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Hace pocos días Cataluña presentó una denuncia a la Audiencia Nacional por el índice de precios de referencia. Es importante, primero que nada, que podamos poner en contexto esta situación. Esta Comuna ha sido la primera en solicitar que muchos de sus municipios se incorporen al régimen de zonas tensionadas. Esto tiene que ver con que consideran que esta medida puede ayudar a reducir el problema habitacional que tiene dentro de su territorio.

El problema con ello, es que Cataluña denuncia que la forma en que se ha llevado a cabo el índice de precios de referencia que debe ser utilizado en su territorio no toma en cuenta los registros con que la comuna cuenta. Cabe aclarar que la Ley de vivienda estipula que deben tenerse en cuenta los parámetros comunales. De esta forma los valores que allí se fijen podrán ser más certeros y correctos.

Por ello, debemos tener en claro que no está en desacuerdo con la medida en sí, sino con la forma en la que el límite de alquileres se ha construido.

En este post te contaremos porqué Cataluña denuncia el índice de precios de referencia y cómo podría seguir este proceso.  ¿Nos acompañas?

La denuncia de Cataluña al índice de precios de referencia

La Comunidad Autónoma, hace unas semanas atrás, había iniciado los trámites necesarios para ampliar las zonas tensionadas. Es que en una primera instancia incorporó 140 de sus municipios. Luego, a mediados del mes de abril, habían solicitado sumar 131 localidades más.

Debemos recordar que, mediante la aprobación de incorporar zonas tensionadas en una comunidad, es posible delimitar el valor de los alquileres allí. De esta forma, se estipula un precio máximo y un mínimo sobre lo que en dicha localidad puede ser solicitado para la renta de una vivienda.

Pese a ello, Cataluña ha decidido presentar la denuncia ante la Audiencia Nacional al índice de precios de referencia. La Generalitat, al ser consultada por los motivos, explica que la discrepancia tiene que ver contra el sistema que se ha utilizado para efectuarlo.

Por esta razón, desde el Gobierno de la Comuna han decidido interponer un recurso en lo contencioso administrativo en contra de la resolución del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. De manera especifica, es contra el Índice Estatal de Referencia de precios para los alquileres de inmuebles. El mismo fija el monto máximo y mínimo que deberían abonar los inquilinos para los nuevos contratos de rentas que se realizaran en las localidades que se apegaran al régimen de zonas tensionadas.

Cabe aclarar que, antes de esta presentación, se había enviado un requerimiento desde el Departamento de Territorio al Ministerio. Allí se solicitaba la enmienda de la resolución por la que se reclamaba la combinación de dos sistemas. Por un lado, el sistema estatal y, por el otro, la información que la Comuna tiene sobre los precios de las rentas. Esto había sido acordado en las negociaciones realizadas antes de que se solicitara la incorporación a las zonas tensionadas de las localidades de Cataluña.

Cómo continuará la denuncia de Cataluña al índice de precios de referencia

Luego de presentar el requerimiento, en el cual le solicitaban al Ministerio la enmienda de la forma en la que se había efectuado el índice de precios de referencia, al no haber ningún tipo de respuesta, se ha presentado la denuncia por parte del Gobierno de Cataluña. Ahora la Comuna deberá esperar que la Audiencia Nacional se pronuncie al respecto. Esto se encuentra establecido en la normativa reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Pese a ello, Cataluña tendría todas las posibilidades de lograr que la denuncia al índice de precios de referencia pueda llegar a buen puerto. Esto se debe a que dentro de la normativa de la comuna se estipula que el Estado debe aplicar el índice por ámbitos territoriales. Esto significa que debe tener en cuenta a la hora de fijar los precios la información previa que existe en las comunidades autónomas. Se aclara, además, que debe intentar que la información pueda ser coordinada en la aplicación de ambos sistemas.

Esta resolución fué efectuada por el Ministerio y ha sido publicada en el BOE el 15 de marzo de este año. Mediante este cambio, se preveía  y contemplaba la creación de un sistema estatal de índices en conjunto con las Comunidades. Por ende, está explícito dentro de la redacción que el sistema estatal de índices debe ser fijado por ámbitos territoriales. Pese a ello, no se incluye ninguna aplicación territorial en este caso. Tampoco se tienen en cuenta los índices que pudieran realizar las Comunidades o el complemento de información que pudiera hacerse.

Según la Generalitat, realizar el índice de precios de referencia de esta forma vulnera la normativa estatal vigente. Es que el Real Decreto de Ley de medidas urgentes dice que en cada ámbito territorial son las Comunidades Autónomas quienes pueden definir los precios propios y adaptados a su realidad.

