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Desde el partido Sumar piden una Proposición No de Ley (PNL). La finalidad es la de modificar la potestad de la Ley de Vivienda. Es que hoy en día, las Comunidades Autónomas están inhabilitadas para no declarar municipios dentro de la categoría de zonas tensionadas. Por ello, solicitan que tanto el Estado como los Ayuntamientos, tengan la posibilidad de hacerlo.

Esta situación se da en un contexto en el que por ejemplo la Comunidad de Madrid, ha expresado que no incorporará ninguno de sus municipios dentro de esa categoría. Pese a ello, varias de sus localidades no están de acuerdo e incluso han presentado solicitudes para que la decisión de la Comuna cambie.

Debemos tener presente que las normativas especifican que la potestad sobre la vivienda la tienen las propias Comunidades Autónomas. Son ellas las que pueden definir sobre estos temas.

Al parecer se viene una nueva disputa en el caso de que se decida aceptar la proposición de Sumar. En este post te contaremos todo lo que tienes que saber sobre la actualidad de la Ley de Vivienda y la posibilidad de que no sean únicamente las Comunidades quienes tomen decisiones sobre esto. ¿Nos acompañas?

Piden cambios en la potestad de la Ley de Vivienda

El partido Sumar, presentará esta semana una Proposición No de Ley (PNL). Mediante ella, busca que tanto el Estado como los Ayuntamientos tengan la potestad de decidir sobre determinados aspectos de la Ley de Vivienda. De esta forma sería posible que los municipios que quieran declarar las zonas tensionadas puedan hacerlo, sin depender de la Comuna. Cabe aclarar que esto solo será posible en caso de que se cumplan todos los requisitos que se establecen en la normativa.

Esto se daría en un momento en el que por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha decidido que no solicitará la incorporación de ninguna localidad dentro de la categoría de zona tensionada. Esto se debe a que considera que no corresponde intervenir el mercado de esa forma. A pesar de ello, existen municipios que quieren ser incorporados ya que consideran que la normativa les daría herramientas para solucionar el problema de los incrementos en los precios de las rentas.

Un punto que tenemos que tener claro es que poder declarar una zona tensionada, es lo que le da la posibilidad de intervenir, estableciendo un máximo y un mínimo para los valores de los alquileres. De esto solo tienen la potestad en la Ley de Vivienda las Comunidades Autónomas. Por ello es que Sumar quiere ampliar esta posibilidad tanto para los Ayuntamientos como para el propio Estado. Así cuando éstos decidan solicitarlo y la Comuna no se haya pronunciado en un plazo máximo de seis meses, podrían ser incorporados. 

Qué plantea la proposición de ley de Sumar para cambiar la potestad en la Ley de Vivienda

Sumar plantea la posibilidad de ampliar la potestad de la Ley de Vivienda al Estado y los municipios. La diputada Tesh Sidi del partido, ha explicado algunos detalles de la presentación que realizarán. Es que ella será la encargada de realizar el registro de esta nueva iniciativa parlamentaria.

Según ha expresado, se plantearía la posibilidad de que una vez que haya transcurrido un plazo de seis meses sin que haya una resolución autonómica expresa, tanto el Estado como el ente local que lo solicitara, tendrá la posibilidad de establecer en nombre de la Comuna, la incorporación de esa localidad dentro de la categoría de zona tensionada. 

Diferentes posturas ante las zonas tensionadas y quitar beneficios a los ciudadanos

Está bastante claro que la Ley de Vivienda ha generado mucha controversia, por ejemplo respecto de las potestades otorgadas a las Comunidades Autónomas. Incluso debemos recordar que muchas de ellas han presentado recursos de inconstitucionalidad. Esto tiene que ver con a la forma en que el Gobierno Central avasallaría las capacidades de las Comunas para tomar decisiones en materia de vivienda.

Al publicarse hace un tiempo el índice de referencia de precios de alquiler, han surgido algunos reclamos y disputas. Esto tiene que ver por ejemplo con que Madrid, por ejemplo, tiene casi el 90 por ciento de sus municipios con posibilidad de ser incorporados dentro de la categoría de zonas tensionadas. Pese a ello, la Comuna ha decidido que no realizará el trámite ya que sería una forma de intervenir al mercado.

Del otro lado de la vereda se encuentran, por ejemplo, los que consideran que al poder ser incorporadas las localidades como áreas tensionadas, los habitantes de esa Comunidad podrían abonar hasta un 32 por ciento menos de renta al mes.

Desde el partido Sumar, denuncian que sin este cambio, las autonomías podrían no aplicar la regulación haciendo que los ciudadanos de las localidades sean perjudicados.

Otra situación se da en la Comunidad de Cataluña. Esta ha sido la primera que ha realizado los trámites pertinentes para que 140 de sus municipios sean considerados dentro de la categoría de áreas tensionadas. Así que estas localidades podrán ser sometidos al índice de precios.

Pero no ha sido la única que ha planteado la posibilidad de aplicar estas restricciones a los precios de las rentas. Euskadi, Navarra y Asturias, también serían de la partida.

