La ampliación del parque de vivienda pública es uno de los objetivos principales de la próxima Ley de Vivienda, pre aprobada por el Consejo de Ministros a comienzos de octubre. En este artículo de Oi Real Estate veremos cómo se posiciona España frente al acceso a la vivienda pública y la situación actual de la ciudad de Barcelona, especialmente.
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La amplitud de la demanda de alquiler
Se espera que la demanda por conseguir un piso de alquiler (por parte del sector corrido de las expectativas de conseguir una casa propia) se incremente sustancialmente, dejando de hacelo a cuentagotas, como en los últimos años. La pandemia COVID 19 y sus consecuencias económicas, no han hecho otra cosa que abrir más esa herida en el mercado de arrendación.
Según estudios relevados durante el último año, son los más jóvenes quienes han engrosado el volumen de este mercado. En su búsqueda por comenzar una nueva vida (la propia) fuera de la casa paterna, son los españoles considerados entre los 18 y los 34 años, los más interesados. Hasta hace no mucho tiempo, el sector joven con poder de acción en el sector inmobiliario podía subdividirse en dos grupos: los de 18 a 25 y los de 26 a 34 años de edad.
Subdivisiones y rangos etarios corridos
En el primero de los casos, la mayor parte de estos jóvenes solo representaban para las agencias individuos de consulta, más que eventuales clientes. Las razones son obvias: poco tiempo de ahorro y salarios que no les permitían una solvencia económica demostrable, o capaz de ser mantenida en el tiempo. Eran los pertenecientes al segundo rango etario (entre 26 y 34 años) quienes podían aventurarse al sueño de la casa propia.
La pandemia COVID 19 no ha dejado su huella en vano. Estamos viéndola día a día. Así, una nueva subdivisión de la población joven, ahora de entre 18 y 29 años, contiene a quienes se vuelcan al mercado del alquiler, acaso como nunca antes. La crisis en el marco laboral, también es una consecuencia directa de la pandemia. Con estos ítems sumados unos a otros y superpuestos, era de esperar que la demanda dirigida al alquiler social también se incrementara. El Gobierno ha puesto manos en el asunto ofreciendo sustanciosos beneficios a quienes destinen sus viviendas al alquiler social. ¿Alcanzarán las medidas involucradas en la futura Ley de Vivienda como para detener la demanda y controlar a la vez los costes?
En situaciones de emergencia social
La vivienda pública o social busca garantizar que las familias menos pudientes o en situación de emergencia económica también puedan acceder a un hogar digno. Esto se da a través de costes asequibles en las cuotas mensuales de alquiler, que se puedan pagar en tiempos de crisis. A su vez, ofrece unidades de calidad en precios muy por debajo del de mercado privado; y en este punto, también busca competir imantando los valores para evitar que se disparen ante un inesperado aumento en la demanda; justamente, es lo que está ocurriendo en este preciso momento, en España toda.
Acceso a la vivienda pública en las grandes ciudades
Las ciudades de Madrid y Barcelona, son las preferidas por los habitantes de toda España y la meta de miles de unidades familiares en búsqueda de un alquiler. Los costes de vida no los acompañan en sus deseos y el Gobierno central abrió en este punto el debate con la Ley de Vivienda, que propondrá medidas y subsidios sobre las propiedades vacías o volcadas al alquiler público en las declaradas “zonas tensionadas”. Claro que, al estar los Ayuntamientos y las Comodidades fuera de toda obligatoriedad de realizar los estudios que declaren a las zonas tensionadas o no, el alcance de las regulaciones quedan en un espeso suspenso.
Muestra de Barcelona apertura a la vivienda social
Con la meta de ampliar el acceso a la vivienda en una de las ciudades de mayor coste de vida en España, el gobierno barcelonés de Ada Colau, ha dado luz verde a la adquisición de un edificio en el sector más nuevo de la urbe, el Eixample. Este será destinado íntegramente a la vivienda pública. Dicha edificación, es un inmueble ubicado en la calle de la Diputació 48 y su compra ha ascendido a los 9.953.519 millones de euros. Así lo publicó la Comisión de Gobierno el día jueves 4 de noviembre último.
Según los datos recabados desde el municipio, el bien es propiedad de cinco particulares, todos pertenecientes a una misma familia. Fuentes del Gobierno cercanas a Colau, confirmaron que la gestión integral que se encargará de la destinación de la finca (conformada por 33 pisos) a la vivienda social, estará a cargo del Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (el IMHAB). Esta primera y previa aprobación realizada en comisión, es en realidad el paso previo inmediatamente anterior a la compra definitiva. En una segunda instancia, el IMHAB quedará finalmente autorizado a realizar la transacción que la ubicará como gestora del edificio.
Otro ejemplo barcelonés: Camprodon 12
Se trata de una segunda adquisición encarada por el Gobierno de Barcelona, en menos de una semana. En este caso, hablamos de otra edificación de magnitud que será destinada a ampliar el acceso a la vivienda pública. El ofrecimiento, aceptado también por el propietario particular del edificio con sede en Camprodon 12, consta de seis viviendas y de un local para su eventual uso comercial. Su valor le representará al Gobierno un coste de 1.175.000 euros.
La gestión del Gobierno de Barcelona en el parque público
El último lustro ha sido intenso para el Gobierno de Barcelona, en adquisiciones de propiedades privadas para ser destinadas al acceso a la vivienda pública. Según datos del Ayuntamiento, se estima que se han adquirido en los últimos cinco años al menos treinta edificaciones completas. Esto arroja un total de más de 560 propiedades a los que deben sumárseles casi cuatro centenares de pisos individuales. Dicha inversión, si contemplamos los diez millares de pisos administrados por el Gobierno de Barcelona, supera los 91 millones de euros.
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