Problemas en la limitación de los precios

La Ley por el derecho a la vivienda estatal, establece que es posible que coexistan los índices estatales y autonómicos. Por ello, se obliga a la cooperación para poder desarrollar un índice en colaboración entre ambos sistemas.

El Departamento entiende que el Ministerio vulnera el ordenamiento jurídico. El requerimiento que había enviado la Comuna y que ahora presenta mediante un nuevo recurso contencioso administrativo solicita que se modifique la resolución por la que puedan coexistir ambos índices.

Cabe aclarar que esto se había acordado previamente entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Departamento de Territorio de Comunidad Autónoma,  aunque en la práctica no fue así.

El acuerdo definía que en el caso de que el índice de referencia de Cataluña se encuentre dentro del índice estatal, el límite de precios válido será el de la Comuna. Pero, por otro lado, cuando el índice Catalán este fuera del rango del estatal, se aplicará el rango superior o inferior estatal, dependiendo el que se encuentre más próximo al de la Generalitat.

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Hace pocos días, el Banco de España ha realizado un análisis sobre la falta de vivienda en nuestro país. En él, ha propuesto una serie de recomendaciones y pedidos al gobierno para intentar resolver este problema estructural que nos aqueja.

Algunos de los puntos que han dado a conocer, tiene que ver con que existe un déficit de aproximadamente 600.000 viviendas hasta el 2025. También recomienda incrementar el IBI y pide al gobierno que se construya más vivienda pública.

Estos datos, salen del Informe anual que realiza la entidad. En este documento se encargan de analizar los problemas que tiene el mercado residencial.

En este post te contaremos que dice en profundidad el informe y cuál es la postura del Banco de España sobre la falta de vivienda y los problemas actuales del mercado. ¿Nos acompañas?

El Banco de España y su análisis sobre la falta de vivienda en nuestro país

En el informe anual presentado por el Banco de España, se realiza un análisis debido a la falta de vivienda. Un problema estructural que lleva ya años con nosotros.

El primer punto al que hacen referencia es una crítica al límite establecido en la renta. Sobre esto, explican que, si bien puede haber un efecto inmediato y reducir el sobreesfuerzo de los ciudadanos al tener que afrontar el gasto del alquiler, podría traer nuevos problemas de acceso a la vivienda.

Esto se debe a que las mejoras de accesibilidad se concentran en hogares que tienen contratos vigentes. Por ello solo tendrían un efecto transitorio y los nuevos contratos se realizaran en base a nuevas condiciones. También consideran que este tipo de medidas suelen tener luego un efecto adverso más aún si no existen medidas estructurales que posibiliten ampliar la oferta de viviendas.

Algunas de las contras podrían ser la contracción de la oferta en aquellas áreas que hayan sido reguladas. Ante esto, muchos preferirán el paso de viviendas a alquiler de temporada o turística. Otra de las posibilidades es que se produzca un descenso de la calidad de los inmuebles debido a un mal mantenimiento de los pisos.

Otro punto al que se hace referencia, tiene que ver como la protección de los inquilinos vulnerables, puede elevar el riesgo al impago de la renta. Esto podría llevar a aumentos en los precios y reducción en la oferta de pisos para personas de bajos recursos. Como consecuencia de ello, lo que podría suceder, es que se aumente la cantidad de alquileres de habitaciones o que los contratos sean por períodos menores de tiempo. De esta forma, lo que tendrían sería el efecto contrario al deseado.

Medidas que plantea el Banco de España para solucionar la falta de vivienda

Dentro del documento presentado, desde el Banco de España platea algunas medidas que podrían ayudar a solucionar la falta de vivienda en nuestro país. Para ello, exponen la posibilidad de incrementar el pago de tributos sobre la propiedad, por ejemplo, sobre el IBI.  Por otro lado, sería necesario propiciar una reducción en el resto de los impuestos para la adquisición o producción de viviendas. De esta manera podrían evitar un exceso de tributación.

Otro de los problemas que generan la falta de oferta, tiene que ver con disminución en los incentivos para los propietarios. Tenemos que tener en cuenta que nos encontramos en un contexto en el que se produce un aumento de los costes operativos y de construcción de vivienda. Si a esto le agregamos las actualizaciones anuales que se realizan por debajo del IPC, los propietarios prefieren quitar sus propiedades del mercado de la renta. Algunos de ellos, optan por pasarse al temporal o vacacional.

El problema con estas actualizaciones y la extensión en la duración de los contratos, tiene que ver con que podría provocar que los valores iniciales a la firma del contrato sean mayores para obtener más dinero de la renta.