Cataluña presentaría un recurso debido al índice de precios

Si bien la Comunidad de Cataluña ha realizado los trámites pertinentes para solicitar que 140 de sus municipios sean incorporados como zonas tensionadas, aún hay un problema. Al conocerse el índice de precios que regiría en estas comunidades, no se han tenido en cuenta los datos recabados por la Comuna. Esto significa que no han podido participar de su confección, cuando la normativa sí lo permitía.

Por esta razón, busca impugnarlo para que trabajando en conjunto puedan tenerse en cuenta aspectos específicos que tienen que ver con cada una de estas localidades, con el fin de realizar un índice real que pueda ser útil para solucionar el problema de los incrementos de los precios en la renta. Deberemos esperar para saber cuál será la respuesta ante la solicitud presentada.

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Las discusiones sobre la ley de vivienda, no han terminado. Luego de que varias Comunidades Autónomas hayan presentado la recusación al Tribunal Constitucional por la interferencia de competencias de la normativa, ahora el sector inmobiliario, ha decidido recusar la declaración de las zonas tensionadas en Cataluña.

Recordemos el día primero de septiembre, se ha votado y aprobado la recusación de la ley por parte de esa Comunidad. Pero más allá, de esto, la Conselleria de Territorio de la Generalitat de Cataluña, ha iniciado los trámites para la declaración de las zonas tensionadas en un total de 140 municipios.

Las asociaciones y entidades que forman parte del sector inmobiliario han recurrido la normativa.

Hasta el momento, Madrid, Andalucía, Baleares, el País Vasco, Cataluña y Canarias, serían las Comunidades Autónomas que han iniciado los trámites ante el Tribunal Constitucional para realizar la recusación.

En este post te contaremos todo lo referido a este tema, y los motivos de las recusaciones que han sido efectuadas. ¿Nos acompañas?

La declaración de zonas tensionadas en Cataluña

Como explicábamos anteriormente, el 1 de septiembre, se efectuó la votación con el fin de iniciar la recusación a la ley de viviendas. Si bien se ha decidido solicitar esta medida, la Comunidad ha tomado la determinación además iniciar los trámites necesarios para poder declarar las zonas tensionadas. El 6 de junio, el Govern, anunció que habían comenzado la actuación preparatoria para ello.

Un total de 140 municipios de la región, serán declarados dentro de las zonas tensionadas. De esta forma, se podrá establecer un tope al precio de los alquileres alli. La mayor parte de ellos, se encuentran emplazados dentro del Área Metropolitana de Barcelona. Explican desde la Conselleria, que existe en esas localidades un riesgo de que la oferta de vivienda asequible sea insuficiente. Esto sucede debido a que la cantidad de población allí es de 6,2 millones de habitantes. Casi un 80 por ciento de la población total de la Comunidad.

Es importante aclarar que el trámite que se esta realizado, es necesario efectuarlo antes de establecer las zonas tensionadas en una comunidad. Siempre y cuando se encuentren en ámbitos territoriales en los cuales se puede demostrar un riesgo por el desequilibro entre la oferta y la demanda, que no permita el abastecimiento de la vivienda asequible.

Patrícia Plaja, la portavoz del Govern, ha explicado que la Comunidad Autónoma de Catalunya quiere aplicar lo más rápido posible la nueva ley de la vivienda. Además, agregan que se ha demorado demasiado tiempo en la discusión de la ley. Esto ha perjudicado a las familias trabajadoras, y a toda la población en general. Por ello, consideran que tienen que actuar con la mayor celeridad posible para establecer esta limitación del precio en los alquileres. 

Recusan desde distintas entidades y asociaciones la declaración de zonas tensionadas

El Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Catalunya, el Consejo de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, el consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana de Catalunya y la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya han presentado un recurso de alzada. El mismo, se ha efectuado ante la consejera del Departamento de Territorio de la Generalidad de Catalunya, debido a la declaración de zonas tensionadas efectuada por la Secretaría de Vivienda. Tengamos en cuenta que este es el paso previo al establecimiento de las limitaciones que la ley de vivienda establece en los precios de los alquileres.

Pero primero que nada debemos explicar, antes de adentrarnos en los motivos de dicha presentación, qué es un recurso de alzada. El trámite, es presentado por medio de las entidades, y por vía administrativa. Es un paso previo a una interposición del recurso que puede presentarse luego dentro del proceso contencioso administrativo.

Según se ha expresado en el comunicado, consideran que existe un incumplimiento del proceso que se encuentra estipulado en la ley de vivienda para llevar adelante este proceso. La normativa solicita una memoria, que justifique la incorporación de cada uno de estos municipios para establecerse como una zona tensionada.

Pero esto no es todo. Agregan que no hay por parte de la Comunidad un plan específico donde se establezcan cuales son las medidas necesarias para poder corregir el desequilibro existente entre la oferta y demanda. Con ello, se refieren a distintos proyectos que serían necesarios para dar una respuesta real a las necesidades de vivienda de la población de estas localidades.

El control de alquileres y la ley de la vivienda

Una de las medidas que más ha generado controversia, de la Ley de vivienda, tiene que ver con el control de los precios de alquileres. Los Ayuntamientos y las Comunidades deben generar un estudio para justificar la incorporación y justificación de zonas tensionadas. El informe confeccionado debe ser presentado al Gobierno Central.

