El túnel está en concurso de acreedores hace casi un año
España y Francia podrían quedarse con el túnel del AVE que une ambos países por los Pirineos. Después de que las empresas ACS y Eiffage -que se encargaban de operar el túnel- entren en concurso de acreedores, ambos países se plantean operar conjuntamente el tramo.
Según informa Europa Press, se están llevando a cabo negociaciones entre ambos Estados para gestionar el túnel por parte de las respectivas compañías públicas gestoras de las redes ferroviarias –Adif en el caso español y RFF por parte de Francia-.
El túnel del AVE es una de las infraestructuras estratégicas más importantes que unen ambos países, de ahí que se llegue a este acuerdo bilateral para intentar gestionar esta importante vía de comunicación. El proceso concursal de las empresas que actualmente lo gestionan todavía no está resuelto y se encuentra bajo proceso concursal. Precisamente, dado que el proceso aún está en marcha no se puede confirmar que ambos países vayan a asumir la explotación hasta que se resuelva.
Ambas empresas tienen de plazo hasta el día 20 de junio para presentar una propuesta de convenio con la que librarse del concurso que arrastran desde el pasado mes de septiembre y evitar la liquidación. Por otro lado, la junta prevista por los acreedores está prevista que se realice en septiembre, tres meses después de presentar su convenio de salvación.
La unión de estas empresas empieza en 2003, cuando ACS y Eiffage se adjudicaron el contrato de construcción y explotación del túnel que uniría España y Francia a través de los Pirineos. El proyecto supuso un desembolso de 1.000 millones de euros, 600 de los cuales provinieron de fondos públicos aportada por España, Francia y la UE.
Casos de quiebra en infraestructuras
La infraestructura del AVE no es la única que está en quiebra. En España ya son varias autopistas de peaje las que presentan una situación similar. En total se calcula que ocho autopistas españolas de peaje se encuentran en esta precaria situación. Entre ellas está la Ap-7 en el tramo de Tarragona-Alicante que explota Abertis y que vence su concesión en noviembre de 2019.
A las autopistas también se suman otras grandes infraestructuras que debido a la crisis económica han quebrado o han resultado inviables por otros factores como los aeropuertos de Castellón y Ciudad Real. El primero contó con una inversión aproximada de 150 millones de euros, mientras que el segundo asciende a 1.100 millones de euros de capital privado.