Respecto a los avales públicos que son gestionados por el ICO para ayudar a jóvenes y familias que no tienen ahorros y que buscan solicitar una hipoteca, el Banco de España ha opinado también.

Explican que estas políticas tienen dos condiciones que podrían limitar su efectividad. En primer lugar tiene que ver con que el mercado tiene una oferta rígida. Este tipo de políticas de apoyo que se realizan a los compradores pueden generar subidas en los precios de los inmuebles. El segundo punto tiene que ver con que existe evidencia sobre las distribuciones de renta, activos brutos y la localización de los hogares jóvenes de nuestro país, que podría verse beneficiado por estas ayudas en áreas tensionadas no será mucha. Esto sucede porque hay una elevada correlación entre la renta y la riqueza bruta que tiene como efecto que los hogares puedan acceder al crédito por no contar con el dinero para ello.  El problema es que en la mayoría de los casos, tampoco podría pagar el costo de la cuota hipotecaria.

Aumentar la cantidad de vivienda pública

El Banco de España, ha presentado una serie de recomendaciones para poder contener la falta de vivienda en nuestro país. Una de ellas tiene que ver con impulsar el parque de vivienda pública en más de un 150 por ciento la media anual de vivienda registrada. Así en los próximos 10 años, seria posible llegar a una cantidad cercana a los 1,5 millones de nuevos inmuebles para el alquiler social.

Para ello se debe lograr la colaboración entre el sector público y privado para construir este tipo de edificaciones. Es necesario profundizar las medidas como las de ayudas a la financiación para que se desarrollen y la concesión de avales para la promoción de viviendas en alquiler.

Otro de los puntos a los que se hace mención tiene que ver con la rehabilitación y cesión de viviendas. Estos puntos desde el Banco de España, entienden que será necesario impulsar para evitar la falta de viviendas. Para ello, es menester acelerar la absorción de estos fondos para que las ratios de rehabilitación puedan hacerlo. Así será posible generar distintos mecanismos e incentivos tanto para la cesión de viviendas que se encuentran vacías o de uso esporádico al sector público. De esta forma será posible destinarlas al alquiler social.

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La Generalitat presentará un nuevo requerimiento. Este parece ser un nuevo embiste que deberá afrontar la Ley de vivienda. Recordemos que hasta el momento, varias Comunidades Autónomas han presentado recursos de inconstitucionalidad y solicitudes de que sea eliminada totalmente. Cataluña, por su parte ha sido la única que ha presentado los papeles para solicitar que 140 localidades sean incorporadas dentro del régimen de zonas tensionadas. Con esta categoría se permite la limitación el los precios de los alquileres para poder controlar como evolucionan.

Pese a ello, la Consellera de Territori de la Generalitat catalana, ha informado que presentará un nuevo requerimiento contra el Gobierno Central. Esto se debe a que entienden que este índice estatal de referencia de precios para los alquileres, no cumple con las normativas en materia de vivienda y alquiler. Explican que no tiene en cuenta el índice de precios que el Ejecutivo catalán, y no únicamente el índice estatal.

En este post te contaremos todo lo que tienes que saber respecto a esta nueva batalla que deberá resolverse en los tribunales debido a que la Generalitat presentará un nuevo requerimiento por el índice de precios. ¿Nos acompañas?

La Generalitat presentará un nuevo requerimiento contra el Gobierno central

Luego de que la Generalitat haya realizado los tramites para que 140 municipios catalanes sean consideradas zonas tensionadas, presentará un nuevo requerimiento por considerar que el nuevo índice estatal de referencia de precios para los alquileres, no cumple con las normativas en materia de vivienda y renta.

Al parecer se viene un nuevo capítulo de las disconformidades de las Comunidades Autónomas con el contenido de la Ley de Vivienda. Cabe aclarar que Cataluña ha sido la única Comuna que hasta el momento ha solicitado incorporar municipios dentro de la categoría de zonas tensionadas. Esto ha sido para poder aplicar controles a las subidas de los precios en los 140 municipios en los que consideran se registran incrementos injustificados de precios.

Motivos de la Generalitat por los que presentará un nuevo requerimiento

El problema, parece encontrarse específicamente en lo que la Ley de Vivienda establece sobre la colaboración entre el Gobierno central y las Comunidades. Este trabajo en conjunto les permitiría poder considerar aspectos que la Comuna considere importantes a tener en cuenta.

La consellera de Territori, Ester Capella, explica que ellos cuentan con sistemas de referencia de precio para las rentas que han desarrollado en sus ámbitos territoriales. Con esto, es posible que puedan aportar aspectos específicos de su territorio a tener en cuenta para definir el índice de precio.