¿Cuáles son las características que debe contener una zona para ser considerada tensionada?

El primer punto que se establece en la ley tiene que ver con la carga media del coste de hipoteca o alquiler. Éste parámetro será teniendo en cuenta el presupuesto personal que una familia debe gastar, sumando los gastos  y suministros básicos. La ley de la vivienda, establece que si es mayor al 30 por ciento de los ingresos medios o de la renta media de las familias, puede ser considerado como tensionada.

Un segundo punto, es el referido al precio de compra o alquiler. Si este parámetro ha experimentado, dentro de los últimos cinco años  un aumento de al menos un 3 por ciento, superior al porcentaje de crecimiento acumulado del índice de precios de consumo de la Comunidad en la cuál se encuentra emplazada.

En el caso de que la localidad, cuente con alguna de estas características es suficiente para poder catalogarla como una zona tensionada.

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Son muchos los Ayuntamientos que han decidido realizar cambios en el IBI desde el 2019. Este, es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y es la principal forma de recaudación de fondos para las Administraciones locales.

Aquí te contaremos acerca de las localidades en que se han modificado estos valores del IBI. Algunos de ellos han decidido practicar rebajas y otros, incrementos en dicho tributo. Un municipio, que ha efectuado rebajar este tributo, ha sido el Portezuelo de Alarcón, en Madrid, aunque no ha sido el único. ¿Nos acompañas a conocer cuáles son los cambios en las distintas administraciones?

Rebajas en el IBI

Como dijimos anteriormente, muchas localidades de nuestro país, han decidido efectuar rebajas, por medio de la legislatura, en el IBI. Este beneficio para los contribuyentes han sido practicadas por un total de nueve gobiernos municipales desde el 2019.

Según se ha podido verificar entre ese año y el 2022, la merma ha sido de cómo mínimo el 10 por ciento.

Pero ¿Cuáles han sido estas localidades? Como pequeñas podemos mencionar a:

  • Pozuelo de Alarcón, situado en Madrid
  • Sagunto, en Valencia
  • Santa Coloma de Gramenet localizada en Barcelona
  • Elda emplazada en Alicante

También Ayuntamientos de grandes ciudades han efectuado esta misma medida, por ejemplo en:

  • Palma
  • Barcelona
  • Madrid
  • Santander
  • Oviedo.

Otras rebajas, aunque más moderadas, se han realizado tanto en principales lugares turísticos y consistorios de capitales. Esto ha sucedido en:

  • Zaragoza,
  • Marbella
  • Gandía
  • Benidorm
  • Toledo Cordoba
  • Huelva,
  • Guadalajara
  • Badajoz
  • Ciudad Real 

Los Ayuntamientos en los que se han realizado subidas desde el 2019 al 2022

Desde el año 2019 algunos municipios han decidido brindarle a sus contribuyentes un alivio mediante la reducción del impuesto IBI. Pero no ha sido la postura de todos ellos. Otros se han inclinado por realizar aumentos en este impuesto que es el principal ingreso para las arcas del Ayuntamiento.

Entre los lugares que han realizado subidas de dos dígitos debemos destacar:

  • Villareal en Castellón
  • Mataró, emplazado en Barcelona
  • Mollet del Vallès, también situado en Barcelona
  • Reus, en Tarragona

En Madrid se encuentran cuatro Ayuntamientos que son los de

  • Leganés,
  • Girona,
  • San Sebastián de los Reyes
  • Coslada

Los mencionados son los Ayuntamientos en los que más aumentos se han efectuado respecto al IBI desde el año 2019. En cuanto a las principales capitales han sido:

  • Ávila
  • Cáceres,
  • Soria,
  • Lleida
  • Murcia
  • Jaren.

En cuanto a los municipios de la Provincia de Barcelona, donde se han efectuado subidas, son:

  • Mataró y Mollet del Valles
  • Manresa,
  • Sant Cugat del Vallés
  • El Prat de Llobregat
  • Ganollers
  • Sabadell
  • Terrassa. 

Presión fiscal y competencia

Parámetros que se incorporan

En el Informe de Evaluación del Edificio, el gravamen promedio respecto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se ha establecido en el 0.62 por ciento durante el año 2022. Este dato surge del análisis de las capitales de provincia, y aquellas localidades que cuentan con más de 50.000 habitantes.

Resultado del cálculo

En el transcurso del 2022 nueve municipios de nuestro país han efectuado un menor gravamen urbano para sus contribuyentes. Este ha sido de un 0.4 por ciento. De esta manera es posible aumentar la competitividad fiscal respecto al IBI urbano.

