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En una rueda de prensa, Ester Capella, quien cumple el rol de consellera de Territorio de la Generalitat de Cataluña, informó una modificación en la categoría de gran tenedor. Explicó que se ha efectuado la resolución de las alegaciones a la memoria catalana de la Ley de Vivienda, y se realizarán cambios en dicha categoría. Por ello, se bajarán a cinco los inmuebles necesarios para establecer a los contribuyentes como gran tenedor, de la misma manera que la normativa nacional lo establece.

Recordemos también que la incorporación y puesta en marcha de la Ley de Vivienda, sigue trayendo algunos cortocircuitos. Es que ya desde su inicio ha causado discusiones y posiciones encontradas. La finalidad del Gobierno, era la de poder poner fin a los problemas habitacionales de nuestro país. Pese a ello, se ha ganado algunos enemigos, al sobrepasar las competencias de las comunidades autónomas. Teniendo en cuenta esta situación, ya son cinco las que han decidido realizar recusaciones para poder retomar el control de la vivienda en cada localidad.

En este post te contaremos todas las novedades respecto a la categoría de gran tenedor. Además, de la posición de APCE y Foment que explican que consideran que ésta redefinición, podría imposibilitar el acceso a la vivienda. ¿Nos acompañas?

Se viene un cambio en la consideración de gran tenedor en Cataluña

Hace unos pocos días, Ester Capella, ha informado novedades respecto a los grandes tenedores. La consellera de Territorio de la Generalitat de Cataluña, comentó que se han resuelto las alegaciones a la memoria catalana de la Ley de Vivienda del Gobierno. En esta rueda de prensa, explicó que se definió reducir la cantidad de propiedades que puede tener un contribuyente para quedar  catalogado como un gran tenedor. Por ello, dentro de poco, cada titular, que posea cinco inmuebles, será considerado dentro de esta categoría.

Al explicar las razones por las cuáles la resolución fue favorable, informa, que ya la nueva Ley de Vivienda que el Congreso ha aprobado y que ya se encuentra en vigencia, contempla este cambio. 

No solo se modificaran la cantidad de viviendas para gran tenedor

Según explicaron en la rueda de prensa,  se han presentado otras alegaciones que han obtenido los votos necesarios.  Uno de ellos, tiene que ver con los promotores sociales. Por medio de esta modificación aquellos que realicen promociones de viviendas de protección social con fines de renta, no entrarán dentro de la categoría de gran tenedor, mientras que aquellos que se dediquen a vender estas viviendas, si.

Estas dos alegaciones son las que se modificaran de la memoria inicial que ha realizado el Govern en el mes de junio. Por medio de ella, también se cifran en 140 los municipios que serán incorporados como zonas tensionadas. De esta forma, deberá allí aplicarse, la limitación del alquiler que se fija en la nueva Ley de Vivienda.

Dentro de las alegaciones, se ha detallado, que se establecieron cuatro ejes. Por un lado, respecto a la imposibilidad de poder aplicar la Ley en Catalunya. En segundo término, la compensación económica a los propietarios, el cambio en la consideración de gran tenedor y la diferenciación que se establecerá entre quienes vendan y alquilen viviendas de promoción social. 

Cuando se pondrían en vigor los cambios presentados

El gobierno de la Generalitat ha explicado que se ha previsto primero que nada avalar la memoria. De esta forma, se estima que para el mes de agosto, en Catalunya, podría entrar en vigor la Ley de vivienda.

Se ha consultado, también respecto a  la posibilidad de interponer un recurso judicial por las entidades que representan el sector de la promoción, intermediación y administración de viviendas. Ante ello, explican que esperan que los tribunales puedan dar valor a los derechos que se intentan proteger mediante estas medidas.

Debemos recordar también que, la semana pasada, el Parlament, deberá realizar una votación respecto a la inconstitucionalidad de la Ley de Vivienda estatal.  Allí se deberá definir si realizarán, al igual que otras 4 comunidades autónomas, la recusación por la invasión de competencias que en la normativa se plantean.

