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Empezó julio y España nuevamente está pendiente de las elecciones. La campaña electoral empieza este viernes 7 y se extenderá hasta el próximo 21. En ella volverán a circular las propuestas que más interesan a los ciudadanos, reviviendo debates nuevos y otros que trascienden los últimos sufragios. En la nota de hoy, te contamos cuáles son las medidas sobre vivienda que plantean los partidos de cara a las elecciones a Cortes Generales del 23J.

Cuando elegir una casa es elegir una política de Estado

Así parece estar planteado ya desde el 28M, cuando la campaña electoral de entonces se tiñó con propuestas en torno a la problemática de la vivienda en España. Ante la crisis habitacional generada por falta de obra nueva, déficit de pisos disponibles para el alquiler y una Ley que, aún sancionada, genera hoy desconfianza, las medidas en torno a este tema fueron la estrella de prácticamente todas las plataformas políticas.

Dentro de tres domingos más de 37 millones de españoles -contando a los que viven en el extranjero-, estarán habilitados para votar representantes en las Cámaras de Diputados y en el Senado, cuando el 23 de julio se abran los comicios a las 9 de la mañana de ese día. Mientras tanto, tendremos dos semanas de campaña electoral, entre el 7 de julio y el 21 de julio próximo. Las Cámaras resultantes se reunirán, en sesiones constitutivas, el 17 de agosto.

Es de esperar que en ese marco la campaña vuelva a cargarse con propuestas sobre uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos: la falta de vivienda asequible. Tal como lo vienen analizando distintos portales inmobiliarios como Fotocasa, esta problemática es compleja no sólo en causas sino también en consecuencias, por lo que uno de los mayores desafíos es sin dudas la coordinación con distintas áreas de gestión, y los planes a largo plazo. Veamos a continuación, cómo abordan estos temas los distintos partidos.

Cómo prepara su 23J el partido gobernante

El Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos es el que llevará como bandera de la campaña sus soluciones a la crisis habitacional. Lo hará, sin dudas, tratando de no evidenciar fallas en su gestión para contenerla, pero conscientes de que son los principales impulsores de la nueva Ley de Vivienda.

Algunas de las medidas que contemplan en sus discursos tienen que ver con ampliar la oferta de vivienda asequible, la rehabilitación y el alquiler de inmuebles. Sus últimos anuncios daban cuenta de que se estaban levantando 20.000 viviendas protegidas, y es uno de sus objetivos el crear un gran parque de alquiler a precios inferiores a los del mercado.

También sus referentes hablan de movilizar los pisos vacíos y a los grandes tenedores de vivienda, frenar las subidas abusivas de precios y apoyar el acceso de los jóvenes a la vivienda.

Como complemento, se planea implementar un Plan de Vivienda Sostenible -acorde a una estrategia de rehabilitación con proyección al 2050-, bajo criterios de eficiencia energética y acceso a la vivienda, ofreciendo incentivos a las familias vulnerables.

Finalmente, y tal como lo había anunciado antes del 28M, el PSOE buscará que se aprueben medidas para alojar colectivos con necesidades especiales y urgentes, tales como el realojo de inquilinos que no puedan hacer frente al pago de sus rentas o que hayan perdido su vivienda por ejecución hipotecaria.

Opciones de vivienda para la oposición

También en relación a lo adelantado en la campaña del 28M, el Partido Popular propone distribuir un cheque de 1.000 euros, a pagar una sola vez a menores de 35 años que ganen menos de 40.000 euros anuales, para comprar o alquilar casa.

Favorecer la redistribución poblacional es otro de los objetivos del PP, en especial motivando que familias jóvenes se muden a zonas rurales con escasa población. De alguna manera como complemento, pretenden también ayudar en la rehabilitación de pisos a quienes pongan su vivienda en alquiler.

Por otro lado, no han ahorrado debates en torno a la ocupación ilegal, acción que estiman frenar o disminuir, pasando de multa a pena de privación de libertad de uno a tres años. En caso de que el problema surja por la dificultad en afrontar los costes de la renta, se crearían seguros de impago del alquiler, así como se evaluarán medidas que faciliten la solución de conflictos entre arrendadores y arrendatarios.

La propuesta de VOX de cara al 23J

Las medidas liberales de Vox también fueron ya eje de debate hace dos meses, al finalizar las elecciones del 28 de mayo pasado. De cara al 23J, el uso de los suelos y la propiedad privada son las propuestas más relevantes.

Tal como propone el PP, se sugiere penalizar la ocupación, pero se incita a llevar a cabo desalojos en 48 horas. También coincide con los populares en su oposición a la Ley de Vivienda y la regulación del precio del alquiler.

No obstante, pretende también avanzar con la construcción de obra nueva y para ello pretende liberalizar el suelo, así como “convertir en suelo apto para ser urbanizado todo el que no deba estar necesariamente protegido por motivos de interés público convenientemente justificados”.

SUMAR a la campaña del 23J

La nueva formación de Yolanda Díaz, que incluye a Unidas Podemos, buscará intervenir en las subidas abusivas mediante el control de precios del alquiler, asegurando el techo del 30% de los ingresos familiares destinados a la renta.

