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Cecilia

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Al planear una operación de compraventa, es recomendable interiorizarse sobre cada documento a presentar, a fin de que sepamos con certeza qué es lo que se nos solicita y cuándo es necesario presentarlo. En determinadas comunidades autónomas como Andalucía, una DAFO suele estar incluida entre la documentación mínima exigida sobre la propiedad. En el artículo de hoy, te contamos todos los detalles y la importancia que reviste esta certificación.

Consideraciones iniciales

Antes de iniciar un proceso de compraventa es necesario conocer qué documentos nos serán requeridos y en qué caso. Una Declaración de Asimilado a Fuera de Ordenación -generalmente conocida como DAFO, CAFO o sencillamente, AFO-, es una certificación que se solicita en determinados lugares y casos para aclarar la situación de la propiedad y confirmar que no hay problemas relacionados con la construcción de la casa o su ubicación.

Aunque es un documento con utilidad específica, forma parte del conjunto de papeles que se deben presentar en una operación de compraventa estándar, junto con otros tales como la escritura de compraventa, la nota simple, el recibo del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y las últimas facturas luz y agua, el certificado de eficiencia energética y, si amerita, información de Catastro y el Certificado de deudas de la comunidad.

Si piensas comprar una casa en lugares como Andalucía es probable que te halles con la necesidad de pedir este documento, ya que éste habilita a ocupar una casa que, como su nombre indica, ha sido construida por fuera del régimen de planeamiento vigente. Por ser este el caso, dicha constancia incluye las posibilidades del piso, y en ese sentido es factible que la propiedad no se pueda ampliar, rehabilitar íntegramente o cambiar su uso. Esto también hace que su valor de expropiación sea inferior al de una edificación legal.

¿Cómo surgió la DAFO?

En términos generales, en nuestro país las casas construidas a partir del 2000 están basadas en una línea de planeamiento clara que les exige desde el inicio contar con una licencia de construcción o de obras y luego, una licencia de ocupación o habitabilidad, la llamada “Licencia de Primera Ocupación”. No obstante, se venían aplicando normativas anteriores que tendieron, lentamente, a organizar la situación sobre el control de las construcciones, primero en las ciudades y luego en zonas rurales.

En algunas regiones de España, como la mencionada Andalucía, se encontraron con que muchos propietarios no podían demostrar que sus casas se edificaron con una licencia de construcción, aún cuando contaban con antigüedad, servicios y se pagaban impuestos sobre ellas. Para regularizar esta situación, la administración local empezó a exigir la DAFO, de manera tal que se pudiera asegurar que, aunque la vivienda hubiese sido construida fuera del orden vigente, cumplía con los requisitos de construcción, ambientales y de seguridad, tiene agua potable, electricidad y alcantarillado adecuado. Para hacer efectiva esta situación, los planos y el certificado deben ser presentados por un arquitecto o ingeniero debidamente matriculados, y se debe pagar una tasa de impuestos al ayuntamiento.

Utilidad y limitaciones de la DAFO

Esta documentación se aplica según el caso y en determinadas situaciones, implicando ciertas restricciones para las viviendas. Por ejemplo, la imposibilidad de construir o ampliar una casa que está asentada en terreno rústico. De hecho, en parte esta legislación surgió para controlar o directamente impedir la construcción excesiva en terrenos rústicos o en suelos no urbanizables de especial protección, en la Zona de influencia del litoral, en suelos destinados a dotaciones públicas o en aquellos con riesgos naturales.

Como contraparte, es válido preguntar por qué necesitamos este documento cuando nuestra casa está debidamente registrada en el registro de la propiedad y dada de alta en Catastro. En ese punto las autoridades suelen afirmar que con el registro correcto, el edificio es legal, pero no su uso. Por ello, y por las razones que se puntean a continuación, la DAFO tiene utilidad en los casos en los que:

  • Se busca obtener una hipoteca para una casa;
  • Se desea hacer una reforma menor en la vivienda, con lo cual la propia Licencia de reforma requiere contar con una DAFO vigente;
  • Se inicia una operación de compraventa mediada por especialistas que piden esta documentación, para asegurar las condiciones de la vivienda.

En el otro extremo, las razones por las cuales puede no ser necesario contar con una DAFO son:

  • Que la casa cuente ya con una licencia de primera ocupación y no se le hicieron ni harán modificaciones;
  • Que la vivienda date de una fecha anterior a 1975, en cuyo caso se aplica otra legislación;
  • Que la casa estuviera “regularizada” por el ayuntamiento antes de 2012, por ejemplo, mediante una “Prescripción de Acciones”.

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Aunque las ganancias en el sector bancario obtuvieron muy buenos resultados el año pasado, los bancos cierran oficinas en nuestro país. En medio de una reestructuración que vienen llevando a cabo estos organismos españoles se profundizan, así, los efectos negativos que ello conlleva.

Por qué los bancos cierran sus oficinas

El cierre de sucursales o filiales de empresas e instituciones es normalmente precedido por ajustes económicos o tecnológicos ocurridos en el sector o en el mercado en general. En el caso de los organismos de financiación, y específicamente los bancos, se vieron inmersos en los últimos años con cada vez mayor celeridad a crisis y transformaciones de todo tipo. La más reciente tal vez sea la guerra que aqueja a Europa y que tiene como epicentro a Ucrania, pero también hay que considerar los años de pandemia y el auge de las criptomonedas como componente central de un sistema financiero paralelo.

Por la primera causa se desató una crisis económica que afectó a las instituciones financieras, empezando por los periódicos ajustes que viene realizando el Banco Central Europeo y que repercuten, lógicamente, en los instrumentos y en la actividad del sector a nivel continental.

La reducción de sucursales se vio también a causa de la pandemia, por la cual los bancos tuvieron que cerrar sus puertas a la atención al público. Para mantener sus actividades, y al igual que hicieron muchas instituciones de otros sectores tales como el educativo o el comercial, apostaron a la oferta de servicios digitales. A pesar de haber finalizado la cuarentena obligatoria, varios de esos servicios continuaron activos, lo que repercutió en el cierre de oficinas y la consecuente disminución de la plantilla de trabajadores.

Finalmente, y con una influencia menor pero que se remonta más atrás en el tiempo, también el auge de las criptomonedas y los sistemas financieros alternativos hicieron perder cierto posicionamiento al sector bancario a nivel global. Así, según información de Europa Press, bancos como BBVA, Bankinter, CaixaBank, Sabadell, Santander y Unicaja se vieron afectados al punto de eventualmente cerrar alrededor de 1360 oficinas, dejando cesantes a 5.800 empleados.

