La advertencia vino de la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, quien remarcó la dimensión y el impacto que tiene en nuestro país la crisis estructural en la que ha derivado el problema de la vivienda. En el marco de lo que fueron las propuestas electorales para abordar el asunto, salen a la luz mediante los organismos internacionales las grandes dificultades que tiene España para revertir la pobreza, los desalojos, el bajo stock de viviendas sociales, los altos costes del alquiler o las dificultades para adquirir una casa.
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La vivienda: ¿es un bien o un derecho?
Desde distintos ámbitos gubernamentales y académicos se ha hecho antes esta pregunta: ¿qué es la vivienda? ¿un bien o un derecho? Si se la trata como un bien, se puede entonces adquirir en un mercado determinado, es acumulable, se puede canjear, vender o lucrar con él. Si la vivienda es un derecho, y aún más, un derecho humano, existirá entonces un sistema institucional y una normativa que garantice a los individuos de determinada sociedad, su protección en lo que se acuerde bajo los criterios de seguridad, salud, indentidad, etcétera. Son, en este sentido, dos perspectivas muy diferentes, sobre todo en lo que tiene que ver con las responsabilidades sobre quiénes o cómo se gestiona el acceso a ese bien o derecho.
El debate es extenso y, aunque hay un principio de acuerdo a nivel jurídico, es siempre parcial y no tiene aún repercusiones prácticas que ayuden a solucionar de una vez y para siempre el problema de la vivienda. Así lo denotan expresiones como la de Dunja Mijatovic, comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, quien tras su visita a España en noviembre de 2022, remarcó recientemente que “la vivienda no debe ser tratada como un bien solo disponible para algunas personas. El acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano central para el pleno disfrute de la mayoría de los demás derechos”.
El informe, además, señala que el problema de la falta de viviendas asequibles se profundizó porque los sucesivos gobiernos le dieron mayor cabida a los acuerdos para pemritir la inversión privada de capitales antes que al fomento de la vivienda social y asequible. Como consecuencia, el desarrollo de viviendas se convirtió en un negocio y los alquileres no pararon de crecer, hasta alcanzar más de lo que puede contener el salario medio de los españoles.
El reclamo a España por el problema de vivienda
En el informe elaborado por la oficina de Derechos Humanos del Consejo de Europa, se advierte que el problema de vivienda que tiene España y que derivó en una crisis estructural, tiene por detrás largas décadas de decisiones políticas que no lo supieron ubicar en la correspondiente urgencia y jerarquía de la agenda pública. En ese marco, cuestiones como la insuficiente cantidad de vivienda social, la baja inversión pública en el área de vivienda, y las dificultades económicas que enfrentan las familias a la hora de adquirir un hogar, son todos temas que fueron empeorando, decayendo la calidad de vida de los españoles.
El problema de la vivienda, remarca igualmente, es un tema que tiene que enfrentar todo el continente, pero en comparación, nuestro país es uno de los que peor situación demuestra en términos de, por ejemplo, vivienda asequible. Esto no es del todo nuevo y de hecho, los diferentes partidos han optado por ubicar este tema como eje de campaña, siendo las propuestas del gobierno de Pedro Sánchez y la Ley de Vivienda, las más conocidas.
El problema de vivienda no es solamente una cuestión de acceso. Las condiciones de vida (hacinamiento, falta de servicios, o dificultades para pagar la hipoteca y el alquiler), repercuten también en situaciones de desprotección a los derechos fundamentales de los niños.
En un panorama signado por los desahucios y el endeudamiento de las familias, Mijatovic no se privó de apoyar el Plan Nacional de Acción para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, que prevee una mayor financiación para la atención a personas desalojadas de manera forzosa, personas sin hogar, y a víctimas de violencia de género, entre las más resonantes.
La okupación y los desahucios en el problema de la vivienda
El problema de los desahucios fue a uno de los que mayor atención le popinó Mijatovic. Concretmente, instó a las autoridades españolas a considerar extender la suspensión temporal de los desalojos para familias vulnerables lanzada en respuesta a la pandemia de covid-19 hasta que se encuentre una solución de vivienda integral y sostenible. Dicha solución debería venir de la mano de medidas que ordenen un protocolo de desalojo, a fin de evitar abusos, y una estrecha coordinación entre el sistema de justicia y todos los servicios sociales relacionados.
En el mismo camino, el informe reclama garantizar un alojamiento alternativo adecuado para las personas vulnerables antes de la ejecución del desalojo y la modificación a tal efecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil española.
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