Pese a ello, este punto de la normativa no se ha tenido en cuenta. Solo se ha utilizado el índice estatal, sin hacer partícipe a la Comuna para fijar estas restricciones.

Pero esto no es todo, otro punto por lo que la Generalitat presentará un nuevo requerimiento. Esto tiene que ver con el incumplimiento de la Disposición adicional segunda. Allí se habla del sistema de índices de referencias de precios para la renta en el Real Dectreto- Ley 7/2019 del 1 de marzo, respecto a las medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

Allí se fijan que en cada uno de los ámbitos territoriales, las distintas comunidades autónomas pueden establecer y fijar su propio índice de precio de referencia que se adapte a las particularidades de ese territorio. Además se posibilita a hacerlo para poder ejercer sus competencias, definir otras políticas propias y nuevos programas públicos de vivienda que sean necesarias allí.

Teniendo en cuenta estos dos puntos, la Comunidad explica que es necesario que se puedan modificar estos índices trabajando en conjunto con el Gobierno Central. 

Qué sucederá luego de presentar el requerimiento

El nuevo requerimiento que presentará la Generalitat deberá seguir un proceso. El primero, será que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, contará con un plazo de un mes para contestar a la petición de la Conselleria de Territori. En el caso de que la respuesta sea negativa, contará con un plazo de dos meses para contestar. Legalmente puede presentar un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional.

Un detalle no menor es que en medio de todo ello, se producirán las nuevas elecciones autonómicas para el mes de mayo del corriente año. Por lo que habrá que ver de qué manera pueden darse las cosas. En el caso de que el gobierno cambie, deberá esperarse a ver cuál será la postura a tomar.

El principal problema respecto al nuevo requerimiento que presentará la Generalitat, tiene que ver con una diferencia de criterios. La primera disputa ha sido por la presentación y negociación por la cuál se pueden o no aprobar los 140  municipios que ha solicitado Cataluña ingresen como zonas tensionadas. Desde la Comunidad, solicitaban que pudieran ingresarse en el otoño pasado, pero esto no fue posible. Se debió esperar a que pasen las elecciones generales, y luego hasta el mes de febrero para tener el índice estatal de referencia.

Debido a ello es que la Generalitat presentará un nuevo requerimiento. La primera medida tomada por la Comunidad fue la de presentar alegaciones al índice que ha informado el Ministerio de Vivienda. Pese a ello, la negociación no ha llegado a buenos términos entre ambas administraciones para poder utilizar ambos índices a la vez.

Es importante que tengamos presente que el sistema estatal de referencia apara los valores de los alquileres, se encuentra basado en más de dos millones de Declaraciones de Renta. Además se utilizará como norte para la firma de nuevos contratos de grandes tenedores en las zonas tensionadas. También en los pisos en los que es la primera vez que se pongan en alquiler.

Recordemos que estos índices de precios, fijan un máximo y un mínimo de los precios que pueden solicitarse para un alquiler. Desde la Comunidad, explican que el índice que ellos han desarrollado, es mucho más exacto y tiene en cuenta particularidades propias de cada zona tensionada.

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La ciudad de Alcorcón pide ser declarada como zona tensionada dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid. Esto sucede luego que desde la Comuna hayan dejado claro que no utilizarán esta herramienta para poder limitar los valores de los alquileres.

La alcaldesa, Candelaria Testa, perteneciente al partido PSOE ha presentado un pedido oficial al gobierno de Ayuso para que sea declarada como mercado tensionado. Es que tenemos que tener presente que para ello, el trámite debe ser llevado adelante por la Comunidad de Madrid, según lo establece la Ley de vivienda. Al hacerlo, se estipula que en esa localidad, los precios de los alquileres se regularían. Esto significa que se fijarían precios mínimos y máximos.

Desde la Comuna, plantean que no utilizará este recurso ya que no aplicará límites al mercado de la vivienda. Consideran que con ello, solo se reducirá más la oferta de inmuebles. El problema parecería estar en que Alcorcón no piensa de esta manera. La considera una herramienta posible para solucionar sus problemas actuales por ello pide ser declarada zona tensionada.

En este post te contaremos todo lo que necesitas saber sobre los motivos por los que Alcorcón pide ser declarada zona tensionada. ¿Nos acompañas?

Alcorcón pide ser zona tensionada, pese a la decisión de la Comunidad de Madrid

Candelaria Testa, alcaldesa de la ciudad de Alcorcón, pide que su localidad sea declarada zona tensionada. Esto ocurre, una vez que desde la Comunidad de Madrid hayan declarado que de ninguna manera ellos utilizarán los límites que permite la normativa. Esto se debe a que no están de acuerdo con la intervención del mercado.