El impacto social de la reestructuración

Pese a que se reconoce el impacto negativo que los factores mencionados tuvieron sobre las instituciones financieras, las mismas obtuvieron el año pasado importantes ganancias, cerrando en 20.850 millones de euros, esto es, un 28% de lo obtenido en 2021. De esta manera, lo que en el sector bancario es una reestructuración en pos de la eficiencia en la balanza comercial, se vive con efectos adversos sobre la sociedad.

Esto no es realmente nuevo: desde el año 2008, la reestructuración del sector bancario en España implicó la pérdida de alrededor de 100.000 puestos de trabajo. En 2021, las fusiones entre CaixaBank y Bankia, y la de Unicaja y Liberbank, supusieron un alto número de cierre de sucursales y el despido de miles de trabajadores.

Pero además del desempleo, los clientes se vieron descuidados en términos de atención, lo que resultó en campañas exigiendo mayor y mejor atención. Ante esa situación, el sector financiero implementó medidas para asegurar una atención personalizada a determinados grupos como las personas mayores y aquellas con discapacidad. Igualmente, la vuelta a este servicio presencial se hizo con la plantilla vigente, lo que derivó en la sobrecarga laboral de los trabajadores que deben atender a más clientes con menos personal.

Un tercera consecuencia se vio reflejada en las zonas despobladas de España. Allí, los bancos tuvieron que acordar con las oficinas de Correos locales para reemplazar a las sucursales propias y poder seguir ofreciendo los servicios básicos. Como complemento, se acordó que las entidades bancarias tengan al menos un punto de acceso presencial -o en su defecto, cajeros automáticos-, en los municipios con más de 500 habitantes.

Caso por caso, cómo es la presencia de oficinas en el país

Observando el panorama general de los bancos más importantes de España, se percibe que la reestructuración iniciada será probablemente, una tendencia generalizada, aunque se realicen determinados acuerdos para mantener los servicios esenciales en cada rincón del país. En ese mismo camino, los mismos organismos se comprometieron a no retirarse de aquellos municipios en los que es la única entidad bancaria. Gracias a este tipo de medidas, se mantiene la presencia de las firmas que tienen más clientes, pero todavía algunos bancos cierran oficinas.

En diciembre de 2022 Santander tenía 1.913 oficinas en España, prácticamente la misma cantidad que en 2021, y una plantilla de 26.839 trabajadores. El BBVA también mantuvo su red de 1.886 sucursales y aumentó su número de empleados, llegando a las 25.945 personas. En una escala menor, pero con resultados positivos, en el mismo período Bankinter mantuvo su red de 446 oficinas y aumentó su plantilla hasta alcanzar los 6419 empleados.

En el otro extremo, CaixaBank redujo sus sucursales en un 17,89% -cuenta hoy con un total de 4081 instalaciones-, y su plantilla de trabajadores disminuyó hasta los 40.221 (un 11,18% menos que en 2021). Unicaja cerró 400 oficinas en 2022, lo que significa una disminución del 29,24%, y tiene hoy un 15,43% menos de empleados. En esa situación, hasta diciembre del año pasado, su red la constituían 968 sucursales, y trabajaban allí 7.835 personas. Finalmente, Sabadell redujo su número de sucursales en un 4,60%, hasta las 1243, y su plantilla en un 6,26%, con 13.413 trabajadores.

¿Estabas al tanto de esta situación? Comparte tu experiencia y recuerda que si estás en la búsqueda de oficinas en España, puedes recurrir a los mejores especialistas en Oi Real Estate.

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En cualquier país del mundo, se sabe, las elecciones son el momento justo para esperar todo tipo de políticas públicas, en especial, las de ayuda social. Sea porque se vienen planificando con anterioridad o porque la urgencia de antecedentes positivos lo reclama, los meses previos a la votación suelen generar una serie de acuerdos y desacuerdos públicos sobre temas sensibles a la sociedad. En ese marco, no es del todo una sorpresa el anuncio del gobierno sobre el ofrecimiento de un aval estatal para jóvenes que desean comprar su primera residencia. No obstante, más allá del contexto, la medida es acorde a una demanda real que viene expresando este sector de la población. Veamos de qué se trata.

Un aval que suma posibilidades para comprar casas

En el marco del comienzo de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo (la llamada 28-M), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez utilizó una reunión de su partido para anunciar una medida que luego llevaría al Consejo de Ministros. Se trata de un aval que suma posibilidades para que jóvenes menores de 35 años puedan comprar su primera casa. El financiamiento para tal oferta son fondos provenientes del ICO (Instituto de Crédito Oficial), y serían utilizados para cubrir hasta el 20% de la hipoteca que soliciten jóvenes o familias con menores a su cargo. A estos requisitos se suma el límite de ingresos, que no deben superar individualmente los 37.800 euros anuales.

Según datos de la Agencia Tributaria en España hay 16,6 millones de asalariados con rentas inferiores a 36.500 euros anuales (el umbral más cercano al fijado por Sánchez en su anuncio), pero los anuncios no han sido claros respecto del impacto efectivo que tendrá la medida.

En cualquier caso, lo cierto es que muchos jóvenes que tienen ingresos inestables por el tipo de empleo que pueden justificar, y familias que no pueden salir de la lógica del alquiler, se verían beneficiadas con este aval. Recordemos que los bancos, para otorgar una hipoteca, observan todos los antecedentes de los solicitantes y en base a ellos ofrecen, en general, no más del 80% del valor total del piso. De allí se infiere que el partido gobernante haya estipulado el porcentaje del 20% que debería financiar el Estado.

Un contexto pleno de declaraciones

Ciertamente la medida no estuvo exenta de conflictos políticos y el mismo Sánchez se ha ocupado de utilizar eso como parte de su campaña. Recientemente, en un mitin del PSOE en Santa Cruz de Tenerife, remarcó que sus opositores “andan un poco molestos porque anuncio medidas”. Luego, en un tono más propositivo, refirió a que “tenemos que hacer de la vivienda lo que dice nuestra Constitución: que es un derecho, no un problema […] Yo quiero que España se convierta en un país que tiene un 20% de vivienda protegida. Esa es la gran causa nacional a la que voy a convocar a todos los españoles para la próxima década”.

En gran parte, estos dichos se dirigían a Alberto Núñez Feijóo (PP), quien a mediados de abril había anunciado su plan alternativo al Ejecutivo, que incluía un aval del 15% asumido por el Estado para ayudar a los jóvenes a pagar la entrada de la casa.

