El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula el decreto por el cual limitaba a cinco días el alquiler mínimo de un apartamento vacacional que repercutía principalmente a Airbnb
La empresa americana, con sede en San Francisco, se vio afectada por el decreto que limitaba su principal actividad; el alquiler de apartamentos vacacionales.
Desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) interpusieron un recurso contencioso-administrativo contra el decreto que regula los apartamentos y viviendas de uso turístico en la Comunidad de Madrid para evitar ser un “obstáculo a la competencia”. La CNMC se mostró molesta por las limitaciones de este decreto y no dudo en interponer un recurso.
Los magistrados encargados del caso consideraron que la disposición de no poder contratar por un período inferior a cinco días –una limitación que afectaría a empresas como Airbnb-, era una limitación que no está justificada ni en la protección al usuario turístico ni en el combate a la opacidad fiscal, motivos que deben primar para poder regular la normativa actualmente anulada.
La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) se mostró positiva ante la resolución judicial y afirmaron que la sentencia “supone un gran avance, dado que la limitación de los cinco días buscaba proteger al lobby hotelero”.
La regulación de las viviendas turísticas pasó a ser una competencia cedida a las autonomías españolas que han ido reglamentando la oferta turística adaptándola al tipo de turismo que requiere cada región.
En el caso de Cataluña también se respaldó la actividad de los pisos turísticos al revocar una sentencia que decía que “era contraria a la convivencia normal”. Sin duda una sentencia que conlleva polémica si se tienen en cuenta los numerosos conflictos vecinales en los barrios más turísticos de Barcelona como es el caso de la Barceloneta.
En las islas Canarias, otro importante núcleo español de turismo, también se han mostrado contrarias al nuevo decreto que perjudicaría a este tipo de alquileres vacacionales. La CNMC ha reclamado al Gobierno de Canarias que “suprima o modifique” algunos de los artículos de su reglamento de viviendas vacacionales, sobre todo los que prohíben estos establecimientos en zonas turísticas o urbanizaciones para salvaguardar el lobby hotelero.
