Cataluña lanzó un decreto para frenar los desahucios que involucran a los sectores más vulnerables de la región. Pero este fue rechazado por los expertos. En este artículo te mantenemos al tanto de lo que está sucediendo respecto al tema de desahucio en Cataluña. ¡Sigue leyendo!
En este artículo encontrarás:
¿En qué consiste el decreto catalán para frenar el desahucio?
El Gobierno autonómico prohibió, semanas atrás mediante un decreto, el desalojo de los inquilinos vulnerables que residan en inmuebles que pertenezcan a grandes propietarios. Es decir, con este decreto se pretende reducir los desahucios que los grandes propietarios de vivienda exigen para personas y familias vulnerables. A saber, esta es una situación que ha aumentado debido a la crisis sanitaria.
¿Cuánto durará este decreto?
Dicha paralización durará mientras se mantenga vigente el estado de alarma o se produzcan restricciones a la movilidad por motivos sanitarios. Esta medida no afectará a los particulares, sino que se centra únicamente en los grandes tenedores de vivienda. Pero esto traído como consecuencia problemas en el sector inmobiliario.
Los expertos consideran que es correcto paralizar los lanzamientos. Pero, por otro lado, se oponen a que la medida recaiga únicamente sobre el sector privado. Por ese motivo, exigen más responsabilidad por parte de la Administración catalana.
Diferencia entre el nuevo decreto de desahucio y el anterior
El Departamento de Territorio, que ha elaborado la ley junto a Justicia, defiende que este decreto, a diferencia del anterior, hace un “mandato explícito” a los jueces. ¿Con qué fin? Para que, durante el estado de alarma, frenen los desahucios si no se ha ofrecido un alquiler social. Mientras que en el anterior decreto, solo se establecía “la obligatoriedad” de que los grandes propietarios hicieran esa oferta.
El decreto en cuestión (Decreto Ley 37/2020) obliga a interrumpir los lanzamientos de aquellas familias de bajos recursos hasta que el propietario tenedor de la vivienda ofrezca un alquiler social obligatorio.
De esta manera, la nueva norma amplía de facto el anterior decreto (ley 17/2019) de medidas urgentes para el acceso a la vivienda que ya establecía en qué casos se debía ofrecer un arrendamiento. Por otro lado, la ley 24/2015 que aborda la emergencia y pobreza energética.
Decreto de desahucio actual
Durante el primer brote de Covid-19 La Generalitat ya había aprobado una medida para los autónomos, que supuso el confinamiento domiciliario en toda España.
En este caso, la iniciativa es similar pero no está afectada por escalados en función de la caída de ingresos (será una percepción fija de 2.000 euros). Esta vez, no impedirá que se perciba de forma complementaria a otras medidas impulsadas por otros departamentos, como sería el caso de las previstas por el Departamento de Empresa para el sector del comercio.
Efectivamente, el Govern anunció un fondo de 300 millones de euros (dentro del que se articula esta propuesta) para sobrellevar los efectos negativos que se causaron por las últimas medidas de distanciamiento social. Estas medias, como todos sabemos, han llevado a cerrar bares y restaurantes y otros centros de ocio.
Esta norma impuesta ha sido criticada por los sindicatos, los cuales consideran que, además de poseer insuficiencia en su cuantía, no tiene acuerdo con los agentes sociales. Y, sobre todo, carece de unidad entre las distintas consejerías.
Medidas económicas
Luego de participar de una reunión semanal, el Ejecutivo autonómico decretó medidas económicas para mitigar los efectos de la crisis económica, consecuencia de la pandemia. Estas medias son:
- Ayudas económicas a diferentes colectivos.
- Exenciones en el IRPF para trabajadores que hayan cobrado subsidios por estar en ERTE (regulación temporal de empleo).
- Un nuevo decreto para frenar los desahucios existentes en Cataluña, agravados por el golpe que el covid-19 ha dado a muchas familias. Las cuales se encuentran imposibilitadas para pagar los alquileres de sus viviendas.
Nuevo decreto de desahucio: ¿Incentiva un cambio?
Mercè Caso, la juez decana de Barcelona, explica que el decreto no es vinculante para los jueces porque las competencias en esa materia son del Gobierno central y no de la Generalitat.
“Si no hay una cobertura de la norma procesal para hacerlo, no podremos seguir este camino”, afirma la decana respecto al decreto para frenar los desahucios.
Caso hace hincapié en que no se trata de que los jueces lo hagan con maldad, sino que, por el contrario, suelen aplaudir las iniciativas para evitar el desahucio de las personas vulnerables. Pero remarca que no pueden adoptar decisiones de forma arbitraria sino “cumplir la norma procesal”. Caso aprueba, personalmente, el decreto del Govern “si sirve para incentivar un cambio” en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Ojalá el Estado siga esta línea, como ya pasó durante el confinamiento”, agrega.
En este sentido, Marta III, del Sindicato de Inquilinos, coincidía con Caso en que “La Generalitat está mareando un poco la perdiz porque no tiene la competencia, porque quien tiene el botón es el Estado […] Tanto la Generalitat como los Ayuntamientos tendrían que imponer sanciones y eso es complejo”, afirmaba la activista.
Santi Mas de Xaxàs, de la PAH, se encuentra satisfecho con la decisión que tomó la Generalitat respecto al desarrollo de una ley que salió del mandato popular. Santo Mas de XaXás asumía que la paralización de los lanzamientos depende actualmente “de la interpretación de los jueces”.
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