Mientras tanto, la sociedad española tiene claro que este contexto pleno de declaraciones se debe más al clima electoral que a la abundancia de propuestas. Para salir de esta lógica sería mucho más productivo que semejantes anuncios y medidas, derivados de problemas que tienen larga data en nuestro país, sean realizados y efectivizados en otros momentos más tempranos de la gestión del gobernante de turno.

Los números del aval

Tal como se ha dicho, la medida anunciada por Sánchez beneficiaría a familias y jóvenes menores de 35 años con un aval del 20% para financiar la hipoteca de la primera residencia. En cuanto a los ingresos, se anunció además del tope individual de 37.800 euros anuales que el mismo “contará con factores de mejora en función del número de hijos” y que el límite aumentaría para el caso de familias monoparentales.

Estas no son las únicas medidas sobre vivienda anunciadas por el PSOE. Recordemos que desde abril se propusieron otras tales como la distribución de 50.000 viviendas gestionadas por la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), o el financiamiento de 43.000 viviendas destinadas al alquiler social, financiadas también por el ICO; el 25 de abril, y la promoción de 20.000 inmuebles más a desarrollarse en suelos del Ministerio de Defensa.

Todo esto forma hoy el paquete de medidas por las que el gobierno, tras la recientemente aprobada Ley de Vivienda, espera reforzar las candidaturas de su partido en las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y, a fin de año, también de las generales. Atender la problemática es, sin dudas, un derecho que merece ser debatido en voz alta y con la participación de todos los partidos. Esperemos, sin embargo, que cuando finalicen las elecciones no se acalle el ruido ni se disuelvan las promesas.

¿Qué crees de esta propuesta? Comparte tu opinión en la parte de comentarios de esta nota. Y no olvides que si quieres conocer más sobre opciones para vivienda en España, tienes mucha información a disposición en el sitio de Oi Real Estate.

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En el mercado inmobiliario de lujo existe un nicho de mercado especialmente destinado a los grandes inversores: las residencias de marca. Estos pisos se han ganado en los últimos años un lugar predilecto entre artistas y deportistas afamados que cuentan con poco tiempo libre para cuidar una propiedad, o sencillamente desean que su hogar cuente con todas las comodidades de un hotel. Un spa, la nevera siempre llena con lo mejor de la gastronomía, parking exclusivo, entre muchos otros, conforman la amplia gama de servicios que caracterizan este modelo de propiedad. ¿Lo conoces? Te contamos todo sobre este concepto en la siguiente nota.

Qué son las residencias de marca

Las “branded residences” o “residencias de marca” son, como su nombre lo indica, propiedades de lujo vinculadas a una marca. En general, dicha marca es la instaurada por hoteles internacionales de gran nivel, que ofrecen a inversores afortunados la posibilidad de comprar pisos perfectamente equipados y diseñados en zonas exclusivas de veraneo o en ciudades populosas.

Aunque su popularidad global creció en los últimos años -crecieron alrededor del 170% en los últimos diez años-, es un modelo residencial que se remonta a la década de 1920. En ese entonces, el hotel Sherry-Netherland en la Quinta Avenida de Nueva York puso a la venta 165 apartamentos de lujo con todas las comodidades que caracterizan a un alojamiento cinco estrellas. Cincuenta años más tarde, ese tipo de residencias de marca se hicieron aún más conocidas con la apertura del Four Seasons de la ciudad de Boston, que estableció los nuevos parámetros a seguir en esta oferta inmobiliaria de alta gama. Tras los hoteles, vinieron luego grandes firmas dedicadas a otros rubros pero con gran interés en ampliar sus negocios hacia los bienes inmuebles de lujo. Ejemplo de ello son las también lujosas marcas de moda, Armani, y automóviles, Bentley.

Al ser una propuesta dirigida casi exclusivamente a grandes inversores, y muy aprovechada por famosos de todas las artes y deportes, este mercado supo mantenerse hasta el día de hoy a pesar de las fluctuaciones económicas que afectaron otros nichos. Incluso fue, para muchas cadenas hoteleras, una propuesta estandarte en tiempos de pandemia, cuando la cuarentena obligaba al aislamiento y requería de este tipo de opciones que condensan todas las comodidades en un mismo espacio.

Un piso con el lujo de un hotel

Desde su origen hasta nuestros días el mercado de las residencias de marca no solamente creció sino que también tendió a incorporar diseños y servicios cada vez más exclusivos. Además, el hecho de ser una propiedad ligada a una marca hace que entren a jugar otros factores en cuanto a la relación con sus “huéspedes”. Es habitual, en ese sentido, que varios de estos propietarios sean clientes de la firma hotelera con la cual negocian.

Para quienes acceden a este tipo de propiedades es fundamental contar con la más alta gama de servicios, en espacios especialmente dedicados a las actividades de ocio, el deporte, la recreación o la relajación. Así, es habitual encontrar entre la oferta de servicios cuestiones básicas como la limpieza y el mantenimiento diario de las viviendas, combinados con la opción de solicitar personal para el cuidado de mascotas, o un chef en el hogar para ocasiones especiales, o instalaciones especializadas como los clubes infantiles y los espacios acondicionados para reuniones.

Por supuesto, la privacidad es tan importante como la comodidad o la seguridad, siendo la ubicación un atributo diferenciador de este tipo de residencias.

Existen entonces una multiplicidad de características que, según cómo estén combinadas, generarán una identidad propia: la zona donde está edificada (residencial, turística y/o hotelera), la relación entre pisos contiguos (integrados, independientes, adyacentes o a modo de condominio-hotel), y todas las características y requisitos de servicios incluidos en el contrato ofrecido por el hotel o firma gestora.

Los puntos clave de las residencias de marca

El desarrollo de este modelo inmobiliario incluye la previa investigación del mercado local, la definición de productos y la selección de marcas con las que se trabajará. Esto implica la firma constructora encargada del desarrollo arquitectónico, la selección de un operador -si no es la gestión directa de un hotel-, así como la selección de proveedores y recursos humanos capacitados.

Por fuera de lo que es el planeamiento, construcción y desarrollo de la propuesta se considera también todo lo vinculado a su promoción y venta: el marketing, la oferta de los apartamentos y/o habitaciones, la creación de un sentido de pertenencia entre la comunidad de propietarios y el uso general de la marca.

