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Ley de vivienda

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Las elecciones del domingo dejaron varias incógnitas respecto del futuro de las medidas que venía trabajando el gobierno. Con su presente algo debilitado, se reviven debates que se daban por cerrados, al menos en la formalidad legislativa. No obstante, el clima social alrededor de determinados ejes, como el tema vivienda, tienen más largo aliento y tras los comicios, los partidos opositores cobran confianza para llevar al Congreso los reclamos. A continuación, te contamos las últimas novedades en el cruce partidario que puso al problema de la okupación y la vivienda nuevamente sobre el tapete.

Tema vivienda: otra vez en la agenda política

En las largas campañas previas a las elecciones del 28 M que tuvieron como uno de sus ejes principales el tema vivienda, los debates marcaron posiciones tajantes que probablemente fueron claves para la definición en las urnas. Los medios retrataron con vivo detalle cada propuesta salida de mítines partidarios, tanto como de intercambios públicos realizados de cara a los comicios. En ese sentido, prácticamente nada de lo que se ve, lee o escucha ahora son realmente propuestas novedosas.

Lo cierto es que los resultados hablan y el hecho de que el Partido Popular (PP) no sólo se quedó con la capital sino que también ganó en lugares como la Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Baleares o Cantabria, le da más impulso al partido para llevar propuestas al Congreso o rebatir algunas que ya habían adquirido vía legal. Este es el caso de la Ley de Vivienda, que el PP en su momento votó en contra.

Tras las elecciones del domingo ya hay varios líderes regionales que expresaron su disconformidad con hacerla efectiva en sus respectivos territorios. Entre ellos se encuentra Isabel Díaz Ayuso, tal vez la más relevante ganadora de los comicios, quien aseguró que no aplicaría la Ley en la Comunidad de Madrid.

En ese camino, el principal partido opositor al gobierno pondrá en debate esta semana una proposición no de ley según la cual se pedirá la derogación de la Ley de Vivienda y la puesta en marcha de un plan contra la “okupación” que permita desalojos en un plazo de 24 horas. Recordemos que una proposición no de ley no tiene carácter vinculante, sino que busca expresar una posición del partido frente a una política determinada, e instar al Ejecutivo a accionar en consecuencia, en este caso, la derogación de la Ley de Vivienda.

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Los puntos fuertes en contra de la Ley

Como se recordaba anteriormente, la campaña electoral de todos los partidos estuvo teñida de propuestas y contrapropuestas. En ocasiones los posicionamientos resultaron más defendidos que las propias ideas, lo que dejó evidenciado un clima social y político de gran discordia. En ese contexto el PP ya había registrado su propuesta alternativa a la Ley de Vivienda antes de que ésta fuera aprobada y que entrara en vigor el pasado viernes.

Siguiendo una línea ideológica, las críticas del PP a la ley vigente están vinculadas a lo que ésta representa: la intervención en el libre mercado, la potencial contracción de la oferta y la desprotección a los derechos individuales de los propietarios. En otras palabras, los puntos centrales de la discusión en el tema vivienda son la okupación, la definición de zonas tensionadas y la limitación en la cantidad de propiedades para ser considerado un gran tenedor.

Respecto del primer punto, vale aclarar, las críticas están puestas no sólo en contra de la “okupación” sino también de la llamada “inquiokupación”, es decir, la permanencia de los inquilinos en la vivienda a la que originalmente consiguieron rentar, pero que eventualmente dejaron de pagar sus cuotas. Esto, como se sabe, implica muchos problemas para los propietarios, quienes no sólo no ven retribución alguna por la presencia de inquilinos u okupas, sino que igualmente deben hacerse cargo de sus gastos en concepto de servicios e impuestos.

Por ello es que los populares hacen especial hincapié en su presentación de esta semana para que se establezcan penas más altas por el delito de usurpación, así como que en un plazo máximo de un mes se permita el desalojo en 24 horas. Como contraparte, los ocupantes del inmueble cuentan con ese plazo para acreditar el título jurídico que legitime su permanencia.

Alternativas para resolver el tema vivienda

Lo que es innegable es que tema de la vivienda es un problema que interpela a diversos sectores de la población, y es urgente, por ende, que entren en vigor algunas respuestas. Como toda situación que genera conflictos -no sólo partidarios, sino principalmente, sociales-, lo ideal es pensar esas respuestas a largo plazo. No obstante, la urgencia de medidas es tal que, en determinado punto, los partidos apuntan a ocasionar el mal menor.

Para el PP, la solución para quienes no pueden acceder a una vivienda por bajos ingresos pasa por aplicar deducciones. Específicamente, propone que se les otorgue a las familias con rentas inferiores a 60.000 euros, de manera tal que éstas puedan compensar el aumento de la cuota hipotecaria por la subida del euríbor.

Otra medida tiene que ver con aplicar políticas nacionales sobre el tema vivienda. Esto implicaría establecer un Pacto de Estado por la Vivienda dirigido especialmente a los jóvenes. El objetivo es que puedan comprar o alquilar una propiedad mediante similares facilidades, sin importar la comunidad en la que se encuentre. De esta manera, indican, las ayudas para que los ciudadanos puedan acceder a una casa serán realmente una política de Estado.

¿Tu qué crees? ¿Sirven estas medidas para combatir la despoblación en España? Comparte tu opinión en la parte de comentarios de esta nota. Y no olvides que si quieres conocer más sobre opciones para vivienda en España, tienes mucha información a disposición en el sitio de Oi Real Estate.

Lee más sobre las medidas políticas que afectan a la vivienda y el mundo inmobiliario en la siguiente nota:

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La tendencia a alquilar antes que a comprar una vivienda se ha hecho muy evidente en las estadísticas e informes publicados en los últimos meses. En un país que se caracterizaba por la posibilidad relativamente habitual de “invertir en ladrillo”, las estrategias para conseguir un techo han virado hacia la predominancia de la vivienda social, a compartir un piso, o sencillamente a rentarlo. Pero, ¿significa esto que ya no se compran casas en España? En la nota de hoy revisamos este panorama, que tiene a los propietarios en el eje del debate.

Cada vez hay menos propietarios en España

No es del todo una sorpresa que ante las dificultades para acceder al financiamiento de un inmueble las tasas de propiedad de vivienda caigan en todos los grupos de edad. Incluso en países como el nuestro, en el que invertir “en ladrillo” fue siempre una opción como parte de una visión social de progreso, o una alternativa segura de ahorro. El descenso en los porcentajes de propietarios es sin embargo más común en los últimos años, lo que evidencia tanto el impacto de las crisis económicas, el insuficiente incremento de salarios en relación a la inflación, y los cambios en las políticas de financiamiento y subsidio.

En la actualidad, la cantidad de propietarios posibles, segmentados por edad, sólo superan el 50% en los grupos de mayores de 43 años. De allí hacia abajo, los descensos son paulatinamente más visibles, marcando sobre todo las dificultades que tienen los jóvenes para acceder a su primera vivienda.

