Ya desde el nacimiento de la ley de las viviendas, esta normativa ha tenido adeptos y detractores. El gobierno, por medio de ella, esperaba poder poner fin a los problemas estructurales de nuestro país en materia habitacional.
El día 26 de junio del corriente año, se han cumplido tres meses de su entrada en vigencia. Y pese a haber sido votada y aprobada, las criticas y los problemas no han llegado a su fin. Es que hasta el momento, la reacción ha generado más tensión en el mercado y limitado aun más el acceso a inmuebles a los estratos de menos recursos.
Son varias las Comunidades Autónomas que tomaron la decisión de recusarla ante el Tribunal Constitucional, y el mercado, no parece haber tomado de la mejor manera su incorporación. Estas son Madrid, Andalucía y el País Vasco. A ellas, se va a sumar en breve Baleares, mientras que Galicia, ha solicitado modificaciones.
Por último Cataluña, el día 1 de septiembre, ha puesto en votación, la recusación. Esto se debe a que consideran que la ley de las viviendas, sobrepasa las atribuciones que tiene el gobierno nacional, por sobre las CCAA.
En este post, te contaremos todas las novedades respecto a la ley de las viviendas, y las distintas posturas de las Comunidades Autónomas a la hora de recusarla. ¿Nos acompañas?
En este artículo encontrarás:
La ley de las viviendas genera más tensión en el mercado inmobiliario
Luego de la puesta en marcha de la ley de las viviendas, parece haberse agravado la situación del mercado. Arantxa Goenaga, quien es abogada y socia del Círculo Legal Barcelona, explica que es una normativa que cuenta con poca precisión jurídica. Agrega además que posee contradicciones.
Ella hace alusión a que por medio de esta normativa, el Estado carga en los particulares su obligación de garantizar una vivienda digna para la población. Debido a esto, ha provocado que el sector se tensione y que las personas con menos recursos, tengan aún menos posibilidades de acceder a un inmueble.
Otro punto que se ha modificado por la ley de las viviendas, tiene que ver con los desahucios. Mediante este cambio, estos procesos son más dificultosos y precarios. Así los propietarios son los que sufren los retrasos en estos procedimientos y deben pelear con la burocracia y los requisitos que plantea la nueva normativa.
Según Goenaga, este problema, respecto a la propiedad privada, ya había llegado a la justicia, al declararse inconstitucional la Ley Catalana. Allí, si bien no se ha pronunciado, se cree que en esta situación deberá tomar una postura.
La pregunta que surge tiene que ver con el plazo que demorarán en hacerlo. Arantxa Goenaga explica que considera que podría llegar a demorarse un año o más. Si esto sucediera de esta forma, es posible que todas las situaciones en las que se hayan aplicado la nueva normativa no se retrocederían sus efectos. Es que tenemos que tener presente que no pueden haber pronunciamiento retroactivos.
Balance de los primeros tres meses de la ley de las viviendas
Luego de haber pasado 3 meses desde su puesta en marcha, al ser consultada Arantxa Goenaga, explica que el balance que ella realiza de la ley de las viviendas, no ha sido positivo. Conidera que nada ha mejorado, sino por el contrario, ha empeorado. Esto se debe a que ninguno de los aspectos que esperaba poder mejorar lo ha hecho, y además ha causado alarma en la sociedad
Recordemos, que al poner en marcha esta normativa, uno de los objetivos, tenia que ver con la necesidad de proteger a las personas vulnerables. Uno de los problemas, sobre este punto, tiene que ver con que no se ha pensado en la forma en la que esta medida podría afectar a los pequeños propietarios, quienes forman parte del mayor proveedor del parque inmobiliario.
Ella considera que existían distintas medidas que puedan ser claras y contundentes contra la posibilidad de ocupación, que es un gran problema, y se ha perdido la oportunidad de hacerlo mediante la ley de las viviendas.