Esta rebaja impositiva que perciben los contribuyentes promueven la competitividad de estas localidades, ya que mejora en un 35,7 por ciento a la media nacional. Las localidades que brindan estos beneficios a sus ciudadanos son:

  • Boardilla del Monte,
  • Santander,
  • Alcobendas
  • Las Rozas
  • Majadahonda,
  • Arrecife,
  • Dos Hermanas,
  • Torrevieja y
  • Laganés

Esta misma clase de beneficios, han sido efectuadas por grandes ciudades de nuestro país, buscando aumentar la competitividad fiscal en esas localidades. Estas han sido:

  • Zaragoza
  • Palma
  • Málaga
  • Madrid

En cuanto a las capitales son:

  • Burgos
  • Toledo
  • Guadalajara
  • Albacete
  • Ourense y
  • Teruel

 

Tal como sucede con el tributo, algunas localidades han tomado la medida contraria. Con esto queremos decir que han decidido aumentar la presión fiscal normativa del IBI urbano durante el año pasado. Allí, los contribuyentes han debido hacer frente a casi el doble del tipo medio nacional. Estos han sido los de Reus y Girona, donde se han establecido los tipos por encima del 1 por ciento. Pero trataremos de detallar un poco más como es el caso de ellas.

En Reus, emplazada en Tarragona, se ha establecido una presión fiscal normativa respecto al IBI urbano de un 71,7 por ciento superior a la media de nuestro país. En cuanto a Girona, la cifra alcanzó a más del 61,5 por ciento.

Esta misma decisión ha sido efectuada en Alcoy, Sanlúcar de Barrameda, Gandía, Elda, Lleida y Tarragona. Allí la presión fiscal normativa en materia del Impuesto sobre Bienes Inmuebles ha llegado a una cifra por encima del 50 por ciento si lo comparamos al precio promedio que se establece en nuestro país. 

El IBI

Como comentamos anteriormente, en los últimos años, muchos municipios han decidido realizar modificaciones en las cifras a abonar respecto al Impuesto sobre  Bienes Inmuebles. Recordemos que este tributo se encarga de gravar el valor de la titularidad de un bien, además de los derechos reales que traen sobre dichas propiedades.

El IBI es recaudado por los distintos municipios y constituye la figura más importante respecto al sistema tributario de nuestro país. Esto tiene que ver no solo con la cantidad de dinero que se recauda, sino también en la cantidad de contribuyentes que son afectados por él. Para que podamos establecer la magnitud del mismo por ejemplo, durante el año 2020 este tributo ha representado el 67 por ciento de la recaudación total de los municipios.

Ley reguladora de las Haciendas Locales

Respecto a este impuesto en particular, cabe aclarar que existe en la Ley reguladora de las Haciendas Locales un artículo, el 72, para ser más precisos, donde establece algunos aspectos normativos. Allí se define que para el caso de bienes inmuebles urbanos, habrá un mínimo y un máximo posible de fijar.

En esta normativa, se determina como el tipo de gravamen mínimo y supletorio será del 0,4 por ciento. Por otro lado, el máximo establecido será para este tipo de propiedades del 1,10 por ciento.

Sin embargo, pese a estas restricciones, los Ayuntamientos, podrían realizar incrementos superiores a los fijados, siempre y cuando se establezcan algunas circunstancias particulares. Podría ser un ejemplo de ello, el ser capitales de provincia. Allí el máximo establecido se ha determinado en el 1.3 por ciento.

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Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha referido a su intención de promover una Nueva Ley de Suelo, si logra ser reelecta. Recordemos que desde su llegada, ya se han realizado dos reformas en esta normativa. La primera fue aprobada en octubre del año 2020, y a fines del 2022 se introdujeron modificaciones con la Ley de Ómnibus.

En este post te contaremos cuáles son las modificaciones que se plantea Ayuso para esta intervención en la nueva Ley de Suelo. ¿Nos acompañas?

El proyecto de la nueva Ley de Suelo

En la reunión del CEIMEFE de esta semana, Isabel Díaz Ayuso, se ha expresado respecto de su proyecto de urbanismo, con el que se presentarían modificaciones que tratar para establecer una nueva Ley de Suelo en Madrid.

Si la presidenta de la Comunidad de Madrid logra ser reelecta en su cargo, ha anunciado la tercera modificación a dicha ley. Explica que por medio de ella se busca brindar más facilidades a los constructores de vivienda. Agrega que se dará prioridad a los lotes que los pequeños municipios poseen y no se les da uso desde hace muchos años. Esto se efectuará principalmente en el extrarradio de la región.

El principal objetivo de esta nueva Ley de Suelo, impulsada por Isabel Díaz Ayuso, establece ahondar en la reactivación económica. Este plan buscaba estimular la economía regional y fué iniciado en mayo del 2020.

Recordemos que a poco tiempo de iniciar el mandato la actual legislatura, en el 2019 ha puesto en marcha el Portal del Suelo. Mediante él, ayuntamientos, organismos públicos de la región y consorcios urbanísticos han podido ingresar al mercado 417 parcelas. El resultado, ha sido una suma de 459,7 millones de euros.

Según los datos oficiales informados por el Portal del suelo, se han logrado ofertar para las licitaciones un total de 406 parcelas públicas. Ellas componen un total de 889.404 metros cuadrados en total. Otro punto a recalcar, tiene que ver con la importancia que ha tenido. Ya que si bien la plataforma, creada en el año 2014, desde el mes de mayo del 2020 el 64,3 por ciento de las ventas se ha logrado concentrar aquí.