Situaciones como esta son las que llevaron a la problemática de la vivienda a ser el eje de las últimas campañas electorales. Sin dudas, esa demanda social sigue en pie tras los resultados de los comicios que pusieron nuevamente en tela de juicio la efectividad de la Ley de Vivienda. ¿Ayuda el tope del 3% en los alquileres a que más personas puedan acceder a un piso? ¿Son suficientes las medidas para promover el uso de viviendas vacías? ¿Es posible el aumento deseado en el porcentaje de vivienda social? Y lo más importante: ¿tienen estas medidas respuesta a largo plazo para la demanda actual y futura de propietarios?

Caro pero posible: las distintas caras del alquiler

A pesar del aumento en los precios de los alquileres -así como de las variadas propuestas provenientes de casi todos los frentes partidarios para aumentarlo en cantidad o limitarlo en valores-, el rentar un piso hoy en España es una alternativa forzosa. Es decir, se erige como opción sólo porque la compra está cada vez más inaccesible. Esto se complica porque además se trata de una alternativa cara. Según Idealista, sólo en abril pasado el precio de la vivienda en alquiler se encareció un 8,9% y llegó hasta los 11,5 euros el metro cuadrado. En particular, las grandes ciudades como Barcelona, Madrid, San Sebastián, Palma y Málaga son las que tienen los alquileres más altos o las que aumentaron más sus precios.

Por su parte, el alquiler social, como se ha reconocido tantas veces durante la campaña, es aún insuficiente para la mayoría de los hogares con dificultades económicas. Este grupo incluso profundizó tal situación durante el último año, donde la inflación, los servicios y las hipotecas crecieron más que los sueldos.

Otra cara de la moneda es la situación de los propietarios de más de un piso, cuya cantidad aumentó también en los últimos años. Frente a esa situación, la recientemente aprobada Ley de Vivienda reduce el número de casas que se puede tener antes de ser considerarlo gran tenedor. No obstante, para el grupo de ingresos medios que pudo optar por la compra con destino a renta, el contexto no colabora precisamente en confiar en otras fuentes de inversión que protejan el capital ahorrado.

Por qué es tan difícil ser propietario

Si es difícil el alquiler, la compra acarrea aún más obstáculos. En este segmento del mercado, también se han revalorizado las propiedades y por ende el capital de ahorro inicial es hoy más alto. Según datos del INE, aunque la variación ha sido algo inferior que en el alquiler durante la última década, los pisos para la venta se han revalorizado un 28,5% en ese mismo periodo.

Recordemos que el ahorro inicial lleva al menos dos componentes: el 20% del coste de la vivienda (que es lo que en general no cubre una hipoteca bancaria), más otro 10% correspondiente al pago de impuestos. Hoy en día, ese 30% traducido en dinero puede variar entre los 45.000 euros para una ciudad del interior del país, hasta casi 90.000 euros para capitales como Madrid o Barcelona.

Estas cifras difícilmente puedan ser acompañadas por los salarios y coste de vida actuales. Los datos del INE son contundentes al respecto: el sueldo bruto de un trabajador ronda hoy los 2.038 euros mensuales -casi el 10% de lo que era hace una década-, mientras que la cesta de la compra, solo durante el año pasado se encareció un 16,8%. También considerando únicamente el 2022, se observa que el IPC creció un 5,7%, mientras que los sueldos se incrementaron apenas un 2,8%.

Una situación para pensar a largo plazo

Con tal situación, es lógico concluir que el panorama español de las operaciones de compraventa inmobiliaria se encuentre tensionado. Los propietarios son cada vez menos porque se han complicado las condiciones para la compra (valores del mercado, sueldos, políticas de financiación), pero eso no impide que los mayores inversores abunden en el mercado, a pesar de las medidas por limitar a los grandes tenedores. Después de tanto debate parlamentario, la problemática de la vivienda tiene aún la deuda por la accesibilidad, pero también por la distribución, tanto a nivel geográfico como de concentración de inversores. Cabe preguntarse entonces: ¿hay realmente animosidad en solucionar estos problemas?

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Hace muy pocos días el Senado ha aprobado definitivamente la normativa que regulará la vivienda en nuestro país. Solo falta que se publique en el BOE para que pueda entrar en vigencia. Pero ¿cuáles serán los efectos de la Ley de vivienda? En este post te contaremos todo sobre este tema. ¿Nos acompañas?

¿Cuáles serán los efectos de la Ley de vivienda una vez que entre en vigencia?

Según el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de nuestro país, uno de los primeros efectos de la ley de vivienda tiene que ver con la inseguridad jurídica. Sobre este punto hacen referencia los problemas que podrían sufrir los actuales propietarios y futuros inversores. Por otro lado plantean la problemática que podría instalar debido a la invasión sobre las competencias de las distintas Comunidades Autónomas, y podrían traer problemas legales por este punto.

El presidente del Consejo, Gerard Duelo, insiste en que aplicar esta nueva normativa tendrá un efecto contrario al que se intenta obtener. Esto se debe a que genera confusión en el ordenamiento jurídico. Agrega además que crea una imagen de debilidad e incertidumbre que perjudica el derecho que se busca proteger.

¿Qué efectos puede generar la ley de vivienda al realizar el control de la renta?

La nueva normativa interviene y controla los máximos aumentos que pueden efectuarse en la renta. Esto significa un intervencionismo sobre la propiedad privada. Mediante ello se afectan los derechos constitucionales y se perjudican gravemente a quienes deciden poner sus viviendas en alquiler. Desde el Consejo, declaran que estarían pidiendo a los arrendadores que realicen el trabajo que el gobierno debería hacer.

Reducción en la oferta

En este momento, uno de los problemas que afecta a la renta, tiene que ver con la caída en la oferta de viviendas para alquilar. Esta normativa, al limitar los valores de las propiedades, traerá como consecuencia que los propietarios elijan vender o cambiar hacia el alquiler turístico. Esto se debe en parte a que de esa forma obtendrán mayor seguridad y rentabilidad.

Por otro lado, debido a la inseguridad jurídica que los propietarios verán, probablemente endurezcan las condiciones para la firma de los contratos. De esta forma, muchos inquilinos no podrán acceder a una vivienda, por no lograr cumplimentar los nuevos parámetros que se incorporen.

Efectos de la ley de vivienda sobre las inversiones

El análisis respecto a los efectos de la ley de vivienda realizado por COAPI, explica los problemas que puede generar con las Comunidades Autónomas. Debemos entender que muchas de las medidas que allí se plantean interfieren con las competencias de los Ayuntamientos y estimulan el desequilibrio entre las distintas localidades. Explican además que incitan a la polarización de políticas de vivienda, dependiendo de la inclinación ideológica de cada una de las comunidades.

Pero eso no es todo, otro de los puntos donde interfiere la normativa, tiene que ver con la gestión que puede realizarse sobre los parques públicos, la definición del modelo de protección oficial y los marcos donde se relacionan el sector profesional, los consumidores y usuarios.

Otra de las críticas realizadas por Duelo, tiene que ver con los efectos negativos que tendrá la ley de vivienda en la inversión. Sobre este punto hace alusión a diferentes temas. Por un lado, la inseguridad jurídica, que motivará a muchos inversores a elegir otros países donde se sientan más cuidados.

