La posibilidad de celebrar diversas convocatorias electorales en las próximas semanas se ha llevado por delante algunas de las reformas más urgentes del gobierno español. Entre ellas una profunda reforma fiscal de la vivienda. Tanto en materia de herencias, como de plusvalías y de valoración de inmuebles.
En España está a punto de arrancar un largo periodo electoral de dos meses. Que comenzará con las elecciones generales del 28 de abril y culminará con la convocatoria del 26 de mayo. Día en que se celebrarán elecciones municipales y europeas. Además de las autonómicas para 12 comunidades españolas.
Una cuádruple convocatoria que amenaza con bloquear el calendario de reformas. Y que afecta, como no, al mercado de la vivienda. La preparación de la campaña electoral ha provocado que los partidos aplacen asuntos importantes para el sector inmobiliario.
Entre ellos, la legalidad del cobro la plusvalía municipal o el cambio en los métodos de valoración de inmuebles. Demorar la tramitación parlamentaria de ambos asuntos perpetúa problemas de seguridad jurídica y aumenta la litigiosidad en torno a la compraventa de vivienda, la sucesión patrimonial y las inversiones inmobiliarias.
Temas que el final de la legislatura ha dejado sin resolver. Y que afectan tributariamente, tanto a los hogares como las empresas. Porque en ambos casos existen herencias, compras y ventas de inmuebles. Ya sean viviendas, edificios, terrenos, locales o naves.
Parte del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía municipal) ha sido declarado inconstitucional. Por el método utilizado en la valoración de los inmuebles. Fórmula beneficiosa para las diferentes comunidades autónomas que aún no cuenta una alternativa legal. Y que quedará aplazada hasta después de las elecciones
“¿El resultado? Un aplazamiento en la rebaja de la factura fiscal de los contribuyentes“, señala Luis Gualtieri. “Además de un freno a la transmisión de inmuebles“, sentencia el CEO de la agencia inmobiliaria Oi RealEstate
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La nueva fórmula de la plusvalía se queda atascada
En mayo de 2017, una sentencia del Tribunal Constitucional declaró contradictorio el impuesto de plusvalía municipal. Además de contrario a la Carta Magna, ya que obliga a tributar incluso cuando el suelo ha perdido valor.
Se trata de un tributo que deben pagar aquellos propietarios que venden o reciben en herencia inmuebles por el valor correspondiente al suelo. A partir de una fórmula establecida por la Ley de Haciendas Locales.
Norma que calcula la base imponible del gravamen y consiste en aplicar sobre el valor catastral un coeficiente que cambia en función de los años transcurridos entre la compra y la transmisión (venta o legado) del inmueble.
Este método de cálculo permite a los ayuntamientos considerar que existe aumento de valor en cualquier situación. Incluso en el caso de que la vivienda se haya vendido por un precio inferior al de la compra. Circunstancia bastante común en los años de la crisis, por el estallido de la burbuja inmobiliaria.
“España necesita una reforma fiscal de la vivienda”
“Este despropósito llevó a que el Tribunal Constitucional reclamará una reforma urgente de la plusvalía“, recuerda Luis Gualtieri. “Aunque, de hecho, España necesita una reforma fiscal de la vivienda mucho más compleja“.
“Tras años de gran litigiosidad, en mayo de 2017 llegó la sentencia definitiva“, añade. “Aunque el Gobierno conocía desde febrero la declaración de inconstitucionalidad en artículos de ley foral vasca; similares a los de la ley estatal“.
“Con todo esto, el proyecto de reforma no se presentó hasta marzo de 2018“, matiza el responsable de Oi Real Estate. “A través de una propuesta para suprimir la tributación en casos de pérdida de valor demostrable (escrituras,..)“.
Esta situación hizo temer a muchos ayuntamientos por la desaparición de una de sus mayores fuentes de ingresos. Algo que provocó el primer retraso de la reforma. Seguido por una larga tramitación parlamentaria durante todo un año. A pesar de tratarse de un asunto calificado como “urgente“.
Finalmente, la tramitación acabó por desencallarse en enero de 2019. Y su firma llegó justo antes de la disolución de las Cortes para la convocatoria electoral.
“Con todo esto acumulamos una larga espera de dos años, durante los cuales se ha seguido pagando la plusvalía a muchos ayuntamiento a pesar de su ilegalidad“, añade Gualtieri. “Algo que no ha dejado más alternativa a los contribuyentes que pagar para no incurrir en más costes antes de reclamar judicialmente“.
Controversia en torno a la valoración de inmuebles
Aunque la polémica no solo está en la tramitación parlamentaria de la reforma fiscal de la vivienda. Sino también en los métodos de valoración de los inmuebles.
“La administración autonómica utiliza el cálculo que más le conviene“, añade el CEO de Oi Real Estate. “Defendiendo que su cálculo parte de valores “reales” que los contribuyentes declaran al heredar o comprar un inmueble“.
Cantidad que determinará, respectivamente, a cuanto se eleva el impuesto de sucesiones o el impuesto de transmisiones patrimoniales. “La inexactitud de dicho mecanismo de control fiscal quedó en evidencia tras el estallido de la burbuja inmobiliaria“, sentencia Luis Gualtieri.
“De hecho, los contribuyentes se han visto obligados a tributar por precios muy por encima de los de mercado“, añade. “Algunas regiones apostaron por sistemas de comprobación simples, mediante los cuales el funcionario multiplica el valor catastral de la vivienda por un índice que cambia según el municipio“, explica Gualtieri. “Comparando el resultado con el valor declarado y, si este es menor (sea no real), se le pide un pago extra“.
Situación a la que dio un vuelco la sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2018. Afirmando que dicho método no era “el idóneo”. Meses después, diversas comunidades dejaron de un lado los coeficientes y recurrieron a otros métodos de cálculo acordes a la Ley General Tributaria. “Desde las de tasaciones hipotecarias a los informes periciales sin visitar el inmuebles“, afirma Gualtieri.
Finalmente, y aunque un comité de expertos estudió en 2017 la reforma de la financiación local, esta no se llevó a cabo. “Porque hacía falta cambiar la norma y crear un nuevo “valor de mercado” de referencia a través del Catastro”.
“Valor que tuviera en cuenta factores como la variación anual de los precios“, finaliza el CEO de Oi RealEstate. “Una idea que hasta hace cinco meses no se incorporó a el anteproyecto de ley de medidas fiscales. Y que espera a la llegada de un nuevo Ejecutivo“. Algo a lo que Oi RealEstate se adelanta con su servicio profesional de tasación de vivienda.
