En los centros urbanos españoles más importantes el problema de la ocupación ilegal tiene larga data. Ciudades como Madrid, Barcelona y Andalucía lideran el ranking de denuncias por viviendas en situación de ocupación en España. En ese marco, Cataluña se convirtió en la comunidad autónoma que presenta los datos más dramáticos, concentrando el 42% del total de los reclamos judiciales. Sin dudas, el acelerado incremento estuvo generado por la pandemia y la crisis económica, pero también por las ineficaces medidas para solucionar la crisis habitacional. Hasta finales del año pasado los organismos públicos habían recibido más de 6000 denuncias por ocupaciones ilegales en esa comunidad. Sin embargo, datos más actuales indican que en lo que va de 2022 esa cifra se ubica sobre las 7.300 demandas.
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Un viejo problema acrecentado con la pandemia
La situación de cuarentena por la pandemia de COVID-19 trajo la consecuente modificación de la estructura económica y laboral de los países del mundo. Dicha modificación, claro está, fue en desmedro de la cantidad de puestos laborales, que se perdieron sobre todo en determinados áreas de la industria. Pero también, por la misma causa, muchas compañías y emprendimientos se volcaron al teletrabajo para mantener su actividad. Esto motivó, en definitiva, que muchos locales bajaran sus persianas por falta de rentabilidad, o bien por el traslado “obligatorio”, del trabajo a las casas.
Pero la pandemia y el auge del e-commerce no sólo resultaron en la desocupación de los locales. También la rotación de los inquilinos por esas y otras causas refuerzan la inestabilidad del sistema. Se sabe que alrededor de un 80% de los negocios cierran antes de los tres años de vida. Esto redunda en el desuso de locales que, de no haber posibilidad de alquilarlos, quedan vacíos y a merced de las ocupaciones.
Si a esto le sumamos la caída en los índices de disponibilidad de vivienda, la situación se agrava. Si bien son problemas a tratarse de manera profunda pero separada, convergen en un mismo panorama: hay muchos locales vacíos y muchas personas sin casa.
Estadísticas de ocupación y desocupación habitacional en Cataluña
En Barcelona capital, para el corriente año el cupo de obra nueva disponible es de 1.158 unidades. Este número contabiliza la suma de 680 viviendas de oferta ya existente, más las nuevas 478 unidades agregadas. Esta cantidad es insuficiente y representa una reducción de la oferta de vivienda nueva disponible del 17,8% respecto del último año, donde se contabilizaron 1.409 unidades disponibles. Si la demanda sigue el ritmo creciente que se presenta, no sólo en Barcelona sino también por ejemplo en la capital nacional, la oferta de vivienda nueva podría agotarse en poco más de un año. Los expertos indican que tal situación podría darse en 12,9 meses en los municipios de la provincia de Barcelona y en 12,6 meses en el caso de los distritos de la Ciudad Condal.
Y mientras la demanda para ocupar legalmente un piso sobrepasa extensamente la oferta de unidades nuevas disponibles, la situación de ilegalidad respecto de su ocupación en España también crece. Los datos registrados por el Ministerio del Interior indican que Cataluña había acumulado un total de 5.689 denuncias por ocupación hasta septiembre de 2021. La mayor parte se concentran en la provincia de Barcelona (4.229 inmuebles ocupados), lo que representa el 74% de las denuncias a nivel autonómico. Sin embargo, datos más recientes de la misma fuente indican que existen en la actualidad más de 7.300 denuncias por usurpación, esto es, el 42,3% del total de España.
Por qué la situación de la ocupación ilegal en España es crítica
Es importante remarcar que la situación de la ocupación ilegal de viviendas no es sólo producto de la falta de acceso a ellas, en especial si restringimos los índices a la vivienda nueva. Pero es igualmente cierto que ningún sistema social funciona como la sumatoria de compartimentos estancos, ni son sus problemáticas factibles de solucionarse de forma aislada. No debe confundirse una respuesta lineal inmediata (“a falta de viviendas, se ocupan los locales vacíos”), con las problemáticas mayores que subyacen. Es necesario responsabilizarse por la falta de planificación de la vivienda en todos los niveles de decisión gubernamental, la inestabilidad laboral y económica de los trabajadores y la ineficacia de las leyes de protección a los bienes de los ciudadanos.
Lamentablemente, los vacíos legales desdibujan las responsabilidades de las administraciones públicas, tanto como exponen a la población a situaciones y debates que acaban siendo inocuos.
Propuestas al problema de la ocupación en España
Dada la urgencia de este complejo panorama, desde distintos movimientos y partidos políticos han surgido propuestas, principalmente para paliar las situaciones económicas y legales del asunto.
- En el primer semestre de 2021 el Ayuntamiento de Barcelona propuso impulsar una inmobiliaria pública de locales comerciales. El proyecto consistía en invertir 16 millones de euros para comprar entre 30 y 60 locales vacíos en planta baja. De esta manera, los mismos pasarían a formar una cartera de locales públicos de protección oficial para alquiler. El foco de la iniciativa era favorecer la actividad de los comercios de proximidad e iniciativas empresariales.
- Este año el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) propuso medidas en el Congreso de los Diputados con el objetivo de agilizar los desalojados en 48 horas, facilitar a los propietarios la denuncia por vía civil, y dotar de competencias a los ayuntamientos para tomar medidas directas.
También existen otro tipo de solicitudes para resolver la situación de los llamados “okupas”, que en parte apuntan a otro aspecto aquí no abordado del tema. Son las ocupaciones ilegales a manos de personas o grupos que utilizan esta modalidad de ocupación no por necesidades económicas sino político-ideológicas.
En cualquier caso, el problema en Cataluña no está resuelto, como tampoco lo está en muchos otros grandes y convocantes centros urbanos. Hay un principio de medidas, pero su correcta y eficaz aplicación depende del permanente diagnóstico y protección de las obligaciones y derechos de toda la población implicada.
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