Efectos negativos de la ley de vivienda sobre la obra nueva

Con respecto a la obra nueva, el incremento de suelo que se utilizará para las VPO de las nuevas construcciones, afectará la viabilidad económica de los distintos sistemas urbanísticos en tramitación. La consecuencia de ello será una menor edificación de viviendas a estrenar y llevará esa demanda hacia la compra de vivienda usada. Esta migración generará un aumento en el valor de ellas.

Por otro lado, la limitación en los precios de las rentas, vulneraría la libertad de mercado. Esto se debe a que no es justo obligar a un propietario a alojar personas en su propiedad sin recibir una ganancia, y menos si esto es debido a la dejadez en cuanto a las obligaciones de los poderes políticos.

Las zonas tensionadas, delimitadas por las Comunidades Autónomas, explican desde COAPI, generarán la gentrificación tanto de inversores como promotores a otras localidades donde esta ley no se aplique.

Nuevos tributos para incentivar el alquiler

Establecer nuevas cargas tributarias por vivienda vacías, según explican desde el COAPI, es simplemente para poder recaudar dinero. Este tipo de medidas no logrará los efectos pretendidos.

Debemos recordar que la ocupación de vivienda, ha sido uno de los motivos por los cuáles muchos propietarios han decidido retirar sus viviendas para alquiler del mercado.

Las medidas que se han incorporado en la nueva ley de la vivienda, han puesto más trabas en los procesos de desahucio donde el estado protege a personas en situaciones vulnerables que no pueden afrontar la renta, al igual que a los okupas.

Así, las dilaciones en cuanto a los procesos de desalojo serán un laberinto burocrático y judicial.

Esta falta de protección que sienten los propietarios, llevará probablemente a más tenedores a retirar sus viviendas del mercado, para protegerse a si mismos.

Errores cometidos por el Gobierno

Desde el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, han sido muy duros al analizar los efectos de la ley de vivienda. Explican que el Estado hace recaer en los propietarios la obligación de garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada a los ciudadanos.

Hacen hincapié en que el problema es la consecuencia de una mala política de vivienda social que se lleva adelante hace muchos años.

Una de las críticas y análisis que realizan, tiene que ver con la entrega de vivienda pública. En años anteriores, se han entregado cientos de miles de pisos que contaban con protección social. Estos inmuebles luego de 10 o 15 años se podían vender en el mercado libremente. Si esto no hubiera ocurrido, en este momento el estado contaría con entre 3 y 4 millones de viviendas sociales.

Si te has quedado con alguna duda, te invitamos a que nos dejes tu comentario al finalizar el artículo. Desde Oi Real Estate te responderemos a la brevedad. Dejamos a continuación otro artículo que puede ser de tu interés:

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La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se expresó recientemente a través de su partido -Sumar-, sobre diversas medidas que tomaría en relación a la vivienda. Entre ellas, tuvieron especial exposición la limitación a la compra de pisos en zonas tensionadas, el aumento al límite en el tiempo del alquiler y las restricciones a la adquisición de segunda residencia. En la nota de hoy, sondeamos cuál es la propuesta y su potencial impacto dado el panorama en cuanto a la concentración de hogares “alternativos” en España.

Una propuesta que presiona sobre la compra de segunda residencia

En medio del gran debate que continúa sobre la Ley de Vivienda y, más urgentemente, sobre la crisis ocasionada por la insuficiente o desigual distribución de hogares en la población española, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presentó las bases del programa electoral de su partido, Sumar. En ese marco, hubo muchas referencias al tema de la vivienda, siendo las principales, la limitación a la comprar de pisos como segunda residencia en zonas tensionadas, la duración mínima de los contratos de alquiler, el derecho de uso de un hogar “de forma vitalicia” para las personas mayores y el acceso a la vivienda a los inmigrantes irregulares.

Como es de esperarse, todas son medidas que generan debate a nivel político pero también a nivel social. Su aplicación, además, traerá potencialmente tensiones con las instituciones que deban aplicar la medida, ya se trate de organismos públicos como de entidades bancarias, por ejemplo. En un marco electoral para el que aún faltan meses antes de que se defina un ganador, es previsible encontrar propuestas sobre las que haya que mensurar el equilibrio entre su impacto simbólico (como discurso), y práctico (en el ámbito de la gestión).

Considerando estos aspectos, la propuesta de Sumar se inserta en una fuerte discusión por los alquileres, la vivienda social y la distriución de pisos en España. Todos estos ejes responden a una misma situación crítica: la vivienda es poca o está mal repartida. Por ello consideramos válido preguntarse cómo es el panorama de la concentración de segunda residencia en nuestro país.

Cómo se distribuyen las segundas residencias en España

Una segunda residencia es, en general, una opción de inversión para alquilar o bien para usar en las vacaciones o fines de semana largos. Hay, de hecho, gran debate sobre el porcentaje de españoles que tienen esta opción, en relación a los extranjeros que han invertido en el país con estos mismos fines. Según los resultados piublicados del censo nacional que realizó en 2021 el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 2,9 millones de los hogares en España declaran tener una segunda residencia en propiedad, lo que supone el 15,5% del total del país.

La distribución de los pisos por zona geográfica es de alguna manera sugerente. En el País Vasco, específicamente en Irún, casi un 50% de hogares tiene otra vivienda en propiedad. De ese total, el 72% se encuentra en otra comunidad autónoma española, correspondiéndose el restante 28% a residencias ubicadas en el extranjero. En segundo lugar, en Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid, alcanza el 31,4% la cifra de hogares que cuentan con segunda residencia. Completa el tercer puesto el municipio de Leganés, también en Madrid, con un 27% de dueños con al menos dos propiedades, en este caso, muchas ubicadas en zonas rurales.

La lista, por supuesto, sigue en orden decreciente hasta alcanzar cifras de alrededor del 4%, pero en cualquier caso la encuesta vuelve a dar cuenta de que el español, en general, recurre a la inversión en ladrillo. Es el nuestro, en ese sentido, un país de propietarios, pero entonces, es el problema la escasez de pisos, su mala distribución, o la situación económica que impide el acceso a la vivienda?

Una segunda residencia es allí donde también se está

Una de las cuestiones que genera debate en el tema de la segunda residencia es el tiempo que permanecen vacías y en ese sentido, “inútiles”. Claro está que la opinión decanta a favor o en contra según la posición que se ocupe en el debate, pero el hecho es que, si hablamos de permanencia y uso de esos hogares, es al menos discutible si esto puede actuar como criterio para limitar su adquisición.

El censo citado más arriba indica que hay actualmente un descenso de residencias secundarias en España. Según el INE, del total de propietarios de una segunda residencia el 41% pasa más de 60 días al año allí. El 28,6% la usan entre uno y dos meses, un 17% pasa entre 15 y 30 días y solo el 13% pasa menos de 15 días. Existiendo además, opciones como la de la copropiedad, es probable que estos números -y estos usos de la vivienda- puedan ser mejorados. No obstante, la intervención sobre esta situación poco nos dice, lamentablemente, sobre cómo podría potenciar el acceso a la vivienda por parte de quienes no tienen una estabilidad laboral que permita mantenerla.

