La Ley 11/2020 sigue dando que hablar en toda Catalunya y el descontento de los catalanes es cada vez más grande. Multas, acusación de anticonstitucionalidad, fracaso en otros casos, entérate todo sobre por qué sigue el rechazo hacia la Ley de regulación de alquiler.
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La crisis mundial a la que España está sometida a causa del COVID golpea fuerte en todos los sectores. El impacto sufrido en el mercado inmobiliario sigue siendo muy grave y a esto se le suman medidas antipopulares como la Ley 11/2020. Si bien fue publicada el 18 de septiembre de 2020, ya estando en pandemia, los ciudadanos recién ahora empiezan a caer en la realidad de esta ley. Es que, a causa de los problemas económicos y el decreto de ayuda COVID que le daba respiro a los inquilinos con incidencias monetarias, los precios de los alquileres se vieron obligados a bajar y autorregularse. Sin embargo, ahora que según el propio presidente Pedro Sánchez, “el estado de alarma es cosa del pasado”, los propietarios no quieren saber nada con no poder elegir a cuánto alquilar sus inmuebles.
Sigue el rechazo hacia la Ley de regulación de alquiler
Asimismo, la desafortunada medida funciona solamente en las zonas de mayor tensión, con la idea de bajar la densidad en ciertas partes y trasladarlas a otras zonas de Catalunya. La Comunidad ha establecido que la propiedad en cuestión deberá ser la residencia permanente del inquilino. “La Ley 11/2020, publicada el 18 de septiembre de 2020, regula la contención y moderación de rentas en los contratos de arrendamiento de viviendas. Catalunya lanzó este decreto con el fin de limitar y mantener un control sobre los precios que eligen los propietarios”.
¿Cuáles son las llamadas zonas de mayor tensión en Catalunya?
En Catalunya la Ley de regulación de alquileres, contempla 60 municipios considerados “áreas con mercado de vivienda tenso”. Son estos: Badalona, Barberà del Vallès, Blanes, Calafell, Castellar del Vallès, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Figueres, Gavà, Granollers, Hospitalet de Llobregat, l’, Igualada, Manlleu, Manresa, Martorell, el Masnou, Mataró, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montgat, Olesa de Montserrat, Olot, Palafrugell, Pallejà, Pineda, el Prat de Llobregat, Premià de Mar, Reus, Ripollet, Rubí, Sabadell, Salou, Salt, Sant Adrià de Besos, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Pere de Ribes, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de la Mogoda, Sitges, Terrassa, Tortosa, el Vendrell, Vic, Viladecans, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú y Vilassar de Mar.
Intentos fallidos en el pasado
Por su parte, el Gobierno Catalán ya había intentado limitar los precios de los alquileres en estas zonas más tensionadas en el año 2018. De todas maneras, no logró su meta y fue tumbada por el Tribunal Constitucional, algo a lo que se enfrentará esta nueva Ley. Muchos expertos y personas jurídicas afirman que es cuestión de poco tiempo para que este nuevo decreto conlleve al mismo fin que aquel de 2018. El Constitucional entiende que se están limitando los derechos a la propiedad, mientras que la Generalitat ya se prepara para presentar su amparo jurídico.
Suecia y Berlín: allí tampoco funcionó la regulación
- Suecia tiene regulados los alquileres desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era garantizar que los precios de los alquileres se mantuvieran en equilibrio a largo plazo con la utilidad obtenida de la vivienda. Sin embargo, esto no fue como pensaban. Hay muy poca oferta, se prolongó la exclusión social y el bloqueo de stock existente.
- Berlín había aprobada el 23 de febrero del 2020 la ley reguladora, el 15 de abril de 2021 fue desestimada. Establecía límites al precio del alquiler en un máximo de 9,80 euros por metro cuadrado. El Tribunal Constitucional Federal de Alemania la determinó inconstitucional: la ley “es incompatible con la Constitución y, por tanto, nula y sin valor”, según su comunicado. Lo curioso es que fue este proyecto el que incentivó y dio referencia al Ayuntamiento de Barcelona.
Ya existen sanciones y multas que van desde los 3.000€
El Ayuntamiento de Barcelona ha multado a las plataformas Idealista, Fotocasa y Habitaclia porque no incluían en sus anuncios el índice de referencia de precios. Se han abierto 32 expedientes por 16 anuncios publicados en los sitios web ya mencionados. La medida no sólo involucra a los portales, sino a los administradores de fincas que han hecho las publicaciones. Asimismo, el propietario de uno de estos inmuebles publicados será muy posible sancionado, sería el primer caso en lo que lleva la ley en vigor. Al ser consideradas leves las multas serán de 3.000 € cada una, sumando unos 96.000 € entre las 32 sanciones que se han recopilado. Por su parte, si se confirma la sanción al que ya firmó su contrato, la multa varía entre unos 9.000 € y 90.000 € por ser considerada grave.
La respuesta de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona
Ante los incumplimientos y la no inclusión de los datos especificados por la Ley, Ana Colau, alcaldesa de Barcelona, aclara: “La Ley obliga a publicarlo en los anuncios desde 2017 y desde 2020. Se debe incluir si el inmueble está situado en una zona tensionada”. A su vez, rectifica la finalidad de la Ley: “El objetivo de la Ley es destensionar estas zonas y crear un mercado más transparente”.
Las rentas bajan por el impacto del COVID
Indefectiblemente, la crisis económica desatada por el COVID ya había desenlazado una baja muy grande en los porcentajes de las rentas de alquileres en las grandes ciudades. Por su parte, en Barcelona la caída era de un 17% y en Madrid, Sevilla y Málaga del 15%. Las restricciones a turistas fue una de las grandes causantes, además de la cantidad de gente que está en paro, bajas de salarios y demás que desencadenó el Coronavirus.
Sigue el rechazo hacia la Ley de regulación de alquiler, cuéntanos qué te parece la Ley y plantéanos tus dudas. Además, les recomendamos leer los siguientes artículos: Efecto COVID: los españoles optan economizar la renta y Barcelona multa plataformas por violar ley de alquileres
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