Este punto es especialmente relevante para este modelo de negocio. La marca es la forma condensada de una identidad compuesta por productos y servicios, pero también de valores, formas de hacer y proceder ante las demandas de los clientes. De esta forma, la marca es una insignia que en una palabra expresa la confianza en el cumplimiento de lo ofertado y la consecuente fidelidad de los clientes que, vale recordar, pagan altos valores por ser propietarios de una residencia.

Un producto cinco estrellas para un público exigente

La comodidad, la privacidad y el lujo en todos sus aspectos son clave en las residencias de marca. Pero es igualmente cierto que los clientes-huéspedes han ido torneando, con sus demandas, nuevas formas en este producto.

El inversor actual requiere ser asistido en todas sus exigencias, pero también le preocupan la salud y la sostenibilidad ambiental. Tal posicionamiento es hoy parte de la impronta identitaria de este tipo de propiedades, donde los espacios saludables abundan (gimnasios, parques, pistas deportivas, piscinas, etcétera), y se complementan con la oferta de consumos gastronómicos cuidadosamente seleccionados.

En definitiva, una residencia de marca retoma los servicios tradicionales y los potencia para sus clientes de lujo. De allí su gran atractivo: son la fórmula perfecta para combinar un hogar con la atención personalizada de un hotel cinco estrellas.

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La definición más elemental de “coworking” es la que refiere a un sistema de trabajo compartido en el que trabajadores independientes usan un mismo espacio físico y dividen los gastos fijos derivados de contar con una oficina. No obstante, la riqueza de este modelo no se encuentra en el ahorro económico sino en la sinergia generada entre los miembros de la comunidad que utiliza el lugar, lo que muchas veces repercute en productivas alianzas empresariales y un mejor clima laboral.

El trabajo compartido: una cultura diferente llena de oportunidades laborales

Muchas veces se piensa en el trabajo compartido o “coworking” simplemente como un espacio de múltiples usos para diversos profesionales. Sin embargo, desde sus orígenes esta modalidad está muy vinculada a una cultura laboral innovadora, respecto de formas tradicionales de organizar el trabajo. Ciertamente, evitar la fragmentación y división de las áreas en oficinas es una de ellas, pero con esto se busca también promover el intercambio de ideas, experiencias y hasta promover momentos de socialización que eventualmente den como resultado nuevos proyectos e ideas productivas.

El clima laboral que se vive al transitar por espacios de trabajo compartido, entonces, supera los límites de la conveniencia económica (en cuanto a gastos), y la potenciación de tareas. Es, en realidad, una cultura laboral que puede derivar en importantes oportunidades. Piénsese, por ejemplo, en los distintos perfiles que utilizan el coworking: CEOs posicionados, trabajadores freelance, autónomos, emprendedores, startups y equipos reducidos de pequeñas empresas. Entre ellos puede surgir en cualquier momento un nuevo proyecto laboral, ya que estos espacios promueven la dinámica del encuentro y el conocimiento mutuos. Mucho más teniendo en cuenta el tipo de profesionales que suele asistir: comunicadores, especialistas en marketing, tecnología y diseño.

En definitiva, quienes más conocen y apuestan a los lazos sociales y la creatividad suelen encontrarse en el coworking. ¿Quieres pertenecer a este grupo? Te enseñamos algunas claves a tener en cuenta.

Conoce el funcionamiento del coworking

El funcionamiento del coworking es muy sencillo. En general se trata de espacios amplios preparados con todas las comodidades que requieren los trabajos “de oficina”: administración, planeamiento, reuniones, entre muchos otros posibles. Estos espacios están gestionados por un equipo de profesionales o una empresa que es la encargada de mantener las condiciones del lugar, pero a su vez de promover dinámicas de interacción entre los grupos y profesionales que asisten.

En general, los espacios de trabajo compartido ofrecen desde lugares comunes por horas, semanas, meses o por un año. Otro factor a seleccionar son las dimensiones del espacio requerido, que puede tratarse entonces de una zona compartida, oficinas individuales, o por prestaciones (sitio fijo, cajonera, estantería, etc.). En cualquier caso, lo habitual es que se tenga acceso a zonas de uso común para el ocio, o cocinas, comedores y salas de descanso.

Primeros pasos para elegir el mejor espacio de trabajo compartido

Las primeras decisiones que debemos tomar para elegir el coworking ideal están relacionadas al precio, lugar y horario disponibles.

Presupuesto: claramente los servicios disponibles estarán vinculados al presupuesto que destinemos al coworking. En este sentido, igualmente, es bueno recordar que la inversión no debe sólo provenir de nuestro bolsillo. Si algo nos permiten estos espacios de trabajo compartido es autofinanciarnos por el dictado de conferencias, seminarios y eventos vinculados a los objetivos de nuestra empresa. Además, las tarifas pueden efectivizarse en planes escalonados y serán siempre menores al alquiler de una oficina convencional, por lo cual decidir sobre los servicios a contratar puede hacerse con bastante flexibilidad. La recomendación es que siempre pensemos en el potencial crecimiento de la empresa, en especial si contratamos el espacio por largo tiempo.

Ubicación: a veces se subestima este punto, pero para conseguir el carácter lujoso y proactivo que deseamos es necesario pensar en la localización como un factor estratégico. Sobre todo si contratas el espacio para que trabajen pequeños grupos de tu empresa, es positivo que el coworking esté ubicado en la zona de negocios de la ciudad, cerca de tus clientes y proveedores y tenga fácil acceso al transporte público. Todo influye en la motivación de los trabajadores para ir a la oficina.

Horarios: aunque parezca una obviedad, lo recomendable es contratar espacios de coworking que se ajusten a los horarios que manejas como trabajador o empresa. Muchos están abiertos las 24 horas del día, los siete días de la semana, ¡aprovéchalo!

Importancia de analizar los servicios

Hoy en día la variedad de servicios que ofrece un espacio de trabajo compartido es muy amplia. A continuación, te contamos algunos de los que no pueden faltar.

El espacio de trabajo: indispensable para crear un clima proactivo y a la vez relajado es considerar las condiciones físicas del lugar. El diseño tiene que ser acorde a tu marca, valores y espíritu de trabajo. Por eso es tan importante que haya un mobiliario ergonómico de calidad, como la luz natural que tiene o su decoración. Además, es recomendable que se tenga acceso a salas de reuniones, aunque sea eventualmente, y por tanto hay que evaluar si las mismas cumplen con todos los requisitos necesarios y conocer cómo funcionan las reservas de estos espacios.