¿Qué crees de esta situación? Comparte tu opinión en la parte de comentarios de esta nota. Y no olvides que si quieres conocer más sobre opciones para vivienda en España, tienes mucha información a disposición en el sitio de Oi Real Estate.

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La nueva ley de viviendas continua generando revuelo, críticas y opiniones encontradas. Hemos escuchado ya anteriormente a diferentes actores del sector inmobiliario que opinan negativamente sobre esta normativa.

Uno de los puntos que más ha generado discusiones, es la limitación a los precios de los alquileres por medio de la Ley de vivienda. Se ha realizado un informe en el que se consulta cuáles son las opiniones tanto de inquilinos como arrendadores, respecto a las consecuencias que trae aparejada la normativa.

Es necesario que recordemos que la vivienda, es algo complejo de legislar. Esto tiene que ver con que se contraponen dos posturas. Por un lado, el derecho a adquirir o alquilar un hogar, y por el otro que es un activo financiero, que también tiene derechos. Debido a ello, es un tema que genera mucha controversia a la hora de legislarlo.

En este post te contaremos las distintas posturas y opiniones relevadas en este documento llamado Percepciones de la nueva Ley de viviendas, realizado por el Grupo Mutua Propietarios. ¿Nos acompañas?

Opiniones de inquilinos y arrendadores

Al ser consultados sobre la Ley de vivienda, un 51 por ciento de los mismos, explica que es muy posible que debido a ella, muchos propietarios decidan retirar sus inmuebles del mercado de alquiler. Por otro lado,  un 44 por ciento, supone que es muy poco probable que se logre ampliar el mercado de alquiler social y asequible.

Dos de cada tres de los consultados,  opina que la nueva Ley de viviendas no será de utilidad y no solucionará los problemas actuales del sector. En su mayoría, quienes tienen a esta opinión son un gran porcentaje de arrendatarios y jóvenes.

Un dato que puede llegar a entenderse como una acción que podrían llevar adelante los arrendadores, tiene que ver con el mantenimiento de las viviendas. Sobre ello han sido consultados respecto a la posibilidad de que los arrendatarios decidan dejar de realizar trabajos de conservación en las propiedades. Es que aproximadamente el 50 por ciento de los encuestados considera que esto va a ocurrir y muchos de ellos justamente son arrendadores.

El estudio da cuenta de la percepción de la utilidad de la normativa a la hora de solucionar los problemas de vivienda, y los números no son alentadores. Es poca la cantidad de arrendatarios y arrendadores que ven el fin de las dificultades gracias a ella.  Aunque debemos destacar que el 68 por ciento de los inquilinos y el 51 por ciento de los arrendadores, considera que es necesario crear una normativa que regule a la vivienda.

Respecto a los puntos en los que la nueva ley de viviendas ha tenido más aprobación entre los consultados,  han sido las siguientes, con los porcentajes que detallaremos a continuación:

  • Incorporación de beneficios fiscales para los titulares de inmuebles en alquiler, con un 66 por ciento
  • Limitación en las subidas de los alquileres, el 64 por ciento;
  • Medidas de protección para personas en situación de vulnerabilidad ante desahucios, un 62 por ciento
  • El aumento de impuestos para propietarios que prefieran mantener sus viviendas vacías en vez de colocarlas en alquiler, con un 39 por ciento de aceptación.

Grado de aceptación de las distintas medidas de la nueva ley de vivienda

En este informe se ha calculado el grado de aceptación que las distintas medidas que se incorporan con la ley tienen entre arrendatarios y arrendadores. A continuación detallaremos las más importantes:

Ofrecer beneficios fiscales a propietarios que incorporen su vivienda al mercado del alquiler:

En este punto, un 32 por ciento de los encuestados se han declarado a favor. Un 34 por ciento dice estar bastante de acuerdo. El 20 por ciento no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 7 por ciento poco de acuerdo y en desacuerdo un 4 por ciento.

Limitación de las subidas anuales de los alquileres

Un 39 por ciento está a favor, un 25 por ciento bastante de acuerdo, el 16 por ciento ni en acuerdo ni en desacuerdo, un 7 por ciento dice estar poco de acuerdo. Por último el 11 por ciento se declara en contra.

Obligar al casero a pagar la comisión inmobiliaria:

En este caso, solo un 25 por ciento esta a favor de la medida, un 19 por ciento, dice que esta bastante de acuerdo mientras que un 29 por ciento no logra definirse entre las dos opciones. Un 9 por ciento se declara poco de acuerdo y un 15 por ciento está en contra de ella

Aumento en los impuestos a viviendas vacías:

En este punto, es bastante importante la cantidad de personas que se declaran en contra, un 24 por ciento. El 14 por ciento dice estar poco de acuerdo. El 20 por ciento, no se define por un posicionamiento al respecto. El 18 por ciento declara estar bastante de acuerdo y un 21 por ciento totalmente en acuerdo con la nueva normativa.

 

¿Cuáles serán las posibles consecuencias de la nueva ley de viviendas según la opinión de los consultados?

Sobre la posibilidad de que se ofrezca mayor protección frente a los desahucios el 36 por ciento de los encuestados, considera que probablemente sea factible. Un 13 por ciento esta convencido de ello. Un 26 por ciento, expresa que probablemente no sea efectivo y un 8 por ciento esta convencido de que no  pasará.

Respecto a la posibilidad de que por medio de la ley de vivienda se pueda ampliar el mercado de vivienda en alquiler y asequible, un 14 por ciento se declara seguro de que no sucederá, probablemente no pasará un 29 por ciento. El 33 por ciento dice que puede ser posible que se logre y seguro de que podrá ampliarse un 11 por ciento. Por último el 14 por ciento dice no tener una opinión al respecto.

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Si eres casero de un piso en alquiler, pero en este momento has tomado la decisión de que se encuentre vacío, ya sea por el crecimiento de inquilinos morosos o el miedo a la okupación, debes conocer una noticia que puede cambiar tu postura. Se trata de la ley de vivienda y su accionar contra los propietarios, en el siguiente post te indicaremos cuáles son los inconvenientes que implica para los arrendadores.

Los últimos años han sido muy complicados, no solo para quienes desean convertirse en arrendatarios, sino también, para los propietarios que tienen pisos en alquiler. El mundo del arrendamiento se caracteriza por su inestabilidad, lo que provocó un boom de la compraventa de viviendas en 2022 y una escasez de pisos disponibles para el alquiler.

Por si fuera poco, la demanda de pisos no se detiene y las personas que desean convertirse en inquilinos deben atenerse a una oferta prácticamente nula y a precios de rentas muy elevados. Sin embargo, los propietarios tampoco están atravesando su mejor momento, porque el Real Decreto-ley 11/2022 ha generado problemas económicos y La Ley de Vivienda plantea nuevos contratiempos a sortear.

El aumento desmedido de la morosidad y las ganancias que cada vez se hacen más pequeñas para los caseros, han conseguido que miles de viviendas en alquiler salgan del mercado y España se encuentre con un número importante de pisos vacíos. No obstante, para evitar este problema se han tomado cartas en el asunto, por lo que se podría hablar de una nueva batalla: la ley de vivienda contra los propietarios. Si quieres conocer cuáles son las consecuencias de esta medida. ¡Sigue leyendo!