Desde el municipio de Alcorcón, han realizado un pedido de forma oficial a la Comuna para ello. Es que debemos recordar que para poder ser incorporada una localidad dentro de este régimen, es la Comunidad Autónoma la que debe solicitarlo.

Pero no parece que la alcaldesa quiera dejar el asunto ahí. Ella ha anunciado que en el caso de que su petición sea rechazada, buscará promover una iniciativa legislativa municipal a la Asamblea regional.

Un dato no menor, es que Alcorcón, no ha sido el único municipio que pide ser catalogado como zona tensionada. Se le ha unido a ellos Fuenlabrada y Getafe

No es el único municipio que solicitaría ingresar como zona tensionada

Un punto importante a tener en cuenta sobre los motivos por los que pise ser declarada zona tensionada Alcorcón, es lo que sucede con la oferta y la demanda del municipio. Lo primero que debemos mencionar es que es la séptima ciudad con mayor población de la región con aproximadamente 170.000 habitantes. Como dijimos anteriormente, también se han plegado a esta decisión Fuenlabrada y Getafe, dos pueblos que cuentan con una cantidad de personas que sobrepasan los 180.000.

Los municipios, para poder ser incorporados en a lista de zonas tensionadas, será necesario que la Comunidad Autónoma realice los trámites y presente la justificación.

Ahora, el balón lo tiene la Comunidad de Madrid, que cuenta con un plazo de 3 meses para contestar la petición realizada. Pese a ello, Candelaria Testa, ha advertido que en el caso de que no consiga una respuesta positiva, se encargará de promover una iniciativa legislativa municipal en el marco de la Asamblea de Madrid. Cabe aclarar que para poder dar vía libre a su propuesta deberá contar con otros dos municipios y así llevar la propuesta de ley en el marco de las iniciativas legislativas populares y también de los Ayuntamientos.

Valores de los alquileres en Alcorcón por los que pide ser declarado zona tensionada

Pero vamos a adentrarnos ahora en los precios de la vivienda en Alcorcón. A fines del mes de febrero, el precio de la vivienda en alquiler llegaba a los 11,6 euros el metro cuadrado. Teniendo en cuenta este dato, debemos decir que se ha registrado una pequeña caída del 0,4 por ciento en comparación con el mes anterior. Si vamos un poco más atrás en el tipo para el mes de febrero del 2023 con un incremento del 7,8 por ciento. Cabe aclarar que estos valores, se encuentran por debajo de otras localidades del cinturón sur de Madrid, tales como Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Las Rozas y Boardilla del Monte.

Si nos remitimos a lo que sucedía hace cinco años, el aumento de la renta media ha sido del 27,5 por ciento. En dicho momento, el precio de la vivienda para alquiler era de 9,1 euros el metro cuadrado.

Estas subidas en los precios de la renta, han sido proporcionales a la caída de la oferta de pisos. En la última parte del 2019 la cantidad de viviendas en el mercado había bajado un 26 por ciento para el fin del 2023. Incluso, si vemos lo sucedido después de la pandemia, en el año 2020 los inmuebles disponibles disminuyeron, como ha sucedido en realidad en la mayoría de los mercados. Las cifras han llegado a marcar un descenso de más de un 43 por ciento para ese año y un 8,1 por ciento para el cuarto trimestre del año siguiente.

Cómo se declaran las zonas tensionadas

Como hemos explicado anteriormente, para poder declarar una localidad como zona tensionada, será la Comunidad Autónoma quien deba solicitar por medio de la redacción de un plan específico en el que se detallen ciertos aspectos. Detallaremos a continuación que información deberá cumplimentarse:

En primer lugar deberá informarse la carga media del coste de la hipoteca o de la renta en el presupuesto personal o del grupo familiar. A ello deberá sumársele los gastos y suministros básicos y a la hora de realizar este cálculo, para considerarse una zona tensionada, deberá superar el 30 por ciento de los ingresos medios.

El segundo punto será que el valor de compra o alquiler haya sufrido en los últimos cinco años anteriores a que se los vaya a incorporar como área de mercado de vivienda tensionado, una subida en este porcentaje acumulado de al menos 3 puntos porcentuales. Este parámetro deberá ser mayor al porcentaje de crecimiento que se ha acumulado en el índice de precios de consumo en la comunidad en la que se encuentra la vivienda.

