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Ley de vivienda

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Luego de muchos meses de negociación por parte del Gobierno para poder establecer la nueva ley de vivienda, comienzan a aparecer las críticas. Poco a poco, diferentes actores que forman parte del sector inmobiliario van expresando su posición frente a ella.

En este post, te contaremos respecto a la opinión de algunos de estos actores sobre la puesta en marcha de la nueva ley de vivienda. Cuáles son sus argumentos y lo que ellos consideran que podrían ser los efectos a futuro de su implementación. ¿Nos acompañas?

Zonas tensionadas en la nueva ley de vivienda

Dentro de la nueva ley de la vivienda, se establece la regulación de los alquileres en las zonas que se consideran tensionadas. Esto será tanto para los grandes tenedores, como los pequeños. Es importante destacar que se plantea un cambio, donde el primer grupo se considerará a partir de las 5 propiedades, y no 10 como se hacia anteriormente.

Al ser consultado Iñaki Unsain acerca de la modificación establecida para los grandes tenedores, lo considera un absoluto desastre que genera miedo. Explica que este tipo de medidas, no favorece ni incentiva el acceso al mercado de la vivienda.

¿La nueva ley de la vivienda será un error?

El director general de la ACV Gestión Inmobiliaria y Personal Shopper Inmobiliario, Iñaki Unsain, se ha expresado respecto a la nueva ley de la vivienda.

Uno de los puntos a los que hace referencia, tiene que ver con la intención de regular o limitar las subidas de los alquileres. Según se ha dado a conocer, para el transcurso del corriente año, el límite será del 2 por ciento, y para el siguiente será del 3 por ciento.

Según ha expresado Iñaki Unsain, esta limitación es desastrosa y uno de los puntos más polémicos. Considera que con esta medida, aplicando el tope a los contratos tanto nuevos como vigentes, se corre el riesgo de que se sufran aumentos excesivos en los valores de las viviendas. Aclara que con ello, los titulares de las propiedades buscarán absorber este tope del 3 por ciento en el valor inicial de la renta.

Explica que según el, es muy posible que los propietarios, decidan deshacerse de las viviendas que rentaban, para no tener que acatar la nueva ley de vivienda. De esta forma, la oferta, bajaría aun más, agravando el problema que ya existe. Debemos tener en cuenta, que de suceder esto, los más vulnerables serán los más perjudicados al no poder acceder a un piso en renta.

Por todo ello, entiende que el resultado que se obtendrán con la nueva regulación es una caída de la oferta, y por otro lado una subida de los valores de la renta. Además, es muy posible que aquellas personas que cuenten con alquileres convencionales, decidan traspasarse al turístico, si es que éste no entra en la regulación.

Rechazo de la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias a la nueva normativa

La AMADEI ha expresado públicamente su rechazo a la nueva ley de vivienda. Uno de los principales motivos, tiene que ver con que las medidas que se han tomado, anteriormente sobre las restricciones de la renta. Siempre han tenido un resultado nocivo que terminan perjudicando a un sector muy amplio, incluso, mucho mayor que el que se verá beneficiado.

Considera además que aún son varios los aspectos que falta terminar de establecer. Uno de ellos, tiene que ver con el índice que se utilizará para actualizar los alquileres luego del 2025.

Otro punto al que se refiere, tiene que ver con las Comunidades Autónomas que decían rehusarse a aplicar la nueva ley de vivienda.  Advierte que también puede existir un conflicto entre los ayuntamientos y comunidades a la hora de definir cuales serán las zonas que se considerarán en tensión.

Una aclaración que ha expresado también, es respecto a las agencias. Aclara que no siempre los arrendadores son los que se configuran como clientes de ellas. Por lo tanto, la ley no debería establecer el pago de sus honorarios siempre al arrendador. Muchas personas interesadas en adquirir una vivienda en alquiler se acercan a las inmobiliarias que se encargan de conseguir una propiedad con las características solicitadas. Aunque, también, muchos de sus clientes son propietarios.

Debido a ello, es que AMADEI se encarga de denunciar que esta nueva ley de vivienda acabará perjudicando y deteriorando un mercado. Allí, recordemos es el lugar en el que se opera diariamente, y se busca promover el dinamismo para permitir el acceso a la mayor cantidad de gente que necesita orientación en la adquisición o renta de una vivienda.

Consecuencias de la nueva ley de vivienda según AMADEI

Según han explicado, el hecho de regular los precios de los alquileres, tendrá diferentes efectos negativos:

  • Al efectuar esta restricción, la oferta de propiedades para la renta se verá contraída y reducida entre un 15 y un 30 por ciento. Esto sucede, porque con este tipo de medidas, lo que se promueve es una inseguridad jurídica para el titular. Además, disminuye la rentabilidad y los llevará a desistir de alquilarla, incluso prefiriendo que se mantengan vacías.
  • Por otro lado, aquellos pisos rentados de costes menores en las localidades tensionadas, tenderán a aumentar hasta llegar a los valores máximos que se estipulan por ley, encareciéndolos.
  • Otro de los peligros que denuncia, es que ante las medidas del gobierno, se generen mercados fraudulentos, que permitan sortear las limitaciones que esta nueva ley de vivienda quiere establecer.
  • Otra opción para estos propietarios, puede ser que decidan utilizarlas para renta temporal o turísticamente. Hay que tener en cuenta que puede propiciar una subida en los valores de los pisos que se encuentren por fuera a las áreas determinadas como en tensión.
  • Aquellos propietarios que vean que su rentabilidad se ve limitada, tenderán a replantearse la posibilidad de continuar alquilando. Así muchos de ellos se desentenderán de la conservación de las viviendas, empobreciendo la calidad de ellas.
  • Pero esto no es todo. Los precios de los inmuebles en venta, incrementarán su valor en aquellas zonas que no se consideren tensionadas, lo que puede llevar a una aceleración en la transferencia de viviendas a familias con altos ingresos e inversores extranjeros que cuentan con recursos económicos para adquirir nuevas viviendas.

Si te has quedado con alguna duda, te invitamos a que nos dejes tu comentario al finalizar el artículo. Desde Oi Real Estate te responderemos a la brevedad. Dejamos a continuación otro artículo que puede ser de tu interés:

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En el marco del debate que aún continúa por la Ley de Vivienda y su aplicación, el Gobierno nacional anunció esta semana que destinará 50.000 viviendas de la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), al mercado del alquiler asequible. Esto ha generado tanto apoyo como controversias, ya que por un lado se reconoce la gran crisis que hay en torno a la accesibilidad a la vivienda -y en especial, a la vivienda social-, y por otro lado se lee el oportunismo en tiempos de campaña electoral. Sin que en realidad ambas miradas sean excluyentes, repasamos a continuación qué es la SAREB y por qué cobra relevancia en este momento.