El equipamiento tecnológico: asegúrate de que la conexión a internet te ofrece la velocidad necesaria de subida y de bajada, de que hay proyectores y cualquier otra herramienta tecnológica que puedas necesitar en tu día a día o en reuniones de negocios.

Actividades y zonas comunes: como decíamos anteriormente, una de las características del coworking es la de motivar actividades conjuntas entre quienes comparten los espacios. Conocer de antemano estas funciones puede ser muy estratégico para nuestro trabajo. Pueden ser salas de estudio o de intercambio de ideas empresariales. ¡Todo suma! Y no olvides la posibilidad de brindar o asistir a eventos formativos, tales como talleres o cursos. Incluso considera que puede convertirse en un beneficio fiscal para los autónomos el desgravar la formación realizada en estos espacios de trabajo compartido.

Haz de tu trabajo compartido una inversión de lujo

Con todo esto, casi no quedan “contraindicaciones” para el uso del coworking. Y si lo que te preocupa es que tu empresa pierda individualidad frente a otros proyectos, ten en cuenta que existen muchos otros servicios que pueden hacer de tu trabajo una marca de lujo con una identidad propia y distinguible, aún en espacios compartidos.

Suelen ofrecerse como servicios extra, cuestiones como un aparcamiento propio, zona para eventos especiales, cantinas, suministros de cocina ilimitados o descuentos disponibles en servicios como gimnasios o formación.

Todo esto sin contar lo que específicamente refiere a las tareas cotidianas que potencian nuestra relación con clientes y proveedores. Por ejemplo, hay servicios adicionales que ofrecen reformas en el espacio, catálogos de suministros, instalaciones de pizarras, televisores, mobiliario específico o cabinas telefónicas. Incluso se pueden contratar servicios de recepción o aviso de llamadas, asesoría jurídica, marketing y la recepción de paquetería en cualquier horario de la semana.

¿Estabas al tanto de esta modalidad de trabajo? Comparte tu experiencia en esta nota. Y recuerda que si estás en la búsqueda de un espacio similar o de oficinas de lujo en España, puedes recurrir a los mejores especialistas en Oi Real Estate.

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Hoy se realizará la reunión de ministros de la Unión Europea (UE) para acordar su apoyo a la DAC8, tal como vienen planteando los procedimientos que apuntan a generar una ley continental que aplique sobre las transacciones de criptodivisas. Aunque esta reunión no sea del todo definitoria hasta que se expresen también el Parlamento Europeo y antes, su Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, se espera que el acuerdo tenga una pronta resolución positiva. En la nota de hoy, te contamos el estado de este proyecto que ya lleva largos años de debates tras la aprobación de una medida que podría regular seriamente la información fiscal que se tiene sobre los activos digitales.

Europa presiona sobre el intercambio de información fiscal de las criptodivisas

Al tiempo que avanzan la tecnología blockchain y sus aplicaciones también lo hace el sistema financiero al que sostiene: el de las criptodivisas. El hecho de que hace tiempo sus transacciones vengan generando enormes beneficios económicos, así como pérdidas por fraudes y estafas, despertó en muchos países la necesidad de acordar un marco regulatorio que permita el control y el intercambio de información fiscal a nivel internacional.

En ese marco, Europa tomó la iniciativa y es hoy una de las más importantes jurisdicciones al respecto de los criptoactivos, y sin dudas la primera en constituirse con una estructura internacional de peso. Dicho esto, es esperable que el marco legislativo que se viene generando termine por consolidarse en la práctica prontamente.

Con este objetivo se realiza hoy la reunión entre ministros de la Unión Europea, que busca marcar a nivel político el interés de los países miembros en que se habiliten los marcos legales de la UE para el control de los criptoactivos y el conocimiento de la información fiscal vinculada a las transacciones del dinero electrónico. Recordemos que este punto es especialmente sensible para los países de Europa y su lucha contra la financiación del terrorismo, el lavado de dinero y todo tipo de delitos penalizados a nivel internacional.

Según el director de Tributación y Coordinación Tributaria de la Comisión Europea, Benjamin Angel, la UE ya brindó su apoyo unánime al DAC8, allanando el camino para su adopción por parte del ECOFIN (Consejo de Asuntos Económicos y Financieros).

Qué es la DAC8

Las criptomonedas y las finanzas descentralizadas (lo que se conoce como DeFi, por sus siglas en inglés), son una forma de financiación basada en la cadena de bloques que evita los intermediarios financieros centrales. Tal descentralización es la principal causa de que los sistemas financieros tradicionales hayan puesto el ojo en todo el mundo cripto, en especial cuando empezaron a crecer drásticamente sus valores y márgenes de ganancia, sin que hubiera, aún, controles sobre la información fiscal referida a ese tipo de transacciones.

En ese marco, en marzo de 2021, la UE hizo una consulta pública destinada a sondear la necesidad de reforzar las normas de cooperación administrativa y ampliar el intercambio de información fiscal sobre el dinero electrónico y los criptoactivos. Así surgió la DAC8 (Directiva sobre Cooperación Administrativa), una legislación más amplia que la actual normativa de la UE y que habilita a proporcionar a las autoridades financieras para actuar contra el fraude y la evasión fiscales.

Con la reunión de hoy, aunque los ministros de la UE lleguen a plasmar el acuerdo político de base, no podrán adoptarlo formalmente hasta que el Parlamento Europeo apruebe la medida. Por esta razón adquiere igual peso el dictamen al que llegue la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento a finales de mayo, que tendrá un carácter de recomendación no obligatoria.

Mientras todo esto sucede, avanza el trabajo sobre los detalles de la nueva regla, aunque no se espera que la DAC8 entre en vigor antes de 2026.

El largo camino hacia la regulación de las criptodivisas

Cada paso en la legislación de criptoactivos es indispensable para evitar vacíos y superposiciones contradictorias en las legislaciones y control de este tipo de divisas. En ese sentido, los marcos normativos que se están trabajando son resultado de la coordinación con acuerdos y reglamentos previos, tales como los Informes de Criptoactivos de la OCDE y el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA), aprobada el pasado mes de abril. Lo que aporta la DAC8, por su amplitud y detalle, es por ejemplo la normativa para la declaración de impuestos en algunas categorías de criptoactivos, como los tokens no fungibles (NFTs).

