El giro hacia los asuntos sociales de las primeras semanas del nuevo equipo de gobierno, pone de acuerdo a muchos expertos. Especialmente en lo relativo a la política de vivienda. Medidas que pueden acabar por desincentivar el alquiler residencial.
Poco después de hacerse cargo del Ministerio de Fomento, José Luis Ábalos prometió unas primeras medidas. Destinadas a frenar las subidas en los alquileres. Las líneas maestras de la nueva política de vivienda se han dado a conocer por Pedro Sánchez ésta misma semana.
Por un lado, el Plan Nacional de Vivienda se marca como principal objetivo la edificación de 20.000 nuevas viviendas de alquiler social.
Y por otro lado, el nuevo Gobierno propone modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos. Para extender la duración mínima de los contratos a cinco años.
Todo ello, mientras algunos ayuntamientos deciden tomar medidas. Para proteger al inquilino frente al propietario. Concretamente, el Ayuntamiento de Barcelona será el primero en sancionar el acoso inmobiliario.
“Todas éstas medidas pueden desalentar, no solo la llegada de inversores sino también el interés de los propietarios por alquilar su vivienda“, señala Luis Gualtieri (CEO de Oi Realtor).
Nueva política de vivienda social
La vivienda “ocupará un papel importante en la política del nuevo Gobierno”. Así lo manifestó JL Ábalos hace una semana, mientras anunciaba las futuras medidas del Ministerio de Fomento.
Con el propósito de frenar las subidas de los precios del alquiler en ciudades como Madrid o Barcelona, Ábalos adelantó un ‘giro social’ en la política de vivienda. Algo que han puesto en entredicho los expertos del sector inmobiliario.
La gran medida de Fomento irá enfocada al aumento de la dotación del Plan Nacional de Vivienda 2018-2021. Incremento del presupuesto con el que se pretende fomentar, durante los próximos seis años, la construcción de cerca de 20.000 nuevas viviendas de alquiler ‘asequible’. Un objetivo muy ambicioso. Sobre todo si tenemos en cuenta que la adjudicación de VPO en 2017 estuvo por debajo de las 5.400 unidades.
“En primer lugar sería necesaria una mayor coordinación entre administraciones territoriales y Gobierno central, especialmente en las capitales“, apunta Beatriz Toribio (Fotocasa). Pero también “se echan en falta medidas que animen al sector privado a la promoción inmobiliaria“, recalca Luis Gualtieri. “Algo que ciudades como Barcelona parecen no tener en cuenta“.
“Todo ello sin olvidar que el sector inmobiliario puede ser totalmente diferente de aquí a seis años“, cuenta Juan Fernández-Aceytuno (Sociedad de Tasación). En definitiva, es una manera arriesgada y fuera de lugar.
Cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos
Junto a ésta medida, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Para extender el plazo mínimo de duración de los contratos de alquiler. Pasando de tres a cinco años.
Además de nuevos incentivos para fomentar el arrendamiento. Que podrían llevar a deducir hasta la totalidad del alquiler cuando la renta mensual se encuentre por debajo de un precio de referencia.
“Dos medidas que desalentarán a muchos propietarios“, apunta Luis Gualtieri. “Por tener que renunciar a su vivienda durante más tiempo y destinar los beneficios fiscales solo al alquiler social“.
“Sería mucho más conveniente reestablecer las ayudas al alquiler de vivienda habitual y promover más incentivos que ‘motiven’ a los propietarios“, finaliza el CEO de Oi Realtor.
En ese sentido, la última medida del Ayuntamiento de Barcelona no beneficiará demasiado al mercado del alquiler. Según fuentes del consistorio, “el Ayuntamiento quiere sancionar a todos aquellos fondos y grandes propietarios que ejerzan algún tipo de presión sobre los inquilinos“. Considerando imponer multas que irían de los 90.000 a los 900.000 euros.
“Éste tipo de medidas merecen un debate serio y no una política de vivienda que ponga en peligro la recuperación del mercado inmobiliario“, señala Luis Gualtieri.
Los propietarios dudan del alquiler vacacional
En ese sentido, las dudas respecto a la reglamentación de los diferentes ayuntamientos también provoca una caída en el negocio del alquiler vacacional.
Tal y como señala Beatriz Toribio (Fotocasa), “detectamos que tanto los problemas con el alquiler a turistas como la incertidumbre sobre la legislación del negocio, desmotivan a muchos propietarios“.
Concretamente, en el último año, “la intención de comprar una segunda vivienda con el objetivo de alquilarla a viajeros ha caído del 34% al 21%“, alerta Toribio. “El alquiler turístico gana en rentabilidad a la larga estancia. “Sin embargo, numerosos propietarios afirman que no compensa la pérdida de tiempo y los gastos vinculados a éste negocio“.
Los datos de Casaktua defienden que dos de cada diez propietarios piensan en comprar una segunda residencia. Sin embargo, las operaciones efectivas están muy por debajo. Según Fotocasa.