Otra de las opiniones que se ha conocido en los últimos días, es la de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias, Montserrat Junyent. Él considera que la normativa no tiene un gran recorrido, y solo ha iniciado su incorporación en Cataluña, que ha decidido comenzar el proceso en el que se deben definir las zonas tensionadas en esta localidad, para efectuar el control de rentas.
Explica además que son muchas las Comunidades Autónomas que han decidido defender las competencias mediante la recusación a los Tribunales constitucionales. Incluso han hecho referencia a la necesidad de poder cuidar y tomar decisiones respecto a las viviendas.
Junyent, explica que considera que aun no se pueden saber cuáles serían las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional, y lamenta que esta normativa se haya puesto en vigencia.
Recusación a la normativa por parte de las Comunidades Autónomas
A continuación te contaremos respecto a las Comunidades Autónomas que han decidido recurrir la ley de las viviendas. La mayoría de las solicitudes al Tribunal Constitucional, se basan en la invasión de las competencias que sobrepasa la normativa, aunque eso no es todo. También tiene que ver con las regulaciones que se plantean de vivienda protegida, la declaración de zonas tensionadas, el parque público de viviendas, medidas de contención de precios y regulaciones de contratos de alquiler.
Pese a que son varios los aspectos de la normativa que pueden ser recusadas, cada Comunidad Autónoma ha presentado en el Tribunal Constitucional los puntos que ellos consideraban más pertinentes.
A continuación informaremos los detalles de las distintas recusaciones presentadas en cada localidad.
La Comunidad Autonoma de Baleares
Baleares ha tomado la decisión de recurrir la Ley de las viviendas ante el Tribunal Constitucional.
El gobierno regional, a cargo de Marga Prohens, ha conseguido la autorización para interponer el recurso de inconstitucionalidad. El mismo se realizará en base a nueve artículos y cuatro disposiciones al invadir las competencias propias de la comuna.
Marta Vidal, por su parte, la consellera de Vivienda regional, Territorio y Movilidad, confirmó que la comunidad, posee competencias que son exclusiva en lo referido a la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, según está establecido en el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. En base a ello, es que explica que hay una invasión clarísima en las competencias, y debe ser resuelto por el Tribunal Constitucional.
La Comunidad Autónoma de Galicia
A mediados del mes de julio, esta Comunidad Autónoma, ha aprobado la solicitud a la Administración Central de la convocatoria de la Comisión Bilateral. Mediante esta medida, la intención es la de corregir los problemas que tiene la ley de las viviendas.
Desde la Xunta, explican que la redacción de la normativa es defectuosa técnicamente, también es poco clara en la atribución de los deberes y actuaciones. Además, agregan, que no respeta las atribuciones que son exclusiva responsabilidad de cada Comunidad en estos temas.
Por otro lado, esta normativa, consideran ha sido tramitada y aprobada unilateralmente por el Estado. No ha intentado contar con la opinión de las Comunidades, ni ha considerado las distintas realidades de cada una.
Por todo ello, Galicia, ha cuestionado, total o parcialmente unos 17 artículos. En el caso de que la solicitud de la Comisión Bilateral no pueda llevarse adelante, tendrán que analizar la posibilidad de realizar la recusación.
Cataluña a la espera de la votación del primero de septiembre
La Comunidad Autónoma de Cataluña, ha tomado la decisión de avanzar con el establecimiento de las zonas tensionadas. Esto inició en el mes de junio, y ha planificado declarar hasta 140 municipios dentro de esta categoría. De esta forma, podría limitarse los precios de los alquileres.
Por otro lado, ha anunciado, que dentro del territorio, se considerarán grandes tenedores, a aquellos propietarios que tengan cinco propiedades y que sus inmuebles se encuentren en las zonas tensionadas.
