En España existe una Ley de Residuos que busca poner al día a la industria en lo que vienen siendo debates de peso sobre la sostenibilidad y la economía circular, entre otros temas. No obstante, los residuos de la construcción en toda Europa superan las 2.500 millones de toneladas y en nuestro país representan el 29,8% del total de los que se generan en el país.
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El problema de los residuos de la construcción
A nivel mundial, los residuos de la construcción son un problema que afecta la salud humana y medioambiental. Pero además representan un tema aún no resuelto en términos de lo costoso que resulta su tratamiento, lo cual ha favorecido prácticas que, aunque en algunos casos se preveen tanto penas legales como administrativas, éstas no siempre son ejecutadas.
El descarte no controlado de los residuos de la construcción, así como de los derivados de la construcción y la demolición (RCD), supone entonces un problema social, técnico y ambiental cuyos efectos negativos no han hecho más que crecer.
Vale aclarar que estos residuos no se generan sólo en los procesos de demolición, sino también en los de construcción, en la rehabilitación o reparación de pisos, en la explotación de canteras o en el tratamiento de los materiales. Esto significa que durante todo el proceso de edificación y desmantelamiento, se producen desechos. En la mayoría de los casos son nocivos para el medio ambiente y la salud humana por sus efectos explosivos, inflamables, tóxicos, cancerígenos, entre tantos otros. Claro que también hay otros residuos no peligrosos (por ejemplo, maderas, metales) o inertes (ladrillos, tejas, etcétera).
Conociendo esto, es fácil mensurar la gravedad del hecho de que, según datos de Eurostat, sólo en la Unión Europea se generan más de 2.500 millones de toneladas de residuos y RCD al año. Y en España es la industria que más residuos genera, con casi el 30% del total.
La Ley que apenas se aplica
En abril de 2022 se aprobó en nuestro país una Ley de Residuos con el fin de alcanzar el 70% de valorización de los residuos generados por la construcción, pero según datos del Clúster de la Edificación, el 75% de las constructoras incumplen esta ley. Entonces, no es que no existan las leyes, sino que no se controla la aplicación de la norma, o las penas no son tan costosas como la correcta solución del tratamiento, eliminación o valorización de los residuos de la construcción. El descarte a muy bajo coste en vertederos pareciera ser uno de los mayores obtáculos para la aplicación de las leyes y la razón por la que el problema sigue en aumento.
En busca de comprender mejor el panorama, la encuesta del Clúster de la Edificación expone los argumentos que mencionan las constructoras para justificar el incumplimiento. En primer lugar, la falta de incentivos económicos (61%). Luego, la ausencia de espacio para la separación de los residuos de construcción y demolición (57%), seguida por la dificultad con los materiales por su reciclabilidad (44%). Finalmente aparece el nunca bien ponderado aspecto educativo: la falta de concienciación y motivación (24%).
Pero en la mesa, se barajan números
Entre los argumentos mencionados se pone en evidencia que al momento de sentarse a solucionar el problema, gran parte se reduce a una cuestión de costes. En una industria que genera tantos desechos, su tratamiento no parece ser compensado con las posibles ganancias. ¿O si?
Desde la perspectiva de las constructoras, lo que ven es el número rojo que les genera el reciclaje. Los mismos autores de la mencionada encuesta referencian que sólo en la edificación de un residencial tipo (de alrededor de 80 viviendas), reciclar los residuos de la construcción les implicaría cerca de 600 euros por inmueble. Pero el dato aquí no es el coste sino lo que se supone que debe afectar en el total de la planificación: sólo el 0,2% del presupuesto de ejecución material (PEM) debería ser afectado por el reciclaje. Con esos márgenes, poco se puede avanzar en una política seria de equilibrio en las cuentas. Ni hablar de considerar el promocionar aquel factor educativo vinculado al cuidado ambiental y de la propia salud humana.
“La nueva Ley de Residuos establece la fiscalidad de los residuos inertes en tres euros por tonelada, frente a los residuos no peligrosos, que será de 15 euros la tonelada. Pero la situación se agrava aún más cuando no existe un control sobre los residuos que se depositan en vasos de vertederos de residuos inertes, siendo estos un lugar muy atractivo donde depositar residuos no peligrosos a una fiscalidad muy baja”, indica Juan Diego Berjón, responsable del tratamiento de residuos en Surge Ambiental (Grupo Sacyr), constatando la debilidad legal del asunto.
Los residuos de la construcción son apenas la punta del iceberg
Esta situación que ya es grave en la construcción tampoco se ve resuelta en los casos de rehabilitación de viviendas. Para aquellos proyectos que dependan de los fondos Next Generation existe la normativa de garantizar que al menos el 70% del peso de los residuos de construcción y demolición generados se preparen para la reutilización, el reciclaje y la revalorización de otros materiales. No obstante, tal requerimiento no es un obstáculo para la aprobación de los mismos, y dada la falta de acuerdos globales, viables y eficaces entre las partes, poco se puede esperar sobre el control de los resultados.
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