Cómo funciona la SAREB

La SAREB se constituyó tras la crisis financiera de 2008, como parte de una solución posible acordada entre las autoridades nacionales y europeas para “salvar” a las entidades bancarias más afectadas. Pocos años después, en 2012, compró a los bancos rescatados casi 200.000 activos “problemáticos”, entre préstamos a promotores e inmuebles, logrando asentar de tal manera su presencia en el sistema financiero del país.

Al tener la posibilidad de comprar a bajo costo esos activos, y el aval del Estado para generar determinadas deudas, la SAREB se convirtió en un importante instrumento de reconversión de deudas no sólo para el ámbito privado sino también para el público.

En el ámbito inmobiliario, los ingresos que siguen moviendo la rueda provienen de la venta de inmuebles, la ejecución o finalización de promociones y la firma de acuerdos de colaboración con las administraciones para la cesión y venta de vivienda social.

Como contraprestación (de alguna manera), el organismo viene desarrollando hace una década políticas de alquiler asequible para los sectores vulnerables. El año pasado, al tomar el Estado el total control de la sociedad, el Gobierno se garantizó contar con este fondo como instrumento de financiamiento para las medidas que acordara el partido.

Por qué la SAREB es noticia

Recientemente el Gobierno anunció que habilitará 50.000 viviendas gestionadas por la SAREB para su uso por vía de alquileres asequibles. Al ser una política nacional, se esperaba que la distribución de tal oferta fuera equitativa, pero están distribuidas en trece comunidades autónomas. Entre ellas, las más favorecidas resultaron ser Cataluña, la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Extremadura.

En concreto, la medida indica que se pondrán a disposición de municipios y comunidades autónomas 21.000 viviendas, mientras que se impulsará el alquiler social de otras 14.000 ya habitadas. Sumado a esto, se promoverá la construcción de hasta 15.000 viviendas públicas en suelos disponibles de la Sociedad.

¿Medida efectiva u oportunismo electoral?

En el marco del debate aún candente por la Ley de Vivienda, la necesidad de financiamiento para la compra de una casa y las críticas por el bajo nivel de oferta en vivienda social, esta medida fue tan bienvenida como criticada.

Cierto es que la escasez o dificultad en el acceso a la vivienda no es sólo causa de políticas aletargadas o insuficientes, sino de contextos económicos que empeoran la situación. La subida de los precios -de cuyas causas se ha hablado incansablemente en el último año-, no ayuda a contener una demanda que además, crece tanto como la población. Dicho aumento es evidente tanto en los valores de venta como en los de alquiler, con lo cual la problemática es injerencia de prácticamente todos los ciudadanos.

No obstante esto, en lo que respecta al anuncio realizado, hay también críticas de índole general, con la mirada puesta en el largo plazo. Por ejemplo, se remarca el hecho de que la oferta de viviendas destinadas al alquiler social es actualmente de 300.000 pisos, cuando la media europea es de 1.500.000. Esta última cifra representa además, la mitad de lo que requeriría España para contener la demanda, según denuncian algunos expertos.

¿Quién habla en nombre de los que más necesitan?

Si el contexto económico es complicado y la planificación resulta insuficiente, no sorprende que cada aporte al tema de la vivienda tome lugar en la portada de los diarios. Recordemos que recientemente, entre otras medidas vinculadas a la problemática de la vivienda, el Gobierno limitó el precio del alquiler en las zonas más tensionadas, lo que generó también ciertas rispideces en algunos sectores de la sociedad.

Esta sumatoria de medidas en tiempos electorales es lo que pone en tensión cada propuesta que tienda a revisar la situación residencial y sus carencias en el país. Así, lo que podría derivar en una deseable solución a largo plazo se convierte, muchas veces, en una discusión partidaria que poco ayuda a quienes más lo necesitan.

¿Qué crees de esta medida? Comparte tu opinión en la parte de comentarios de esta nota. Y no olvides que si quieres conocer más sobre opciones para vivienda en España, tienes mucha información a disposición en el sitio de Oi Real Estate.

Lee más sobre la actualidad inmobiliaria en la siguiente nota:

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En este post te contaremos todas las novedades referidas a la Ley de vivienda 2023. Te brindaremos todas las novedades respecto a esta normativa y el estado en el que se encuentra. Detallaremos además, cuál es la finalidad de su implementación y que beneficios intenta alcanzar. ¿Nos acompañas?

La Ley de vivienda 2023: para que se implementa

Lo primero que debemos analizar respecto a la Ley de vivienda 2023 tiene que ver con la razón por la cuál se establece. Explican que este proyecto fue pensando en la necesidad de establecer  cierto orden en el sector inmobiliario respecto al derecho de habitación.

Debemos tener presente que esta normativa reconoce las competencias de cada una de las Comunidades Autónomas respecto a los hogares. Por otro lado, el Gobierno se ha comprometido con ellas a brindarles las herramientas que ayuden a controlar la correcta aplicación de dichas normas.

En el día de ayer, se ha logrado llegar a un acuerdo con el ERC y el Bildu para poder aprobar la sanción de esta ley, luego de más de dos años de negociaciones. Gracias a ello, la tramitación podrá realizarse en las próximas semanas. Uno de los aspectos que más discrepancia han generado tiene que ver con la utilización del IPC para realizar la actualización anual de los contratos de alquiler. Otro ha tenido que ver con la fijación de un valor máximo en las subidas anuales.

Desde el Gobierno, han festejado el acuerdo ya que será la primera vez en la historia de nuestro país que se llevará adelante una ley de vivienda, con la que se pueda garantizar el derecho a la misma y lograr detener a quienes quieran especular con ellas. 

Informe del Poder Judicial respecto a la Ley de Vivienda 2023

Respecto a la ley de Vivienda 2023, el Poder judicial presentó el informe con el fin de establecer si es posible ponerla en marcha. Los aspectos más relevantes han sido:

Se realiza en el informe una crítica respecto a la intención de controlar los precios de los alquileres, ya que entiende que puede ser constitucionalmente delicado al enfrentar de alguna manera el derecho a la propiedad privada y la función social del inmueble.

Explica que, es confuso el contenido respecto al control de precios y le solicita además evidencia que pueda demostrar que será efectiva.

Por último, aclara que si bien el Gobierno tiene competencia en vivienda, no podría ordenar por completo ésta área ni duplicar o variar de contenido las atribuciones que le pertenecen a las Comunidades Autónomas.

Qué cambios implica la nueva Ley de viviendas 2023

Como dijimos anteriormente con esta nueva normativa se busca regular, por ejemplo los precios en los contratos de alquiler de viviendas. Esto servirá principalmente en las zonas donde el mercado se encuentre tensionado. Por otro lado, incorpora un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles del 150 por ciento para las propiedades que se encuentren vacías. Además, se estipula la incorporación de un bono de 250 euros mensuales destinados a ayudar a los jóvenes que quieren independizarse pero no cuentan con los recursos económicos suficientes.