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La discusión respecto al Registro de agentes inmobiliarios continúa. Esto se debe en parte a la diferencia de criterios de cada Comunidad Autónoma entre su obligatoriedad y la voluntad del profesional o empresa de inscribirse. Hace unos días atrás, se le ha realizado una entrevista al nuevo presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias, Miguel Ángel Gómez. Durante la charla, se ha tratado el tema del Registro de Agentes Inmobiliarios.

En este contexto, ha recordado que es necesario trabajar para lograr la Formación Profesional del sector. Es que tenemos que tener en cuenta que el mercado inmobiliario representa aproximadamente el 12 por ciento del PIB, alcanzando un monto cercano a los 42.000 millones de euros.

Por ello, uno de los objetivos que se ha planteado al tomar el cargo, ha sido el de lograr mejorar la Formación profesional. Según explica, en nuestro país, se encuentran trabajando entre unas 25.000 y 30.000 inmobiliarias. Haciendo un cálculo estimativo y rápido, podríamos decir que aproximadamente unas 90.000 personas estarían trabajando en el sector. Ante esta situación, Gómez explica que es importante que quienes realizan este tipo de trabajos puedan formarse y obtener los conocimientos necesarios para poder realizar su tarea de la mejor manera.

En este post queremos contarte las razones por las cuáles el Registro de Agentes Inmobiliarios puede ayudar a profesionalizar el sector y sus alcances actuales. ¿Nos acompañas?

El Registro de agentes inmobiliarios y la profesionalización

El presidente de la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (Amadei) y de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) Miguel Ángel Gómez ha dado una entrevista, en la cuál se ha referido a la necesidad de incorporar el Registro de agentes inmobiliarios como un requisito obligatorio.

Tenemos que tener presente que el sector inmobiliario acapara un importante porcentaje del PIB alcanzando un 12 por ciento, con un total de 42.000 millones de euros. Esto, le hace pensar a Miguel Ángel Gómez, la necesidad de trabajar en dos puntos centrales. Por un lado, la Formación Profesional y, por el otro, una regulación que lo controle.

Respecto a la formación, ha expresado que se ha reunido varias veces con el Ministerio de Educación y que se encuentran trabajando en establecer la mejor forma con las que puedan acreditar las competencias y la experiencia profesional adquirida.

Por otro lado, al Registro de agentes inmobiliarios, lo primero que ha dejado en claro es que la cantidad de personas que se encuentran trabajando en el sector es bastante amplia. Se estima que en nuestro país existen entre unas 25 y 30 mil agencias.

Primero que nada, debemos dejar en claro que este Registro existe. El problema es que cada Comunidad Autónoma tiene la potestad de decidir si obliga a las agencias a documentarse allí. Por ello, el objetivo de Miguel Ángel Gómez es justamente lograr que en todo el territorio nacional, sea obligatorio la inscripción de todas las inmobiliarias. 

De qué sirve establecer la obligatoriedad del Registro de agentes inmobiliarios

En la mayor parte del territorio nacional el Registro de agentes inmobiliarios no es obligatorio sino opcional. Cataluña, Valencia y Baleares son algunas de las localidades donde se han logrado incorporarlo.

Esta diferencia entre las comunidades tiene que ver con que en materia de vivienda son ellas las que tienen la potestad de fijarlos. Tenemos que tener presente que, en las localidades donde esta tramitación es voluntaria, no se podrán proteger a los consumidores ni regular el sector inmobiliario en esas localidades.

Para la incorporación de la obligatoriedad del Registro de agentes inmobiliarios, se ha tenido que discutir durante bastante tiempo. Es que antes de ello, cualquier persona que no tuviera ningún tipo de conocimiento respecto al negocio, estaba habilitado a trabajar como agente inmobiliario, ejerciendo el oficio. Una de las trabas con las que no se ha logrado fijar la obligatoriedad de este registro, ha sido debido a que se consideraba que con ella, se frenaba la libre competencia.

En el otro lado de la vereda, se encontraban los profesionales que consideraban que este tipo de medidas podía permitir mejorar la calidad y garantías del servicio que ellos prestan. Incluso, consideraban que podría dignificar el sector, que muchas veces recibió críticas por malas prácticas llevadas adelante por ciertas agencias.

En el caso de Cataluña, por ejemplo, este Registro de agentes inmobiliarios ha sido la prueba de que puede ser una herramienta que permite la supervisión y control de los agentes que trabajan en la Comunidad. Allí, se ha logrado mejorar la transparencia y calidad del servicio que se ofrece a los consumidores. Otro punto importante es que han logrado reducir la incidencia de prácticas comerciales fraudulentas.

