Uno de los problemas inmobiliarios más grandes de toda España es la okupación ilegal, siendo vista mayormente en las ciudades principales del país. En las viviendas públicas de la Generalitat Valenciana se ha dado con mayor frecuencia en la actualidad, conllevando a un problema para las ayudas institucionales.
Siendo éste un sistema de autogobierno, resulta un poco complicado encontrar soluciones que se apeguen a las leyes para desalojar a los okupas. Sin embargo, no es algo que resulte imposible de hacer y se estima que los resultados de las inspecciones permitan tener mejores resultados.
En este artículo encontrarás:
Problemas de la okupación ilegal afecta a la Generalitat Valenciana
Las viviendas del parque público que maneja la Generalitat Valenciana tienen muchos problemas por los okupas. Desde la Conselleria de Vivienda se han implementado muchos esfuerzos para que se eviten estos problemas por medio de varias medidas de disuasión.
También se encuentra la regulación para los casos que tienen familias vulnerables. Sin embargo, la poca falta de recursos y la pandemia ha aumentado la problemática que tiene una solución cada vez más compleja.
Al inicio de la legislatura había cerca de 1.300 viviendas con inquilinos en situaciones irregulares de las 15.000 existentes en el parque público. Ahora se encuentran en esta situación unas 1.600 viviendas equivalentes al 11% del total.
Estos datos son provenientes de la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha), la cual se encarga de su gestión. En 2021 se detectaron 142 nuevas ocupaciones ilegales, representando un 25,65% menos que en 2020.
Así fue como se comenzó a dar la creación de los correspondientes expedientes administrativos para el correspondiente desalojo. Todos fueron con el conocimiento y participación de los servicios del municipio, contando así en la memoria de gestión de la entidad del ejercicio pasado.
Sin embargo, la dificultad que se presenta en la mayoría de los casos es la exclusión social y emergencia que presentan muchas familias. Hay algunas con menores a su cargo y no pueden abandonar, siendo de los motivos para la activación de un programa de legalización de ocupantes.
Todo es con un sistema en el que se permite la oportunidad a los okupas que no tienen títulos para la adjudicación excepcional de inmuebles. Son importantes criterios objetivos como la acreditación de la situación y tiempo de ocupación.
Otros detalles considerados es si son familias numerosas, si hay hijos menores o víctimas de violencia de género.
Cumplimiento de los requisitos en los casos de okupación ilegal
De acuerdo a las fuentes de la empresa pública, cerca de 1.200 inmuebles okupados cumplen con estos requisitos y pueden llegar a regularizarse. Mientras, los 400 restantes deben ser desalojados de forma inmediata por no cumplir con la regla.
En 2021, por ejemplo, se adjudicaron 137 viviendas regularizadas, siendo 1 en Castellón, 37 en Valencia y 99 en Alicante. A su vez, la EVha expone que desde el 2015 se ha regularizado la situación de 364 familias.
Aunque esto ha sido un progreso, el problema no deja de afectar a las arcas públicas. De acuerdo al informe de auditoría de la entidad, a cierre de diciembre de 2021, la Generalitat tenía costosas viviendas en trámite de desalojo.
Algunas de ellas presentaban un valor de 11,1 millones de euros. Esta situación no se refleja en las cuentas de la EVha y ha llevado a los auditores a reprender a la entidad.
Ella debía mostrar el deterioro del valor de estos activos que son de gran valor. Al no hacerlo, hay una falta de expectativa clara del momento que se van a recuperar y volver a generar flujos de efectivos futuros.
Otro reproche es que no haya una estimación de las reparaciones que se necesitan para que las viviendas estén de nuevo en condiciones de uso. Conocer el deterioro es una minoración del activo del balance y de los resultados del ejercicio por el importe que no se va a recuperar.
Inspecciones en las viviendas públicas
Al ser la okupación ilegal uno de los mayores problemas del parque público, se ha continuado con la política iniciada en 2015. Se basa en no tolerar estas ocupaciones en viviendas sociales porque vulneran los derechos de quienes están registrados en la lista de demandantes de viviendas.
Es por ello que para la detección de las situaciones, se hacen inspecciones anuales que también son funcionales para comprobar su uso como viviendas habituales. El año pasado aumentó un 33% más el número de comprobaciones gracias a la aplicación del nuevo Servicio de Mediación y Administración en comunidades vecinales.
Esta unidad también se encarga de hacer dinámicas para la participación y concienciación con los vecinos para ayudar a las familias y mejorar la convivencia. Así, se dio inspección a 10.206 viviendas de las 15.000 del parque público valenciano.
De ellas, 3.851 se registraron en la provincia de Valencia, 5.711 en Alicante y 644 en Castellón.
Prevención y minimización de la okupación ilegal
Para estas acciones, el pasado ejercicio incrementó la colaboración con los servicios municipales. Esto con el fin de encontrar la mejor alternativa habitacional para la personas o familias en riesgo extremo de exclusión social.
La idea de todo esto es aplicar el mecanismo de adjudicación de vivienda por medio de la urgencia. Sin embargo, hay veces en las que se tiene que recurrir a medidas antiguas para que se evite el problema.
Consiste en instalar puertas blindadas, pero es una medida ‘ineficaz’ y por eso se decidió usar la alarma de conexión con la central de policía. En octubre de 2021 se generó un contrato para instalar 250 sistemas de seguridad por 4 años en inmuebles del parque público.
Para finales de ese año, ya se había dado la instalación de 52 alarmas. También se destaca que el año pasado se repararon 69 viviendas pendientes en regularizar: 22 en Alicante; 7 en Castellón y 40 en Valencia.
De 2019 a 2021 se adecuaron 990 viviendas del parque público, 783 vacías para nuevo arrendamiento y 207 pendientes para legalizar. En la legislatura anterior, la del 2015 y 2019, se separaron 850 de las 823 que estaban vacías y 27 para legalizar.
¿Qué te parecen estas nuevas estrategias para la regulación de las okupaciones? ¡Cuéntanos en los comentarios! ¡Nos encanta leerte!
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