Otra fuente que sirve de antecedente para la DAC8 es el documento de la OCDE sobre un nuevo marco global de transparencia fiscal publicado en 2022. Allí se hablaba de permitir el intercambio de datos de criptoactivos, tomando las propuestas del Common Reporting Standard (CRS), para el intercambio anual automático de información sobre cuentas financieras entre países. Con este documento, además, las medidas que hoy quieren salir a la luz obtuvieron un respaldo en términos conceptuales, ya que allí se define el tipo de información financiera que debe ser intercambiada y las instituciones responsables de transmitir esta información.

¿Qué opinas de estas medidas? ¿Crees que ayudarán a su mejor administración y control, a fin de que no se utilicen con fines delictivos? Déjanos tu opinión en los comentarios de esta nota. Y no olvides que si quieres conocer más sobre estos temas, tienes mucha información a disposición en el sitio de Oi Real Estate.

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El Banco Santander se prepara para ampliar sus servicios financieros en el exterior con el uso de la tecnología blockchain. Para ello, aprobó un proyecto que permitiría tokenizar inmuebles y vehículos en Brasil, uno de los países latinoamericanos mejor posicionados en el uso de criptoactivos y también un importante mercado para la institución española. En la nota de hoy, te contamos más de esta propuesta que une a ambos continentes de cara a los servicios financieros del futuro.

La importancia de posicionarse a tiempo

Hace tiempo ya que el mercado latino está en la mira de la bancaria española, particularmente países como Brasil, que aportan gran cantidad de clientes y con ello, de capital. Si a ello le sumamos la cada vez mayor tendencia que tiene entre los americanos el uso de las criptodivisas y los NFT, el concebir nuevos servicios financieros que unan ambos continentes es prácticamente una consecuencia lógica y esperable. Así lo entendió el Banco Santander, que recientemente explicó a través de Evandro Camilo -responsable de Productos de Activos Digitales de Santander Brasil-, su propuesta de tokenizar inmuebles y vehículos con NFT en el país sudamericano.

Con esta premisa, y aprovechando la tecnología blockchain, el proyecto se posiciona con ventaja al adelantarse al lanzamiento de la CBDC de Brasil: el real digital. La CBDC (Central Bank Digital Currency, es decir, la Moneda Digital del Banco Central), tendrá capacidades tecnológicas idénticas a las de Ethereum, por ejemplo, en relación a la programación de smart contracts. A su vez, se basará en el registro distribuido (DLT), que permite la creación y el intercambio de activos digitales sin intermediarios.

La CBDC surge con el objetivo de implantar un real digital oficial que funcione de manera complementaria a su moneda nacional. La ventaja más sobresaliente de esto es que se agilizan las transacciones financieras, reduciendo los costes operativos y aumentando la bancarización digital de la población.

En qué consiste el proyecto de tokenizar inmuebles

La presentación del proyecto fue realizada en el marco de la Lift Challenge Real Digital 2023, un evento realizado por el Banco Central de Brasil (BCB) y la Federación Nacional de Asociaciones de Empleados del Banco Central (Fenasbac). De los 47 proyectos presentados, el del Banco Santander quedó entre los nueve elegidos para su implementación, todos orientados a proponer usos del real brasileño digital y su viabilidad tecnológica.

¿Cómo funcionaría este proyecto? Cada inmueble o vehículo ofrecido a través del banco es tokenizado, es decir, convertido su valor monetario en tokens. Luego ese capital adquiere un código digital en la aplicación del banco, de manera tal que los clientes pueden operar con ese bien y por ejemplo cambiarlo por reales digitales en su cuenta. Esto hace que la gestión y transacción de una casa o coche sea más ágil pero segura, ya que transcurre en un plano virtual pero es respaldada por una entidad bancaria, con el beneficio extra de evitar administraciones burocráticas.

Se espera que cuando entre en funcionamiento este nuevo servicio esté disponible todos los días y a toda hora. De igual manera, la entrada de este sistema que combina el mercado inmobiliario con el mundo blockchain hará que indefectiblemente se incorporen otras herramientas y plataformas digitales para completar los servicios de venta y promoción, entre otros posibles.

En su presentación en el evento, el representante del banco español en Brasil explicó que la digitalización de activos facilita las operaciones en el mercado local, y que ya ha probado su proyecto con un prototipo de producto.

Tokenizar inmuebles: una estrategia de servicios financieros que crece

La posibilidad de tokenizar inmuebles no es del todo nueva y de hecho, España es uno de los países que mayor cantidad de propiedades tiene en el mercado bajo ese sistema. Se entiende, en este marco, que el cada vez mayor interés en ello es que le permite al potencial cliente iniciar una operación inmobiliaria sin necesidad de contar con un importante capital inicial, ya que los tokens funcionan como si fueran fragmentos de la propiedad cuyo intercambio tiene reglas diferentes a las que tiene una propiedad física. Al poder realizarse transacciones en “partes digitales”, un piso se vuelve más accesible para gestionar, ya sea para rentar, comprar, vender o transferir.

Cierto es que este sistema no está exento de riesgos, aunque puede decirse que no distan mucho de los que ocurren al realizar una operación inmobiliaria de un capital tangible. Tales son los casos en que no se efectivice el cobro de un alquiler, aún cuando se trabaja con seguro de garantía.

Por otro lado, al no estar el mercado digital completamente regulado, los valores y los intereses de las propiedades tokenizadas son todavía muy especulativos y por ende, más riesgosos que los implicados en una transacción tradicional. En este sentido, los especialistas suelen sugerir que se vea este tipo de operación como una inversión en acciones de la Bolsa, esto es, una oportunidad de obtener ganancias si antes se cuenta con una cierta liquidez, posibilidad de congelar el capital a largo plazo y respaldo para el caso eventual de que pueda perderse la suma invertida.

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La Visa de Oro, también conocida como Visa Dorada o Golden Visa, fue una propuesta que surgió hace diez años con el fin de atraer inversiones a nuestro país. Funcionó, sin dudas, para su cometido, pero a la vez generó una nueva demanda que España eventualmente debería afrontar: la escasez de viviendas. Así, un tema que no estaba en la agenda urgente, llega a nuestros días con la presión extra por resolverlo que imponen tanto la demanda social, como las campañas políticas y los organismos internacionales. En la nota de hoy, revisamos el debate que hay actualmente sobre la Visa de Oro, una propuesta que pendula entre la desigualdad de los privilegios y la necesidad de las inversiones.