Pero veamos cada parte con más detalle:

Grandes  propietarios

Una de las novedades que trae la  Ley de vivienda 2023, se refiere a los grandes propietarios. Primero que nada, debemos aclarar que se consideraran de esta forma a quienes tengan más de diez viviendas a su nombre o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. A partir del momento en que esta normativa entre en vigencia, deberán adaptar el valor de los alquileres al índice de referencia que se establece en la zona en que la vivienda se encuentre emplazada. Si se halla en lugares donde exista tensión en el mercado deberá limitar el coste al valor del anterior contrato.

 Pisos vacíos

Como decíamos anteriormente, una de las medidas que incorpora esta norma, tiene que ver con el impuesto a los pisos vacíos. Debemos tener presente que en los últimos tiempos, la cantidad de viviendas en alquiler se ha visto reducida. Con esta medida se busca incentivar a los propietarios a alquilar aquellas viviendas que no estén habitadas. Para ello han determinado un Impuesto de Bienes Inmuebles especial para aquellas que permanezcan ociosas. El mismo será de hasta un 150 por ciento dependiendo del caso aunque pueden existir excepciones.

Esto significa que para aquellos propietarios que cuenten con más de cuatro viviendas en el mismo municipio, que hayan permanecido ociosas durante más de dos años, el Gobierno permite que las Comunidades aumenten el IBI hasta ese 150 por ciento.

Zonas tensionadas

Otra de las medidas que comenzará a regir tienen que ver con la regulación de los valores para los alquileres de viviendas en las zonas tensionadas.

Para ello, el Estado y las Comunidades Autónomas, deberán analizar el mercado para determinar, según esas condiciones, cuáles son las localidades o barrios que sufran esta situación.

Luego de haber declarado cuáles son, se estipula una duración mínima de tres años que puede ser prorrogable. Esto se estipula para poder evitar que los importes de los alquileres no tengan subidas rápidamente. Agregan además, que el coste promedio deberá corresponder al 30 por ciento de los ingresos medios de los habitantes del piso.

Aumento de alquileres

Otro punto importante que viene a establecer la Ley de viviendas 2023, tiene que ver con un máximo permitido de aumento para los alquileres. Los diferentes partidos políticos parecen haber logrado un acuerdo en cuanto este punto. Gracias a esta negociación, se establece que la subida puede ser como máximo de un 2 por ciento para lo que resta del año y para el 2024 se ha pautado un límite del 3 por ciento.

Han aclarado también, que para el futuro se espera poder crear un nuevo índice específico que pueda ser más estable e inferior al índice de Precios de Consumo. Mediante este nuevo indicador, se regularán los porcentajes máximos de subidas para actualizar anualmente los contratos de alquiler.

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La inminente aprobación de Ley de Vivienda en España sigue su curso a pesar de los argumentos a favor y en contra de ella. El accidentado camino hacia su aplicación, que lleva dos años desde que fue presentada como idea, no deja de marcar tensiones y dudas. No obstante, las autoridades creen que será posible su completa aprobación en los próximos meses, a pesar del contexto adverso para las inversiones inmobiliarias.

En este post repasamos las expectativas de quienes impulsan esta Ley en un debate que, aún con su aplicación, está lejos de cerrarse pronto.

Algunos puntos en debate de la Ley de Vivienda en España

Recordemos que entre los puntos más discutidos de la propuesta de Ley existen algunos cuyos efectos el sector inmobiliario teme que sean contraproducentes. Específicamente, el planteo es que determinados ítems vinculados a la regulación de precios y capitales terminen penalizando indiscriminadamente a potenciales inversores y resistiendo el mercado.

Uno de ellos es el control de precios de los alquileres en determinadas zonas catalogadas como tensionadas. Esto pone el foco en aquellos lugares en donde el alquiler de las viviendas supera el 30% de los ingresos de las personas. Pero también se suman a este criterio las zonas en donde la renta haya aumentado un 5% más que el IPC en los últimos cinco años. Claramente, este punto está en pleno diálogo con las CCAA en donde se ha generado un cuello de botella entre la oferta y la demanda. Dicho de otra manera: lo que busca la Ley aquí es intervenir en la dinámica del mercado y eso genera tensiones. No obstante, esto también significa un potencial beneficio a los potenciales inquilinos. En definitiva, la idea es que, mayormente en las ciudades más pobladas, se otorguen bonificaciones en el IRPF de quienes bajen los precios.

Un segundo punto de inflexión es el aumento en el Impuesto de los Bienes Inmuebles a las viviendas vacías. Tales subas podrán ser de hasta el 150% si la vivienda tiene más de dos años sin uso. También es objeto de este incremento aquel propietario que tenga cuatro propiedades más en el municipio, lo que para algunos penaliza a quienes viven de la renta.

Un tercer punto, busca beneficiar a los más desfavorecidos, pero con una norma que genera más dudas en cuanto a su aplicación que como principio. Se refiera al ítem de la propuesta que habilita a los Juzgados a suspender los desahucios por impagos de las familias en situación de vulnerabilidad. El problema allí, se avisora con respecto a la compensación y discriminación de la situación en cada caso particular, para que efectivamente la medida sea justa.

Finalmente, y sólo a modo de repaso general, la Ley de Vivienda prohíbe vender patrimonio público residencial en España. Aquí también se busca proteger la vivienda social con beneficios fiscales a quienes bajen los alquileres. No obstante, el punto más discutido es la obligatoriedad de reservar un 30% de las obras nuevas construidas a viviendas sociales. Allí, nuevamente, la potencial baja en la rentabilidad desalienta la construcción, según indican expertos en el mercado inmobiliario.

Expectativas de las autoridades

El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David de Lucas, aseguró esta semana que la Ley de Vivienda tendrá su aprobación en los próximos meses. Según argumentó en el marco de la Jornada Inmobiliaria organizada por Europa Press y Deloitte, “somos conscientes de que es una ley compleja, pero muy necesaria”. Aunque reconoce el camino accidentado que viene teniendo la misma, el mandatario urge a su pronta aprobación. Según indica, “es la primera ley que regula el mercado de la vivienda, abordando problemas muy complejos para el sector”. Refiere, sobre todo, a los problemas que se le presentan al Estado respecto a la demanda habitacional en determinadas zonas del país.

En la misma Jornada, el socio responsable de ‘real estate’ de Deloitte, Alberto Valls, ha indicado que “gestionar en el actual contexto económico, donde no hay un trimestre tranquilo, no es fácil”.

Los expertos, en general, apuntan sin embargo a que la situación económica puede también jugar a favor del sector. Esto se daría por el cambio de estrategia de los potenciales inversores, que ante un mercado monetario adverso o inestable, se vuelque a comprar viviendas.

Ley de vivienda en España

El acceso a la vivienda para los sectores vulnerables

Está claro que la situación general del mercado inmobiliario no es sólo asunto de inversores privados o particulares. Al contrario, es un tema de gran interés público para el Estado y las CCAA. En particular, se espera que se ocupen de medidas que puedan beneficiar a quienes tienen menor capacidad de ahorro, sean familias o jóvenes que recién ingeresan al mercado laboral. Para ellos, el promedio del 35% del sueldo que debe invertir para conseguir un alquiler, dificulta mucho su acceso. Allí es donde el problema es menos económico que financiero: aún si las rentas no son excesivamente altas, los ingresos son muy bajos.