La ley de vivienda contra los propietarios en 2023

Muchos propietarios se han ido del mercado inmobiliario, en búsqueda de oportunidades que sean más rentables. Una de las alternativas ha sido dejar los pisos vacíos, lo que ha generado menos costes que, lo que implica tener inquilinos viviendo en ellos. Sin embargo, esta situación se modificará radicalmente con la ley de vivienda y puede hacerlos cambiar de opinión para los próximos meses.

¿Por qué los caseros se encuentran en peligro?

Debido a la gran demanda de viviendas en alquiler y la escasa oferta que todos los días se acentúa con fuerza, una medida llegó para solucionar esta problemática. La ley de vivienda propone que los caseros que tengan pisos vacíos, los cuáles impiden que los inquilinos tengan la posibilidad de rentarlos, deban pagar un coste extra en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

¿Quiénes son los más perjudicados por esta medida?

La ley de vivienda contra los propietarios, podría ser la norma que guie los próximos meses al mundo del alquiler. Cabe destacar que todos los caseros que se encuentren en esta situación se verán perjudicados por esta medida, pero quienes hayan dejado de alquilar sus viviendas en época de pandemia, serán los más perjudicados.

Pero no solo se verán perjudicados quienes tengan viviendas vacías por el término de más de un año, sino también, por la cantidad de propiedades que se encuentren en esa misma posición. Existen muchos propietarios que han dejado de alquilar más de un piso y esto, se verá reflejado en el aumento que se destinará al pago del IBI.

¿Por qué los propietarios tienen que pagar más por tener sus pisos vacíos?

La ley de vivienda es clara en este asunto y propone un cargo extra en el impuesto de bienes inmuebles. Si no existiera una justificación válida en donde se indicara, porqué la vivienda se encuentra vacía, los ayuntamientos podrían establecer un recargo a todos aquellos propietarios que no se encuentren alquilando su propiedad por más de dos años.

¿A cuánto asciende el coste que se deberá pagar por tener una vivienda vacía?

Si de porcentajes se trata, la ley de vivienda permite a los ayuntamientos elevar el impuesto de bienes inmuebles a números inimaginables. Hay dos tipos de recargo, el que se observa con mayor frecuencia es el de aquellos propietarios que no han puesto sus pisos en alquiler por el período de dos años y se enfrentan ante un aumento en el impuesto mencionado anteriormente, del 50%.

Propietarios con más de dos pisos vacíos: los más complicados

En uno de los apartados, mencionamos que los más perjudicados eran los propietarios que tenían pisos vacíos desde hace más de tres años y no habíamos explicado porqué y ahora lo diremos.

Los caseros que han salido del mercado inmobiliario están impidiendo, de acuerdo a esta ley, que los inquilinos dispongan de una opción a la hora de alquilar piso, lo que hace que los arrendadores deban enfrentarse a un aumento del impuesto del 100%. Sin lugar a dudas, se observa cómo actúa la ley de vivienda contra los propietarios.

Como si fuera poco, quienes posean más de dos propiedades que se encuentren vacías deberán conseguir inquilinos, porque de lo contrario, el aumento del impuesto por bienes inmuebles será muy alto. Se habla de un 150% de recargo, algo que perjudicará la economía de cualquier arrendador, en un abrir y cerrar de ojos.

¿En qué casos se justifica que una vivienda se encuentre vacía?

No todos los propietarios eligen tener sus viviendas vacías, en algunos casos esta circunstancia se produce por cuestiones de fuerza mayor y la ley de vivienda lo contempla. Esto provoca que algunos propietarios, no tengan que hacerles frente a nuevos aumentos en el IBI.

Será justificada una vivienda que se encuentre vacía, por temas de cambio laboral o de salud. Sin embargo, esta segunda residencia tendrá como límite sin ser ocupada 4 años, pasado ese tiempo se considerará injustificado y se implementarán los recargos por vivienda vacía requeridos.

También se justificarán, aquellos pisos que se encuentren siendo reformados o por problemas judiciales. Estas, son las únicas excepciones que plantea la ley de vivienda a la hora de hablar de casas vacías. Por lo tanto, si tienes un piso que se encuentre vacío, tendrán dos opciones: ponerlo en alquiler para aumentar la oferta de disponibilidad en el arrendamiento o, pagar un recargo en el impuesto de bienes inmuebles.

¿Tienes alguna inquietud sobre el tema? ¡Comunícate con Oi Real Estate!

Luego de leer este artículo sobre la ley de vivienda contra los caseros, nos interesaría conocer si tienes alguna inquietud al respecto o cuál es tu opinión sobre este tema. Si quieres compartirla con nosotros, puedes hacerlo en la sección “Comentarios” que se encuentra debajo de la publicación.

Además, si te encuentras en una situación que no puedes resolver por tu cuenta, no dudes en acudir a Oi Real Estate. Un equipo de profesionales estará a tu disposición y te ayudará en todo el proceso ¡Te esperamos!

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El jueves 27 de abril, se votará la normativa que ha traído bastante revuelo en el país. En este artículo, te contaremos respecto a lo último de la ley de la vivienda. Recordemos que en el pasado jueves, en Ponencia, la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la ha aprobado. El siguiente paso que debe cumplimentar es el debate y votación, el próximo jueves, con el fin de lograr obtener la aprobación antes de las cercanas elecciones.

Te informaremos todas las novedades de esta ley que al parecer, logrará tratarse de forma exprés tal como el gobierno lo tenía previsto. ¿Nos acompañas?

Lo último de la ley de vivienda hoy

El gobierno, luego de lograr destrabar la ley que llevaba más de un año parada, ha decidido poner el pie en el acelerador para lograr que entre en vigencia antes de las elecciones autonómicas y municipales, para las cuáles las campañas comenzarán el 28 de mayo.

Recordemos que el Gobierno ha podido realizar un acuerdo con el ERC y Bildu donde se han negociado modificaciones que ellos consideraban necesarias, incorporando una serie de enmiendas a la normativa para conseguir el voto a favor.

Una vez que se ha logrado llegar a este entendimiento, el martes pasado, y a puerta cerrada, logró aprobar en Ponencia el texto de la normativa. Dos días después, la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hizo lo propio en una sesión pública.

Este apuro del Gobierno para el tratamiento de la ley ha generado molestias en algunas de las formaciones. Tal ha sido el caso de Vox y Ciudadanos, que ha incluso acusado al PSOR y Unidas Podemos, de aplicar el rodillo parlamentario.

Pero como hemos aclarado el estado de la ley de vivienda parece cambiar segundo a segundo en pos de lograr ver la luz lo más rápido posible. El próximo paso que debe superarse es el Congreso, donde deberá este jueves debatirse y votar la Ley de Vivienda. Este será el último de los escollos que deberá enfrentar, en la Cámara Baja. Luego de ello, pasará al Senado.

Acuerdos para que la ley de vivienda continúe avanzando

Luego de obtener el apoyo necesario, el pasado jueves se ha logrado la aprobación  por parte de la comisión. Para ello a favor se han declarado el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Bildu. Por otro lado, en contra se han pronunciado el PP, Ciudadanos, PDeCAT, Vox y Coalición Canaria.