Consideraciones sobre la ley de vivienda

Otro de los temas a los que ha hecho alusión Miguel Ángel Gómez, ha sido sobre la ley de vivienda. Lo primero que ha dejado claro que la considera una normativa precipitada. Agrega que no se ha intentado generar un consenso entre los actores que intervienen en el sector inmobiliario. Ha dicho además que cree que se ha aprobado solo por cuestiones e interés político y electoralistas, sin tener en cuenta a los involucrados.

A la hora de hablar de las medidas que pueden ser tomadas para mejorar el estado del sector inmobiliario, ha explicado que considera necesario incentivar y promover la colaboración entre el sector público y privado. Es que nuestro país ser propietarios, es parte de nuestra cultura. Motivo por el cual es necesario poder fijar distintas fórmulas que le permitan a la población comprar viviendas.

Por todo ello, considera que, teniendo en cuenta que los bancos a la hora de financiar, entregan el 80 por ciento del monto necesario para adquirir una vivienda. Pensar en como pueda ayudar a los interesados a facilitar el 20 por ciento que no puede obtener sería muy importante.  Una de las últimas consideraciones, tiene que ver con la limitación de los precios de los alquileres. Sobre ello, opina que es muy posible que el resultado sea el opuesto. O sea que disminuya más la oferta, ya que los propietarios no cuentan con la seguridad jurídica, sobre todo con la nueva normativa.

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El Gobierno, ha logrado la tramitación exprés de esta nueva normativa, con el fin de lograr aprobarla antes del 28 de mayo. Si bien el PSOE y Podemos han expresado su intención de lograr aprobar esta nueva ley de vivienda en un plazo de tres semanas, el PP solicitó que se pueda frenar mediante una queja en la Mesa del Congreso, sin obtener resultados positivos.

En este artículo te contaremos acerca de la posición del Gobierno, cuáles son los partidos que se oponen a ella y las acciones que han tomado o piensan llevar adelante, tanto para que logre aprobarse, como para lograr frenarla. ¿Nos acompañas?

Tramitación exprés de la nueva ley de la vivienda

En el día de ayer, la comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso, ha decidido aprobar el informe de Ponencia de la Ley de vivienda. Gracias a ello, el Gobierno ha logrado dar un paso más en la tramitación exprés. Al parecer, de esta forma, podrá conseguir el objetivo de que la normativa vea la luz antes del 28 de mayo, fecha en la que se realizarían las próximas elecciones autonómicas y municipales.

Finalmente, se han efectuado cuatro enmiendas transaccionales.

Pese a los reparos y medidas que han tratado de efectuar los distintos partidos políticos que se oponen a la tramitación de la normativa de forma exprés, no se ha podido frenar. Recordemos que una de las principales críticas tenía que ver con la imposibilidad de estudiar y analizar las modificaciones que habían sido efectuadas. De esta forma, explican que es muy posible que en la nueva ley de la vivienda, se puedan hallar errores que afecten a la sociedad.

El PNV busca negociar hasta el Pleno

Según se ha informado, el PNV ha decidido abstenerse en comisión, y aclaró ser muy crítico respecto a la recentralización de facto de las políticas de vivienda e invasión de las competencias que la normativa plantea.

El Pleno, se llevará adelante el próximo jueves. Allí, intentará negociar modificaciones de medidas que consideran necesarias. Una de ellas tiene que ver con los pisos turísticos. El PSOE ha aclarado que está dispuesto a negociar sobre este aspecto.

Podemos, resalta aspectos positivos de la nueva ley de la vivienda

Según lo que ha expresado Podemos, la nueva ley de la vivienda, cumple con la Constitución. Por otro lado, agrega que se incorporará un nuevo paradigma, en el cuál la vivienda se trata como un derecho, basándose en una política pública y no económica.

Resaltan además que es la primera ley que busca establecer el derecho a la vivienda. Con ella se logrará dar cobertura y seguridad jurídica  a los propietarios.

Otro punto que han resaltado respecto a la nueva ley de la vivienda, tiene que ver con la promoción e impulso de parques públicos de vivienda pública y la prohibición de su adquisición por fondos de inversión.

Posición de PSOE y Podemos respecto a la nueva ley de la vivienda

Tanto el PSOE como Podemos, han tomado la decisión de intentar apresurar el tratamiento y tramitación de la nueva ley de la vivienda. Una vez que se ha logrado destrabar las negociaciones con ERC y Bildu harán todo lo posible para lograr la aprobación antes del inicio de la campaña a elecciones de las Comunidades Autónomas y los municipios, que recordemos será el 28 de mayo.

