Las comunidades energéticas –o comunidades ciudadanas de energía– se enfrentan a un problema que las excede. Estas asociaciones, cooperativas o entidades jurídicas sin ánimo de lucro integradas por ciudadanos, entidades, pequeñas empresas o administraciones locales, esperaban a fines de julio de 2021 que el Gobierno español traspasara la directiva europea que reconoce la energía comunitaria. Eso no sucedió. A un año de la promesa incumplida, siguen sin un marco legal que las ampare. En Oi Real Estate repasamos la situación.
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Falta de legislación limita a las comunidades energéticas
La directora del Institut Català d’Energia (Icaen), Marta Morera, muestra su preocupación. “Nos han asegurado que estaría antes de acabar el año, pero eso mismo ya nos lo dijeron en el 2021”, cuenta. Según información de la Diputación, son más de 80 comunidades energéticas solo en la provincia de Barcelona las que se encuentren limitadas por dicha dilación. El retraso no permite que se desplieguen. Su rol es central: a través de ellas distintos actores locales participan activamente en la transición energética. Desde la instalación de energías renovables para el autoconsumo o el fomento de mecanismos de gestión y ahorro energético.
Ante la inexistencia de una legislación, las comunidades energéticas se rigen en tanto autoconsumos compartidos. Hay diversos ejemplos de ello, como cuando un grupo de vecinos instala paneles solares comunes. La electricidad que generan esos paneles se comparte entre todos. Para Morera, sin embargo, “las comunidades energéticas van más allá del autoconsumo compartido porque están vinculadas a otros servicios”.
Algunos factores puntuales representan verdaderas “trabas legales”. Es el caso de la limitación de 500 metros de distancia entre el punto de generación y el de consumo. Asimismo, la falta de puntos de conexión a la red eléctrica que ocupan las grandes empresas. Sobre este tipo de incertidumbres se refieren Isabel Cava y Alfons Conesa, de la consultoría de consumo energético Banso. Ambos lamentan que estas cuestionen colisionen con el “mucho interés por parte de ayuntamientos y ciudadanos”. Ellos proponen aplicar el patrón francés en España, “donde se permite el autoconsumo compartido hasta los 2 km en zonas urbanas y hasta los 20 km en zonas rurales”.
Una de las primeras comunidades energéticas de Catalunya tuvo origen en mayo de 2021. Fue Banso, precisamente, la compañía que participó de su conformación. “El proyecto está encallado en el registro porque la figura de la comunidad energética no entra en sus esquemas al no existir todavía legalmente”, comentan desde la firma.
La presión de las grandes empresas
Son varias voces las que denuncian una campaña deliberada en contra de estas comunidades ciudadanas por parte de las grandes empresas. Abel Porras Braceras, socio de la Cooperativa Energética de Castilla-La Mancha, apunta: “Hay una gran presión por parte de las compañías eléctricas para frenar el autoconsumo compartido y las comunidades energéticas”. Por su parte, Álvaro Campos Celador, profesor en la Universidad del País Vasco, señala: “No tenemos apoyo legal ni gubernamental para hacer algo distinto”. A su vez, el también miembro de Gure Energia, la Red de Apoyo Mutuo en Respuesta a los Megaproyectos Energéticos y la Alianza Energía y Territorio (Aliente) advierte que “en España sí hay facilidades para construir grandes parques solares o eólicos”.
Es precisamente la oposición local a los megaproyectos la que “está despertando pequeñas iniciativas de comunidades energéticas”, en palabras de Alfons Pérez, miembro del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG). Quienes mejor representan ese fenómeno son quienes integran Energia del Pallars Jussà. La comunidad comarcal impulsada por la empresa Km0 Energy a petición de la plataforma Salvem Lo Pallars lucha contra la construcción de los varios megaproyectos solares que se erigen lentamente allí. Dicha comunidad tiene un desafío por delante. Si no entra en funcionamiento antes del 31 de agosto del 2023 no podrá beneficiarse de los 323.000 euros que le han sido otorgados por los fondos europeos Next Generation.
Las comunidades energéticas en los demás países europeos
En el resto del continente los casos son diversos. En Italia, el inconveniente no tiene que ver con que el no traspaso de la directiva europea. Eso, de hecho, ya se ha realizado. El problema está en que “la legislación no se ha desarrollado y existen limitaciones administrativas y de conexión que dificultan que las comunidades energéticas puedan conectar sus instalaciones a la red”, relata Giacomo Prennushi, de la cooperativa italiana Ènostra. Los casos de las localidades de Ussaramanna y Villanovaforru, en la isla de Cerdeña, sufren la misma situación. Como las autorizaciones para poder conectarse a la red no llegan, los paneles solares de ambas se llenan de telarañas desde noviembre de 2021.
Portugal está más avanzado. A comienzos de este año, aprobó una serie de modificaciones en el funcionamiento del sistema eléctrico del país. Un cambio tuvo que ver con permitir el autoconsumo a través de la red de baja tensión a una distancia de hasta 2 km. Con ello, el autoconsumo compartido y las comunidades energéticas, dan un paso firme hacia una legislación acorde.
Sin embargo, la delantera en cuanto al marco legal para las comunidades energéticas la llevan países como Alemania, Dinamarca y Países Bajos. La compañía de moda deportiva Patagonia promueve una iniciativa denominada The Future of Energy is Community-own (“El futuro de la energía está en la propiedad compartida”). Según los datos del proyecto, en el año 2050 cerca del 45% de la generación de electricidad podría proceder de comunidades energéticas. Solo resta la voluntad de generar una legislación que allane el camino.
¡Cuéntanos en los comentarios qué te parecen iniciativas como éstas! Para conocer más sobre ellas, te recomendamos este artículo:
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