Una propuesta producto de la crisis

En 2013, cuando España aún sufría las consecuencias de la Gran Recesión de 2008 y el estallido de la burbuja inmobiliaria, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy promovió una Ley de emprendedores que pretendía fomentar y resguardar iniciativas de ese tipo y, ante todo, motivar las inversiones. Dada la situación en la que estaba el país, resultó relativamente lógico pensar que dichas inversiones podrían venir, también, del exterior. En el marco de esta propuesta surgió entonces el sistema del visado de oro, a fin de contrarrestar uno de los efectos más evidentes del descalabro económico de aquella época: la salida masiva de capital extranjero que había ocurrido desde el comienzo de la crisis.

Otro de los factores que motivó la entrada en vigencia de la Visa de Oro fue, por supuesto, el grave debilitamiento del sector inmobiliario. En ese sentido, el gobierno lanzó esta propuesta dirigida a ciudadanos de otros países pero poniendo condiciones para que inclinaran sus inversiones hacia la compra de vivienda. De esta manera, actualmente se otorgan permisos de residencia a los extranjeros que compran una vivienda por 500.000 euros.

Hoy España también se encuentra en medio de una crisis que, si bien no tiene las dimensiones de la de 2008, hace que el Ejecutivo revea esta posibilidad que se da a los grandes inversores extranjeros de adquirir una residencia y tener una situación regular en cuanto a su tránsito por nuestro país. Concretamente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estudia limitar las Visas de Oro, esto es, los permisos de residencia que se obtienen a cambio de importantes inversiones económicas.

Los pro y los contra de la Visa de Oro

Sin dudas, el principal objetivo de propulsar la Visa de Oro para extranjeros fue atraer al país su capital, mediante la oferta inmobiliaria. Esta no es una idea desarrollada únicamente en España sino que otros países europeos que hoy también se encuentran revisándola, tales como Irlanda y Portugal, emprendieron en su momento medidas similares.

En nuestro país, desde que se dió inicio a esta Visa, en 2013, se concedieron más de 35.400 visados de oro, según los datos brindados por Europa Press a finales de 2020. Por su parte, el diario El País indicó que el 94% de los permisos otorgados tenían como contrapartida la compra de viviendas. Esto significa que en el marco de esta medida propulsada por la Ley de emprendedores hubo en casi su totalidad un beneficio para el mercado inmobiliario, pero ello también implicó que dicho mercado se viera más vulnerable a la demanda extranjera. Esto, en ocasiones y en determinadas comunidades autónomas, terminó generando un problema al resultar que gran cantidad de viviendas fueran usadas pocas semanas al año por propietarios extranjeros en calidad de segunda residencia o vivienda vacacional, lo que de alguna manera las inutilizaba para contener la demanda habitacional local.

Algunas problemáticas a tener en cuenta

Sumado al “cuello de botella” que generó para la demanda local la oferta de residencias a extranjeros en España, la Visa de Oro derivó con el tiempo en la posibilidad de realizar transacciones ilegales. Específicamente, el año pasado la Comisión Europea instó a sus socios a revocar de forma inmediata cualquier “esquema de ciudadanía por inversión”. Esto lógicamente, incluye todo el sistema de visado alternativo. El pedido se da en un marco en donde todo el continente busca evitar el lavado de dinero y garantizar controles a las transacciones de capital de fuente ilegal y aún más, con fines de financiamiento criminal, terrorista, o susceptible de ser utilizado como herramienta de lavado de dinero y evasión fiscal.

Por último, pero no menos importante es el más reciente problema que genera la guerra en Ucrania, por el cual podría haber ciudadanos rusos o bielorusos sancionados que busquen por vía de la VIsa de Oro obtener la ciudadanía europea y así transitar libremente por el continente.

¿Estabas al tanto de este panorama? ¿Debería limitarse o directamente eliminarse la Visa de Oro para extranjeros? Comparte tu opinión en esta nota. Y recuerda que si estás en la búsqueda de una vivienda de lujo en España, puedes recurrir a los mejores especialistas en Oi Real Estate.

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La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se expresó recientemente a través de su partido -Sumar-, sobre diversas medidas que tomaría en relación a la vivienda. Entre ellas, tuvieron especial exposición la limitación a la compra de pisos en zonas tensionadas, el aumento al límite en el tiempo del alquiler y las restricciones a la adquisición de segunda residencia. En la nota de hoy, sondeamos cuál es la propuesta y su potencial impacto dado el panorama en cuanto a la concentración de hogares “alternativos” en España.

Una propuesta que presiona sobre la compra de segunda residencia

En medio del gran debate que continúa sobre la Ley de Vivienda y, más urgentemente, sobre la crisis ocasionada por la insuficiente o desigual distribución de hogares en la población española, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presentó las bases del programa electoral de su partido, Sumar. En ese marco, hubo muchas referencias al tema de la vivienda, siendo las principales, la limitación a la comprar de pisos como segunda residencia en zonas tensionadas, la duración mínima de los contratos de alquiler, el derecho de uso de un hogar “de forma vitalicia” para las personas mayores y el acceso a la vivienda a los inmigrantes irregulares.

Como es de esperarse, todas son medidas que generan debate a nivel político pero también a nivel social. Su aplicación, además, traerá potencialmente tensiones con las instituciones que deban aplicar la medida, ya se trate de organismos públicos como de entidades bancarias, por ejemplo. En un marco electoral para el que aún faltan meses antes de que se defina un ganador, es previsible encontrar propuestas sobre las que haya que mensurar el equilibrio entre su impacto simbólico (como discurso), y práctico (en el ámbito de la gestión).

Considerando estos aspectos, la propuesta de Sumar se inserta en una fuerte discusión por los alquileres, la vivienda social y la distriución de pisos en España. Todos estos ejes responden a una misma situación crítica: la vivienda es poca o está mal repartida. Por ello consideramos válido preguntarse cómo es el panorama de la concentración de segunda residencia en nuestro país.

Cómo se distribuyen las segundas residencias en España

Una segunda residencia es, en general, una opción de inversión para alquilar o bien para usar en las vacaciones o fines de semana largos. Hay, de hecho, gran debate sobre el porcentaje de españoles que tienen esta opción, en relación a los extranjeros que han invertido en el país con estos mismos fines. Según los resultados piublicados del censo nacional que realizó en 2021 el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 2,9 millones de los hogares en España declaran tener una segunda residencia en propiedad, lo que supone el 15,5% del total del país.

