A fines de diciembre del 2020 hablábamos sobre los alcances del nuevo decreto antidesahucios, en este artículo te contamos algunas de las consecuencias positivas y negativas que han impactado sobre propietarios e inquilinos desde su implementación.
En este artículo encontrarás:
Surgimiento de la nueva normativa del decreto antidesahucios
La crisis económica empeorada por el impacto sorpresivo de la pandemia de la COID-19 no dejó afuera al mercado de alquiler. Inquilinos, propietarios y agencias inmobiliarias tuvieron que reacomodarse a las nuevas realidades. En principio, durante las medidas más duras de restricción social, el movimiento de los arrendamientos se vio casi totalmente paralizado. Luego, a medida que se atenuó la situación de confinamiento, se volvió a trabajar, pero con una dinámica que dista bastante de la normalidad.
Por todo lo mencionado arriba, muchas personas perdieron sus trabajos o disminuyeron sus ingresos. Como consecuencia, gran cantidad de inquilinos dejaron de pagar sus alquileres, y como efecto dominó, esta situación repercutió en los propietarios que dejaron de recibir el pago de sus rentas. Esto generó un contexto conflictivo entre la relación de ambas partes.
Finalmente, el Gobierno, en diciembre pasado, aprobó la normativa del nuevo decreto antidesahucios para ayudar a los más vulnerables.
¿Cómo funciona la ayuda del nuevo decreto?
Según lo establecido por los diferentes ministerios, el decreto antidesahucios detiene los desahucios sobre todas las familias vulnerables durante el tiempo que dure el Estado de Alarma.
La novedad de la normativa reside en que no solo se contemplarán a las personas afectadas por la pandemia, sino que tampoco se permitirá echar de las viviendas a todas aquellas personas que ya se encontraban en condiciones de vulnerabilidad previa.
Sumado a esto, el escrito contempla a todos aquellos que no tienen contratos de alquiler, ni son propietarios de un inmueble. Con esto queremos decir que colabora con las personas que se encuentran ocupando una vivienda de manera ilegal. En este último caso, se aplica solamente para los grandes propietarios (no particulares), personas físicas o jurídicas con diez o más propiedades en alquiler.
¿Cómo se aplica el decreto antidesahucios?
Para sortear el desahucio, los inquilinos tienen que demostrar el estado de vulnerabilidad económica. Esta condición debe certificarse frente a un juez, presentando un informe vinculante solicitado de forma obligatoria por los tribunales. En este informe debe constar cuál es la situación que impide al inquilino a realizar el pago de la renta. Por otro lado, se aceptará otro tipo de documentación. Un ejemplo puede ser el documento que demuestre que dichas personas están atravesando una situación de ERTE o de despido laboral (posterior al momento inicial en el primer estado de alarma decretado por el Gobierno). Si se confirma que, efectivamente, la vulnerabilidad declarada es real, el propietario no podrá sacar al inquilino de la vivienda hasta que finalice el estado de alarma actual o hasta la fecha 9 de Mayo de 2021.
En el caso de ocupantes de vivienda, si se confirma la vulnerabilidad económica de estas personas, el juez puede detener el desahucio durante un máximo de tres meses. En lo que dure ese periodo de tiempo, las Administraciones (de cada CA) deben hacer el intento de encontrar una alternativa de “vivienda digna” para los vulnerables.
¿Contempla la falta de pago de suministros?
El decreto antidesahucios incluye una normativa para evitar el corte de suministros de agua, luz y gas por falta de pago. Sin embargo, este elemento aún no se ha estabilizado. Si bien a principios del Estado de Alarma las empresas que brindan estos servicios aceptaron este pacto, pasados los meses, dejaron de respetar esta situación.
Problemas ocasionados por el nuevo decreto antidesahucios
Para una parte de la población, la nueva normativa del decreto antidesahucios no solo no llegó a resolver el problema de vivienda que se está atravesando, sino que golpeó fuertemente sobre sectores donde la estabilidad económica tambalea.
El principal problema que genera esta norma es la estigmatización que recae sobre los propietarios. Primero, porque los hacen responsables de algo que tendría que asegurar el Estado y no los dueños de las propiedades. Se conoce, en general, cuánto cuesta a un casero sostener un inmueble en arrendamiento (incluso con los pagos de la renta al día). Sin ingresos, resulta prácticamente imposible. Por lo tanto, esta obligación impuesta a los propietarios de sostener a los inquilinos deudores, de no poder cumplirse, los deja muy mal parados frente a la sociedad.
Entendemos entonces, que este decreto tapa un agujero por un lado al mismo tiempo que rompe estructuras por el otro. Además, es la primera vez en el mundo que se crea una normativa legal para dejar pasar una ilegalidad como la usurpación u ocupación de viviendas. Situación que atenta directamente sobre el derecho a la propiedad. Esta circunstancia va en contra de propietarios particulares (quienes más lo sufren por la escasa espalda económica), de profesionales, de las comunidades de vecinos y hasta de las Administraciones Públicas. Esto último porque, por supuesto, no solo ocupan los lugares, sino que también, no pagan ningún impuesto.
Sumado a lo anterior, se prevé que se generarán grandes demandas al Estado por responsabilidad patrimonial, penal y económica.
Reclamos sobre el decreto antidesahucios
Es entendible que cada cual por su lado debe esforzarse y colaborar para poder salir a flote luego del hundimiento económico provocado por la crisis sanitaria y económica. Pero también es aceptable que se contemple a todos aquellos a los que el Estado les exige más.
La medida antidesahucios dejad en condición de desprotección a los propietarios, y en consecuencia, a las agencias inmobiliarias contratadas para la administración de sus inmuebles. Se genera una “bola de nieve” que arrastra a su paso a todo lo que tenga por delante el mercado de alquiler.
En definitiva, se cuenta con que los inquilinos actúan de buena fe en su solicitud de ayuda ante la crisis, y se comprende e intenta colaborar con la situación. Pero no puede determinarse que toda la responsabilidad caiga sobre los propietarios, en esto habrá que reevaluar la norma.
Existe una herramienta en favor de los dueños de vivienda de solicitar una compensación económica por el sufrimiento causado por la falta de pago o la ocupación, pero no es clara la forma y no alcanza.
En resumen, se pide se revise la normativa para que las compensaciones se den de manera equilibrada. Lograr una equidad para todo aquel que esté involucrado en el mercado de alquiler.
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