El Govern de Cataluña quiere ampliar la duración de los contratos de alquiler desde los 6 hasta los 10 años. Así como regular las rentas. Una iniciativa con la que se pretende detener la escalada de precios del alquiler del 6,6% de la vivienda en Cataluña. Pero, ¿tendrá juntamente un efecto contrario?
La Generalitat de Cataluña quiere reformar el Código Civil Catalán antes de acabar el año. ¿Con qué objetivo? La medida busca extender los contratos de alquiler hasta un mínimo de seis años para particulares. Y un máximo de diez para empresas.
Los continuos repuntes del precio del alquiler en Cataluña han puesto alerta al Govern, que quiere frenar el crecimiento de las rentas fijando nuevos límites y condiciones.
Durante 2018, el alquiler medio ha subido en torno al 6,6% en Cataluña. Y un 6% en la ciudad de Barcelona. “Un crecimiento lógico, por la falta de incentivos a los propietarios“, señala Luis Gualtieri.
La reforma, prevista para antes de acabar el año, prevé cambios en la duración de los contratos de arrendamiento. Así como una regulación de los precios del alquiler.
“¿En serio creen que más normas traerán mejores precios?“, pregunta el responsable de la agencia inmobiliaria Oi Realtor. “De momento, lo único que está previsto es un frenazo a la inversión inmobiliaria. Tal y como puede pasar con el decreto ley del Gobierno español“.
Los alquileres repuntan un 6,6% en Cataluña
El precio del alquiler continúa su escalada, tanto en Barcelona como en Cataluña. Durante el año pasado, la renta media subió un 6,6% en Cataluña y un 6% en Barcelona.
“Las rentas continúan creciendo, aunque de manera más moderada que hace un año“, apunta Luis Gualtieri.
Según las estadísticas de la Generalitat de Cataluña,a partir de las fianzas del Incasol, el alquiler medio en Cataluña era de 698 €/mes a finales de 2018. En torno a un 6,6% más respecto al año anterior.
“Aunque en 2017, los precios subieron un 10% interanual“, señala el CEO de Oi Realtor.
“Algo parecido sucede en Barcelona capital, donde los precios han subido un 5,9% en el último año hasta los 929 €/m2“, señala Luis Gualtieri. “Frente al 9,8% de 2017“.
Una renta que deja muy atrás al distrito más caro de Barcelona: Sarriá-Sant Gervasi con 1.268 €. Por delante de Les Corts con 1.089 € y el Eixample con 1.038 €.
Cambios en el Código Civil de Cataluña
El Govern de la Generalitat quiere reformar el Código Civil de Cataluña para hacer que los contratos de alquiler duren un mínimo de 6 años y un máximo de 10.
“La medida pretende detener los repuntes en el precio del alquiler en Barcelona. Que ha subido cerca de un 40% en los últimos 5 años“, señalan desde la Conselleria de Justicia. “Por la proliferación del alquiler turístico y la escasez de vivienda“.
Con la reforma prevista para antes de finales de año, cambiarán diversos aspectos del los contratos de alquiler. Desde la duración (6 años para particulares y 10 años para empresas), hasta los precios. Que siguiendo los pasos del real decreto ley de vivienda, contará un valores de referencia.
“El propósito es dar un vuelco a la situación provocada por contratos de un máximo de tres años“, recuerdan desde la Conselleria. “Para asegurar un uso residencial y una estabilidad en los precios, además de litigios por la desigualdad entre propietario e inquilino en la firma del contrato“.
Regulación de los contratos de alquiler
“La reforma legal del Código Civil permitirá a la Generalitat controlar los precio del alquiler“, avisa Luis Gualtieri. “Pero, ¿a cambio de que?“.
“Se trata de una competencia que trasladada a los ayuntamientos generará caos normativo“, añade. “Además de la desconfianza por parte de los inversores inmobiliarios“.
“Pretender controlar los precios a partir de índices de referencia es una fórmula que se ha intentado en diversas capitales europeas“, recuerda el responsable de Oi Realtor. “Y no ha funcionado en ninguna“.
La reforma, centrada en el libro VI del Código Civil de Cataluña -relativo a obligaciones y contratos- ampliaría las competencias ya existentes sobre compraventas y alquileres rústicos. Con el objetivo de blindar la regulación del alquiler frente a un posible recurso del Gobierno central.
“Una mala decisión de consecuencias imprevisibles para el mercado inmobiliario“, finaliza Gualtieri.
