El Gobierno de Pedro Sánchez esbozó el Plan España 2050, y en él propone crear una herencia pública universal. Esto es una dotación económica que recibirán los jóvenes a una edad determinada. Y que podrán utilizar para comprar su primera vivienda, para crear un negocio o para completar su formación. Así lo dice el documento “Fundamentos y Propuestas para una Estrategia Nacional a Largo Plazo”.
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En el texto de Moncloa, en el que aparecen más de 200 propuestas, entre ellas impuestos, el mercado laboral o la vivienda. Dice que “Conviene que España estudie, debata y evalúe nuevos mecanismos de protección colectiva que ayuden a ampliar o reforzar los actuales. Existen numerosas propuestas que, aunque todavía embrionarias, ya están presentes en el debate social en países de nuestro entorno. Una de las más destacadas es la herencia pública universal”.
La desigualdad intergeneracional de la riqueza es uno de los más grandes desafíos a los que se enfrenta Europa, según creen en Moncloa. Por esto, el Ejecutivo Central está decidido a que este fondo público, llamado “herencia universal”, va a ayudar a equilibrar la situación desigual que hay entre jóvenes y adultos.
“En la desigualdad de la riqueza, las herencias juegan un papel cada vez más crucial. Esta desigual distribución de las herencias afecta de manera decisiva a la equidad entre las generaciones jóvenes. Una propuesta novedosa para contribuir a que este fenómeno no se agudice en el futuro es la posible creación de una herencia pública universal”, afirma el documento inspirado en una España de los próximos 30 años.
¿Qué es la herencia universal?
Para el Gobierno, se trata de una dotación económica que recibirán todos los jóvenes del país una vez que alcancen cierta edad. Y se podrá usar para comprar una primera vivienda, completar una formación académica o financiar un negocio.
“Ahora mismo puede sonar utópico, pero es posible que en las próximas décadas se haga realidad en algunos países. España debería, por tanto, explorar esta posibilidad teniendo en cuenta los niveles de desigualdad existentes en el momento de su puesta en marcha, así como su efecto adicional al resto de medidas sociales”, finalizan.
El impulso a la vivienda joven
Estos anuncios llegan en un momento en el que el sector de la construcción venía reclamando fórmulas que permitan comprar una vivienda a los jóvenes con solvencia económica y posibilidad de pagar una hipoteca, pero que carecen de ahorros.
La CNC (Confederación Nacional de la Construcción), instó al Gobierno hace muy poco a activar un sistema de avales públicos, que permitan cubrir el 20% del precio del inmueble. Esta propuesta pretende además impulsar la compra de una primera vivienda a los jóvenes menores de 35 años, con garantías estatales gestionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), organismo que ha ejecutado un papel similar con las empresas durante la pandemia por el covid-19. También pretenden que colabore la banca.
Hubo además una propuesta del Banco Santander, con el lanzamiento de una prueba piloto con hipotecas que permiten financiar hasta el 95% de la vivienda (los bancos conceden el 80%), dirigida a jóvenes con capacidad del pago de una cuota mensual, sin ahorros previos, pero exigiendo una garantía durante los primeros cinco años.
El papel de las aseguradoras
Además de este plan, el gobierno español analiza un sistema que ayude a los jóvenes a conseguir su primera vivienda, junto a las aseguradoras, para que ingresen como aval de esta población.
La propuesta desde el sector es que el gobierno se haga cargo de un 15% de la operación de compraventa. De esta manera, las aseguradoras financiarían 95% y el comprador sólo el 5%.
Pero el principal factor que dificulta este tipo de ayudas es la dificultad de intentar encontrar mecanismos que logren compaginar el derecho administrativo con el financiero y estatal. Si el Estad se hace cargo del aval de la hipoteca de un comprador, está tomando potencial deuda. Al involucrar los presupuestos públicos, la medida generaría reticencias desde el sector de Hacienda, que requeriría de otros refuerzos para poder darle curso a este tipo de políticas.
Una solución a este problema es el rol de las aseguradoras, que se convierten en intermediarios entre las entidades financieras y el Estado. De esta forma, el gobierno sólo se haría cargo de la costa prima del seguro y el riesgo financiero lo correrían los bancos y las empresas de seguros.
Personas beneficiarias
Este programa podría ser utilizado por un millón de personas. Además, tres administraciones podrían obtener beneficios asociados, ya que gracias a este tipo de programas, lograrían alcanzar gravámenes por 15.000 millones de euros. Por otro lado, con la implementación de ayudas para comprar, se posibilitarían 500.000 nuevos puestos de trabajo.
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