Objetivo de la nueva Ley de suelo

El Área de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, ha informado de la nueva Ley de Suelo que se ha centrado en la necesidad particular de flexibilizar el empleo de suelo público, que no cuenta con un uso específico. Aclaran además que en su mayoría se tratará de utilizar con fines industriales o terciarios.

Para poder realizarlo, será necesario que el Gobierno regional facilite a los Ayuntamientos la potestad de modificar en esos terrenos el uso que se le ha adjudicado. Gracias a ello, se podrían realizar proyectos que sean muy beneficiosos y necesarios para fines sociales.

Si logran realizar estos cambios, desde el Portal del Suelo, explican que podría ponerse en marcha dotaciones públicas. Se trataría de polideportivos, centros de salud, colegios, centros culturales o viviendas sociales. Esto sería definido dependiendo de lo que cada uno de los municipios requiera.

Para lograr que esto pueda ser factible la Comunidad de Madrid, deberá darles a los consocios más autonomía con el fin de dinamizar las zonas y de esta forma optimizar sus limitados recursos. Estos condicionamientos, llevan al Gobierno regional a mantenerse como garante y protector de los distintos Ayuntamientos o corporaciones municipales para que sea posible hacer frente a los cambios que se realizan en las normativas.

En el encuentro realizado con los empresarios de CEIM, Ayuso se refirió a la nueva Ley de Suelo que se intentará llevar adelante. Explicó que con ella se permitirá generar una mayor cantidad de oferta, con menos regulación y más facilidades para quienes estén dispuestos a construir nuevas viviendas. Por todo lo dicho, agrega que el objetivo principal es el poder favorecer la atracción de las empresas constructoras, al poner a disposición de ellas, junto con los ayuntamientos, parcelas de suelo público que sea atractivo para las empresas de todos los sectores, principalmente el tecnológico.

El Plan de Reactivación Económica

Al inicio de la puesta en marcha del Plan de Reactivación Económica, se contemplaba la posibilidad de lograr ingresar al mercado un total de 191 lotes que pertenecían a la Comunidad de Madrid. Los mismos correspondían a 20 municipios de la región incorporados en el Portal del Suelo. El 65 por ciento de ellos, o sea unas 127 parcelas que suman unos 545.036 metros cuadrados posibles de edificar están siendo licitadas por un valor de 161,5 millones de euros.

En la totalidad del plan, se han ingresado 417 suelos públicos. De ellos 106 correspondían al Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama.

Luego le sigue el Consistorio de Madrid, que ha incorporado 86 lotes y el Canal de Isabel II, por último con 37 parcelas.

En cuanto a las ventas que se han podido efectuar, Paracuellos encabeza también esta lista, al poder transferir 55 terrenos, Madrid le sigue con 41 y en tercer lugar se establece el Consorcio Urbanístico de Espartales Norte, en Alcalá de Henares con 31 lotes.

La Ley de vivienda según Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha comentado algunos aspectos de la Ley de Vivienda, siendo crítica de ella. Por un lado quiso confrontar la intervención que se  ha planificado para la vivienda pública por parte del Gobierno regional con el anunciado por Moncloa, en comparación con la nueva Ley de Vivienda que el Bildu y Esquerra Republicanas han decidido apoyar. Al respecto ha aclarado que tiene es solo una acción política y no que busque solucionar el problema habitacional de nuestro país.

Ha también señalado, que Madrid es una Comunidad que se encuentra abierta, que es plural, brava y con ganas. Agrega que para poder continuar creciendo, es necesario contar con un sector privado pujante.

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En el transcurso del año anterior, se produjo una modificación en el régimen de plusvalía municipal. Esto se realizó por medio del Real Decreto de Ley 26/2021. Debes recordar, que este tributo ha sido declarado inconstitucional debido a la forma en la que se realiza el cálculo para el pago. En dicha legislación, se establecía que en un plazo máximo de seis meses, cada Ayuntamiento debía adaptar su ordenanza fiscal a la nueva regulación del impuesto.

El día 11 de mayo del corriente año, se cumplía el plazo establecido. Pero hay todavía algunos consistorios que no han cumplimentado el requerimiento.

Lo más importante de esta información, tiene que ver con que si el municipio en el que debes abonar este impuesto, no se ha adaptado a la nueva normativa vigente, puede pedirse la anulación. Cabe aclarar, que en dichos municipios pueden exigir el impuesto. Lo que sucede es que todas aquellas liquidaciones que han sido realizadas luego del plazo de seis meses que estipula la ley, pueden anularse

Adaptación de la ordenanza

Recordemos que la inconstitucionalidad, tenía que ver con la forma en la que se realizaba el cálculo del tributo. Por ello, en la nueva regulación, se introdujo, como modificación principal una nueva forma de realizar este cálculo de la base imponible, realizando una comparación de las escrituras referidas a la adquisición y transmisión del terreno.

Pero no fue esta la única modificación. A partir del Real Decreto, se han cambiado los coeficientes que deben aplicarse al método de cálculo objetivo. De esta forma se ha permitido a los Ayuntamientos aprobar deducciones sobre el valor catastral que posee el terreno.

Es importante destacar, que los municipios tenían permitido aplicar los coeficientes para la liquidación del impuesto, a partir del día 10 de noviembre del año 2021. Esto se debe a que fue la fecha en la que comenzó a regir el nuevo Real Decreto, aunque durante un plazo determinado de tiempo.

