Del total de apartamentos Airbnb que se encuentran alquilados ilegalmente en Barcelona, solo se lograron cerrar 38

El portal de apartamentos vacacionales Airbnb no parece acabar con los problemas judiciales en España. Si a principios de junio se enfrentaba al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por su modelo de negocio, ahora es el turno de Barcelona.

La alcaldesa Ada Colau está dispuesta a endurecer la lucha contra los pisos turísticos que abundan en la ciudad condal. Estos pisos a parte de fomentar la especulación, encarece el mercado inmobiliario y expulsa a los vecinos de sus barrios. Por este motivo, Colau aplicará medidas contundentes para frenar el auge de estos apartamentos. Entre estas medidas se encuentra endurecer las multas a portales como Airbnb y Homeaway con multas que pueden ascender hasta los 600.000 euros para los pisos anunciados sin licencia para operar como apartamentos turísticos.

Estas multas no solo van dirigidas a estos portales sino también a cualquier particular que alquile pisos ilegalmente a turistas, recogido en la Ley de Turismo de la Generalitat. Esta ley de la Generalitat contempla multas entre 30.000 y 600.000 euros y fue pensada para combatir el auge de los apartamentos vacacionales ilegales. Aunque hay quienes optan por pagar estas multas y seguir lucrándose con el alquiler a turistas, aunque según recoge la ley, en caso de reincidencias, estas serán penadas con más gravedad.

Otra pieza indispensable para combatir el alquiler vacacional ilegal es el refuerzo de inspectores para que identifiquen este tipo de pisos. Además también entrevistarán a vecinos y turistas para detectar estos pisos. A los vecinos se les preguntará a pie de calle si conocen casos de ese tipo y se les dará la opción, mediante carta, de luchar contra el fraude. En el caso de los turistas, se les dará la opción de que faciliten información sobre los pisos donde se alojan, como por ejemplo el contrato.

La parte negativa de estos mecanismos es su lentitud. Pese a las 6.000 inspecciones realizadas desde 2015, el consistorio solo ha podido cerrar 38 pisos turísticos y 29 precintos más que están en trámite.

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