Con la Ley casi pronta a salir, hay aún muchas inquietudes respecto de su aplicación y efectos positivos en la práctica. Habrá que seguir analizando, entonces, desde los distintos sectores, cómo se equilibran las tensiones y cómo se solucionan los problemas de vivienda en España.

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Gracias a la seguridad jurídica podemos tener la confianza de que la ley resguarda nuestros derechos en su ejercicio, además de regular las normas sociales. Dentro del mercado inmobiliario se refiere a la garantía de la defensa de derechos de inversión propiedad y todo lo relacionado a tener un inmueble.

Sin embargo, a partir de la nueva Ley de Vivienda, muchos expertos en este contexto aseguran que se está dañando la seguridad de los inversionistas. Con esto, se debilitará el mercado inmobiliario interno, porque los inversores extranjeros pueden perder le interés en apostar por invertir en propiedades dentro del país.

La nueva Ley de Vivienda en España y sus características

Este Ley fue aprobada el 1 de febrero de 2022 y contiene una serie de modificaciones referentes al alquiler, la propiedad mobiliaria y los desahucios. Tiene como propósito mejorar las condiciones de vivienda de personas que se encuentra en situación vulnerable y tienen dificultades para tener un lugar dónde vivir.

A pesar de esto, también tiene muchas limitaciones para los propietarios, ya que ha incrementado los impuestos en muchos aspectos, además de límites de alquiler. Por esto los expertos aseguran que se daña la seguridad jurídica del mercado y hace que los inversionistas extranjeros pierdan interés en propiedades del país.

El primer elemento a resaltar es que cada obra nueva tiene que reservar una parte que será destinada al alquiler público y el alquiler social. Es decir, que el 30% de los pisos o viviendas de la obra están destinadas a personas que tienen limitaciones de ingresos para los pagos.

Por otra parte, los pequeños propietarios tendrán incentivos fiscales, donde recibirán descuentos y ventajas a nivel de impuestos para que sigan invirtiendo en las viviendas. También recibirán bonificaciones quienes alquilen su propia casa, reciban por primera vez a menores de 35 años y estén ubicados en las llamadas áreas tensionadas.

seguridad jurídica

Las personas que tengan propiedades que estén vacías deben pagar más impuestos, con el fin de que haya más posibilidades de alquiler para quienes necesiten. Es una forma de evitar que los propietarios tengan viviendas retenidas y así permitir un mayor flujo de inmuebles y diversas propiedades dentro del mercado.

Y para las personas que sean grandes propietarios, tendrán limitaciones de alquiler por cada vivienda, para aumentar la calidad de vida de las personas alquiladas. Todo será regulado por cada región y comunidad autónoma, a través de sus respectivos ayuntamientos, donde evaluarán las zonas con alta demanda y limitarán precios.

¿Por qué la seguridad jurídica se rompe con la nueva ley?

Según los expertos, la seguridad jurídica es un elemento muy importante dentro del mercado inmobiliario para atraer a inversores extranjeros y mejorar la economía nacional. También explican que ahora es el mejor momento para invertir en una vivienda, ya que es accesible y cuenta con todas las características sostenibles necesarias.

Consideran que hay que generar una estabilidad jurídica para que las inversiones se mantengan en pie y sea un contexto atractivo para los grandes empresarios. Cuando no existe este tipo de estabilidad, los inversores extranjeros pierden el interés y prefieren colocar su capital en otros países o mercados más rentables.

En este sentido, muestran su rechazo a la nueva ley de vivienda, manifestando que los cambios no generan ningún avance en el mercado inmobiliario español. También expresan que en el momento de la formulación de la ley no se tomaron en cuenta a todos los inversionistas que construyen las viviendas.

Por otro lado, muestran su preocupación en que la ley va en dirección contraria a las mejoras que se quieren lograr para el bienestar general. En ella se habla de muchas acciones a tomar, pero ninguna tiene una ejecución concreta, por lo que no se está consiguiendo un logro específico.

seguridad jurídica

La mayor razón del rechazo es que se está viviendo una fuerte incertidumbre de la situación económica del país y más en el contexto mobiliario. Por lo tanto, no hay un sistema jurídico fuerte que garantice los derechos de los propietarios, además de que no hay una estabilidad legal importante.

Hacen énfasis en el ajuste monetario del país, lo que sin duda llevará a un ajuste de rentas que puede afectar los ingresos del titular. De todas formas, se espera ver cómo avanzará la situación en los próximos meses para tener una conclusión de la ejecución de la nueva ley.

Opciones para mantener la seguridad jurídica en el inmueble

La inflación es otro de los factores que generan preocupación entre los expertos, que creían que sería un fenómeno de corta duración en el país. Y esto ha llevado que la inversión en viviendas sea una forma de resguardar el dinero, a través de los activos que tienen buen valor.

Sin embargo, la demanda de viviendas se ha mantenido constante, por lo que las personas saben cómo se comporta el mercado en los últimos tiempos. Y, al igual que otros hechos relacionados al tema de inmuebles, es importante seguir evaluando la situación para esperar cualquier cambio que cambie el rumbo.

Hay muchos ejemplos en el país que pueden servir como una guía para las personas que tienen como meta invertir en nuevas viviendas o propiedades. La visión es conseguir ingresos a largo plazo, y así garantizar una calidad de vida estable para todas las personas que están en el proceso.

Aun así, como explicamos antes, es importante esperar qué nueva realidad traerá la nueva ley consigo y qué opciones se tienen para enfrentar los desafíos. Los expertos mencionan que la mejor opción es comprar viviendas ahora, ya que están a los mejores precios posibles y hay mucha demanda para propiedades.

Es aconsejable que se cuente con la ayuda de asesores del mercado para que se conozca de forma profesional cómo actuar al comprar una vivienda. Así se evitan errores y se puede tener mejor conocimiento cómo proteger la seguridad jurídica de cada uno de los inmuebles adquiridos y su alquiler.

Te invitamos dejar tus comentarios y visites nuestro blog OiRealEstate. Y te dejamos una nota sobre noticias del mercado inmobiliario:

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Acercándonos a los seis meses de su anuncio, en el marco del mega paquete de medidas que conforman la futura Ley de vivienda, el bono joven aún pertenece al plano de las promesas. Las comunidades autónomas con más gruesos presupuestos, como Madrid y Andalucía, han criticado recientemente la lentitud del Estado en poner a rodar este punto clave de la Ley; a la vez que alzaron su voz a través de sus principales autoridades para comunicar la falta de fondos transferidos en pos de esta ayuda. En este artículo de Oi Real Estate, veremos la situación del bono joven para el alquiler ya cercanos al promedio de este 2022 plagado de incertidumbre respecto a la problemática del acceso a la primera vivienda. Te invitamos a continuar leyendo para conocer mucho más.