Otra medida tiene que ver con la creación de un parque de alquiler público, mediante la “cesión obligatoria y las sanciones a los grandes tenedores de viviendas vacías”. Este tipo de medidas van de la mano de una concepción de la vivienda como derecho fundamental, que según esta mirada debería estar así presente en la Constitución. En ese camino, los desalojos y/o desahucios a personas o familias en situación de vulnerabilidad, no serán posibles si no se les garantiza a esas personas una alternativa habitacional.

¿Qué opinas de estas medidas? Comparte tu opinión en los comentarios al pie de esta nota. Y no olvides que si quieres conocer más sobre opciones de vivienda en España, tienes mucha información a disposición en el sitio de Oi Real Estate.

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La medida anunciada esta semana por el Gobierno de destinar 50.000 viviendas de la SAREB a alquileres asequibles generó tanto críticas como apoyos desde los distintos sectores políticos. No obstante, las más interesadas en la gestión de estos pisos son sin dudas las comunidades autónomas que, una vez aplacado el fervor electoralista, deberían hacerse cargo de efectivizar esta oferta. A Cataluña le correspondería hacer uso del número que se le destine entre prácticamente 13.500 propiedades, de las cuales unas 7.000 estarían en la provincia que contiene la capital. En la nota de hoy, te contamos qué significa esta promoción de pisos de la SAREB en Barcelona.

La problemática de la vivienda social

La problemática del acceso a la vivienda se percibe en todo el territorio español. No obstante, se conoce también que hay regiones que acaparan mayor demanda -las llamadas zonas tensionadas-, y otras en los que la población tiene distinto comportamiento según cambien las condiciones de vida. Lo que en cualquier caso resulta innegable es que las solicitudes para acceder a una vivienda social se han disparado en los últimos años. Cataluña, y en especial Barcelona, no escapan a esta demanda. Esto conforma un panorama que, siguiendo un somero análisis, se puede sintetizar en los siguientes puntos:

– Es limitado el parque público de viviendas en España. Incluso, como salió recientemente en las noticias, es uno de los más bajos de Europa. En Barcelona el número de viviendas de protección oficial (VPO) resulta insuficiente y hay un descenso generalizado en el sector de la construcción.

Gran parte de los desahucios ocurridos en la Ciudad Condal afectan a los sectores de más bajos ingresos.

La falta de alternativas asequibles provoca una fuga de residentes jóvenes hacia otros municipios del área metropolitana.

La gentrificación -que se produce cuando se van de un barrio las familias de renta más baja al revalorizarse sus terrenos y subir de precio la vivienda-, ya ha afectado a zonas como la de Sant Pere, Santa Caterina, la Ribera, Raval y la Barceloneta.

Como puede observarse, esta situación no se detiene en debates sobre las políticas públicas implementadas sino que sólo recopila algunos aspectos vinculados a las migraciones y las modificaciones de la sociedad local respecto de su situación con la vivienda. No obstante, en tiempos electorales, salen a la luz con más fuerza y es allí cuando aparecen las medidas que buscan solucionar al menos, parte de este complejo problema.

La SAREB como recurso

Hace más de una década ya que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (más conocida por sus siglas, SAREB), inició su actividad de “rescate” de los bancos, tras la crisis que inició en el país en 2008. En efecto, desde 2013 el organismo trabaja conjuntamente con la Administración Pública para gestionar la cesión y uso de vivienda social, en base al diagnóstico de vulnerabilidad que se realiza desde los organismos de gobierno. Por esta razón la SAREB ha sido habitualmente un intrumento gubernamental, en especial cuando su principal respaldo, el Estado, tomó control del mismo el año pasado.

En este marco, su función es reestructurar la deuda de los bancos pero a la vez, utilizar los recursos generados para contribuir a incrementar el parque público de vivienda social en España. Paulatinamente, desde que se constituyó el organismo puso a disposición de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos un número cada vez mayor de pisos de alquiler asequible. En ocasiones, incluso, se puso a disposición de las distintas administraciones la posibilidad de adquirir inmuebles en condiciones ventajosas a fin de que pasen a su parque de vivienda pública en forma definitiva y no sólo temporal. En este sentido, Madrid y la Comunidad Valenciana son dos de las administraciones que más han generado este tipo de acuerdos.

La oferta de la SAREB en Barcelona

La medida impulsada esta semana por el Gobierno implica destinar 50.000 viviendas que están bajo la órbita de la SAREB, a su explotación con alquileres asequibles. Según los datos de la propia Asociación, ésta posee 6.997 viviendas en la provincia de Barcelona. Se estima que unas 2.733 pertenecen al área metropolitana, y de ellas, 767 son pisos en Barcelona. Dado que, como se mencionaba anteriormente, la problemática de la vivienda social en la capital catalana es compleja y requiere de soluciones que se apliquen en mayores magnitudes, esta propuesta del gobierno nacional obtuvo un apoyo relativo.

En este marco ¿serán estas medidas retomadas tras las elecciones y en acuerdo entre los partidos? ¿Qué crees que ocurra con estas ofertas de la SAREB? Comparte tu opinión en la parte de comentarios de esta nota. Y no olvides que si quieres conocer más sobre opciones para vivienda en España, tienes mucha información a disposición en el sitio de Oi Real Estate.

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