El pacto por la estabilidad económica protagoniza la primera etapa del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Aunque muchas medidas fiscales siguen sin concretarse, se negocian diversas medidas fiscales. Desde el tributo a las transacciones financieras al IRPF de las rentas altas, los cambios en Sucesiones o la desincentivación del ahorro.
“Los gobiernos son incapaces de darnos algo, sin despojarnos de algo más“, dijo el economista Henry Hazlitt. Los cambios de Gobierno acostumbran a llevar consigo reformas tributarias y largas negociaciones. Y la nueva etapa de Pedro Sánchez como presidente no será una excepción.
De la larga lista de promesas hechas cuando aún era jefe de la oposición, pocas de ellas se harán realidad. Sin embargo, la necesidad de garantizar la estabilidad y aprobar los Presupuestos llevarán adelante algunos cambios no exentos de polémica.
Uno de los más sonados es la creación de un impuesto a la banca. Promesa que puede acabar quedando en un gravamen a las transacciones financieras al estilo francés.
Aunque las negociaciones también podrían llevar al aumento del IRPF a las rentas altas, incrementos en el impuesto de sociedades o una armonización del impuesto de sucesiones. Junto a medidas para desincentivar el ahorro.
Economía estudia gravar las transacciones financieras
El propósito de hacer tributar a las entidades financieras se diluye. Tras llegar a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez no ha dudado en cambiar la propuesta de un impuesto a la banca por un gravamen a las transacciones financieras.
Dos conceptos muy diferentes. Un impuesto a las transacciones grava la compraventa de activos financieros. Inspirándose en una propuesta desde la Unión Europea que actualmente aplica Francia. Mientras que un tributo a la banca supondría una figura tributaria diferente. Aplicable a las entidades financieras por el simple hecho de serlo.
Por ello, no tiene sentido comparar uno y otro gravamen. De hecho, a pesar de la indefinición de las futuras medidas, la ministra de Economía Nadia Calviño no niega su simpatía hacia la propuesta de un impuesto similar al francés.
El sistema galo grava el 0,3% del valor de aquellas compraventas de acciones pertenecientes a empresas francesas cotizadas. Y cuya capitalización bursátil está por encima de los 1.000 millones de euros.
Sin embargo, dicha reforma podría venir acompañada por otro cambios tributarios. Como alguna exención fiscal a los dividendos repatriados.
Las rentas altas en el ojo del huracán
Frente a la posible implantación del impuesto a las transacciones financieras, otra medidas ya han sido concretadas entre los líderes del PSOE y Podemos.
Se trata, básicamente de una reducción de la cuota a los trabajadores autónomos. Además de la rebaja del IVA a los productos de primera necesidad, la subida de los impuestos al diésel, la revalorización de las pensiones y el incremento del salario interprofesional hasta los 1.000 euros mensuales.
Otra de las posibles medidas tributarias es el aumento en cuatro puntos del IRPF a los salarios que superen los 140.000 euros. Y un incremento de doce puntos porcentuales en las rentas del capital.
Sin olvidar algunas controvertidas propuestas, como una nueva regulación de las sicavs y las socimis. Para obligarlas a tributar por sus beneficios.
Aunque todo ello aún debe concretarse y negociarse con otras fuerzas políticas del arco parlamentario.
De Sucesiones al ahorro y la vivienda social
En materia de vivienda, la negociación entre ambos partidos también tiene diversos puntos a tratar.
Uno de ellos es el impuesto a las viviendas vacías y a los grandes establecimientos comerciales. Cambio que llegaría con un nuevo reglamento y un incremento de hasta el 100% en el recargo de la cuota líquida del IBI. Siempre que se produzca la desocupación de la vivienda con carácter permanente.
Cambios que podrían ir acompañados por la supresión del régimen fiscal especial de las confesiones religiosas o la homogeneización del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en todo el territorio.
Unas medidas que podrían aumentar la recaudación en unos 13.000 millones de euros. E ir acompañadas de propuestas para desincentivar la contratación de planes de pensiones y gravar el ahorro privado.
