Encasa Cibeles, el consorcio formado por las firmas Goldman Sachs y Azora ha presentado una demanda contra la Comunidad de Madrid. Esto fue después de la anulación de la venta de un paquete de viviendas sociales y públicas por parte del Tribunal Supremo.
¿Qué fue lo que sucedió con las viviendas sociales?
La demanda va dirigida contra el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA). Es un organismo perteneciente a la CAM y dueño de las casi 3.000 casas objeto del litigio, según un comunicado oficial emitido por la sociedad. El Tribunal Supremo tumbó en marzo el último intento de la Comunidad de Madrid para recurrir. De esta manera, hizo efectiva la nulidad de la venta de 2.935 viviendas de protección oficial (VPO) al fondo Goldman Sachs en 2013.
La operación se produjo en 2013 bajo el Gobierno de Ignacio González del Partido Popular. El ejecutivo madrileño vendió 2.935 viviendas del plan Joven, 3.084 garajes, 1.865 trasteros y 45 locales por 201 millones de euros, a la joint venture del fondo estadounidense Goldman Sachs y la gestora española Azora. Previamente, el TSJM y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29 de Madrid, ya se habían pronunciado en diciembre de 2019 en el mismo sentido.
Desde la sociedad afirman, que «pese a no haber sido parte en el procedimiento, Encasa Cibeles se ve afectada por la sentencia en la medida en que da lugar a la cancelación total y no parcial de la venta realizada en 2013. En consecuencia, Encasa deberá devolver a la AVS todas las viviendas que siguen bajo su gestión»
¿Cuál fue el veredicto?
El alto tribunal consideró acreditado que la venta no fue ajustada a Derecho, no estaba debidamente justificada y ni siquiera fue aprobada por el consejo de administración del IVIMA. Por lo que la transacción debía considerarse nula. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid determinó que la AVS, la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, no documentó suficientemente la fase administrativa interna de preparación del proceso de adjudicación de las viviendas en 2013.
Interpretaciones
Se trata de un procedimiento civil que quiere dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que confirmó la anulación de la adjudicación que recibió Encasa en 2013 de 2.935 viviendas públicas, 1.865 trasteros, 3.084 garajes y 45 locales por 201 millones de euros.
Parece ser que hay una diferencia de interpretación jurídico-técnica de la sentencia. Para Goldman y Azora, la sentencia le permite devolver a la comunidad todas las viviendas que siguen en su poder que son, aproximadamente, unas 1.722. Para la CAM, la sentencia no afectaría a todas las viviendas y solo lo haría a aquellos inquilinos que han ganado en los tribunales de forma individual.
Encasa argumenta también que «hemos intentado colaborar con la AVS para encontrar una solución amistosa lo antes posible en interés de todas las partes afectadas por el fallo judicial y nos mantenemos abiertos al diálogo». Además, reitera la propuesta de trabajar con la AVS para facilitar un tránsito ordenado de las viviendas.
En septiembre pasado, la Comunidad de Madrid anunció su decisión de no recurrir ante el Tribunal Constitucional la citada sentencia, que fue ratificada por el Supremo. Y aseguró que indemnizaría a un demandante (Rachid Bouikou, de Navalcarnero), inquilino de una vivienda de Navalcarnero, y no a los demás titulares de viviendas enajenadas en 2013.
Ahora, ambos socios buscan una compensación de la Comunidad de Madrid tras el fiasco de la que, hasta la fecha, es la mayor inversión en vivienda del banco norteamericano en España. Goldman nunca descartó la vía judicial para resolver la situación. En el momento de la operación, el presidente de la Comunidad de Madrid era Ignacio González, pero será Díaz Ayuso la que tenga ahora que pleitear para evitar una indemnización millonaria.
¿Qué sucederá con estas viviendas sociales?
Según avanza El Confidencial, Encasa reclama que la devolución de los inmuebles se debe hacer de golpe, mientras que el Gobierno Regional defiende que se realice a medida que los inquilinos vayan presentando las demandas. El plan de la Comunidad alargaría la aceptación del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Tsjm).
En 2013, el Ejecutivo entonces liderado por Esperanza Aguirre, ingresó 201 millones de euros por la venta de las viviendas. Ahora, la indemnización a la compañía deberá tener en cuenta los alquileres pagados por los inquilinos y también el gasto en capex y la actualización del precio del dinero. Un desembolso que, además, llega en un momento crítico para las arcas públicas, ya que se enfrentan a una dura crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19.
Actualmente, Encasa continúa teniendo en propiedad 1.722 pisos, ya que el resto fueron adquiridos por sus inquilinos. Goldman Sachs es propietaria del 97,95% de las acciones de la empresa y Azora gestiona el resto.
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