Ester Capella, al referirse sobre este tema  explica que la Generalitat, busca únicamente defender las competencias que le corresponden sobre la vivienda. Agrega que tienen la obligación de dar una respuesta a la ciudadanía y también garantizar sus derechos.

Otro de los puntos a los que se ha referido, tiene que ver con la Ley de Vivienda catalana. Ella ha insistido, en que le hubiera gustado que el Tribunal Constitucional no la haya anulado. Esto se debe a que daba una respuesta absoluta a los problemas de emergencia en la contención de riesgo. 

¿El cambio de gran tenedor podría imposibilitar el acceso a la vivienda?

Al conocerse la decisión de modificar la cantidad de viviendas por las que un contribuyente es declarado gran tenedor, algunas asociaciones han planteado su desacuerdo. Una de ellas fue la Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya, la otra, la patronal Foment del Treball. En conjunto, han lanzado un comunicado el pasado jueves, planteando sus posiciones.

Sobre la reducción de diez a cinco la cantidad de propiedades que permite considerar a un propietario como gran tenedor, explican que imposibilitará el acceso a la vivienda.

Agregan además que mediante esta medida, sería posible agravar aún más el acceso al mercado de la vivienda. Así muchos podrían retirar sus pisos de la oferta de viviendas para la renta, y colocarlos para la venta. Esto es justamente algo que se busca evitar.

Ambas patronales, explican que esta nueva definición de gran tenedor, es en realidad una decisión política. Mediante ella podría aumentar la inseguridad jurídica y han apostado a la posibilidad de colaborar entre entidades tanto públicas como privadas con el fin de aumentar la cantidad de viviendas asequibles y sociales para solucionar el problema de la vivienda.

Si te has quedado con alguna duda, te invitamos a que nos dejes tu comentario al finalizar el artículo. Desde Oi Real Estate te responderemos a la brevedad. Dejamos a continuación otro artículo que puede ser de tu interés:

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Hace muy pocos días el Senado ha aprobado definitivamente la normativa que regulará la vivienda en nuestro país. Solo falta que se publique en el BOE para que pueda entrar en vigencia. Pero ¿cuáles serán los efectos de la Ley de vivienda? En este post te contaremos todo sobre este tema. ¿Nos acompañas?

¿Cuáles serán los efectos de la Ley de vivienda una vez que entre en vigencia?

Según el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de nuestro país, uno de los primeros efectos de la ley de vivienda tiene que ver con la inseguridad jurídica. Sobre este punto hacen referencia los problemas que podrían sufrir los actuales propietarios y futuros inversores. Por otro lado plantean la problemática que podría instalar debido a la invasión sobre las competencias de las distintas Comunidades Autónomas, y podrían traer problemas legales por este punto.

El presidente del Consejo, Gerard Duelo, insiste en que aplicar esta nueva normativa tendrá un efecto contrario al que se intenta obtener. Esto se debe a que genera confusión en el ordenamiento jurídico. Agrega además que crea una imagen de debilidad e incertidumbre que perjudica el derecho que se busca proteger.

¿Qué efectos puede generar la ley de vivienda al realizar el control de la renta?

La nueva normativa interviene y controla los máximos aumentos que pueden efectuarse en la renta. Esto significa un intervencionismo sobre la propiedad privada. Mediante ello se afectan los derechos constitucionales y se perjudican gravemente a quienes deciden poner sus viviendas en alquiler. Desde el Consejo, declaran que estarían pidiendo a los arrendadores que realicen el trabajo que el gobierno debería hacer.

Reducción en la oferta

En este momento, uno de los problemas que afecta a la renta, tiene que ver con la caída en la oferta de viviendas para alquilar. Esta normativa, al limitar los valores de las propiedades, traerá como consecuencia que los propietarios elijan vender o cambiar hacia el alquiler turístico. Esto se debe en parte a que de esa forma obtendrán mayor seguridad y rentabilidad.