A seis meses de los primeros anuncios

La promesa del bono joven para el alquiler surgió en octubre 2021, apenas asomando la cabeza fuera del agua respecto a la pandemia COVID 19; y como una salida luminosa a la problemática del acceso a la vivienda en el complicado mercado de alquiler. Estos días se está cumpliendo un semestre completo desde los anuncios oficiales que perfilaban a esta ayuda al joven por parte del Estado, sin que las comunidades autónomas tengan noticia o vean sus arcas preparadas para ejecutar las primeras bonificaciones.

Repasemos los requisitos para el acceso al bono joven para el alquiler, limitándonos a seguir letra a letra el texto aprobado de la ley (la primera desde la vuelta de la democracia en España). Se prevé que todo inquilino entre los 18 y los 35 años de edad podrá solicitar el bono joven, por tanto se mantenga a régimen de una gama de condiciones, sencillas de entender.

El bono joven para el alquiler: requisitos

De momento, para obtener la ayuda estatal considerada en un límite de los 250 euros al mes durante un período máximo de dos años, el inquilino deberá contar con un contrato de alquiler y uno de trabajo. Dichos contratos, no deberán superar ingresos al triple del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (el Iprem), en un tope de 24.138 euros al año.

A su vez, se deberá acreditar fehacientemente que el joven vive en condición de inquilino, figurando con nombre y apellido en dichos contratos; constando también su empadronamiento en el mismo domicilio (su documento de identidad deberá estar actualizado y coincidir la dirección figurada con el domicilio del contrato de alquiler y de trabajo).

Tope de la renta

Por otra parte, se fijó un límite en la cuota mensual de la renta de 600 euros en unidades completas de vivienda (si hablamos de casas o apartamentos) y de 300 euros en el caso del alquiler de habitación (lo que puede incluir alquiler estudiantil, etc.).

En este sentido, la ley de vivienda habilita la posibilidad de incrementar dicho tope hasta los 900 y 450 euros respectivamente, si la zona de residencia habitual fuera declarada como “zona tensionada”. Voces autorizadas del Gobierno dejaron entrever que estas últimas cifras tope podrían ampliarse aún más, según el caso.

Situación del bono joven para el alquiler

La situación del bono joven para el alquiler sigue siendo un misterio para las oficinas de las comunidades autónomas, incluso para las de mayor incidencia en el mercado, como Madrid o Valencia. Si bien se anunció durante la última semana que el Gobierno estaría listo para la transferencia de los primeros fondos, consultadas dichas autoridades señalan que al día de hoy no se tienen novedades al respecto. Las cifras estipuladas son un hecho y se perciben cuantiosas. Sobre un presupuesto total de 400 millones de euros, la comunidad de Valencia lidera el destino de fondos con 68.4 millones; le sigue la comunidad de Madrid que contará con 63.6 millones; y tercera en el podio encontramos a Cataluña con un volumen de 58 millones de euros (el 15% del global).

El proyecto del Gobierno y la distribución de fondos

El Gobierno ha anunciado tener dispuesta una planificación definida respecto a la distribución de los fondos como parte importante del presupuesto general. Se prevé que dichas transferencias se dividan y repartan en dos partes similares a cada comunidad durante dos años consecutivos. La primera de las dos porciones será transferida durante este año 2022 (sin una fecha apuntada); la segunda en algún momento de 2023.

Por tanto, se espera que Cataluña reciba los primeros 29 millones de euros de forma inminente; y correpondientes al primer período. Más tarde, ya en 2023 recibirá la segunda mitad del presupuesto apartado para el bono joven con miras a cerrar la medida redactada y aprobada por el consejo de ministros en la ley.

Según la ministra Portavoz

Para el Gobierno, el bono joven para el alquiler fue el “gancho” si se quiere más comercial para introducir detrás todo un paquete de medidas confluyentes en la ley de vivienda; una autobomba dispuesta a solucionar y a bajarle la temperatura al drama del acceso al alquiler como consecuencia al daño económico sufrido por el impacto de la pandemia COVID 19.

Recordamos que, apenas anunciado el bono, la ministra Portavoz expresó la idea de todo el Gobierno respecto a la importancia de esta medida de ayuda.

Se trata de una medida que dignifica la vida de las personas. Queremos que nuestros jóvenes se emancipen a edades razonables que permitan desarrollar proyectos vitales como la maternidad o sencillamente, una vida independiente.

Isabel Rodríguez – Ministra Portavoz

El bono joven entró en vigor de manera oficial recién el 18 de enero del corriente a nivel nacional. A más de tres meses de su implementación oficial, y con decenas de miles de postulados esperando, las arcas de las comunidades autónomas permanecen vacías y en espera.

¿Cuál es tu opinión sobre la situación del bono joven para el alquiler? Nos encantaría conocerla en la bandeja de entradas.

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Viviendas

La Ley de Vivienda impulsada por el gobierno comienza a mostrar sus efectos. La próxima puesta en marcha del mega paquete de medidas destinado a regular el mercado de las viviendas ofrecidas en alquiler, según distintos organismos encargados de monitorear el comportamiento del sector inmobiliario, está provocando en muchos casos una consecuencia opuesta a su meta original. En el arduo debate en agenda pública al que se vio sometido el proyecto, sostenido durante el último semestre 2021 (de alcance acotado por la imposición opcional de su ejecución, a expensas de la decisión de las autoridades de cada ayuntamiento), estos resultados a corto plazo fueron previstos por varias de las principales voces expertas en el mercado español. En este artículo de Oi Real Estate, veremos el impacto medible ya finalizando el primer cuatrimestre 2022 en el presente y futuro del mercado de alquiler. Te invitamos a leer para conocer mucho más.

El retiro de la vivienda de alquiler

La Ley de vivienda presenta, durante el último semestre (si consideramos los últimos tres meses de 2021 y los primeros tres de 2022) un impacto ciertamente negativo en el mercado de la vivienda española ofrecido al alquiler. Según autoridades de FAI (Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias) el Gobierno de Pedro Sánchez es el principal responsable de que más del 15.5% de las propiedades en oferta de alquiler se retiren del circuito; como consecuencia directa del texto aprobado por el Consejo de Ministros y que atañe a la futura Ley de Vivienda (la primera desde la vuelta de la democracia).

En este resultado, absolutamente comprobable y medible, podremos también incluir el impacto en el sector inmobiliario a nivel regional europeo; como rebote del conflicto bélico y la invasión rusa a Ucrania. Sin embargo, se estipula que es la Ley de Vivienda (a pesar de que muchas de sus medidas aún no hayan sido aprobadas y puestas en vigor) la que empuja mayoritariamente a los propietarios a retirar del mercado sus bienes inmuebles. Consultados al respecto por cada organismo encargado de defender los derechos de propietarios a lo largo y ancho del país, el paquete de medidas fue recibido en general como intervencionista, frágil a derecho y fundamentalmente como una invasiva a la propiedad privada sin precedentes.

