Neinor Homes se planta frente a la obligación de reservar un 30% de las nuevas promociones a vivienda social. La iniciativa del consistorio barcelonés, que podría ser imitada por otros municipios del área metropolitana, genera incertidumbre sobre futuros proyectos de promoción inmobiliaria en Barcelona.
La principal promotora inmobiliaria, tanto de Cataluña como de toda España, dejará de comprar suelo en aquellos municipios que impongan la reserva de un 30% de las futuras promociones a vivienda de protección oficial.
Juan Velayos, consejero delegado de Neinor Homes, cree que la medida del Ayuntamiento de Barcelona genera “incertidumbre jurídica“. Además de ser “claramente ilegal” y elevar de manera considerable los costes.
Además de la ciudad condal, ciertos municipios de la zona metropolitana, se plantean aprobar mociones y proposiciones en la misma línea. El primero ha sido Sant Cugat del Vallès. Aunque su propuesta evitar ‘obligar’ para solamente ‘inducir’ a promotores y propietarios.
“Sea como sea, este tipo de medidas coercitivas no benefician a un sector que está impulsando la economía“, señala Luis Gualtieri (CEO de la agencia inmobiliaria Oi Realtor). “La gran oportunidad que tiene ante sí la promoción inmobiliaria en Barcelona puede arruinarse si las decisiones políticas siguen generando incertidumbre entre los inversores“.
Velayos: “Esta decisión es un fracaso de todos”
“Dedica el 30% de la promoción privada a vivienda pública es un fracaso de todos“, apunta Juan Velayos (Neinor Homes).
“No diré que no se trata de una iniciativa con buena intención“, añade Velayos. “Pero genera incertidumbre jurídica y es claramente ilegal. Esta no es la manera de resolver el problema del acceso a la vivienda“.
“De hecho, en Neinor Homes no compraremos suelo donde se apliquen medidas que impongan la reserva de promociones a vivienda social“, asegura su consejero delegado.
Esta podría ser una oportunidad perdida. Y es que el barcelonés Juan Velayos ha reiterado en diversas ocasiones que la ciudad condal tiene enormes posibilidades. Más aún si, como afirma, “el mercado aún tiene dos o tres años por delante hasta llegar a máximos“.
Promoción inmobiliaria en Barcelona en peligro
La obligación de reservar el 30% de cada nueva promoción inmobiliaria en Barcelona a pisos de protección oficial ha disparado las alarmas entre los constructores.
Este pasado verano, con la voluntad de adelantarse a la aprobación de la norma, se han disparado las peticiones de certificados de obras para nuevas viviendas.
Concretamente, entre los meses de junio y septiembre, constructores y promotores han solicitado cerca de 600 permisos. Frente a los 200 que se pidieron hace un año.
Desde el Ayuntamiento se ha reconocido el incremento en este tipo de notificaciones. Aunque también se ha puntualizado que “esto no quiere decir que todas estas peticiones se acaben convirtiéndose en licencias efectivas“.
Fuentes del sector reconocen que desde la Asociación de Promotores y Constructores (APCE) se envió un comunicado interno. En él, se recomendaba el adelanto de las solicitudes de certificados de obra para asegurar la viabilidad de los proyectos.
Desde el consistorio se reconoce que “durante los seis primeros meses desde la fecha del certificado se puede construir sin reservar el 30% de vivienda social, al aplicarse la norma vigente en el momento de la petición“.
Sin embargo, la propuesta aún está pendiente de recibir el visto bueno por parte de la Generalitat de Cataluña para poder hacerse efectiva. Aunque la teniente de alcalde, Janet Sanz, espera que la norma entre en vigor en las próximas semanas.
¿Puede tener imitadores la iniciativa de Colau?
La iniciativa de Barcelona podría llegar a extenderse a buena parte del área metropolitana. En municipios cómo Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Cugat del Vallès, Sabadell o Terrassa.
Todos ellos han aprobado, o prevén sacar adelante, proposiciones con el objetivo de impulsar la vivienda de protección oficial en nuevas promociones residenciales.
La primera localidad en hacerlo ha sido Sant Cugat. Donde se pretende que el 30% de las nuevas promociones sean protegidas. Con el objetivo de “facilitar el acceso a la vivienda e incidir en los precios de mercado“.
Para ello, se aprobará una modificación urbanística para “inducir” al promotor o propietario de nuevos proyectos residenciales a construir un 30% de vivienda social a precios por debajo del mercado. Para los promotores no deseen cumplir con este requerimiento 30%, el consistorio se reserva el derecho a comprar de los solares. Con el objetivo de edificar viviendas bajo dichos criterios.
El cambio en la normativa urbanística también permitirá la adquisición de edificios que opten a ser adquiridos por un solo propietario o un fondo de inversión. Para dedicarlos igualmente a vivienda de protección oficial. Una opción que prevalecerá incluso al derruir viviendas antiguas del centro urbano. Dedicando el 30% de los nuevos edificios a pisos sociales.
“Teniendo en cuenta la importancia del mercado inmobiliario de Sant Cugat, esta medida puede tener consecuencias graves“, señala Luis Gualtieri. El responsable de Oi Realtor recuerda que dicha localidad es la segunda gran ciudad con mayor valor de tasación en sus viviendas. Según datos recientes de Fomento.
“¿Vamos a hacer que un municipio de referencia residencial pierda dicha categoría?“. Recuerda este experto, meses después de alertar sobre la política de vivienda en Barcelona.