Los acuerdos que ha debido negociar para lograr el apoyo de las formaciones independentistas, estaban relacionados con, por un lado, el tope a utilizar sobre las subidas de los valores de los alquileres, los desahucios a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y la forma de aplicación que se denominaran como zonas tensionadas, entre otras.

Otro punto a recalcar es que este proyecto de ley ha logrado obtener el aval de Más País y Compromís. Gracias a ello, si todos los votantes se mantienen en la posición que han declarado, se logrará establecer en la votación final la mayoría absoluta de más de 175 a favor.

Una de las dudas que queda por definir es la posición que tomará el PNV. Debemos recordar que ha sido muy critico con la ley de la vivienda. Al respecto han expresado que con ella se invaden las competencias de las Comunidades Autónomas. Por esta razón, se han abstenido en la comisión para poder negociar nuevas enmiendas que tienen que ver con la regulación de los pisos turísticos.

El PSOE, por su parte, ha dicho que esta dispuesto a negociar enmiendas adicionales referidas a estos tipos de pisos.

Un problema de competencias en la posición de los diferentes partidos

Son varios los partidos políticos que hacen referencia a cómo la Ley de Vivienda invade las competencias de las Comunidades Autónomas. Debido a ello, se presentan varias críticas tanto de PDeCAT, Juntos y la Coalición Canaria.

Expresan que  según entienden, la nueva normativa genera una invasión a las competencias clara. Esto fue advertido en la comisión. Expusieron en ese momento, como ejemplo, los puntos referidos a la vivienda protegida y a las zonas tensionadas. Según la nueva ley, quedarían predeterminados a nivel estatal sin dar posibilidad a las Comunidades Autónomas de modificar dicha situación.

Otro de los problemas que se han advertido, por parte de la Coalición Canaria, tiene que ver con la okpación. Al explicar el motivo de tal afirmación, la diputada Ana Oramas, expresó que de alguna manera, puede entenderse que se está legalizando dicha irregularidad, por incorporar en la ley trabas en los desahucios a personas que se encuentran en una situación económica de vulnerabilidad. Esta situación dejará a los propietarios indefensos.

La respuesta a las criticas de los sectores a favor de la ley de vivienda

Al respecto de las críticas que se han conocido, el PSOE, Unidas Podemos, ERC y Bildu consideran que la Ley de la Vivienda, cumple con la constitución e incluso recalcan que tratan a los hogares como un derecho. Por otro lado, explican que al cambiar este abordaje, también se basará en una política pública y no económica.

Gracias a ella explican se logrará establecer la primera ley referida al derecho a la vivienda en democracia, e incluso agregan que permitirá brindar seguridad jurídica y cobertura al sector.

Otro de los puntos que se han aclarado, por parte de Oskar Matute, del Bildu, es que la normativa no va a ser del agrado de todos, sobre todo de los fondos de inversión. Sobre este punto aclara, que nunca fue la intención de esta normativa, lograr el beneplácito de ellos al momento de crearla.

El portavoz de Esquerra Republicana, realizó el mismo análisis respecto a la invasión de competencias con las Comunidades Autónomas. Al respecto defendió el criterio de autonomía, aunque aclaró que estos perduran y se mantienen hasta que surge algún conflicto o problema y el Estado toma la decisión de intervenir.

Si te has quedado con alguna duda, te invitamos a que nos dejes tu comentario al finalizar el artículo. Desde Oi Real Estate te responderemos a la brevedad. Dejamos a continuación otro artículo que puede ser de tu interés:

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Según los socios del Gobierno, las situaciones de vulnerabilidad en España fueron el gran disparador del texto inicial de la nueva Ley de Vivienda. La problemática en torno a los deshaucios o “lanzamientos” ocupó en el resultado de su redacción final un lugar trascendental. Sin embargo, la Ley de Vivienda continúa siendo un motivo de debate. La opinión pública, lejos de hallar puntos en común, pareciera estar aún más dividida desde aquel 2021 en el que se aprobara su borrador. Los expertos y protagonistas del sector inmobiliario (por fuera del ámbito político) vaticinan que, a mediano y largo plazo, este paquete de medidas no alcanzará a resolver los conflictos de fondo. En este artículo de Oi Real Estate, veremos la Ley de Vivienda: retraso en desahucios. Te invitamos a continuar y leyendo la nota hasta el final para conocer mucho más.

La vigente problemática de los desahucios

Al umbral de la crisis nos remontamos. Hacia el epílogo de 2019 y comienzos de 2020, cuando las primeras noticias desde los medios internacionales cubrían en sus más mínimos párrafos la proyección en China del virus COVID 19. El sector inmobiliario fue uno de los primeros circuitos comerciales en encender las luces amarillas de alarma. Fueron los expertos en el real estate quienes comenzaron por alertar sobre un futuro gris en la dinámica de los bienes raíces, en el marco de una probable pandemia.

Lo cierto es que las columnas en los noticieros y los espacios en gráfica y medios digitales, con el paso de las semanas fueron ofreciendo cada vez más lugar. Por un lado, la cobertura de la pandemia desde el punto de vista sanitario. Por el otro, y tras consensuar que las únicas y primeras medidas capaces de detener el avance de una enfermedad -que prometía sacudir al mundo entero- era el quedarse en la casa, las consecuencias económicas. En definitiva, los conflictos terminaron por desatarse, sin hacer distinción entre uno u otro sector.

La situación de la vivienda durante y post pandemia

Claro que aquellos países más desarrollados o con reservas nacionales capaces de sustentar y respaldar el ordenar no ir a trabajar (vamos, no producir) pudieron manejar mejor las diversas y nefastas situaciones a las que sus sociedades se vieron expuestas. Pero también se produjeron una serie de pequeñas detonaciones en sus puntos flacos. En el caso de España, uno de ellos fue la situación de vivienda de los más débiles y su accesibilidad o sostenimiento en el tiempo. Ni qué hablar de la rentabilidad del alquiler y la proyección de desahucios.

2023 y la posición política

El último viernes 14 de abril 2023, los partidos Bildu y ERC anunciaron un acuerdo entre sus partes y el Ejecutivo. Esto significaría de inmediato la proclamación y puesta en marcha al fin de la Ley de Vivienda.

Oscar Matute, diputado de Bildu, reunido con Pilar Vallugera encabezó la rueda de prensa para realizar el anuncio en cuestión. Antes de enumerar todas y cada una de las medidas intervencionistas a implementar, el diputado ofreció una breve pero contundente declaración

Es la primera Ley de Vivienda que reconoce el derecho a la vivienda. Que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o bien que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada.

Oscar Matute – Diputado Bildu

Se pretende entonces controlar la economía con un horizonte similar al que han apuntado países vecinos como Portugal. En este contexto, se estima que ninguna de las propuestas redundará en una ampliación de la oferta en el real estate regional y nacional.