Disposición Transitoria

Esto sucede debido a que existía una Disposición Transitoria Única, dentro de la Ley que establecía que los diferentes Ayuntamientos que hayan establecido el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana debían modificar, en un plazo máximo de seis meses, las ordenanzas fiscales, con el fin de lograr la adecuación según se especifica en la ley.

Estos plazos, comenzaban a regir en el momento en que la ley entrara en vigencia y terminaría en el momento en que entre en vigencia la nueva liquidación del impuesto. Luego de ello, se tomaría lo establecido en la nueva regulación, para poder establecer la base imponible del impuesto con una nueva ordenanza municipal. Los coeficientes que se establecieron en el artículo 107.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se encuentra en el Decreto.

Pero, al día de hoy, son muchos los Ayuntamientos que no han realizado aun las adaptaciones que se establecen en dicha Ley y que todavía continúan aplicando el Real Decreto-Ley. Lo mas importante de todo ello, es que al haberse vencido ya el plazo de seis meses, establecido en la norma (que como hemos aclarado, expiró el día 11 de mayo del corriente año), será necesario conocer cuales son las consecuencias, para los diferentes municipios, no haber cumplido con lo establecido en esta normativa.

Nulidad de liquidaciones

Aquellos Ayuntamientos que no hayan realizado la adaptación, se encontrarían utilizando una base incorrecta en el cálculo a pagar. Esto se debe a que continuarían utilizando el Decreto 26/2021 que ya se encuentra caduco. Siendo necesario la aplicación de la ordenanza municipal del impuesto ya adaptada.

Otro punto a tener en cuenta, es que este impuesto en particular, es de exigencia voluntaria. Esto está estipulado en el Decreto Legislativo que lleva el número 2/2004, en el artículo 59. Debido a ello, los municipios que no se adapten o modifiquen la ordenanza prevista en el Real Decreto- Ley 26/2021, podría considerarse que han decidido dejar de cobrarlo.

Por ello, todas aquellas liquidaciones que hayan sido realizadas por los Ayuntamientos con los coeficientes que ya no se encuentran vigentes, podrían ser nulas.

Cuáles son las transmisiones que podrían ser nulas

Primero que nada, es importante entender que cuando nos referimos a la fecha a partir de la cual se considera que puede solicitarse la nulidad.

No tiene que ver con la fecha en que se abona el impuesto, sino el momento en que se realiza la transmisión. Y También independientemente del momento en que se notifique la liquidación.

Por otro lado, será posible solicitar la nulidad, en el caso de que no se haya adaptado la ordenanza municipal a aquellas transacciones que se haya realizado después del día 11 de mayo del corriente año.  Si has hecho la transmisión antes de esa fecha, no hay posibilidad de ningún reclamo.

¿Podrán los municipios establecer que se realicen pagos retroactivos al modificar la ordenanza?

Una duda que surge a partir de la tardanza que se ve en algunos municipios de lograr la nueva ordenanza, tiene que ver con la posibilidad de luego, solicitar alguna exigencia de pago retroactivo por el impuesto que no han podido cobrar a todas aquellas transmisiones que se hayan producido.

Si has realizado un trámite de este tipo, y no has tenido que realizar el pago de este tributo, no debes preocuparte. Esto podría no realizarse. Es que la Ley General Tributaria, estipula que las normas tributarias no pueden tener un efecto retroactivo.

La plusvalía municipal, es un impuesto que se devenga de forma instantánea. Según las legislaciones que rigen en nuestro país, no pueden ser exigidos de forma retroactiva.

Qué debo hacer como contribuyente

Sería conveniente que se recurra a las liquidaciones que han sido realizadas por los municipios que no han adaptado las ordenanzas al 11 de mayo. Si la transmisión del bien ha sido realizada luego de la fecha, será posible solicitar la nulidad del pago.

Por otro lado, aquellas personas que hayan realizado la liquidación estipulada en el Real Decreto-Ley 26/2021, estarán en condiciones de realizar la misma acción. Ante esta situación, se podrá realizar una rectificación de dichas autoliquidaciones debido a la falta de normativa para poder realizar el cálculo en el momento en que se hizo la transmisión

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Continúan los debates y la negociación para la ampliación del Aeropuerto del Prat de Barcelona. En 2018, especialistas integrantes de Eurcontrol recomendaron la expansión de la pista 25L con la finalidad de optimizar la puntualidad y la eficacia en las operaciones. A pesar de que aún no se conocen con exactitud todos los detalles de la obra, el Gobierno entiende que será una extensión sustentable.

En la siguiente nota te contamos toda la actualidad de los avances y debates en torno al proyecto.

aeropuerto Le Prat

¿Cuál fue la propuesta inicial para la ampliación del Aeropuerto del Prat en Barcelona?

El proyecto presentado para llevar adelante la ampliación del Aeropuerto del Prat se realizó en el mes de agosto entre diferentes actores: el Gobierno de Español, la Generalitat y Aena. Los tres frentes aceptaron el plan, pactando una inversión pública de 1700 millones de euros.