Según FAI

Para comprender a sus anchas esta problemática de difícil solución, solo habrá que remitirse a los informes de la FAI. Según las voces autorizadas desde el seno del organismo, la regulación de estas medidas estatales no podía tener otra consecuencia que la actual. Por ejemplo, en Cataluña (región en la que ya se encuentra en vigor la regulación, con el fin de evitar la disparada de precios de alquiler), el desmoronamiento del mercado de arrendamiento supera en muchas localidades incluso el 20% ¿Podrían estos índices considerarse como alarmantes; teniendo en cuenta que factores externos como el conflicto bélico en Ucrania no parece tener un horizonte de resolución positiva a corto plazo?

En este sentido, existe también una advertencia sobre la morosidad en los pagos de los contratos de alquiler. Se espera que esta acción poco deseada tanto por inquilinos como por propietarios colabore y profundice la problemática del retiro de vivienda y complique aun más el futuro del mercado de alquiler español.

El comunicado de FAI

Desde un contundente comunicado reciente que reúne respuestas a decenas de consultas, FAI se expresó al respecto, aludiendo que…

FAI alerta que el importante aumento de la morosidad en el mercado del alquiler, ya observado, unido al tiempo necesario actualmente para recuperar la posesión de un inmueble en caso de impago, amenazan con provocar una reducción extraordinaria de la oferta en alquiler.

Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias

El control de precios ¿encarece el alquiler?

Los interrogantes acerca del impacto de cualquier medida regulatoria sobre precios que debería regular el mercado inmobiliario por sí mismo se responden solos. Los datos relevados a través de las publicaciones de los más prestigiosos sitios de compraventa, alquiler y consulta en España, arrojan evidencias sorprendentes. Según Fotocasa, por citar solo uno, el coste del alquiler en ciudades sobre demandadas como Barcelona sufre un incremento interanual que supera el 11.5%. Sus promotores, afirman que este aumento está directamente relacionado al retiro de unidades del parque de oferta.

Si observamos en cambio los datos tomados en el mismo lapso de doce meses en la otra ciudad pico de demanda, Madrid; veremos que la comparativa presenta resultados opuestos. En la ciudad capital de España, metrópoli en la que no existe regulación al precio del alquiler, el incremento en dicho coste escaló apenas un 3.2%. Si tenemos en cuenta que la demanda en Barcelona y Madrid son equiparables, concluiremos que tal vez la regulación al precio por parte del estado mediante la Ley de Vivienda esté dando frutos magros y puntualmente contrarios a los esperados por sus creadores.

El futuro del mercado de alquiler

Cercano a lo que pudo suponerse, el futuro del mercado de alquiler en España se encuentra inmerso en una vorágine de incertidumbre. La influencia de la Ley de Vivienda se considera como “mínima”; dado que su aplicación quedará librada a la voluntad política según la comunidad autónoma. A pesar de ello, y sin olvidarnos del incremento inflacionario actual (creciente y cercano al 10% interanual según mediciones de marzo), los resultados en las regiones que le han dado curso tienden a mostrar un impacto similar al de una medida obligatoria y a todas luces “intervencionista”.

Los más pesimistas, en este sentido, argumentan que la disparada sin control del precio, evidenciada en ciudades como Barcelona; podría dar lugar al Estado a intervenir y regular el aumento en los contratos de forma más rígida en un futuro cercano.

¿Cuál es tu opinión respecto al incremento de los precios en el alquiler y el retiro de viviendas de este mercado? Nos encantaría conocerla.

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Finalmente se conocen los índices de cierre 2021, de cara a un 2022 hiperactivo respecto al acceso a la vivienda pública en España. Esos números señalan la tendencia prevista y abalada por los principales medios especializados; que vaticinaban un incremento sustancial en el total y que sin embargo resulta muy bajo en comparación a la realidad de las naciones vecinas; y que siguen manteniendo al país muy alejado de los más desarrollados en la materia. En este artículo de Oi Real Estate, veremos cómo el parque de vivienda pública en leve ascenso parece no ser suficiente para contrarrestar la problemática del acceso al techo digno por parte de los sectores más débiles.

Un despegue poco relevante

Que España es uno de los países europeos que durante décadas (al menos desde la vuelta de la Democracia) menos intención política tuvo en solucionar la problemática del acceso a la vivienda, es casi un hecho. Los distintos y sucesivos gobiernos, sin importar la orientación política, han relegado una y otra vez a los sectores sociales menos desarrollados respecto al abordaje de una vivienda asequible.

En este sentido, podríamos afirmar que aquellas predicciones emanadas de diversos organismos sociales defensores de los más débiles se ha convertido hoy día en una dolorosa realidad ¿Qué hacer ante una eventual situación de crisis humanitaria o sanitaria? La irrupción de la pandemia COVID 19 tomó por sorpresa a muchos; no así a estas organizaciones que vieron cumplirse palmo a palmo aquellas advertencias.

Los países con Estados con más presencia en el sector público de alquiler han podido solventar con mejor cara los embates sociales como consecuencia de las medidas sanitarias y las olas de contagios; otros como España (cuyo parque público de vivienda era hasta 2019 apenas superior al 1% del total de los bienes a lo largo y ancho del territorio) a pesar de haber realizado esfuerzos descomunales por parte de las autoridades nacionales; apenas pueden tomar algo de aire respecto al conflicto, de cara a un futuro de urgencias.

Parque de vivienda pública en leve ascenso

Al día de hoy, España posee un parque de vivienda de los denominados “asequibles” confirmado en un 2.5%. Este porcentaje la posiciona muy por debajo del 9.3% de la media en Europa; y decididamente la aleja de los países especialistas en este campo, cuyo parque público oscila en un 20% del total de bienes inmuebles. En el segundo informe de la UPF y la APCE denominado “Colaboración público privada en el mercado de la vivienda en Cataluña”, en el marco del cátedra de empresa “Vivienda y Futuro”, se llegó a ese preocupante índice.

Tomando como punto referencial un análisis exhaustivo sobre las distintas carencias que sufre en la actualidad el parque social de vivienda y sobre todo en Cataluña, el informe hace foco en la comparativa con las naciones vecinas. En este sentido, dicho informe propone como salida a esta frágil situación (que de no detenerse podría conducir a otras de igual o peor impacto, como la disparada del precio del alquiler privado, con todo lo que ello implica); buscar y promover la inversión estatal en colaboración con la particular ¿Existe otra salida?

El incremento del alquiler según el informe

El informe de la UPF y la APCE va más allá de evidenciar la poca relevancia en el actual parque de vivienda pública en leve ascenso. Considera que el coste del alquiler no se ha detenido nunca en su incremento durante los últimos períodos; tras años de una disminución comprobable hasta 2015 en los precios de los contratos y mantenido durante años. Desde ese punto y a la fecha (pandemia mediante) el precio del alquiler en España se ha incrementado en el acumulado un 33%; por otro lado, y durante el mismo período, sus tasas anuales tocaron hasta un 10% en una clara desaceleración.