El primero de septiembre, se votara en el Parlamet catalán si presentarán un recurso de inconstitucionalidad de la ley de las viviendas. Esto se debe a que consideran que hay una vulneración de competencias de la Generatitat, además del principio de seguridad jurídica. Por ello, varios artículos y disposiciones de la normativa, vulneran las competencias de la comuna que son materia exclusiva la Comunidad Autónoma de Cataluña. También han hecho mención al principio de autonomía financiera y de gasto de la Generalitat. De esta forma, se realizaría el recurso de inconstitucionalidad de ocho artículos y tres disposiciones de la normativa.
Al ser consultada sobre esta situación Ester Capella, quien es la consellera de Territorio de la Generalitat de Cataluña, explica que no contradice el hecho de que la comunidad decida realizar los trámites que le permitan tener las herramientas necesarias para regular las rentas de la localidad. La intención de la Generalitat es la de defender sus competencias y dar respuesta a su población para garantizar sus derechos.
Madrid recurrirá la ley de las viviendas
Madrid fue una de las comunidades que primero ha decidido recusar la inconstitucionalidad de la ley de las viviendas. Esto fue iniciado en el mes de julio, bajo la explicación de que la normativa invade las competencias de la comuna. Se han cuestionado un total de 11 apartados de ocho artículos, en los que se extralimita la interpretación de las competencias del Estado.
Isabel Días Ayuso, la presidenta electa, desde hace bastante tiempo que anuncia que realizará la recusación. Por otro lado, ha informado que aquellas medidas que dependan de la iniciativa de la comuna, no serán aplicadas en la región.
Esto se debe a que la ley de las viviendas, invade las competencias de la Comunidad Autónoma. Tiene artículos que son inconstitucionales y graves errores jurídicos que se encargan de perjudicar tanto el mercado inmobiliario como el de los madrileños.
Andalucía, también recurrirá la ley de las viviendas
La Comunidad Autónoma de Andalucía, en este momento es gobernada por el Partido Popular. A fines del mes de julio, esta comuna, ha decidido mediante el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía realizar la recusación por la inconstitucionalidad de la ley de las viviendas. Ésta se basa, sobre un total de 18 artículos y cuatro disposiciones adicionales en los que se invaden las competencias relacionadas con la vivienda. Según el Estatuto de Autonomía, el artículo 56 le brinda a la CCAA la decisión sobre los aspectos relativos a la vivienda.
Juanma Moreno, quien encabeza el Gobierno regional, explica que a la hora de realizar la solicitud de impugnación ante el Tribunal Constitucional, se han centrado en la regulación que pretende establecer la ley de las viviendas en lo referido a las viviendas protegidas, asequible, incentivada, gran tenedor y parque público.
Según entienden desde la Comunidad Autónoma, la nueva normativa, no permite a las comunas a legislar sobre estos aspectos en los que son exclusivamente ellos los competentes para hacerlo. Por otro lado, explican también, que respecto a las viviendas protegidas, la ley de las viviendas, regula aspectos que ya han sido regulados por la CCAA.
El País Vasco realizará también la recusación
La Comunidad de Euskadi, también ha realizado la recusación de la ley de las viviendas a finales del mes de julio. En la votación tres de los consejeros, se han opuesto a esta determinación. Pese a ello, la solicitud ha sido planteada debido a que consideran que la normativa condiciona la posibilidad de acción y autogobierno de la comunidad en materia de vivienda. Agregan además que vulneran las competencias que le corresponden únicamente al País Vasco. Explican que de esta forma, al poner en marcha esta ley se ha generado un marco de inseguridad jurídica sobre la normativa a aplicar.
Esta recusación, ha sido presentada sobre siete artículos, una disposición transitoria, una adicional y dos finales.
Además de haber iniciado esta medida en el Tribunal Constitucional, el Ejecutivo autonómico solicitó al Gobierno central que se abra la posibilidad de diálogo en la Comisión Bilateral entre el Estado y las Comunidades Autónomas para solventar estos problemas de interpretación de la normativa.
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