Sin embargo, la decisión final para la aprobación de la obra estará en manos de la Comisión Europea. De esta manera, la institución deberá vigilar que se cumplan cada uno de los requisitos de cuidados ambientales establecidos.  Sucede que, el proyecto ampliativo busca alargar la pista 25L, la más cercana al mar y, en consecuencia, penetrar la laguna de La Ricarda. Se trata de una fuente de agua que se encuentra protegida por la red europea Natura 2000.

Sin que se conociera públicamente el impacto sobre el medio ambiente que tendrá el proyecto, Aena adelantó que el plan cumple con tales requisitos y que la ampliación compensará a La Ricarda. Gracias a la sustitución de diversos terrenos llevará el rotulo de Natura 2000. En este sentido, la reestructuración de la pista implica 280 hectáreas a restaurar, mejorando los hábitats considerados de interés comunitarios, al tiempo que mejora la conexión con el espacio restante.

Al respecto, la delegada del Gobierno expresó en rueda de prensa que están tratando el tema de manera seria y rigurosa, y que los puntos ambientales son cuestiones que se han pensando. Además, hizo foco en la necesidad de disponer de un aeropuerto con características altamente competitivas, eficaces y útiles. En conferencia, ante el interrogante sobre algún tipo de impacto ambiental de contaminación ante el aumento masivo de y tránsito humano, y, por lo tanto, de vuelos resaltó:

“Hay que aprovechar la ocasión, estamos hablando de la vida económica y de toda la gente que depende de ello. Creo que el proyecto será viable y que se tiene que poder combinar”.

Teresa Cunilliera, delegada del Gobierno.

aeropuerto del Prat

¿Una ampliación sustentable y verde es posible? Pros y contras de la futura obra

En lunes 2 de agosto se confirmó el preacuerdo para llevar adelante la ampliación del aeropuerto del Prat entre el estado español y el gobierno de Cataluña. Ante el anuncio surgieron argumentos en contra y a favor de llevar adelante la obra. A continuación te detallamos cada uno de dichos posicionamientos.

Argumentos a favor de la ampliación del aeropuerto catalán

En relación al proyecto, la ministra del Ministerio de Transporte, movilidad y Agenda Urbana adelantó que la inversión de los 1700 millones de euros busca estimular el arribo de más de 15 millones de nuevos viajeros por año, pero con responsabilidad climática y ambiental. Las partes implicadas argumentan la ampliación a partir de las siguientes razones buenas razones.

Fomento de viajeros americanos y asiáticos

Una de las principales razones que refuerzan la necesidad de ampliar el aeropuerto del Prat de Barcelona reposa sobre el objetivo de conectar y fomentar el vínculo con aviones de recorrido extenso provenientes de Asia y América. De esta manera, el fundamento es atraer viajeros de Estaos Unidos y China, que son considerados de alto poder adquisitivo.

De esta manera, la llegada de pasajeros con grandes ingresos repercutirá en el desarrollo y recuperación económica luego de la recisión a causa de la pandemia.

Fomento y creación de puestos de trabajo

Directamente vinculado a la razón anterior, este argumento se basa en una explicación vinculada al sector económico. En este sentido, los entes a cargo suponen que la ampliación significará la creación de más de 80mil puestos directos y más de 300 mil indirectos. A su vez, se prevé un aumento del 9% del PBI catalán. Otro punto clave en la recuperación económica luego de la llegada del Covid-19.

Diversas instituciones se han manifestado a favor de la obra como ser: el Círculo de Economía, la Cambra de Comerç de Barceloma, el Pimec y el Treball. Todas altamente convencidas de la necesidad de fomentar el desarrollo económico.

El aeropuerto del Prat y su límite en la capacidad

En tercer lugar, nos referimos a la limitación que el aeropuerto de Barcelona está sufriendo respecto a su capacidad. Sobre esta línea, el proyecto fue formulado por Aena afirmando que sin una ampliación estructural el aeropuerto dejará de ser competitivo a partir de 2024.

El límite de pasajeros anuales es de 55 millones de pasajeros y en 2019 se registraron casi 53 millones. Por lo tanto, el plan de ampliación busca reformular y dimensionar el número de operaciones.

Favorece al aeropuerto de Tarragona y al de Girona

Como cuarta razón, los especialistas afirman que la ampliación del aeropuerto del Prat logrará conectarlo con el Reus en Tarragona y el aeropuerto de Girona con vuelos de alta velocidad. En consecuencia, beneficiará a la ampliación de visitantes en ambas ciudades.

Al mismo tiempo, explican que dicho sistema de vuelo logrará reducir la contaminación a causa del tráfico de automóviles. Esto se debe a que los pasajeros necesitan desplazarse entre aeropuerto y aeropuerto, algo que actualmente se realiza en auto. Es decir, se propondrán vuelos directos.

aeropuerto del prat

La inversión en la ampliación del aeropuerto del Prat será una de las más importantes

La inversión que se destinará a la obra de ampliación del aeropuerto catalán resulta ser una de las más importantes en la última década para la cuidad de Cataluña. A su vez, los 1700 millones de euros destinados a la financiación del proyecto forman parte de algunos de los factores que provocaron la restitución del vínculo entre el Estado español y la Generalitat.