Ambas organizaciones concuerdan en que “en un país europeo estándar, esta problemática se resolvería con viviendas de alquiler social”. Lo que parece un enunciado sencillo y muy fácil de llevar a la práctica, se ha transformado, dado el rezago de la toma de decisiones en este sentido, en una de las obsesiones urgentes del gobierno. Esto queda de manifiesto en el apremio por consagrar la nueva Ley de Vivienda y su megapaquete de medidas en torno al acceso a la vivienda por parte de los más relegados o más golpeados por la pandemia.

Porcentajes en la Unión Europea

Para entender la posición española debemos compararla con sus vecinos más cercanos. Si bien se detecta un crecimiento del parque público (impulsado por programas ambiciosos como el Plan Vive en Madrid); no puede afirmarse que de momento el conflicto del acceso a la vivienda visualice la luz al final del túnel, ni mucho menos.

El promedio de vivienda asequible estatal en la Unión Europea sigue alejado, con su 9.3%; mientras que en naciones como Dinamarca o Reino Unido (quienes mantienen firmes su postura pionera respecto al alquiler asequible) hoy en día ronda el 20%. Para lograr estos índices, los países líderes en el parque público a nivel europeo, han sabido con los años elaborar virtuosos planes de inversión colaborativos público/privados.

Alejados de esta mecánica, ocho de cada diez de los visados de inicio de obra en viviendas protegidas en Cataluña fueron propulsados por operadoras y promotoras exclusivamente privadas; solo durante 2020.

El Gobierno considera vital la mancomunión del Estado y los inversores privados para mitigar y solucionar el problema a mediano plazo… ¿Consideras como la salida más rápida y posible el trabajo conjunto entre grupos particulares y el Estado? ¿O crees que la solución debe venir exclusivamente de manos de un Estado fuerte y con mayor presencia? Nos encantaría conocer tu opinión.

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Las inconveniencias en cada ámbito social propiciadas por la pandemia COVID 19 (además de paralizar al sector inmobiliario) dejaron al descubierto sendas falencias por parte de los sucesivos gobiernos respecto a la problemática habitacional en España. El parque público de vivienda es en la comparativa a nuestros países vecinos y a la Unión Europea toda uno de los más bajos y precarios. Aprobado a inicios de este 2022 el texto de la futura Ley de Vivienda, las autoridades de la coalición de gobierno salen a defender el mega paquete de medidas (el primero en el país desde la vuelta a la democracia) con uñas y dientes. Se asegura una recuperación paulatina pero incesante del mercado inmobiliario. En este artículo de Oi Real Estate, veremos cuáles son las chances de la Ley de recuperar el parque público de vivienda en el mediano plazo. Te invitamos a leer para conocer mucho más.

Situación del parque público de vivienda español

Los datos no dejan lugar a dudas: España dispone del más ajustado parque de viviendas públicas de todas las naciones europeas que conforman la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Si vamos a los números concretos, contaba solamente (hasta 2021) con 290.000 unidades del tipo social; esto representa apenas el 1.1% de todas las propiedades destinadas a la vivienda habitual a lo largo y ancho del territorio.

Diversos estudios (como el reciente presentado por la UAB) aseguran que estos índices ubican a España por fuera de los parámetros ideales europeos. Por ejemplo, Francia dispone del 14% del total de sus viviendas avocadas a la inclusión social; Reino Unido el 17.4% y Holanda (por cierto, pionera en este campo) con el 38% de viviendas sociales. Señalaba al presentar dicho estudio el catedrático emérito de la UAB, Josep Oliver, que…

España es también de los países que dedican menor presupuesto a ayudas a la vivienda, de manera que las subvenciones al alquiler solo suponen el 3,5% de los ingresos de las familias más pobres, frente al 56% en Francia, el 31% en el Reino Unido o el 28% en Alemania.

Josep Oliver – UAB

El Gobierno defiende la implementación urgente de la Ley

El 1 de febrero del corriente, el Consejo de Ministros aprobó finalmente y en carácter de urgente el proyecto de la Ley de Vivienda. Su texto, con varias correcciones (aunque consideradas de poca relevancia) en cuanto al contenido del borrador, ya está en el Congreso para su evaluación pertinente; su tratamiento promete abrir acalorados debates entre sus más fervientes defensores y sus preanunciados detractores.

Los autores de las distintas medidas que conforman la Ley, si bien reconocen al día de hoy la controversia que han generado las propuestas de medidas como el bono joven, la clasificación de zonas tensionadas, etc., no dejan de señalar que el paquete era necesario e indispensable; en pos de enfrentar el inconveniente que tendrán las generaciones próximas y las actuales golpeadas por la pandemia para acceder a una vivienda en lo inmediato.

Agenda Urbana y Vivienda

El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda dependiente del Ministerio de Transportes, David Lucas, no escapó a la autocrítica pero aseguró que la Ley de Viviendas en el conjunto de sus medidas es la única solución para destrabar la problemática social que impacta sobre los sectores menos pudientes de la actual España.

Tal como declaró durante el acto organizado por el diario El País y KPMG “El futuro del sector inmobiliario” llevado a cabo durante la última semana de febrero…

Hemos elaborado el primer proyecto de Ley, intensamente debatido. Seguramente no es el proyecto de Ley que todos querrían, pero sí el que hay que tener. Es el primero de la primera Ley de Vivienda general en España de la democracia.

David Lucas – Secretario general de Agenda Urbana y Vivienda

Asimismo, profundizó en su mirada hacia adentro de la coalición reconociendo que en casi medio siglo de democracia la problemática del acceso a la vivienda social o recuperar el parque público de vivienda no ha sido un problema que las autoridades sucesivas hayan siquiera estado cerca de resolver. A la vez, declaró que es urgente la colaboración entre sectores públicos y privados para brindar soluciones eficaces y prontas en este sentido.

Desde los porcentajes

Si revisamos una de las tantas estadísticas que muestra el estancamiento del parque de la vivienda social en España; veremos que desde los años ochentas a esta parte la inversión sostenidamente escueta en vivienda pública es uno de los principales factores que han conducido en camino recto a la tensa situación actual. El ideal europeo, coloca al parque de vivienda social en un 9.3% promedio (según datos públicos de la propia Unión Europea).

Recuperar el parque público de vivienda

La Ley de Vivienda supone distintos y complejos objetivos. Entre ellos: cortar con el incremento alarmante en la edad emancipatoria española, evitar la disparada de los precios del alquiler privado, movilizar el sector de viviendas ociosas y transformarlo al arrendamiento, etc. Sin embargo, el más relevante de todos sigue siendo recuperar el parque público de vivienda, como una deuda pendiente con la sociedad.

