El pasado martes 26 de octubre, desde el Ministerio de Hacienda se anunció la aprobación del anteproyecto de la nueva ley de vivienda. Entre las regulaciones que integran la nueva legislación una se encuentra destinada a facilitar el acceso del alquiler a la juventud. Se trata del bono joven de vivienda.
En el siguiente post te contamos todo acerca de la ayuda para los jóvenes, como estará regulado, el tiempo que dura y los requisitos para su accesibilidad. Además, te detallamos punto por punto las principales medidas que integran la Ley de Derecho a la Vivienda.
En este artículo encontrarás:
¿De qué se tratará el bono joven de vivienda que plantea la nueva ley?
Luego de meses de discusión en torno a la nueva ley de vivienda el martes pasado desde el gobierno anunciaron algunos de los puntos centrales que integrarán la normativa. María José Montero, Ministra de Hacienda, notificó el acuerdo que han realizado entre el PSOE y Unidas podemos. Si bien el anteproyecto de ley se encuentra aún sujeto a revisión, ya se conocen algunas precisiones acerca del bono joven de vivienda. Para su aplicación el Estado español destinará arriba de los 200 millones de euros del Presupuesto General. El proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros.
Principales características del bono joven de vivienda
El bono para ayudar a los jóvenes para arrendan su propio hogar implicará un monto de 250 euros de manera mensual. El mismo estará destinado a personas de entre 18 y 35 años de edad que no cobren un salario mayor a los 23.725 euros por año. Es decir, tres veces y medio el Iprem (Indicador de Renta de Efectos Múltiples).
En este sentido, al no encontrarse vinculado al Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 el límite no será de 600 euros en el alquiler.
En su conferencia Montero expresó que el bono irá “dirigido a jóvenes que estén en un dintel de salarios del Iprem vulnerable, con una ayuda mensual en torno a esos 250 euros y será objeto de desarrollo de una reglamentación posterior cuando se presente”.
De esta manera, a la fecha el primer requisito tiene está relacionado al salario. A su vez, cuentan con la certeza de que no se verá limitado por el coste del arrendamiento.
Este punto de la medida es de gran importancia, ya que se ha estado vinculado el tope máximo de alquiler con la posibilidad de acceder al bono joven de vivienda. En este sentido, los 600 euros forman parte del límite para poder solicitar las ayudas para arrendar un piso propuestas por el Plan de Vivienda. Desde Hacienda afirmaron que dicho límite puede expandirse según cada caso particular hasta los 900 euros.
Dentro del anuncio del plan del bono joven de vivienda el Gobierno hizo referencia a la finalidad del proyecto. Se trata de fomentar la emancipación habitacional de un grupo social que, aun teniendo un trabajo formal, no puede acceder a una vivienda. Lo que aún no ha presentado el central son las modalidades para su solicitud y el modo en que será coordinado con cada una de las CCAA.
Según las declaraciones de los mandatarios, la comunidad juvenil no puede acceder al alquiler de una vivienda en las grandes ciudades debido a lo precario de los salarios. El foco, a su vez, se encuentra puesto en los jóvenes que viven en zonas tensionadas.
Otros aspectos importantes incorporará la nueva ley de viviendas
En artículos anteriores hemos ido describiendo punto por punto cada una de las regulaciones que integrarán la nueva ley de vivienda. La nueva legislación, que si bien tiene acuerdo aún está sujeta a modificación, contempla diversos factores vinculados al precio del alquiler, aumentos y deducciones fiscales, aumento del parque público, medidas contra el desahucio, etc.
En la página oficial de Hacienda a efectos de presentar el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda se pueden encontrar los principales objetivos que persigue la sanción de la normativa.
A continuación, te detallamos de manera resumida cada uno de ellos tal como los describe y anuncian desde el mismo Ministerio de Hacienda.
Mecanismos de contención y bajada de los precios del alquiler de vivienda
En el anteproyecto de Ley por el derecho a la vivienda se especifican cada uno de los mecanismos destinados a contener y bajar los precios de arrendamiento. Las modalidades de contención serán mediante el mejoramiento del marco legal y presupuestario. Así como también, mediante la regulación de zonas que sean declaradas como tensionadas. Los objetivos de dichas medidas serán:
- Lograr la incorporación de una mayor cantidad de viviendas al mercado de alquiler. Dichas propiedades deberán tener carácter de vivienda habitual en dichas localidades tensionadas con la finalidad de lograr un equilibro dentro del mercado.
- Fortalecer la contención de los precios para evitar subidas abusivas mediante el tratamiento de reducciones fiscales favorables.
El anteproyecto de ley propone un mecanismo con de tipo excepcional y limitado temporalmente para intervenir en el mercado con el fin de amortiguar situaciones de tensión. A su vez, dichas medidas buscarán otorgarles a las administraciones autonómicas el período necesario para para adaptarse a la aplicación de la legislación. Es decir, para poder corregir con otras políticas de vivienda las carencias de esas zonas.
