Mientras Europa se encuentra en la transición hacia la puesta en marcha de la Regulación de Mercados de Criptoactivos (MiCA), el Congreso de España aprobó la nueva ley de Mercados de Valores y Servicios de Inversión que, entre otras medidas, contempla el cierre legal de empresas de criptomonedas, en caso de que infrinjan la normativa.
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La propuesta española para regular a las empresas de criptomonedas
El Congreso de España aprobó una ley de Mercados de Valores y Servicios de Inversión, que espera entrar en vigencia prontamente tras la actual de 2009. Entre otras medidas novedosas, la propuesta aprobada la semana pasada contempla el cierre legal de empresas relacionadas con criptomonedas, en caso de que infrinjan la normativa. A partir de su publicación en el Boletín Oficial, la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) será el órgano encargado de supervisar la emisión, oferta y admisión de algunos criptoactivos que no sean calificados como instrumentos financieros.
Concretamente, la nueva normativa establece sanciones que van desde el pago de sumas determinadas hasta el cierre de empresas de criptomonedas. También podrán ser suspendidas las licencias de operaciones a aquellos proveedores de servicios de criptoactivos que incurran en actividades no autorizadas o ilegales.
El valor de las multas y el alcance de la ley
Las medidas que tienden a regularizar la actividad de las empresas de criptomonedas vienen acompañadas de las correspondientes sanciones por el no cumplimiento de la ley. En ese sentido, se establece una diferencia general respecto de si el infractor es una persona individual o una compañía. En el primer caso, una persona física podría tener que pagar 700 mil euros por sanción. Si en cambio la que está en falta es una compañía, la multa podría llegar a ser el equivalente al 12,5% de todo el volumen de comercio de la entidad.
No obstante haber acordado estos detalles de la norma, hay dudas respecto de cuán efectivas serán las medidas en un marco en el que se espera que se ponga en vigencia la ley europea que regula el Mercado de Criptoactivos (MiCA). En ese sentido se expresó en sus redes la abogada Cris Carrascosa, al decir que la ley española no cuenta con una antelación a la ley MiCA y por ende no se puede adecuar aún a la que regirá en toda la UE.
Lo que regula la Ley MiCA
La ley MiCA es el reglamento que la Unión Europea aprobó para otorgarle un marco legal y jurídico a todo el ecosistema financiero desarrollado alrededor del blockchain y las empresas de criptomonedas.
Hasta que se promulgue el año entrante, esta norma se encuentra en una transición en la que, si bien ya cuenta con el consentimiento de las partes, todavía no rige con plena vigencia, por lo que cada país sigue legislando bajo sus propias leyes.
El principio que motivó este acuerdo general cuando empezó a tratarse un par de años atrás -a principios de 2018, tras la corrida alcista de Bitcoin en 2017-, es el de dar lugar al nuevo sistema de criptoactivos estableciendo conceptos y mecanismos que permitan identificar aquellos que son seguros para los clientes y a la vez no comprometen la estabilidad del mercado ni los sistemas financieros tradicionales. Yendo un poco más lejos, el acuerdo internacional busca prevenir que el mal uso del sistema blockchain de criptodivisas termine financiando el terrorismo o sirva para blanquear capitales.
La propuesta de Mercados en Criptoactivos tiene cuatro objetivos principales:
– Proporcionar seguridad jurídica para los criptoactivos no cubiertos por la legislación de servicios financieros de la UE existente;
– Establecer normas uniformes para los proveedores y emisores de servicios de criptoactivos a nivel de la UE;
– Reemplazar los marcos nacionales existentes aplicables a los criptoactivos no cubiertos por la actual legislación de servicios financieros de la UE;
– Establecer reglas específicas para las llamadas “monedas estables”, incluso cuando se trata de dinero electrónico.
Por qué las empresas de criptomonedas están en el eje del debate
La Ley MiCA es en rigor una parte de un acuerdo general planteado por la UE en septiembre de 2020, cuando la Comisión Europea (CE) adoptó un Paquete de Financiamiento Digital, que pretende proyectar medidas destinadas a contener la situación económica del continente en las próximas décadas. Dicho paquete de medidas tiene como objetivo mejorar la competitividad del sector y las tecnologías Fintech de Europa, mitigar el riesgo y garantizar la estabilidad financiera de los países adheridos a la UE.
Es en este marco que, mirando al futuro, se empezó a debatir todo lo concerniente a la Ley MiCA, principalmente para optimizar la tecnología de contabilidad distribuida (DLT) y regular los activos virtuales protegiendo a los usuarios e inversores. Por esta razón es que los proveedores de servicios de criptoactivos, conocidos como CASP, fueron puestos en el eje del debate, cuyo crecimiento ha sido cada vez más notorio. Frente a ello, a partir de la entrada en vigencia de la ley se les impone una serie de obligaciones y estrictos requisitos de control.
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