La meta es introducir al parque público 100.000 viviendas en modalidad de alquiler asequible ¿Podría ser esto posible sin la estrecha colaboración entre el sector público y privado, como propone David Lucas? Es claro que sin el aporte de grupos inversores particulares, esto sería prácticamente una quimera.

Madrid se posiciona como un ejemplo a seguir por las distintas grandes ciudades españolas a través de distintos planes de construcción build to rent o de la adquisición de polos edilicios con el fin de volcarlos al alquiler social. Entre los distintos programas, la Comunidad presidida por Ayuso, planea sumar más del 50% de la totalidad de unidades de alquiler asequibles.

¿Crees que la Ley de Vivienda podrá finalmente remediar hacia finales de década la problemática del acceso a la vivienda de alquiler? Nos encantaría conocer tu opinión.

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El acceso a la vivienda social o asequible es uno de los bastiones de la nueva Ley de Vivienda (la primera desde la vuelta de la democracia en España). El gigantesco paquete de medidas, prevé incrementar dicho parque de vivienda con el objetivo de que los sectores más débiles y los más golpeados por la pandemia COVID 19 logren incorporarse prontamente a un mercado con cada vez más demanda. Sin embargo, las dudas sobre cómo solicitar estos contratos de alquiler o si se está calificado para ello, es un tópico que no deja de generar dudas y opiniones contrapuestas. En este artículo de Oi Real Estate, veremos cuáles son los requisitos para acceder a una vivienda social. Acaso el alquiler asequible sea una solución a tu situación actual. Te invitamos a leer para conocer mucho más.

Historia de la vivienda pública en España

La vivienda social se aprobó en España a comienzos de siglo XX. Fue en el marco de la denominada como “Ley de las casas baratas”. Aprobada en 1911,  se mantuvo durante casi 20 años en su texto original hasta la explosión de la demanda sufrida en toda Europa hacia mediados de la década de los años 80. Así, a finales de esa década en España se contabilizaban más de 100.000 unidades anuales ofrecidas al mercado del arrendamiento con protección oficial y estatal.

Sin embargo, durante los años 90 la introducción al parque público de propiedades bajo alquileres asequibles disminuyó a más de la mitad. Tal es así, que finalizando el siglo XX solamente se finalizaban unas 8.000 propiedades con aquel objetivo. En 2016, estos valores tocaron su punto mínimo con menos de 5.000 viviendas volcadas al sector público, alcanzando la cuota más baja de los últimos 40 años.

Hoy por hoy, al fondo de la Unión Europea

La actitud y la acción política de nuestros vecinos de la Unión Europea, es finalmente el aspecto que más evidencia la falta de interés de los sucesivos gobiernos españoles en poner manos al asunto de la problemática en el acceso a la vivienda. En este sentido, la pandemia COVID 19 puso en 2020 en jaque al mercado del parque público de alquiler asequible. Si revisamos los números estadísticos, comprobaremos que España posee menos de una vivienda social por cada 100 habitantes , un rango muy inferior al de muchos de nuestros limítrofes.

Para ser más exactos, España se encuentra en el puesto número doce, por delante de Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Rumania y Croacia; descontando que en otros cinco países no existe la propiedad social. Al tope de la lista, hallaremos a Países Bajos con más de 12 propiedades sociales por 100 habitantes, Austria y Dinamarca con 10, Suecia con 8, Reino Unido y Francia con más de 7.

¿Cuáles son las cualidades de una propiedad asequible?

Las viviendas del tipo social ofrecen distinta características. Enumeraremos sus cuatro fundamentales.

Coste regulado y limitado

El precio del contrato de alquiler lo fija el Estado, y debe ser considerablemente inferior al precio estipulado por el mercado competitivo privado.

Carecen de libre disposición

Las propiedades no pueden ser trapasadas mientras rija el lapso programado por su administración. El mismo suele ser de diez años.

Son para uso exclusivo de vivienda habitual

Las viviendas públicas no pueden ser utilizadas para fines comerciales; su uso está específicamente destinado a la denominada “vivienda habitual”. Esto es, debe ser el techo familiar volcado a la necesidad habitacional doméstica.

Cuenta con beneficios fiscales

Toda propiedad alquilada y administrada desde el Estado contará con beneficios fiscales para que sus inquilinos logren acceder a ellas con mínimos requerimientos y garantías.

Requisitos para acceder a una vivienda social

Como primera medida entre los requisitos para acceder a una vivienda social, sus solicitantes deberán estar inscritos en el registro de demandantes de VPO, según la Comunidad Autónoma pertinente. Es la única forma de poder acceder a los sorteos públicos. Asimismo, debes saber que cada Comunidad Autónoma cuenta con sus propios requisitos y estos pueden variar de acuerdo a la región.

Siete requisitos de base

Por lo demás, existen siete requisitos básicos y comunes a todas las Comunidades. Detallaremos los mismos a continuación:

  1. Haber cumplido la mayoría de edad y ser un ciudadano nacionalizado español.
  2. Estar inscrito (como citamos en el párrafo anterior) en el registro de solicitantes de VPO de la Comunidad Autónoma que se aspire a habitar.
  3. No haber sido ni ser dueño de una vivienda protegida por el Estado en el pasado.
  4. Utilizar la vivienda a la que se aspira únicamente como propiedad de uso habitual o vivienda cotidiana. Como señalamos anteriormente, la casa no podrá ser empleada para ningún objetivo comercial ni se podrán ejercer oficios ni actividades laborales en o desde ella.
  5. El tope de rentas establecido no podrá ser superado en el contrato de alquiler. Este índice es fijado por la Comunidad Autónoma y, dependiendo cuál, suele ser de 2.5 a 5.5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
  6. A la hora de postularse, los solicitantes a los sorteos no podrán haber obtenido ayudas o subsidios a la vivienda por parte del Estado durante los últimos diez años.

Más requerimiento para el alquiler social y el futuro del parque público

Para poder acceder a una vivienda del tipo social existe toda una gama de requisitos, también dependiendo de la región. Entre ellos, el IPREM se toma como referencia y los ingresos del solicitante pueden superarlo hasta menos de tres veces; no ser propietario de otra unidad (ni el solicitante ni nadie en el grupo familiar); o poseer deudas hipotecarias que superen las prestaciones.

En este contexto, el denominado Plan Vive puesto en marcha por la gobernación de la Comunidad de Madrid a mediados de 2021, promete de aquí a finales de década retomar el camino hacia el incremento del parque público de viviendas de alquiler con decenas de miles de promociones a asignar. Las primeras (en colaboración con la administración y la inversión privada) ya han sido distribuidas y se observan hoy los primeros pozos sobre los que se edificarán las propiedades en cuestión.

Se aguarda también que el resto de las Comunidades utilicen este modelo del Plan Vive como mentor de muchos otros para atacar la problemática del acceso al alquiler de cuajo y colaborar con la Ley de Vivienda a mitigar todo riesgo ante un eventual colapso del mercado inmobiliario del arrendamiento.

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