de alerta obligado.

La okupación en el transcurso de 2020

La okupación tuvo su principal período de protagonismo, como dijimos, apenas comenzaron las medidas contra la circulación, en el marco sanitario contra la COVID 19. Esta no es una opinión librada al azar, sino que está fundamentada en datos relevados ante la Justicia. Durante ese lapso, se ingresaron en toda España 3.446 casos y denuncias sobre okupación en el marco de la ilegalidad. Esto es, casi un 192% más que en todo 2019.

La Comunidad Autónoma líder en asuntos relacionados a la okupación en 2020 fue la de Andalucía, mientras que Cataluña la secundó con 746 casos recibidos en sedes judiciales. Este segundo puesto fue aumentando en casos, si tomamos en cuenta los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2020, con 186 demandas. Esto hizo que Cataluña se proyectara hacia 2021 tal vez como la Comunidad con mayores niveles de okupación, alcanzando en el cierre del año más del 20% del total nacional de denuncias por casas usurpadas.

El miedo a la okupación en España

En un balance promedio, se estima que 4.5 de cada 10 españoles propietarios particulares tienen a la caída de sus inquilinos en el impago de la cuota mensual y el miedo a la okupación como principales factores de preocupación. En todo caso, respecto al inquilino moroso, aflige tanto la falta de dicho ingreso como el verse obligados a iniciar los engorrosos trámites de desahucio, con el mal trago que este conlleva.

Al día de hoy, muchos siguen dando por hecho que el propietario propulsará de inmediato la denuncia por lanzamiento de un inquilino moroso, pero esto está muy lejos de la realidad. También es desacertado el concepto que dice que el inquilino apenas se vea comprometido en sus ingresos dejará de pagar la cuota mensual de alquiler.

Nadie puede regocijarse en la decisión de expulsar a una familia a la calle, sabiendo que tal vez no tenga un sitio adónde ir; por el lado de la gran mayoría de los arrendatarios, el techo lo último que se deja de pagar. Si bien existen excepciones, el decidir iniciar un desahucio o dejar de pagar la renta son situaciones extremas; y en las que pocos querrán verse inmersos.

Mafias okupas como método de operación

Las organizaciones ilegales en torno a la okupación, alcanzan niveles propios de una verdadera mafia. Se estima que a la fecha, los casos promovidos por estos grupos se suceden a una velocidad que podría llegar a los treinta y tres diarios. Estos números, sin dudas desatados, van incrementándose al continuo desde el año 2013, cuando (urgidos por la problemática emergente) los ayuntamientos y comunidades decidieron elaborar un primer informe que pudiera evaluarlos.

Lo cierto es que este movimiento que impulsa la okupación (nacido en los años 70 y proveniente de Reino Unido, Alemania y Países Bajos) ha encontrado en la pandemia un caldo de cultivo que le permitió volcar sus ideales antisistema de manera peligrosamente organizada.

Organizaciones TOP de okupas

Se considera que las denuncias iniciales de 2013, arrojaron la existencia de más de 7.700 okupaciones distribuidas casi estratégicamente, aunque en lo general en zonas donde el coste de vida no superaba el medio. No obstante, con el arribo de la pandemia COVID, en 2020, los distintos juzgados de las zonas más caras de España comenzaron a recibir denuncias desde residencias vacacionales de lujo; ubicadas en comunidades vacacionales como Málaga, Barcelona y las Islas Baleares.

La perspectiva de los datos concretos

El reciente estudio “El alquiler y su contexto normativo y de desarrollo” impulsado conjuntamente por la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler y el Salón Inmobiliario de Madrid, concluye en un informe preocupante. Según dicho estudio, en España:

  • Ocho de cada diez pequeños propietarios encuestados temen que su segunda vivienda sea okupada de forma inminente.
  • Más de ocho de cada diez propietarios temen que su arrendatario actual deje de pagar la cuota mensual del alquiler en un período cercano.
  • Más de ocho de cada diez pequeños dueños de bienes inmuebles ven con mucha preocupación el tener que comenzar con el proceso de desahucio.

Rezagados, se encuentran los propietarios temerosos de que sus inquilinos realicen destrozos materiales en perjuicio de la vivienda; se les obligue a prórrogas forzosas en el contrato; o se regularice y limite la renta por ordenanza. En este aspecto, las cifras coinciden en los cuatro de cada diez pequeños propietarios encuestados; para ellos, el ingreso proveniente de la renta representa la cobertura básica de sus necesidades hogareñas.

La futura Ley de Vivienda y el límite al alquiler

El miedo a la okupación viene acompañado de otros temores, dirigidos al límite en el coste del alquiler que incluye el preproyecto de Ley de Vivienda, aprobado en octubre por el Gobierno central. El citado informe también hace alusión a este punto, demostrando que el debate en torno al grueso paquete de medidas está lejos de cerrarse.

Según el análisis, ocho de cada diez propietarios consultados se ha manifestado en oposición a cualquier control al límite de costes en los contratos. La futura Ley de Vivienda (la primera en España desde la vuelta de la democracia) se implementará a mediados de 2024; como un factor determinante que aparentemente impulsará la oferta del alquiler. Las Cámaras de propietarios, se han expedido al respecto manifestando que más del 60% de sus afiliados tiende a suponer que la real solución a esta problemática está en el incremento del parque de vivienda público para alquiler.

El desahucio como respuesta al lento accionar de la Justicia

8.5 de diez propietarios españoles estiman que el sector inmobiliario del mercado del alquiler lograría finalmente una estabilidad si la okupación fuera resuelta rápidamente; es que el dueño de un segundo o tercer inmueble (vacíos) sabe que el sistema Judicial no lo acompaña acorde a sus expectativas y que recuperar una vivienda okupada puede demorar años.

Así, casi el 100% de los dueños de bienes encuestados apuesta por una mejora legal que logre constatar la okupación ilegal de forma efectiva; y procedan a devolverle el bien inmueble en tiempos razonables. Según estos propietarios, acelerar los procesos de lanzamiento ante la okupación colaborará sustancialmente con la futura inversión al parque del alquiler tan esperada.

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