La pregunta que nos hacemos, es la de establecer cuál es el apuro por lograr aprobar la nueva ley de la vivienda. Una de las principales razones tiene que ver con los problemas habitacionales. Tengamos en cuenta que en los últimos tiempos, es cada vez más difícil cubrir la demanda de propiedades en alquiler, solo por citar algunas de las dificultades que se intentan resolver con ella. Por otro lado, los valores de compra y de renta de pisos, continúa aumentando, por lo que se hace cada vez más complicado acceder a una vivienda.

Queja del PP a la Mesa del Congreso

El PP ha decidido elevar a la Mesa del Congreso una queja. En ella expresan que lamentan que el tiempo establecido de la fase de ponencia haya sido tan breve. Consideran que al tener en cuenta la importancia o envergadura de la nueva ley de la vivienda, se haya mantenido solo una reunión. Destacan que es una norma que cuenta con una gran cantidad de enmiendas, y que es necesario un gran trabajo para analizar. Pese a los esfuerzos realizados, no han logrado detener la tramitación exprés.

Otro de los puntos que remarcan es que la ley, tendrá una amplia repercusión en cuanto al marco normativo, social y económico. Es que debemos tener en cuenta las subidas en los valores de los alquileres y la falta de posibilidades del sector de poder absorber la demanda.

Los partidos populares, junto al PNV, han aclarado que recibieron un documento, en el cuál se informaban enmiendas transaccionales, que modificaban a un total de cuatrocientas enmiendas parciales. Estas eran las modificaciones y acuerdos que se han efectuado entre el Gobierno, el PSOE, ERC, Podemos y Bildu. Esta información, ha llegado con muy poco tiempo para poder ser analizadas. De esta manera, es muy difícil, o incluso imposible poder realizar un estudio ni detallado ni completo de los cambios en un período tan breve de tiempo.

Esta no sería la primera vez en la que se buscar poder tramitar de forma exprés una ley. Teniendo en cuenta la importancia e impacto que esta normativa tendrá en la sociedad, muchos partidos políticos plantean el miedo de que luego de su aprobación, se encuentren errores graves que generen consecuencias sociales graves.

Protestas por la tramitación exprés

Estas acciones llevadas adelante por los partidos, con el fin de lograr una pronta tramitación de la nueva ley de la vivienda, ha generado descontento en la reunión de la ponencia.

El PP, por su parte, además de oponerse a estas acciones, ha decidido elevar una queja a la Mesa del Congreso, planteando su malestar. Pero, no han sido los únicos. Otros partidos que generalmente se alineaban con el Gobierno en las diferentes votaciones, no están de acuerdo con esto. Tanto el PNV, PDeCat y la Coalición Canaria, han dejado claro su oposición contra la decisión de tramitar la nueva ley de la vivienda de forma exprés.

En el mismo sentido, se prevé la posibilidad de solicitar, por alguno de los partidos que están en contra de la rápida tramitación de esta normativa de usar el reglamento. Esto obligaría a estirar al máximo su tramitación.

Algunos partidos políticos están analizando la posibilidad de solicitar que las enmiendas que son más de 800 deban votarse por separado. De esta forma la sesión se extendería y no podría realizarse entonces el trámite y tratamiento de la normativa de forma exprés.

Al explicar la postura, el portavoz del PNV Esteban Aitor, explica que no se busca realizar una tramitación normal o habitual de esta nueva ley de la vivienda. Aclara además, que una normativa tan importante como ésta, debería ser analizada con tiempo y no a toda prisa.

Críticas y rechazos a la nueva ley de la vivienda

Varios partidos políticos han declarado estar en contra de la tramitación exprés de esta ley. Pero éste no es el único sector en expresar su descontento. En las últimas semanas, varias asociaciones y participantes del sector inmobiliario han declarado una postura opuesta a la del Gobierno.

Algunos de los planteos tienen que ver con los siguientes puntos:

  • Explican que el tipo de medidas que se estipulan para incentivar a los propietarios a poner su vivienda en alquiler, por ejemplo, solo motivaran a los titulares a deshacerse de ellas.
  • Consideran, por otro lado, que limitar los precios de los alquileres, traerá más subidas en los precios.
  • En cuanto a las zonas tensionadas, explican que es muy posible que los propietarios de viviendas ubicadas en estas localidades, decidan desprenderse de ellas. Esto será con la intención de no perder rentabilidad, lo que llevará a una merma mayor en la cantidad de alquileres. Puede que, otros dejen de realizar el mantenimiento adecuado. De esta forma la calidad de los pisos en renta será menor, afectando igualmente al sector.

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