Ley de Vivienda y los desahucios

Realizando un breve repaso, mirando hacia 2020, la situación de las inmobiliarias fue por lo menos curiosa. No solamente se vieron consultadas en lo recurrente por los propietarios de las viviendas arrendadas; los agentes y asesores en bienes raíces también fueron asiduamente solicitados por aquellos inquilinos que preveían una caída de sus ingresos. Algo que muy pronto les impediría pagar la cuota del alquiler mensual.

Para el sector inmobiliario, principal impulsor en la necesidad de decisiones políticas frente al drama singular que se venía, el Gobierno central se demoró más de lo necesario en llegar a un acuerdo. Más de un año les tomó a sus socios partícipes llegar a consolidar el borrador del preproyecto, entre cambios, marchas y contramarchas.

Sin embargo, el texto de la Ley de Vivienda fue aprobado hacia finales de 2020; y aunque sus redactores eran auspiciosos en cuanto a los objetivos a lograr en un mediano plazo, los sectores débiles de la sociedad nunca acompañaron dicha postura.

Contra la mafia okupa

Quebrar el sistema de ocupación ilegal y sus consabidas “mafias de los okupas” es uno de los puntos que más sobresalen de la Ley de Vivienda, en su orientación a solucionar el problema del desahucio legítimo. Las medidas prevén que ante una demanda iniciada por el propietario para recuperar la vivienda, la notificación pertinente se efectuará a quien se encuentre en ese momento ocupándola, pero es extensiva a los denominados “ignorados ocupantes”.

Por este medio, el desahucio correrá como pertinente, incluso si el ocupante es intercambiado por otro, por las mensionadas mafias; éstas lo único que pretenden es conservar el bien inmueble ocupado para ser subalquilado ilegalmente a distintas familias vulnerables, o a propios integrantes del delictivo grupo.

Ley de Vivienda: retraso en desahucios

En caso de una vulnerabilidad real, notificadas previamente por el Juzgado de turno, las Administraciones competentes deberán constatar esa situación de forma práctica y sin pérdida de tiempo. De existir fehacientemente, se presentará al Juzgado la opción alternativa de un techo digno, por supuesto en los parámetros del alquiler social. El plazo máximo estipulado deberá ser ejecutado por el Juzgado en 10 días. Si este procedimiento demorara más de lo instado por la Ley de Vivienda, las Administraciones sociales solicitarán la prórroga de 5 jornadas como último lapso. El Juzgado deberá expedirse entonces, dentro de esa medida de tiempo.

En el caso de que el Juzgado tampoco se expidiera en esos términos, entonces quedará suspendida la fecha del “lanzamiento” dispuesta en primera instancia. Dicha situación suspensiva, permanecerá así hasta que el Juez otorgue la solución al problema con una propuesta de vivienda bajo contrato social.

Una Ley de Vivienda para 2024

El Gobierno central espera que la Ley se apruebe a mediados del año próximo. Sin embargo, cabe siempre señalar un factor determinante. A partir del día de su aprobación deberá esperar al menos un año y medio para entrar en vigencia; lapso mediante el cual podrán replantearse las modificaciones a las medidas que cumplen su rol actual y que chocarán con muchas de las regulaciones del paquete.

En este sentido, la se aguarda también implementar la famosa prohibición de desahucios sin fecha y hora predeterminada. La Ley de Vivienda promete incorporar impedimentos que podrían aplazar los procesos por más de dos años.

Hemos visto detalles al día sobre la Ley de Vivienda: retraso en desahucios. ¿Cuál es tu postura frente a este nuevo paquete de implementos legales? Nos encantaría conocerla en la bandeja de comentarios al pie del artículo.

Y si te ha interesado el tema y quieres seguir conociendo mucho más sobre el mundo inmobiliario, te recomendamos leer el siguiente artículo:

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Al final de la semana pasada, el Gobierno de nuestro país logro llegar a un acuerdo con el fin de poder tratar una nueva normativa. Luego de casi tres años de discusiones se logró acordar los cambios en la ley de vivienda. Gracias a lo ello se estipula que este año logrará ver la luz.

Según se ha informado, algunas de las modificaciones que se incorporarán, prevén poner limitaciones anuales a los aumentos de los alquileres. Por otro lado, se estipula el estableciendo de zonas tensionadas, en las que se fijarán medidas específicas que permitan, en teoría, mejorar el estado de la renta.

Lo que hay que tener presente al hablar de este tema, es que es cada vez más difícil lograr abastecer la demanda de alquileres y uno de los motivos del establecimiento y los cambios en la ley de vivienda, busca generar mayor oferta para este sector.

En este post te contaremos cuáles son las medidas que se planean establecer y los cambios en la ley de vivienda que se planea poner en marcha. ¿Nos acompañas?

Cuáles serán los cambios en la ley de vivienda

Como mencionamos anteriormente, para poder llegar a un acuerdo y destrabar la normativa, se han tenido que incorporar cambios en la ley de vivienda. A continuación detallaremos de que se tratan y cuál fue el acuerdo.

Zonas tensionadas

Uno de los cambios en la ley de vivienda, tiene que ver con la incorporación y delimitación de zonas tensionadas para el mercado de alquiler. Para ello, se ha acordado reducir las condiciones que deberán tener esas localidades, las cuáles se mantendrán dentro de ese parámetro por tres años, que luego pueden ser prorrogables anualmente, si es que las condiciones no mejoran.

El acuerdo alcanzado ha estipulado que para considerarse como zona tensionada, solo deberá cumplir alguna de las siguientes condiciones:

  • Que el alquiler de una vivienda sea de un valor mayor al 30 por ciento de los ingresos de los hogares de la zona, sumado a los gastos y suministros necesarios en él.
  • O que las subidas de los precios de las propiedades en alquiler hayan sido superiores a un 3 por ciento mayor al IPC en los últimos cinco años.

Cambios en la ley de vivienda respecto a los contratos

En las zonas que sean establecidas como tensionadas, los topes respecto a los precios de alquileres, serán diferentes para los pequeños o grandes propietarios.

  • Se ha establecido que los grandes tenedores se deberán regir, para las subidas de alquileres, por el índice de precios. El mismo no podrá ser mayor a lo indicado por el nuevo índice de alquiler que las Comunidades Autónomas deberán generar.
  • Por otro lado, para aquellos arrendatarios particulares, deberá indexarse de otra manera. Se ha definido para ello un máximo del 2 por ciento para el 2023 y un 3 por ciento para el año siguiente. Para el 2025, se utilizará el nuevo índice que se creará para ello.

Tope de subidas para la renovación según el acuerdo de los cambios en la ley de vivienda

Para el año en curso como hemos explicado, se pondrá un tope para la subida de los alquileres de un 2 por ciento. Para el año siguiente, será del 3 por ciento. Pero ¿qué sucederá en los años siguientes? A partir de ese momento, se ha acordado establecer un nuevo Índice de Alquiler, generado por el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana. Con estas cifras, se podrá tener una referencia sobre los contratos para arrendar. De esta forma, podrán establecerse valores estables e inferiores al IPC.

Se aclara además, que los propietarios, podrán solicitar una prorroga extraordinaria del contrato que se encuentre vigente de tipo anual. Esto será posible solo por un período de tiempo máximo de tres años

Grandes propietarios

Otra modificación que es ha definido tiene que ver con la categoría de grandes propietarios. Tengamos en cuenta que antes, se definían así a las personas que poseían desde 10 inmuebles a su nombre.