Por otro lado, debido a la inseguridad jurídica que los propietarios verán, probablemente endurezcan las condiciones para la firma de los contratos. De esta forma, muchos inquilinos no podrán acceder a una vivienda, por no lograr cumplimentar los nuevos parámetros que se incorporen.

Efectos de la ley de vivienda sobre las inversiones

El análisis respecto a los efectos de la ley de vivienda realizado por COAPI, explica los problemas que puede generar con las Comunidades Autónomas. Debemos entender que muchas de las medidas que allí se plantean interfieren con las competencias de los Ayuntamientos y estimulan el desequilibrio entre las distintas localidades. Explican además que incitan a la polarización de políticas de vivienda, dependiendo de la inclinación ideológica de cada una de las comunidades.

Pero eso no es todo, otro de los puntos donde interfiere la normativa, tiene que ver con la gestión que puede realizarse sobre los parques públicos, la definición del modelo de protección oficial y los marcos donde se relacionan el sector profesional, los consumidores y usuarios.

Otra de las críticas realizadas por Duelo, tiene que ver con los efectos negativos que tendrá la ley de vivienda en la inversión. Sobre este punto hace alusión a diferentes temas. Por un lado, la inseguridad jurídica, que motivará a muchos inversores a elegir otros países donde se sientan más cuidados.

Efectos negativos de la ley de vivienda sobre la obra nueva

Con respecto a la obra nueva, el incremento de suelo que se utilizará para las VPO de las nuevas construcciones, afectará la viabilidad económica de los distintos sistemas urbanísticos en tramitación. La consecuencia de ello será una menor edificación de viviendas a estrenar y llevará esa demanda hacia la compra de vivienda usada. Esta migración generará un aumento en el valor de ellas.

Por otro lado, la limitación en los precios de las rentas, vulneraría la libertad de mercado. Esto se debe a que no es justo obligar a un propietario a alojar personas en su propiedad sin recibir una ganancia, y menos si esto es debido a la dejadez en cuanto a las obligaciones de los poderes políticos.

Las zonas tensionadas, delimitadas por las Comunidades Autónomas, explican desde COAPI, generarán la gentrificación tanto de inversores como promotores a otras localidades donde esta ley no se aplique.

Nuevos tributos para incentivar el alquiler

Establecer nuevas cargas tributarias por vivienda vacías, según explican desde el COAPI, es simplemente para poder recaudar dinero. Este tipo de medidas no logrará los efectos pretendidos.

Debemos recordar que la ocupación de vivienda, ha sido uno de los motivos por los cuáles muchos propietarios han decidido retirar sus viviendas para alquiler del mercado.

Las medidas que se han incorporado en la nueva ley de la vivienda, han puesto más trabas en los procesos de desahucio donde el estado protege a personas en situaciones vulnerables que no pueden afrontar la renta, al igual que a los okupas.

Así, las dilaciones en cuanto a los procesos de desalojo serán un laberinto burocrático y judicial.

Esta falta de protección que sienten los propietarios, llevará probablemente a más tenedores a retirar sus viviendas del mercado, para protegerse a si mismos.

Errores cometidos por el Gobierno

Desde el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, han sido muy duros al analizar los efectos de la ley de vivienda. Explican que el Estado hace recaer en los propietarios la obligación de garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada a los ciudadanos.

Hacen hincapié en que el problema es la consecuencia de una mala política de vivienda social que se lleva adelante hace muchos años.

Una de las críticas y análisis que realizan, tiene que ver con la entrega de vivienda pública. En años anteriores, se han entregado cientos de miles de pisos que contaban con protección social. Estos inmuebles luego de 10 o 15 años se podían vender en el mercado libremente. Si esto no hubiera ocurrido, en este momento el estado contaría con entre 3 y 4 millones de viviendas sociales.

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