Grandes tenedores de la ciudad de Valencia se ven afectados por un decreto de la Conselleria, donde declara que casi 500 viviendas se encuentran deshabitadas. Las mismas pertenecen a aproximadamente 20 propietarios, los cuales se vieron afectados por esta declaración obligatoria que los hace perder la propiedad desde la administración.
Luego de que esta declaración ha sido analizada, se llegó a la conclusión que debe aplicarse para tomar viviendas vacías y usarlas para alquiler asequible. Sin embargo, la decisión final es de parte de los propietarios, por lo que en muchos casos no se ha hecho el traspaso de viviendas.
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Sanciones a los grandes tenedores de viviendas
En 2021 la Generalitat aprobó un decreto que autorizaba la movilización de propiedades para las personas que tenían la titularidad de más de 10 viviendas. Los propietarios debían declarar cada 6 meses mediante un informe sobre todos los inmuebles que estaban en desuso o que no eran sus viviendas residenciales.
Se considera que un inmueble cumple estas condiciones de desuso cuando lleva al menos un año sin que se le esté dando un uso específico. De allí, se les hacía una inspección a estas viviendas y era la Generalitat la que se encargaba de especificar si un inmueble estaba deshabitado.
Es a partir de este proceso donde de 500 viviendas declaradas vacías por sus propietarios, 468 se consideran deshabitadas y necesarios para el alquiler asequible. Se hace a través de un proyecto llamado Xarxa Lloga’m, donde los propietarios que se adhieran tendrán beneficios, como medidas de formen y de promoción.
A pesar de ello, solo 118 viviendas se han logrado adherir al plan, ya que los propietarios de las 350 viviendas restantes lo han rechazado. Para estos casos, los titulares deben pagar una serie de multas y sanciones importantes, que son el resultado de tener las viviendas vacías o deshabitadas.
Los costes de las multas varían según la ubicación y el precio de la renta media, aunque se deben pagar cada mes a las autoridades. Además de que el precio va a oscilar entre los 350 y 650 euros, lo que supone un gran gasto anual, casi alcanzado los 7.800.
Y a esto se suma una sanción por lo impuesto en la normativa, debido a que se está incumpliendo la función social de la vivienda. Todas estas condiciones están impuestas por la ley y sus autoridades, ya que muchos propietarios siguen en desacuerdo con las sanciones y las obligaciones establecidas.
Objetivos de la Generalitat en el mercado inmobiliario
Alejandro Aguilar, secretario autónomo de vivienda, asegura que los grandes tenedores que no quieren unirse al plan, no quieren colocar las viviendas en el mercado. Manifiesta que es una actitud especulativa y que en respuesta se aplicará una sanción doble por tener las propiedades vacías en contra de la ley.
La principal razón de este proyecto es movilizar más viviendas al mercado inmobiliario, porque se estima que en la comunidad autónoma unas 20.000 están vacías. Por ello se creó el registro de viviendas en diciembre, para saber a precisión cuáles están deshabitadas y cuáles pertenecen a personas con muchas propiedades.
Pero 118 viviendas sí pudieron unirse al Xarxa Lloga’m, que sirve como una bolsa de activos que ayuda a destinar las viviendas para alquiler asequible. Aquí también pueden participar los particulares que quieran destinar sus viviendas para alquiler social de forma voluntaria en un periodo de 7 a 8 años.
En caso de estos particulares, el incentivo es que podrán reparar los daños que no sean por el daño o por el paso del tiempo. Además, podrán recibir ayuda para obtener el certificado de eficiencia energética, que es muy útil durante los últimos meses por la crisis que está ocurriendo.
Otros de los beneficios de este plan son los seguros multirriesgo, además de otras pólizas que ayudan a proteger los inmuebles y a sus propietarios. Para que las personas puedan alquilar estos inmuebles, la Conselleria será la encargada de colocar los precios que correspondan y de ofrecerlos en el mercado.
La publicación se realiza a través de una red que sirve como intermedio de Agentes Inmobiliarios Colaboradores, que son los encargados de los trámites necesarios. También se tramitan unas garantías importantes para los propietarios y las personas que solicitan los alquileres, donde se protegen ambos intereses en el marco legal.
Elementos adicionales a las sanciones de grandes tenedores
La gestión de los Colaboradores ya se está realizando, según la directora general del programa de Emergencia Habitacional, Pura Peris, donde se han recibido peticiones. Se han recibido aproximadamente una decena de solicitudes de agentes inmobiliarios que quieren participar en el programa de traspaso de las propiedades a alquiler asequible.
De las 10 peticiones, ya se han aceptado 7, que provienen tanto de empresas como de particulares profesionales que tienen el título para poder ejercer. Por ello, ya se están ejecutando los procesos de traspaso gracias a la ayuda de estos agentes que conocen el comportamiento y función del programa.
Una de las principales funciones es dar a conocer de forma pública a los propietarios e inquilinos que están trabajando para este programa. A partir de eso, deben explicar de forma detallada cuáles son los objetivos del mismo y todos los beneficios que brinda a cada persona involucrada.
También deben gestionar el programa Xarxa Lloga’m con un régimen exclusivo, para traspasar las viviendas seleccionadas en un periodo de 6 meses desde su aceptación. Por último, deben tramitar las solicitudes de las pólizas y los seguros multirriesgo a cada uno de los propietarios que están interesados en dicho acuerdo.
Como explicamos anteriormente, se trata de un trabajo que sirve como intermediario para los propietarios, inquilinos y la Generalitat que hace cumplir la ley estipulada. Solo queda esperar los resultados de estas actividades en los próximos meses para saber cómo se ha desarrollado el programa referente a los grandes tenedores.
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