La distribución de los pisos por zona geográfica es de alguna manera sugerente. En el País Vasco, específicamente en Irún, casi un 50% de hogares tiene otra vivienda en propiedad. De ese total, el 72% se encuentra en otra comunidad autónoma española, correspondiéndose el restante 28% a residencias ubicadas en el extranjero. En segundo lugar, en Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid, alcanza el 31,4% la cifra de hogares que cuentan con segunda residencia. Completa el tercer puesto el municipio de Leganés, también en Madrid, con un 27% de dueños con al menos dos propiedades, en este caso, muchas ubicadas en zonas rurales.

La lista, por supuesto, sigue en orden decreciente hasta alcanzar cifras de alrededor del 4%, pero en cualquier caso la encuesta vuelve a dar cuenta de que el español, en general, recurre a la inversión en ladrillo. Es el nuestro, en ese sentido, un país de propietarios, pero entonces, es el problema la escasez de pisos, su mala distribución, o la situación económica que impide el acceso a la vivienda?

Una segunda residencia es allí donde también se está

Una de las cuestiones que genera debate en el tema de la segunda residencia es el tiempo que permanecen vacías y en ese sentido, “inútiles”. Claro está que la opinión decanta a favor o en contra según la posición que se ocupe en el debate, pero el hecho es que, si hablamos de permanencia y uso de esos hogares, es al menos discutible si esto puede actuar como criterio para limitar su adquisición.

El censo citado más arriba indica que hay actualmente un descenso de residencias secundarias en España. Según el INE, del total de propietarios de una segunda residencia el 41% pasa más de 60 días al año allí. El 28,6% la usan entre uno y dos meses, un 17% pasa entre 15 y 30 días y solo el 13% pasa menos de 15 días. Existiendo además, opciones como la de la copropiedad, es probable que estos números -y estos usos de la vivienda- puedan ser mejorados. No obstante, la intervención sobre esta situación poco nos dice, lamentablemente, sobre cómo podría potenciar el acceso a la vivienda por parte de quienes no tienen una estabilidad laboral que permita mantenerla.

¿Qué crees de esta situación? Comparte tu opinión en la parte de comentarios de esta nota. Y no olvides que si quieres conocer más sobre opciones para vivienda en España, tienes mucha información a disposición en el sitio de Oi Real Estate.

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La advertencia vino de la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, quien remarcó la dimensión y el impacto que tiene en nuestro país la crisis estructural en la que ha derivado el problema de la vivienda. En el marco de lo que fueron las propuestas electorales para abordar el asunto, salen a la luz mediante los organismos internacionales las grandes dificultades que tiene España para revertir la pobreza, los desalojos, el bajo stock de viviendas sociales, los altos costes del alquiler o las dificultades para adquirir una casa.

La vivienda: ¿es un bien o un derecho?

Desde distintos ámbitos gubernamentales y académicos se ha hecho antes esta pregunta: ¿qué es la vivienda? ¿un bien o un derecho? Si se la trata como un bien, se puede entonces adquirir en un mercado determinado, es acumulable, se puede canjear, vender o lucrar con él. Si la vivienda es un derecho, y aún más, un derecho humano, existirá entonces un sistema institucional y una normativa que garantice a los individuos de determinada sociedad, su protección en lo que se acuerde bajo los criterios de seguridad, salud, indentidad, etcétera. Son, en este sentido, dos perspectivas muy diferentes, sobre todo en lo que tiene que ver con las responsabilidades sobre quiénes o cómo se gestiona el acceso a ese bien o derecho.

El debate es extenso y, aunque hay un principio de acuerdo a nivel jurídico, es siempre parcial y no tiene aún repercusiones prácticas que ayuden a solucionar de una vez y para siempre el problema de la vivienda. Así lo denotan expresiones como la de Dunja Mijatovic, comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, quien tras su visita a España en noviembre de 2022, remarcó recientemente que “la vivienda no debe ser tratada como un bien solo disponible para algunas personas. El acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano central para el pleno disfrute de la mayoría de los demás derechos”.

El informe, además, señala que el problema de la falta de viviendas asequibles se profundizó porque los sucesivos gobiernos le dieron mayor cabida a los acuerdos para pemritir la inversión privada de capitales antes que al fomento de la vivienda social y asequible. Como consecuencia, el desarrollo de viviendas se convirtió en un negocio y los alquileres no pararon de crecer, hasta alcanzar más de lo que puede contener el salario medio de los españoles.

El reclamo a España por el problema de vivienda

En el informe elaborado por la oficina de Derechos Humanos del Consejo de Europa, se advierte que el problema de vivienda que tiene España y que derivó en una crisis estructural, tiene por detrás largas décadas de decisiones políticas que no lo supieron ubicar en la correspondiente urgencia y jerarquía de la agenda pública. En ese marco, cuestiones como la insuficiente cantidad de vivienda social, la baja inversión pública en el área de vivienda, y las dificultades económicas que enfrentan las familias a la hora de adquirir un hogar, son todos temas que fueron empeorando, decayendo la calidad de vida de los españoles.

El problema de la vivienda, remarca igualmente, es un tema que tiene que enfrentar todo el continente, pero en comparación, nuestro país es uno de los que peor situación demuestra en términos de, por ejemplo, vivienda asequible. Esto no es del todo nuevo y de hecho, los diferentes partidos han optado por ubicar este tema como eje de campaña, siendo las propuestas del gobierno de Pedro Sánchez y la Ley de Vivienda, las más conocidas.

El problema de vivienda no es solamente una cuestión de acceso. Las condiciones de vida (hacinamiento, falta de servicios, o dificultades para pagar la hipoteca y el alquiler), repercuten también en situaciones de desprotección a los derechos fundamentales de los niños.

En un panorama signado por los desahucios y el endeudamiento de las familias, Mijatovic no se privó de apoyar el Plan Nacional de Acción para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, que prevee una mayor financiación para la atención a personas desalojadas de manera forzosa, personas sin hogar, y a víctimas de violencia de género, entre las más resonantes.

La okupación y los desahucios en el problema de la vivienda

El problema de los desahucios fue a uno de los que mayor atención le popinó Mijatovic. Concretmente, instó a las autoridades españolas a considerar extender la suspensión temporal de los desalojos para familias vulnerables lanzada en respuesta a la pandemia de covid-19 hasta que se encuentre una solución de vivienda integral y sostenible. Dicha solución debería venir de la mano de medidas que ordenen un protocolo de desalojo, a fin de evitar abusos, y una estrecha coordinación entre el sistema de justicia y todos los servicios sociales relacionados.

En el mismo camino, el informe reclama garantizar un alojamiento alternativo adecuado para las personas vulnerables antes de la ejecución del desalojo y la modificación a tal efecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil española.

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