Por su parte, Raquel Sánchez, Ministra de Transporte, y el Vicepresidente catalán Jordi Puigneró realizaron un acuerdo entre ambas administraciones de manera paralela a la comisión bilateral. De dicho acuerdo se prevén que se cierren al menos 56 traspasos favoreciendo al Govern.

Compensación como sustentabilidad y crecimiento

Por último y con respecto a la parte ambientalista, el argumento radica en que se buscará compensar el impacto negativo sobre el medioambiente.

En noviembre de 2001 se estableció el ejercicio que lleva la denominación de “compensación” o offsetting. Este punto de acuerdo se dio luego de los acuerdos Marrakech y el ingreso de los negocios y mercados de carbono. Para luego ampliarlo hacia la biodiversidad y los ecosistemas.

La compensación se trata de la acción compensatoria de una acción negativa a través de la realización de una positivos del mismo tamaño, densidad y volumen. De esta manera, se busca compensar el daño causado.

Argumentos en contra de la ampliación del aeropuerto de Prat

Desde la mirada de las organizaciones ambientalistas los argumentos no fueron positivos y se posicionaron en contra del proyecto. Estos son algunos puntos claves para comprenderlos.

Invasión ambiental

La primera razón en contra de los organismos ambientalistas radica en que la futura obra de la pista implicará la invasión del delta del Llobregat. Se trata de un espacio que se encuentra protegido. Un centenar de hectáreas en la cual confluyen la vida de aves, peces y vegetación diversa.

Al mismo tiempo, la propuesta de Aena como solución no termina de convencer. La aparente solución se trata de la compensación con 10km nuevos de zona verdes al otro lado del humedal. Es decir, un espacio al otro lado por cada zona verde que se pierda. Dichos espacios están amparados por la Unión Europea, por lo tanto, la Comisión Europea debe aceptar el proyecto.

Aumento de circulación, aumento de la contaminación ambiental

Con la ampliación del aeropuerto del Prat se elevarán la cantidad de vuelos diarios. Por lo tanto, y, en consecuencia, habrá un incremento de la emisión CO2. Esta posibilidad, según los organismos ambientales, pone en duda “la idea” del aeropuerto más verde, como confirman desde las administraciones públicas.

Por su parte el vicepresidente catalán no negó la necesidad e importancia de seguir trabajando en cuestiones vinculadas al cuidado ambiental. Se trata por ejemplo del tipo de combustible a utilizar por lo aviones. Así, como también, la descarbonización que implica la movilidad al alrededor del aeropuerto.

Contaminación acústica

Para los organismos ambientales no solo se trata de una invasión sobre el delta y el aumento de CO2. Además, la ampliación del aeropuerto del Prat implicaría mayor contaminación acústica. Como su nombre lo anticipa, el municipio donde se encuentra el aeropuerto es el Prat con unos 65.000 habitantes. Por lo tanto, más allá de los acuerdos que regulan los despegues muchos de los ciudadanos de la zona deben convivir con el ruido diario.

En consecuencia, se teme a que el proyecto agrave la situación por el aumento real en la circulación de personas, y, por lo tanto, de vuelos.

aeropuerto del prat

Un proyecto que genera malestar

Quienes se oponen al proyecto de ampliación sostienen que el mismo genera malestar antes que consenso. Si bien el gobierno y la Generalitat se encuentran alineadas, han llevado adelante un acuerdo de manera independiente. Es decir, por fuera de las mesas de trabajo que fueron creadas por ministerios y ayuntamientos. Recordemos, dichos organismos se han reunión en tres oportunidades a lo largo del mes de julio de 2021.

En este sentido, las entidades denuncian una suerte de clandestinidad en la aprobación del proyecto. A su vez, afirman que aún quedan varios aspectos a debatir y que se encuentran muy dudosos.

Desde el anuncio del acuerdo, ya se están llevando adelante concentraciones en contra de la ampliación.

Las principales Alcandías en contra del acuerdo de ampliación del aeropuerto del Prat

La ampliación del Aeropuerto del Prat sin dudas continuará en la mirada crítica de los diferentes organizamos ambientalistas. A su vez, seguirá siendo planificada por los principales entes gubernamentales del gobierno español y catalán.

Por su parte, los Ayuntamientos se encuentran bajo un malestar compartido debido al modo en que resolvieron llevar adelante el acuerdo del proyecto. En esta línea, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona se pronunció muy sorprendida debido a su ocultamiento. En relación, expresó que la reunión fue prácticamente secreta y que la Generalitat accedió sin llevar adelante una instancia de diálogo.

Por otro lado, la alcaldía de El Prat se ha referido al acuerdo como una entrega al chantaje de Aena. Esto sin considerar que la localidad perjudicada es una de las mayores manifestantes contra la contaminación tanto aérea como acústica de los aviones.

Hasta aquí las principales razones a favor y en contra de la ampliación del aeropuerto catalán. Si te has quedado con alguna duda puedes dejarnos tu comentario. Además, puedes dejarnos tu opinión al respecto. Desde Oi RealEstate te leeremos y responderemos a la brevedad.

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