Las novedades frente a la problemática de la intrusión en viviendas evidencia un debate aún candente a nivel político, legal y social. El incremento de las llamadas de denuncias al 112 procedentes de la Comunidad de Madrid, el apoyo social a una ley antiokupa o las medidas para amortizar impuestos a los propietarios damnificados son algunos de los aspectos más relevantes en las últimas semanas. De fondo, la “ocupación” se confunde con la “okupación”, y crecen los casos de aquellos que invirtieron en una casa y hoy enfrentan conflictos con intrusos.
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Cuando la propiedad es un tema político
La “okupación” se escribe distinto cuando se trata de la instrusión y permanencia en una casa por parte de quien no es su propietario. De hecho, tenemos tan incorporada esta acepción que tendemos a (d)escribir de esa manera cualquier práctica que implique usurpar la vivienda de otra persona. No obstante, hay allí una diferencia.
Si se les pregunta a quienes se definen como parte de un movimiento okupa, podemos encontrarnos con que no necesariamente están de acuerdo con las numerosas intrusiones que han sido denunciadas últimamente. En parte, esto es porque los okupas, como tales, son un movimiento que lleva al menos cuatro décadas en España. Desde su origen hasta hoy, su pensamiento es que no tiene sentido que haya espacios abandonados y gente sin techo a la misma vez. Así, la condición de abandono no aplica a toda casa que no esté habitada y mucho menos si se conoce o presume que tiene dueño. Por ello es que el tema de la ocupación, con “C”, no siempre puede ser acoplada a la okupación, con “K”.
En la práctica ambas acepciones ameritan debates legales diferentes para proteger los derechos de unos y otros. Así, el garantizar el acceso a un piso, se traslada a veces al enfrentamentiendo entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda. No es la intención de esta nota resolver ese debate, pero sí establecer la dimensión de la discusión que hay detrás de cada intrusión, y desde allí la complejidad en evaluar la utilidad de una u otra medida legal o política.
Siendo este el marco, avancemos con algunas de las últimas novedades.
Las denuncias de ocupación crecen
El último verano el gobierno de la Comunidad de Madrid puso al servicio de los ciudadanos una línea telefónica, el 112, destinado a denunciar las casas intrusadas. Mediante este canal, la Consejería informó que hasta ahora el 70% de las comunicaciones fueron recibidas desde el municipio de Madrid, y el 16% desde municipios de más de 50.000 habitantes.
La gestión de las mismas se realizan a través del Centro de Coordinación Municipal (Cecom), que funciona en las instalaciones de la Agencia de Seguridad y Emergencias. Así, los propietarios de los inmuebles afectados que se comunicaron a través del teléfono 900 205 112 generaron la tramitación de 1.098 expedientes específicamente vinculados a este delito. Concretamente, 40% de los llamados corresponde a propietarios o terceros afectados por la usuarpación de viviendas. Otro 13% está vinculado a problemas relacionados con inquilinos que han dejado de pagar el alquiler a sus propietarios, lo que se conoce como “inquiokupación”. Estas son las denuncias que están encaminadas sobre la vía legal y buscan, a través de este servicio, que se agilice la resolución de sus juicios.
El resto del 47% de las llamadas restantes refieren a búsquedas de información sobre la actualidad de estos delitos. Esto significa que casi la mitad de los interesados son también instituciones o profesionales (normalmente del derecho) vinculados de alguna manera a la temática, lo cual también evidencia un interés a otros niveles de la sociedad. Parte de este tipo de llamadas, incluso, se han recibido desde otras comunidades autónomas, consultando sobre números telefónicos o ayudas para resolver conflictos.
Otras medidas políticas para frenar la ocupación ilegal
La comunidad estima que hay 4.300 viviendas afectadas por el fenómeno de la ocupación ilegal. Desde que se puso en marcha el servicio de atención telefónica a denuncias, varios casos se resolvieron “in fraganti”, gracias al envío al lugar de efectivos policiales que evitaron la intrusión o bien lograron desalojar a los ocupantes y devolver la vivienda a su propietario. Para lograr esto fue fundamental establecer desde el inicio la articulación entre las fuerzas de seguridad y el Cecom. A su vez es importante recalcar que más de 40 ayuntamientos de la región forman parte del Centro de Coordinación Municipal, a fin de mejorar la coordinación entre policías locales ante este fenómeno.
Sumado a esto, y habiendo reconocido que es necesario abordar globalmente la problemática, recientemente se anunciaron también otras medidas. En las últimas semanas, por ejemplo, la máxima autoridad del ejecutivo en la CCAA de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que la Comunidad no facturará el agua a los propietarios víctimas de ocupaciones e instará a los suministradores a hacer lo mismo con la luz y el gas. Esto supone un gran alivio para los dueños que se han visto obligados a pagar los gastos de quienes intrusaron su casa, hasta tanto no se resolviera el conflicto. Cierto es que resta esperar cómo se aplicará la normativa, ya que el Canal de Isabel II dispone de tres bonificaciones especiales para grupos vulnerables que van del 10 al 50% de descuento.
Participar como comunidad
Cuando una problemática afecta a estos niveles a gran parte de la sociedad, es importante aprovechar y solicitar espacios para participar de la propuesta de medidas, así como para hacer oir los reclamos. La intrusión de casas no es un tema resuelto pero parece estar abierto a los debates. Por ejemplo, las autoridades también indicaron que se estudia la posibilidad de ofertar una vivienda temporal, para el tiempo que dure el proceso judicial. O que existe un grupo de trabajo permanente que han formado los representantes de la Mesa contra la Okupación y las asociaciones de víctimas.
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