Ahora, según los cambios en la ley de vivienda, serán considerados así, aquellos que cuentan con 5 pisos en esa zona considerada en tensión. Esto debe ser motivado y justificado por la Comunidad Autónoma en la cual se encuentran dichas propiedades

 

Gastos inmobiliarios y nuevos alquileres

Según los cambios en la ley de vivienda, los gastos y honorarios de la inmobiliaria serán abonados por el propietario. De esta forma, se reducirá el gasto de quien renta la vivienda.

Por otro lado, si tienes un piso que quieres poner en alquiler, y es la primera vez que lo harás en los últimos 5 años, deberás tener en cuenta los límites que se hayan establecido en el índice de referencia de precios.

Se estipula además que se eliminen las cláusulas que habilitaban la posibilidad de no aplicar medidas contenidas en esta nueva normativa, en caso de que se haya logrado llegar a este acuerdo entre las partes.

También, debes saber que se prohíbe explícitamente el aumento de los alquileres por medio de la incorporación de nuevos gastos, por ejemplo al agregar los gastos de comunidad, tasas municipales, o cualquier otro impuesto que no se hayan acordado con anticipación.

Vivienda protegida

Se ha incorporado también, una modificación para el suelo protegido. Se prevén porcentajes de reserva de suelo del 40 por ciento, lo que implica un aumento del 10 por ciento. Esto será en el suelo urbanizable y para actuaciones de nueva urbanización. Por otro lado se cambiara del 10 al 20 por ciento en el suelo urbano no consolidado y para actuaciones referidas a la reforma o renovación de la urbanización.

Cambios en la ley de vivienda referidos a los desahucios

Sobre este tema se ha definido que se prohibirán los desahucios que no cuenten con fecha y hora predeterminada. Por otro lado se permitirán nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento que provocarán el aplazo de ellos por más de dos años. También se estipula como obligatorio el acceso a soluciones extrajudiciales para personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad.

Se permitirá también a las Comunidades Autónomas a articular mecanismos que faciliten la mediación y alternativa habitacional. También que exijan a los grandes tenedores se sometan a ellos.

Otra de las medidas, tiene que ver con la habilitación de utilizar fondos de los planes de vivienda estatales para poder generar alternativas habitacionales. Algunos ejemplos podría ser alojamientos de personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, alquileres sociales bonificados, o medidas tenientes a ayudas sociales.

 

Estas modificaciones acordadas tanto con el ERC y el Bildu deberán ser incorporado a proyecto. De esta manera quedan plasmados en los cambios en la ley de vivienda las enmiendas negociadas, antes de que llegue al Senado. Según han explicado, esperan que pueda ser a finales del corriente mes o en el transcurso del próximo.

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El PP se sumó a las propuestas de ayuda a los jóvenes para emanciparse y vivir en casa propia, lo que viene siendo uno de los ejes de campaña más contemplados por los distintos partidos de cara a las próximas elecciones. Se trata de un monto inicial fijo que ayudaría a cubrir los primeros gastos del alquiler o la compra del inmueble. Con el debate aún candente por la problemática de la vivienda, cada medida es debatida en clave política y por ello, cada nuevo acuerdo podría implicar éxitos dentro y fuera de las urnas.

Cuál es la medida de ayuda para los jóvenes que propone el PP

La problemática del acceso de los jóvenes a la vivienda es algo que preocupa de manera genuina a la población. En particular en un contexto en el que la estabilidad laboral es más vulnerable a los condicionamientos del mercado y los ingresos sirven cada vez menos para afrontar los costes de irse a vivir solo.

Esta situación tampoco es ajena a los partidos políticos, que de cara a las próximas elecciones hace tiempo ya que exponen sus propuestas de campaña. En ese marco, la demanda de los jóvenes por acceder a su primera vivienda ha acaparado todas las miradas y desde distintos frentes proponen, básicamente, financiar el ingreso a la operación inmobiliaria.

A las ideas que se vienen escuchando, tales como la del aval del gobierno ante préstamos que hacen los bancos, o el adelanto de un porcentaje de la pensión del joven contribuyente, el partido que encabeza Alberto Núñez Feijóo suma ahora la de otorgar a los jóvenes un monto fijo y pago por única vez de 1.000 euros para ayudarles a sufragar los gastos iniciales de la compra o alquiler de su primera vivienda. Para acceder a este beneficio se deberán constatar ingresos ya que, de ser superiores a una cifra previamente estipulada, no se podrá solicitar.

Esta ayuda para los jóvenes se inserta en una meta según la cual el partido busca fomentar la participación de este grupo tanto en el ámbito económico como en el político. De hecho, esta medida se complementa con otra anunciada recientemente que propone que el Estado pueda brindarles un aval del 15% para invertir en la entrada de la casa.

¿Por qué sería un monto fijo la mejor ayuda para los jóvenes?

Los impulsores de la medida explican que este monto, que puede parecer pequeño para la magnitud de gastos que tiene una operación de compraventa inmobiliaria, es útil para afrontar algunos de los primeros gastos ineludibles. Ya se trate de costes administrativos, impuestos, refacciones o mobiliario, todo aporte suma, según consideran desde el partido. No obstante, recuerdan que esta propuesta se complementa con el aval del 15% y la de ampliar el presupuesto para agrandar la oferta residencial.

Al respecto de esto último, el PP también anunció que prevee incrementar las dotaciones de suelo público para construir vivienda y cederlas con un precio tasado de alquiler un 40% inferior al de mercado.

Aunque es evidente la recurrencia de ciertos diagnósticos, de cara a las elecciones aparecen otras problemáticas que quieren solucionarse con la misma medida. Esto hace referencia a la ya conocida crisis económica que no sólo afecta a los jóvenes pero que los tiene como uno de los grupos más vulnerables, lo que a su vez se vuelve problemático porque la falta o inestabilidad de sus ingresos les dificulta la entrada al mercado laboral.

La otra cara de la moneda en demanda de vivienda: la ocupación ilegal

Dicho de esta manera, el crítico momento económico por el que atraviesa el país se pone en evidencia en distintas situaciones que los partidos buscan solucionar combinando los efectos de determinadas propuestas. Por ejemplo, Ciudadanos anunció recientemente la posibilidad de que los jóvenes puedan adelantar el 10% de su pensión para cubrir los gastos de ingreso en la compra de una casa, pero esto a su vez prevee poner en debate el sistema de pensiones en general.

En el discurso de la propuesta de Feijóo, el pago del monto fijo y todas las políticas complementarias deberían sumarse a otras vinculadas a liberar viviendas okupadas. Para ello planea garantizar los desalojos dentro de las 24 horas de denunciada la okupación ilegal, así como reglamentar y penalizar este tipo de delitos.

¿Qué crees de estas medidas? Comparte tu opinión en la parte de comentarios de esta nota. Y no olvides que si quieres conocer más sobre opciones para vivienda en España, tienes mucha información a disposición en el sitio de Oi Real Estate.

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