Las principales entidades del sector inmobiliario han presentado un recurso frente a la norma del Ayuntamiento de Barcelona que obliga a la reserva de un 30% de las nuevas promociones a vivienda social. El aviso es claro. Una modificación así atentaría contra la propia base del derecho a la propiedad. Y generaría incertidumbre entre los inversores inmobiliarios.
El sector inmobiliario ha decidido recurrir de manera conjunta los cambios en el plan urbanístico de Barcelona. Representados por entidades como la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios (APCE), la Asociación de Agentes Inmobiliarios, la Cámara de la Propiedad Urbana, y los Colegios de Administradores de Fincas y de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, el recurso viene motivado por una medida concreta.
La Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) de Barcelona, que persigue obtener viviendas de protección oficial en suelo urbano ya consolidado. Una medida aprobada el pasado 5 de diciembre por el propio Ayuntamiento de Barcelona que contempla que se destine un 30% de las nuevas promociones residenciales y grandes proyectos de rehabilitación a vivienda social.
“Esta posibilidad ya paralizó un buen número de inversiones inmobiliarias durante el último año“, señala Luis Gualtieri. “Disparando además la demanda de permisos de obra“, añade el responsable de Oi Realtor. “Para no comprometer proyectos ya planificados con este tipo de requerimientos“.
Las entidades que impulsan el recurso estiman que tanto la legislación urbanística nacional, como la norma autonómica no contemplan que un Ayuntamiento pueda regular dicha materia. E imponerla a promotores e inversores inmobiliarios.
“Estamos convencidos que la Ley del Suelo y la Ley de Urbanismo de la Generalitat de Cataluña prohíben la posibilidad de imponer una carga sobre el suelo urbano“, sentencia Luis Gualtieri. “Sin olvidar que algo así atenta contra el mismo derecho a la propiedad“.
Polémico acuerdo entre Ayuntamiento y Generalitat
El sector inmobiliario, alerta sobre el incumplimiento de la legalidad urbanística en Barcelona. Y confía en hacer fracasar la reserva del 30% de vivienda social en las nuevas promociones.
Según Òscar Gorges, de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, el recurso contencioso-administrativo presentado este 19 de febrero contra la MPGM defendida por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña intenta frenar una medida injusta. “Que ha paralizado el mercado inmobiliario en la ciudad“, defiende.
Con esta medida, “el Ayuntamiento intenta traspasar al sector privado responsabilidades que no le corresponden“, avisa Gorges.
La Cámara, junto a promotores, administradores y agentes, ha anunciado la presentación del recurso en un acto conjunto. Ocasión en la que Gorgues ha señalado al consistorio barcelonés. “La administración debe ayudar a quién no dispone de recursos, no trasladarnos a nosotros dicha responsabilidad“.
En relación a las herramientas de que dispone el sector para facilitar el acceso a la vivienda, Gorges afirma que “poca cosa se puede hacer“. “Estamos atados por la administración“, señala Luis Gualtieri, “que quiere ejercer de juez y parte“.
“La mejor manera de garantizar el acceso a la vivienda es facilitar la construcción de más viviendas“, añade el CEO de la agencia inmobiliaria Oi Realtor. “No generar incertidumbre entre los inversores inmobiliarios“.
Sin duda, “la modificación del Plan General Metropolitano de Barcelona solo busca titulares mediáticos, sin interés en consensuarla con el sector privado“, afirma Gorges.
¿Quién protege los derechos del propietario?
El recurso contra la reserva del 30% de vivienda pública en nuevas promociones se fundamenta en que dicha medida vulnera el derecho a la propiedad de aquellos que poseen suelo en Barcelona.
“En lugar de tomar la iniciativa y construir vivienda pública, el Ayuntamiento deriva responsabilidades“, afirma Luis Gualtieri. “Se autoproclama defensor del interés general al tiempo que hace corresponsables a promotores e inversores inmobiliarios“.
La modificación urbanística, que finalmente fue acordada entre Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat de Cataluña, contempla el estudio de cada proyecto. Caso por caso. Para comprobar inicialmente, la viabilidad de los proyectos planteados en solares adquiridos durante la primera mitad del 2016.
“Aunque la falta de acuerdo con el sector privado solo demuestra la ausencia de políticas de vivienda social“, añade Gualtieri. “Inexistentes a escala nacional e ineficaces a nivel local“.
“O como explica el propio Ayuntamiento de Barcelona que posea 187 solares con capacidad para acoger 7.000 viviendas“, recalca. “Aún sin desarrollar“. “¿O es que espera que los promotores lo hagan en su lugar?“.
