Las dificultades que tienen los jóvenes para independizarse es un tema recurrente no sólo para ese grupo específico -los menores de 35 años-, sino también para los gobiernos y la sociedad. Para los primeros el problema de conseguir vivienda cada vez a edad más tardía significa un obstáculo que retrasa sus proyectos. Para las autoridades, un factor de importante desequilibrio en términos económicos y laborales. En la sociedad, esta situación es un símbolo de la pérdida de oportunidades y de ascenso social. Según las estadísticas, casi un tercio de los jóvenes de entre 30 y 34 años no se ha emancipado, lo que constituye mucho más que problemas residenciales para España. En este artículo analizamos este fenómeno que no es nuevo en el país y que está haciendo encender las alarmas para tratar el asunto.
En este artículo encontrarás:
Cuando emanciparse no es sólo irse de la casa de los padres
Los españoles respecto de Europa
En toda Europa, únicamente el Reino Unido supera a España en cuanto a la proporción de hogares con sobreesfuerzo en materia de arrendamiento. Tomando el ranking de sobreesfuerzo por la compra de una vivienda, Alemania encabeza la lista y España secunda a los germanos en cuanto a cantidad de hogares que pagan hipoteca.
En comparación con otros países del sur europeo, la estabilidad residencial es aún alta. Esto se basa en que allí los jóvenes pueden acceder al mercado de las viviendas mediante sus propios recursos económicos, ya sea por el trabajo estable o constante, como por sus ahorros. Además, es posible contar con ayuda proveniente de su entorno familiar, lo que constata que la generación anterior, aún con esfuerzos, ha podido adquirir un mejor nivel de vida a lo largo del tiempo.
Estas son algunas de las cifras que pueden extraerse del informe “Inestabilidad y problemas de acceso a la vivienda, una realidad cada vez más extendida”, del Observatorio Social (Fundación La Caixa).
Qué sucede en casa
El mismo estudio también brinda otros datos alarmantes: sólo el 68% de los jóvenes de entre 30 y 34 años se encuentra emancipado. El resto, debe afrontar grandes retos para sostener la estabilidad residencial deseada.
En términos estadísticos, “alrededor de un 50% de los hogares encabezados por menores de 50 años en régimen de alquiler de mercado o propiedad con hipoteca debían realizar un sobreesfuerzo económico para hacer frente a los pagos mensuales de la vivienda en 2014. Se llegó a este nivel como consecuencia de la gran crisis financiera, y aunque el sobreesfuerzo disminuyó a partir de ese momento, actualmente se mantiene en niveles altos por lo que respecta al alquiler de mercado”. Los números actuales son iguales para los menores de 35 años, con la mitad de ellos realizando sobreesfuerzos económicos para alquilar, aunque se reduce al 20% para aquellos que pudieron acceder a su compra.
La pandemia por COVID-19 ha agudizado estas dificultades, debido a la fragmentación de los mercados y el desaceleramiento de muchas actividades económicas. Luego de atravesar ese marco, el presente año repuntó en cuanto a la demanda de operaciones inmobiliarias, pero esos niveles no alcanzan a los jóvenes. Como se sabe, tanto los alquileres como los precios de compraventa se han disparado hasta situarse en niveles récord en numerosas ciudades del país.
¿Qué hay detrás de las cifras que marcan la poca emancipación de los jóvenes?
Actualmente España es uno de los países europeos en donde los jóvenes de menos de 35 años tienen más dificultades para alquilar o comprar una propiedad. Esta situación no es realmente nueva sino que deriva de un proceso de paulatina precariedad laboral que viene sucediendo hace algunos años. En ese camino, la degradación de oportunidades de acceso a la vivienda se profundizó, empeorando con ello las estadísticas del país, incluso frente a otros del sur del continente con los que tradicionalmente son comparadas las cifras.
El retraso en la edad de emancipación no es un fenómeno aislado ni subjetivo. Es decir, si bien podrían considerarse múltiples razones por las cuales actualmente los jóvenes deciden quedarse en la casa de sus padres, ésta no es la situación más habitual. Esto significa reconocer que hay casos en los que la estadía en la casa familiar se debe, por ejemplo, a la necesidad de cuidar a los padres, o bien porque la etapa de estudios universitarios se puede cumplir en la misma ciudad de origen y entonces prefieren ahorrar para conseguir algo mejor en el futuro. Mucho menos frecuente es el acceso a la propiedad por herencia o por una donación.
No obstante estas y otros tantos argumentos, la realidad que reflejan las estadísticas refiere a quienes buscan vivienda en el contexto actual. Para ese gran grupo, los alquileres son demasiado altos, los requisitos para obtener una hipoteca son inalcanzables, los ingresos no son constantes o dependen de contratos y el ahorro conseguido es insuficiente.
Frente a ese panorama es que las cifras indicadas más arriba denuncian un desmoronamiento en las oportunidades de ascenso social, más allá de la coyuntural (y no tanto), crisis económica.
¿Cómo afecta este problema al sector inmobiliario?
Por supuesto, nada de esto le es indiferente al mercado inmobiliario, que debe ofrecer opciones, en contados casos en compañía de políticas públicas de promoción de acceso a viviendas, y contextos económicos fluctuantes. Esto, sin contar que el retraso en la edad de emancipación de los jóvenes implica cambios de estrategia de venta. No es lo mismo ofrecer vivienda a jóvenes que rondan los 25 años y tienen un ingreso medio pero constante, a vender o alquilar a quienes recién están consiguiendo estabilidad laboral pasados los 30. En cada perfil hay que evaluar el hecho de que la diferencia de edad también implica el cruce con otros proyectos: familia, disponibilidad de viajar o mudarse de ciudad, predisposición a compartir piso, entre otros.
Ante este panorama, algunos gobiernos locales empezaron a efectivizar políticas de vivienda específicas para los jóvenes. No obstante, el alquiler con rentas reducidas es muy poco frecuente y el acceso efectivo a un piso se debe más a la astucia o las estrategias de los propios interesados que a marcos legales generales. Resta entonces coordinar esfuerzos mayores, pero no individuales sino institucionales y políticos, para que este grupo de ciudadanos (parte activa fundamental de la economía de nuestro país), esté mejor preparado y contenido no sólo para conseguir una casa, sino para no retrasar sus proyectos y potenciar en cambio su productividad.
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