De esta manera, en las zonas tensionadas se llevarán adelante las siguientes medidas:
Viviendas arrendadas
La ley otorga la posibilidad de una prórroga de carácter extraordinario en el caso de que el arrendatario así lo desee. La misma será de tipo anual y con un máximo de tres años de alargue. Las condiciones y los términos de la prórroga serán iguales a los que se encuentran pactados en el contrato en vigencia.
Contratos nuevos de arrendamientos a nuevos inquilinos, de viviendas ya arrendadas
La regulación del alquiler en zonas determinadas, con un carácter general a la renta anterior. Considerando el incremento del IPC que corresponda al momento de la firma. Así, se establece un incremento adicional máximo según cada supuesto.
Viviendas en alquiler propiedad de grandes tenedores de inmuebles
En aquellas zonas declaradas tensionadas el precio del alquiler estará limitado al contrato anterior o a un precio máximo a aplicar conforme a los precios de referencia. En estos casos, se determina un periodo de 18 meses desde la aprobación de la legislación para la aplicación de dicha referencia. Esto tiene la finalidad de que la administración se adapte al sistema correspondiente para la regulación de los precios en dichas zonas.
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Entorno fiscal favorable destinados a la reducción de los arrendamientos y el aumento de oferta con precios asequibles
Para la aplicación de dicha medida se llevará adelante la creación de un marco fiscal que favorezca la reducción de los precios. Por lo tanto, se establecerá la mejoría en la tributación del IRPF, para fomentar la oferta de vivienda habitual de alquiler a costes asequibles. Los nuevos contratos de arrendamiento tendrán una reducción del 50% en el mencionado impuesto, rebajas que podrán ser incrementadas según los siguientes criterios:
Viviendas Vacías y modulación de IBI
El anteproyecto integrará la definición de lo que será considerada una vivienda vacía con la finalidad de que las administraciones autonómicas puedan llevar adelante el recargo del IBI para las viviendas no habitadas desde hace más de dos años. Otra de las condiciones para que el recargo en el tributo se realice es que el propietario tenga como mínimo cuatro viviendas. Sin embargo, se establecen puntos concretos por causas justificadas.
A su vez, se especifica variación del recargo del impuesto en la actualidad del 50% de la cuota liquida del mismo que podrá llegar hasta el 150%. El porcentaje de recargo dependerá de la cantidad de tiempo que la vivienda se encuentra vacía y la cantidad de propiedades que disponga sin habitar el mismo titular.
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Procedimiento de desahucio en situaciones de vulnerabilidad
Otro de los puntos que integran la nueva ley de vivienda tiene que ver con los modos de proceder ante situaciones de desahucio que afecten a hogares en situaciones consideradas vulnerables. La finalidad de la medida será lograr una comunicación eficaz y rápida con el órgano regulador y los servicios sociales.
Por lo tanto, se busca asegurar que los órganos competentes logren solucionar las problemáticas habitacionales de este tipo. El objetivo es evitar que se produzcan situaciones de desamparo como resulta del desalojo. Durante el tiempo de resolución, los plazos de suspensión serán de uno y dos meses si el titular es persona física; y de tres a cuatro si se trata de un propietario jurídico.
Fomento de la vivienda protegida en alquiler a un precio limitado
Otro de los objetivos perseguidos por las regulaciones de la ley es aumentar la vivienda protegida. Para tal fin, se establecerá un mínimo del 50% para las viviendas protegidas que estén dentro de suelos de reserva para viviendas de dicha índole.
Por otra parte, el anteproyecto estipula que la legislación urbana posibilite una reserva del 30%, mediante la articulación con las administraciones urbanísticas los mecanismos para establecer los criterios de aplicación. Así, se busca que la medida no interfiera en las competencias autonómicas estableciendo una obligación de aplicación.
Creación del Consejo Asesor de Vivienda
Además de las modulaciones y regulación que se han mencionado anteriormente, el anteproyecto de la Ley de Vivienda buscará reformar la actuación de las administraciones públicas en materia de habitabilidad. Por lo tanto, se llevará adelante la proyección de planes plurianuales que se basarán en la cooperación interadministrativa.
En este sentido, se busca regular
La actuación pública en materia de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana a través de la regulación, financiación, y planificación necesaria para garantizar su acceso a precios asequibles, así como para favorecer la conservación y mejora del parque de viviendas y de los entornos residenciales”.
Fuente: Pagina Oficial Ministerios de Hacienda (https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-26102021-1559)
De esta manera, se crea el llamado Consejo Asesor de Vivienda. Se trata del órgano que se encargará de asegurar la participación equitativa de todas las administraciones y agentes en el desarrollo y elaboración de políticas de viviendas.
El consejo será de carácter técnico, asesor y consultivo del Estado. A su vez, estará integrado por profesionales del sector y por representantes de los intereses que se encuentren afectados por la presente ley. Es decir, representaciones empresariales o profesionales, del sector financiero, expertos en materia de vivienda (universitarios e investigadores).
Te recomendamos la lectura de la siguiente nota para continuar conociendo los principales puntos referidos a la nueva ley de vivienda:
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